De pasar a proclamar a la DPV como una de las 4 mejores del país, a sentarse con Katopodis para pedir cuantiosos fondos, preocupación en la ciudadanía y en Nación por los reales destinos de los millones, el antecedente de la “comisión de corsos” de la Cumbre del Mercosur.
Alicia Benítez, imputada por hechos de corrupción junto con el empresario Miguel Marizza, por encabezar una comisión “de corsos” que se autocontrataron por 46 millones de pesos, en ese momento, 4 millones de dólares por la Cumbre del Mercosur.
El miércoles pasado una comitiva provincial encabezada por el gobernador Gustavo Bordet visitaba al ministro de Planeamiento de la Nación, Gabriel Katopodis, según la información oficial, el motivo del encuentro fue “la evaluación del estado de las obras en ejecución entre Nación y provincia y analizaron los pasos a seguir para su continuidad”.
A Bordet lo acompañó su ministro de planeamiento, Luis Benedetto y la directora administradora de Vialidad provincial, Alicia Benítez.
Por parte de Nación, junto a Katopodis, estuvieron el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa), Enrique Cresto y el sub administrador de la Dirección Nacional de Vialidad, Alejandro Urdampilleta.
Más allá de la comunicación oficial, lo cierto es que el encuentro reveló nuevas contradicciones en la gestión de Bordet.
Hace un poco más de una semana el mandatario brindaba su mensaje ante la Asamblea Legislativa y exponiendo sobre una Vialidad provincial que nada tiene de real, o al menos en los hechos es notorio la inacción, la negligencia, el abandono y la desidia de los caminos entrerrianos.
“Entre Ríos está cuarta en el ranking de las provincias que más recursos propios invierte en su red vial”, sostenía Bordet haciendo gala de una repartición que constantemente en noticia por el estado de las rutas, de los puentes y por graves hechos de corrupción con la obra pública.
Es conocido por todos los entrerrianos, dando fe los vecinos, productores y turistas que las transitan de las deplorables condiciones de las rutas 38, 39, 20, 10, 11 y 6, las cuales a diario protagonizan titulares en los medios por accidentes fatales o graves, como también por las quejas por parte de sus usuarios.
Rutas, varias de estas, que recientemente se han inaugurado o, lo que es peor, aun no lo fueron y ya presentan serios problemas en el pavimento, obligando su repavimentación, la cual se está ejecutando muy contadas veces en virtud de la escasez de fondos que dicen tener en el organismo de los caminos.
Es más, en varias localidades, tras los reclamos incesantes de los vecinos, desde la repartición le han exigido a los mismos, como previo a la reparación, que se hagan cargo del combustible ya sea con dinero o con el material, porque de otra manera no podían salir a trabajar atribuyendo los viales que consistía una orden de más arriba.
Este Portal se hