El ente encargado de administrar atracciones turísticas en Concordia es protagonista de desmanejos y abandono.

La CODESAL es la Corporación para el Desarrollo del Salto Grande, concretamente, se encarga de administrar y gestionar parques acuáticos y termales en las zonas del Lago de Salto Grande y alrededores de la ciudad de Concordia.

Sin embargo, según denuncias que llegaron a este Portal, en el ente reinan la desidia y la corrupción, con funcionarios y empleados ñoquis, y donde los abusos y malos tratos a los trabajadores son moneda corriente.

40 millones de pesos es el Presupuesto anual que dispone la CODESAL, aunque nada de ese dinero, según denuncia, se ve en el mantenimiento de los parques y mucho menos, en los salarios de los trabajadores.

Fueron estos últimos quienes se contactaron con este Portal con nombre y apellido para denunciar las penosas condiciones en las que deben ejercer sus trabajos y los malos tratos que padecen, registrados en chats de Whatsapp.

Se trata de 45 personas entre guardavidas, empleados de mantenimiento, enfermeras de las salas de primeros auxilios, recepcionistas y demás que deben cubrir turnos interminables a cambio de sueldos que, de acuerdo con lo que informaron, rondan los 18 mil pesos, sin los descuentos.

La contracara son otras 45 personas que figuran como empleados de la CODESAL pero que no cumplen ninguna función ni concurren a ninguna de las dependencias del organismo.

Estas personas, denuncian, son todos familiares y amigos de los miembros del directorio, y en estos casos, claro, los salarios mensuales no son para nada despreciables.

Siguiendo lo señalado por los trabajadores, son seis los funcionarios que manejan la CODESAL, cuyo titular es José Luis Rodríguez desde hace un año y medio, acompañado por José Manuel Miranda.

En lo referido a sueldos, la cúpula de la CODESAL percibe los más altos, que superan, según el comentario, los 150 mil pesos.

A esta disparidad que viven los trabajadores, los que trabajan realmente, y que encima deben hacerlo por migajas, se suman los malos tratos, abusos e injusticias que deben padecer de parte de los funcionarios, principalmente el personal femenino, que ha realizado denuncias gravísimas.

Sostienen que la banca política hacia el directorio de la CODESAL proviene de las esferas más altas del gobierno provincial y del presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano.

Los desmanejos que denuncian los trabajadores en cuanto a lo económico son varios, pero el más reciente se dio el pasado fin de semana largo.

En ocasión del carnaval, llegaron a la zona miles de turistas, en su mayoría provenientes de Buenos Aires, que abrían dejado en la CODESAl más de 5 millones de pesos, en concepto de entradas, alquileres, estadía y demás.

Sin embargo, los trabajadores sostienen que nadie sabe dónde está ese dinero, que luego de entrar al organismo debería ir a rentas generales de la provincia, pero suponen que habría ido a parar al bolsillo de alguno de los funcionarios.

La plata que entra, afirman, tampoco se ve en el mantenimiento de los parques y las instalaciones, que en algunos sectores están totalmente abandonados, rotos y sucios.

Esto es así, porque según denuncian los trabajadores, no poseen los insumos ni las herramientas necesarias para llevar adelante la limpieza ni para realizar reparaciones o mantenimiento, que en parques de este tipo deben hacerse en forma permanente.

Además de hacer que las instalaciones sean muy poco atractivas para los turistas, en algunos casos se pone en riesgo la integridad de los visitantes, ya que hay juegos para niños, paseos, escaleras y demás, rotos.

Esto tiene el agravante de que, en caso de que llegara a haber un accidente, las salas de primeros auxilios cuentan con muy pocos insumos como para brindar una adecuada atención a un posible paciente.

Los trabajadores denuncian que deben trabajar durante jornadas extremadamente extensas, con sueldos y condiciones precarias, y sin los elementos necesarios para poder cumplir con sus labores correctamente.

Es por eso que se preguntan qué fin tienen los 40 millones de pesos anuales que recibe la CODESAL de parte del gobierno provincial, ya que, los empleados no ven volcada esa suma ni en los parques ni en sus propios sueldos.

Además, sostienen que gran parte de ese presupuesto se va en facturaciones por servicios que podrían ser irregulares ya que no se puede constatar que se hayan realizado y los trabajadores muchas veces desconocen.

Lo que denuncian es que el altísimo presupuesto va a parar a los bolsillos de unos pocos funcionarios que, además de ser abusivos con los trabajadores, no realizan inversiones ni llevan adelante una correcta administración ni explotación turística de los parques.

Por otra parte, cuando, a pesar de las deplorables condiciones en la que se encuentran las instalaciones, llegan los turistas y gastan dinero en las dependencias de la CODESAL, esto no se ve reflejado.

La CODESAL dispone de 40 millones de pesos que los trabajadores no saben a donde van a parar ya que ellos deben trabajar en condiciones lamentables a cambio de sueldos miserables, mientras que los altos funcionarios y sus 45 parientes y amigos ñoquis son los que se llevan todo a pesar de que no trabajan.

Fuente: El Portal de David Ricardo

Este miércoles, horas antes de la reunión de los gremios docentes con el Gobierno, en la que se definió un salario mínimo de $ 23.000 para el mes de marzo, la titular de CTERA, Sonia Alesso, advirtió que habrá “conflictos provinciales”.

Es que más allá del nuevo piso establecido, en el escenario actual de la educación hay fuertes diferencias entre provincias. Y hay distritos en los que el piso no se cumple.

 

Notables diferencias entre provincias

Alesso puso en foco justamente la desigualdad de sueldos entre provincias. «Hoy el piso salarial es de $ 20.250, pero no lo pueden pagar todas las provincias”, dijo la representante del gremio nacional docente más numeroso en una entrevista con El Destape radio.

Y lo detalló: “La diferencia entre las provincias donde más ganan y menos ganan es $ 13.000. Aspiramos a que no haya docentes bajo la línea de pobreza. Sabemos que no se puede lograr de un día para el otro».

Pero según un estudio informado a Clarín desde el Instituto «Marina Vilte» de CTERA, esa diferencia puede ser aún mayor y superar los $ 17.000. Es decir, que el mínimo de La Pampa ($ 35.423,31) casi duplica al de San Juan ($ 17.906,81).

El informe tomó como referencia el salario neto del mes de enero, para el cargo de maestro de grado en una escuela primaria.

 

Los más y los menos

La Pampa, Neuquén y Santa Fe son las provincias con los salarios docentes más altos de Argentina. En tanto, San Juan, Chaco y Jujuy tienen los salarios más bajos para los maestros del país.

Los últimos datos oficiales publicados en abril de 2019 por el Ministerio de Educación de la Nación llegan hasta diciembre de 2018.

Según los datos del informados por el gremio docente, en Buenos Aires el mínimo corresponde a $ 26.413 y en la Ciudad de Buenos Aires, $ 29.006. Por otra parte, en Córdoba reciben una remuneración de $ 31.116, en Entre Ríos, $ 23.655, en Santa Fe $ 33.455, en Jujuy $ 19.860, en La Rioja $ 20.250 y en Salta $ 20.635.

En Tucumán, $ 28.406; en Chaco, $ 18.321; en Corrientes, $ 25.042; en Formosa, $ 20.500; Misiones $ 20.250; Mendoza $ 22.987; San Juan, $ 17.906; San Luis, $ 32.839; Chubut $ 32.009; La Pampa $ 35.423; Neuquén $ 34.500; Rio Negro $ 31.115; Santa Cruz $ 24.000, Tierra del Fuego $ 25.000.

En el encuentro de este miércoles a la tarde, en el Palacio Sarmiento, Alesso esperaba que se allane el camino al acuerdo, discutiendo tres elementos que se unen: «levantar el piso, el fondo compensador de desigualdades salariales que va a las provincias más pobres, y el FONIL (Fondo Nacional de Incentivo Docente).

Clarín

Lleva el salario inicial a 23.000 pesos. Fija parámetros para las provinciales. La discusión empezó el 30 de enero último y concluyó este miércoles.

Los cinco gremios docentes con representación nacional y los funcionarios de los Ministerios de Educación y Trabajo acordaron hoy un salario mínimo inicial de 23 mil pesos a partir del 1° de marzo y de 25 mil pesos desde el 1° de julio próximo, informó el ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien aseguró que también se convino una suma extraordinaria no remunerativa de 4.840 pesos, que se abonará en cuatro cuotas de 1.210 cada una, por lo que el acuerdo garantizó el inicio del ciclo lectivo de este año.

En un encuentro realizado en la sede educativa nacional, en el que también participó el titular de la cartera laboral, Claudio Moroni; funcionarios del Consejo Federal de Educación y los sindicatos con representación nacional, se acordó que esas sumas no remunerativas sean abonadas consecutivamente en los meses de abril, mayo, junio y julio, explicó a Télam el titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero.

El sindicalista, uno de los referentes de los cinco gremios nacionales, también explicó que gobierno y dirigentes ratificaron la vigencia del pago de los 1.210 pesos por cargo -hasta dos- en concepto del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), detalló.

«Ese dinero en concepto del Fonid no se toca. Continuará siendo abonado como hasta ahora», precisó Romero a Télam, para agregar que, de ahora en más, habrá que comenzar a trabajar en «el pago de sumas remunerativas, para lo cual se impone la continuidad de las reuniones, en especial de la Comisión del Salario, ya que fue solo el puntapié inicial, luego de la destrucción operada durante los últimos cuatro años».

Romero también detalló que el alza del mínimo inicial a 23 mil pesos en marzo y a 25 mil en julio próximo representó una mejora salarial del 13 y el 16 por ciento, respectivamente.

Luego de cuatro años sin Paritaria Federal -que determina el piso mínimo inicial referencial para que lo analicen y negocien en paritarias los gremios de las provincias- los sindicatos acordaron el ingreso inicial luego de apenas dos encuentros en el Ministerio de Educación.

Trotta fue el encargado de anunciar la mejora salarial en una conferencia de prensa ofrecida inmediatamente después de firmado el acuerdo con los sindicatos.

El ministro detalló que las cuatro cuotas no remunerativas de 1.210 pesos serán «iguales, mensuales y consecutivas» y precisó que «la decisión oficial de convocar a la paritaria nacional docente es una etapa de consenso que procura dejar atrás los desencuentros».

En ese sentido, el funcionario expresó que «esta primera reunión se relacionó con el desafío que debe enfrentar la Argentina respecto del progresivo proceso de inversión educativo», en tanto Moroni celebró «la apertura, discusión y acuerdo» y realzó «la posibilidad de alcanzar convenios en circunstancias complejas como la actual».

El encuentro se realizó en el Palacio Sarmiento y participaron los delegados paritarios de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), la UDA, la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).

El dato relevante fue la reinserción del Sadop -que conduce Jorge Kalinger- en la Paritaria Federal, ya que había sido aislado de la negociación hace varios años por el ex ministro Esteban Bullrich por considerarlo «ajeno» a la discusión salarial con el Estado Nacional.

 

Agmer Paraná plantearía el no inicio de clases en el Congreso del viernes

La Asociación Gremial del Magisterio sesionará en Federal. «El Gobierno ha desperdiciado hacer una propuesta salarial que garantice recuperar salario frente a la inflación», dijo Puntel.

“No aceptamos un compás de espera, sino que queremos discutir esto rápidamente”, dijeron desde el gremio.

La Seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio (Agmer) llevaría el mandato de no inicio de clases el próximo lunes 2 de marzo, al Congreso que el gremio desarrollará este viernes en Federal, según adelantó el secretario adjunto de la filial, Claudio Puntel.

«Seguramente vamos a un plan de acción porque el Gobierno ha desperdiciado la posibilidad de hacer una propuesta salarial que garantice recuperar salario frente a la inflación”, indicó este miércoles a APF durante la movilización contra la reforma previsional.

Este miércoles y jueves las seccionales de Agmer realizan asambleas de dos horas por turno en las escuelas de la provincia, para definir los mandatos que llevarán al Congreso extraordinario convocado por la comisión directiva central para este viernes 28 de febrero.

“No aceptamos un compás de espera, sino que queremos discutir esto rápidamente”, expresó Puntel en referencia al planteo del Gobierno entrerriano de esperar los resultados de la paritaria nacional docente antes de iniciar las negociaciones salariales en la provincia.

“En realidad hubiésemos querido tener este tema resuelto mucho antes, para llegar al inicio de clases sin este conflicto de por medio”, señaló el dirigente de Agmer Paraná y remarcó: “No ha sido así, de modo que si el lunes no hay clases la responsabilidad será de la Provincia y de la Nación, que han retrasado mucho esta resolución”.

Respecto del mandato que la Seccional llevará al Congreso del viernes, Puntel afirmó: “Seguramente vamos a un plan de acción porque el Gobierno ha desperdiciado la posibilidad de hacer una propuesta salarial que garantice recuperar salario frente a la inflación. Los tiempos del Gobierno no son los tiempos de los trabajadores”.

“Celebramos la convocatoria a la paritaria nacional. Pero consideramos que no puede ser un techo para los acuerdos provinciales y que se puede hacer un acuerdo en Entre Ríos a cuenta de la paritaria nacional. Lo que tiene que regir acá es la necesidad de los trabajadores y lo que se ha depreciado nuestro poder adquisitivo”, finalizó el gremialista.

UNO

Con el objetivo de ahorrar gasto en subsidios en energía, el Ministerio de Desarrollo Productivo decidió pesificar un segmento de la generación de electricidad, que tiene una injerencia de casi el 50% en las tarifas de luz (el resto es impuestos, transporte y distribución de electricidad). A través de una resolución, que se publicará en el Boletín Oficial en los próximos días, se pesificará y se reducirá la remuneración que perciben las generadoras de energía que venden en el mercado spot. También se pesificarán los pagos por generación de energía de las centrales hidroeléctricas binacionales, Yacyretá y Salto Grande, publicó La Nación.

De esta manera, según fuentes oficiales, el costo de la generación de energía caerá de US$69 a entre US$60 y US$62 dólar por MWH y redundará «en una baja importante en los costos de generación de energía», explicaron. El ahorro fiscal para el Estado será de US$300 millones anuales, según indicaron en la cartera que conduce Matías Kulfas, que tiene a la Secretaría de Energía bajo su control.

La medida alcanza a la «generación vieja» o spot, comprendida en la resolución 1, que recibe una remuneración definida por la autoridad de aplicación. Entre 2015 y 2018 esa remuneración aumentó un 60%, a partir de una decisión del gobierno de Mauricio Macri, según indicaron en el gobierno.

La resolución 1 fijaba para 2019 un desembolso de US$1344 millones, que lo financia el Estado con subsidios. Con el cambio de remuneración, el presupuesto se redujo 24% a US$1026 millones, lo que supone una reducción de US$318 millones.

En tanto, la generación de las centrales hidroeléctricas binacionales se pesifica pero no se reduce su remuneración.

El Registro de Establecimientos Industriales de la Provincia Entre Ríos es online, gratuito y de obligatoria inscripción para las personas humanas o jurídicas (empresa y/o explotaciones unipersonales) que desarrollen o pretendan desarrollar actividades industriales en el territorio entrerriano.

Así se informó desde la Secretaría de Industria y Comercio, dependiente del Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, siendo la fecha límite para actualización y registro el día 30 de abril de 2020.

Cabe destacar que el mismo consiste en una inscripción única y renovaciones anuales por medio del llenado de un formulario online que reviste el carácter de Declaración Jurada (DDJJ), más la presentación de documentación respaldatoria, validadas las cuales, el establecimiento contará con un Certificado Anual que constará de la realización de una actividad de industria manufacturera (o sus asimilables) que le brindará el acceso directo o potencial a distintos beneficios.

 

Beneficios directos e indirectos

Como beneficios directos la empresa podrá presentar ante la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) para hacerse de la/s alícuota/s especiales que gravan la actividad en el Impuesto a los Ingresos Brutos, estando actualmente las Micro y Pequeñas Empresas gravadas al 0%. Por su parte, tendrán beneficios por Reintegro de Consumo de Energía Eléctrica, según sus tarifas energéticas sean uno (1), dos (2) o tres (3), obteniendo un 15 por ciento, un 8 por ciento o un 4 por ciento de reintegro, respectivamente. Finalmente, estarán exentas de las percepciones que puedan aplicar las prestadoras del servicio eléctrico en concepto de Tasas Municipales por energía eléctrica, sólo quedando como computable la Contribución Municipal a la Energía Eléctrica.

Como beneficios indirectos la empresa podrá obtener mediante la presentación del certificado anual vigente acceso a solicitudes de adhesión en carácter de industrias provinciales a todos los regímenes y propuestas que se efectúen desde la Subsecretaría de industria y/o su articulación con otros organismos.

Estos son el Régimen de Promoción y Desarrollo Industrial (Ley 10.204), Régimen de Creación, Control y Autorización de Parques y Áreas Industriales (Ley 7.957) y la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental por parte de las empresas industriales (Ley 6.260) (Certificación de Radicación, de Funcionamiento y de Habilitación Sanitaria)

Para mayor información dirigirse a Laprida 465 Piso 2 de la capital provincial, o a los teléfonos 343-4208160/4207861, o vía email a gcerutti@entrerios.gov.ar

Tras un primer encuentro con las nuevas autoridades nacionales, el gobierno provincial se reunió especialmente con directivos de Arsat para comenzar a revisar los acuerdos firmados con el fin de completar la Red Federal de Fibra Óptica y relanzar la Televisión Digital Abierta en Entre Ríos.

El gobierno se reunió con directivos de la Empresa Nacional de Soluciones Satelitales (Arsat) en la sede de esa firma, con el objeto de articular acciones que mejoren las condiciones de acceso al servicio de telecomunicaciones en Entre Ríos. El encuentro se realizó con la presencia de la secretaria de Modernización de la provincia, Lucrecia Escandón; el presidente de Enersa, Jorge González; el presidente del directorio y gerente general de Arsat, Pablo Tognetti; y el gerente de Operaciones Terrestres, Marcelo Tesoro. También estuvieron presentes el director de Telecomunicaciones de la provincia, Leandro Reyes, y el subgerente de Ingeniería y Despliegue de Arsat, José Duarte.

Escandón comentó que el principal punto en común que se logró en el encuentro fue “evaluar los acuerdos ya firmados entre las partes con el fin de relanzar la Televisión Digital Abierta (TDA) y completar la instalación de infraestructura pendiente en Entre Ríos, y en relación con la Red Federal de Fibra Óptica (Refefo) generar estrategias conjuntas para complementar las redes de fibra óptica nacional y provincial”.

 

Fibra óptica

Actualmente, en el marco del Plan Federal de Internet a través del cual se construye la Refefo, en Entre Ríos hay previstas 132 localidades para alcanzar con la conectividad a un millón de habitantes. De ese total hay 114 localidades conectadas y el resto próximas a conectarse a los servicios de Arsat.

“Junto al Estado nacional compartimos la visión de que la soberanía tecnológica y la conectividad son necesarias para el desarrollo social, productivo y económico de nuestra provincia. A partir de un trabajo conjunto con Enersa, valorando su enorme capacidad de penetración territorial, calidad de servicio e infraestructura y con el acompañamiento de Arsat, contamos con las condiciones necesarias para llevar adelante un Plan de Telecomunicaciones provincial que priorice la inclusión social, los servicios gubernamentales, la salud, la producción y el turismo”, expresó Escandón.

Por su parte, Pablo Tognetti afirmó: “Nuestro rol es ofrecer el servicio mayorista de internet. Para ello primero articulamos con las empresas provinciales de telecomunicaciones (de haberlas) y luego con las empresas, pymes y cooperativas que son las que van a conectar la última milla, el último paso para que toda esta inversión llegue a los usuarios”.

En ese sentido, Leandro Reyes indicó: “En Entre Ríos la Refefo presenta una gran capilaridad, el desafío es ampliar la última milla para llegar a los hogares entrerrianos desde los diferentes nodos o puntos de acceso”. Para ello, Escandón señaló que se “va a articular con las empresas y cooperativas de telecomunicaciones entrerrianas para que sea posible conectar aquellas zonas que están más aisladas o cuentan con una conexión de baja calidad”.

Es importante remarcar que el gobierno de Entre Ríos comenzó a brindar servicios de telecomunicaciones a través de una primera prueba piloto que ya se encuentra en funcionamiento en la localidad de San José de Feliciano. Al respecto, Jorge González aseguró que «con Enersa se está brindando conectividad e internet a reparticiones provinciales, municipales y espacios públicos en Feliciano”. Y agregó que “en total se tiene 326 kilómetros de red de fibra óptica distribuidos en tramos de Paraná, Concepción del Uruguay, Concordia, Federal, Villa Elisa, Colón, Feliciano y San José, y se acaba de licitar 280 kilómetros para sumar a esta red”.

Por ello, Escandón agregó que dentro del tendido que falta construir se encuentran algunos tramos de la ruta nacional N° 14. “Algunos tramos de la ruta 14 quedaron por fuera del tendido de la Refefo en su momento y para nosotros es un desafío incluirla, porque es una vía fundamental para nuestro sistema productivo y turístico. En ello también vamos a trabajar durante la próxima etapa que estamos planificando”.

Asimismo, el gobierno se manifestó respecto a la cesión por parte de Arsat o uso compartido de fibra óptica con el gobierno provincial en los organismos gubernamentales de todo el territorio entrerriano que incluye la Refefo, estipulado por la normativa, y que no llegó a concretarse. A lo que las autoridades de Arsat respondieron con el compromiso de revisar la infraestructura disponible y resolver de forma conjunta la situación, elaborando, en primera instancia, un nuevo convenio.

 

TDA

En lo que refiere a la Televisión Digital Abierta, en el caso de Entre Ríos quedó pendiente la instalación de la antena en Concepción del Uruguay. De acuerdo con Escandón, “en 2013 el municipio autorizó la instalación de la plataforma de TDA mediante la Ordenanza N° 9272 y se dispuso un terreno para la antena, pero el gobierno nacional frenó el programa de TDA en 2016 y lo que estaba previsto no se llevó a cabo”. Actualmente, en la provincia las ciudades que cuentan con TDA son Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Victoria.

En esa dirección, Escandón resaltó como resultado del encuentro que se iniciará “la planificación de un proyecto en conjunto con participación del Gobierno, Enersa y Arsat para determinar los costos y acciones a seguir para la instalación de la TDA en Concepción del Uruguay”.

Reyes agregó que en dicha ciudad la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) está esperando la instalación de la antena de TDA para comenzar a transmitir desde su canal universitario. En ese contexto, otra cuestión que se abordó en el encuentro fue la distribución de señales locales a través de la plataforma de TDA. Sobre ello Tognetti expresó que “con la TDA se busca mayor inserción de canales locales, a veces hay disponibilidad de transmisores y otras hay que agregar, por lo que cada caso es distinto y hoy hay que realizar una evaluación previa que nos permita continuar”.

Finalmente, cabe señalar que Arsat provee la posibilidad de acceder a la televisión digital abierta a través de antenas satelitales en aquellas zonas de difícil acceso y que quedan por fuera del rango de cobertura de las antenas terrestres. En el caso de Entre Ríos, los kits de TDA satelital se encuentran mayormente en zonas rurales y, de acuerdo con Reyes “vamos a realizar un análisis en conjunto con Arsat del estado en que se encuentran los equipamientos otorgados para asegurar su adecuado funcionamiento”.

 

Sobre Arsat

Arsat es la sociedad anónima de propiedad del Estado Nacional creada en 2006 mediante la Ley 26.092 para desarrollar el Sistema Satelital Geoestacionario Argentino de Telecomunicaciones, y proteger las posiciones orbitales asignadas a la Argentina por la UIT. Opera los satélites Arsat-1 y Arsat-2 fabricados en Bariloche, Argentina, por Invap y presta servicios de telecomunicaciones en todo el territorio argentino a través de su Red Federal de Fibra Óptica (Refefo) de más de 30.000 kilómetros. También es responsable de la implementación y el desarrollo de Televisión Digital Abierta (TDA) que se brinda de forma gratuita, con cobertura sobre todo el territorio nacional incluyendo Península Antártica, Islas Malvinas, e Islas del Atlántico Sur.

De pasar a proclamar a la DPV como una de las 4 mejores del país, a sentarse con Katopodis para pedir cuantiosos fondos, preocupación en la ciudadanía y en Nación por los reales destinos de los millones, el antecedente de la “comisión de corsos” de la Cumbre del Mercosur.

Alicia Benítez, imputada por hechos de corrupción junto con el empresario Miguel Marizza, por encabezar una comisión “de corsos” que se autocontrataron por 46 millones de pesos, en ese momento, 4 millones de dólares por la Cumbre del Mercosur.

El miércoles pasado una comitiva provincial encabezada por el gobernador Gustavo Bordet visitaba al ministro de Planeamiento de la Nación, Gabriel Katopodis, según la información oficial, el motivo del encuentro fue “la evaluación del estado de las obras en ejecución entre Nación y provincia y analizaron los pasos a seguir para su continuidad”.

A Bordet lo acompañó su ministro de planeamiento, Luis Benedetto y la directora administradora de Vialidad provincial, Alicia Benítez.

Por parte de Nación, junto a Katopodis, estuvieron el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa), Enrique Cresto y el sub administrador de la Dirección Nacional de Vialidad, Alejandro Urdampilleta.

Más allá de la comunicación oficial, lo cierto es que el encuentro reveló nuevas contradicciones en la gestión de Bordet.

Hace un poco más de una semana el mandatario brindaba su mensaje ante la Asamblea Legislativa y exponiendo sobre una Vialidad provincial que nada tiene de real, o al menos en los hechos es notorio la inacción, la negligencia, el abandono y la desidia de los caminos entrerrianos.

“Entre Ríos está cuarta en el ranking de las provincias que más recursos propios invierte en su red vial”, sostenía Bordet haciendo gala de una repartición que constantemente en noticia por el estado de las rutas, de los puentes y por graves hechos de corrupción con la obra pública.

Es conocido por todos los entrerrianos, dando fe los vecinos, productores y turistas que las transitan de las deplorables condiciones de las rutas 38, 39, 20, 10, 11 y 6, las cuales a diario protagonizan titulares en los medios por accidentes fatales o graves, como también por las quejas por parte de sus usuarios.

Rutas, varias de estas, que recientemente se han inaugurado o, lo que es peor, aun no lo fueron y ya presentan serios problemas en el pavimento, obligando su repavimentación, la cual se está ejecutando muy contadas veces en virtud de la escasez de fondos que dicen tener en el organismo de los caminos.

Es más, en varias localidades, tras los reclamos incesantes de los vecinos, desde la repartición le han exigido a los mismos, como previo a la reparación, que se hagan cargo del combustible ya sea con dinero o con el material, porque de otra manera no podían salir a trabajar atribuyendo los viales que consistía una orden de más arriba.

Este Portal se hizo eco de esta irregular situación con vecinos y productores de la ruta 10 en la zona de María Grande.

La desidia de la DPV respecto a las obras ha llegado hasta el punto de que los propios usuarios tengan que improvisar reparaciones incluso en puentes para continuar el tránsito, con la inseguridad que esto acarrea.

En todos estos casos se ha generado la misma hipótesis, el estado de emergencia vial en la provincial es producto de la corrupción estructural que se encuentra arraigada en Vialidad.

El dinero existió, estuvo a disposición de los caminos y puentes, sin embargo, su destino fue otro, la única conclusión posible frente a esta realidad  no puede ser otra que el estado actual de la obra pública entrerriana.

Las condiciones no podían ser otra si se piensa que desde su conducción para abajo, varios son los funcionarios viales sobre los cuales pensar sospechas de corrupción.

El caso más emblemático es sin dudas el de la máxima autoridad del organismo. Benítez está imputada por el delito de fraude a la administración pública en el conocido proceso penal denominado mediáticamente “Causa del Mercosur”.

Una causa que es conducida por el fiscal Juan Malvasio, el cual, según consta en la investigación se estima que el Estado pagó 17 millones de pesos de más a un grupo de empresas constructoras que tuvieron a su cargo la ejecución de obras y la provisión de bienes y servicios para la Cumbre del Mercosur que se celebró en diciembre de 2014 en Paraná.

En la previa a la Cumbre la legislatura provincial autorizaba al entonces gobernador, ante la premura e inmediatez de la actividad que conglomeraría a todos los presidentes que componen el Mercosur, a  contratar cualquier obra o servicio de forma directa, es decir, sin licitación pública aunque con cotejo de precios.

El tipo de contratación de ninguna manera permitía que las mismas se excedan de los límites impuestos en las leyes y reglamentos que regulan la actividad pública.

Por entonces se estableció una “comisión de corsos” integrada justamente por todos aquellos titulares de empresas que terminaron beneficiados con las obras que demandó la Cumbre.

La irregularidad nacía patente, los que determinaban a quienes contratar y cuanto gastar, eran los mismos que resultaban ganadores del cotejo.

En otras palabras, lo que hizo la legislatura fue autorizar al gobernador a contratar, no a la comisión “de corsos” encabezada por Benítez y Marizza y cia. Para que se contraten a sí mismos.

Dicha comisión fue encabezada por Alicia Benítez, de ahí su imputación por defraudar al estado, entre los empresarios de los dos lados del mostrador estaban, Miguel Marizza, Néstor Iván Szczech, Rubén Grasso y Daniel Hereñú, todos estos imputados por el mismo delito aunque en calidad de partícipes.

De acuerdo con las planillas que el Poder Ejecutivo remitió al Tribunal de Cuentas y a la Legislatura, según cuenta este miércoles Juan Cruz Varela, la Cumbre del Mercosur le costó al Estado provincial unos 152 millones de pesos.

De ese total, la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción administró unos 46 millones de pesos que fueron distribuidos mayoritariamente entre cuatro empresas: Caballi SA, de Miguel Marizza, percibió 11.722.585 pesos; a Szczech & Szczech, de Néstor Iván Szczech, se le adjudicaron obras por 9.066.678,40 pesos; Construcciones Electromecánicas y Civiles (Cemyc), de Rubén Grasso, efectuó trabajos por 13.307.506 pesos; y Organización Integral Constructora SA (Oicsa), de Daniel Hereñú, efectuó obras por 5.784.289 pesos.

Estas empresas constructoras, a su vez, subcontrataron las tareas que eran ajenas a su rubro, por ejemplo, la colocación de flores y plantas; la provisión de servicios de audio y video, tapizado de sillas o el suministro de sistemas contra incendios, entre otras.

El sobreprecio estimado surge de la comparación entre los montos que se pagaron a las empresas subcontratadas para realizar las obras y proveer bienes y servicios y los valores que las empresas constructoras le facturaron al Estado provincial.

La situación procesal de Benítez genera una gran preocupación en la población, en definitiva, quienes deben ser los verdaderos beneficiarios de la obra pública, aunque también a las filas de funcionarios nacionales e incluso al presidente Alberto Fernández.

Según supo este medio, Fernández está al tanto de cada una de las sospechas, investigaciones y demás cuestiones ligadas a la corrupción de los funcionarios provinciales del país, porque se encarga el mismo de evaluar a quien le firma un decreto.

Esta es la razón de la dilación en la suscripción de decretos de designaciones de entidades nacionales que aún se encuentran vacantes, mas allá de los nombres que le llegue desde las Provincias y quien realice el pedido de nombramiento, es el presidente quien analiza caso por caso si procede o no procede, constituyendo la corrupción uno de los requisitos para el veto.

Todo aquello que tenga olor a corrupción, aseguran fuentes nacionales, es repelido por el mandatario nacional, no quiere firmar nada que tenga que ver con estas irregularidades.

Las causas de corrupción, desde las simples sospechas a las imputaciones o procesamientos, en la Provincia de Entre Ríos no son la excepción, asegurando aquellas fuentes que Fernández está al tanto de los informes del estado actual de las rutas entrerrianas a pesar de los millones y millones que se venían destinando en la gestión que lo antecedió.

La preocupación se agrava si se pone en consideración una fuerte versión de los mentideros de la construcción que indica que el empresario imputado Marizza será el beneficiario de las próximas obras que se realicen en la Provincia.

La reactivación de las obras, hoy totalmente paralizadas, se estima se producirá no solo por el envió de fondos nacionales sino también por la readecuación del producto del impuestazo que Bordet suscribió y ya se encuentra ejecutándose del inmobiliario rural.

Según precisó el mandatario provincial en su mensaje ante la Asamblea Legislativa del pasado 14 de febrero un gran porcentaje de ese producido de las subas descomunales al tributo se destinará a Vialidad para obras, puntualmente habló de un 30%.

A partir de dicho anuncio, todas las versiones se dispararon hacia Marizza, como exclusivo beneficiario de la inminente reactivación, generando intranquilidad en los popes nacionales por la situación procesal del empresario por hechos de corrupción.

La crisis económica y financiera nacional obliga a ser ordenado con el gasto público, ser prudente sobre el destino de los fondos, si estos van a argumentar nuevas irregularidades en torno a la obra pública, si van a constituir la génesis de nuevos casos de corrupción, porque los antecedentes personales de quienes los manejaran o generales de la provincia así lo indican, las probabilidades de autorizarlos se anulan.

Fuente: El Portal de Ricardo David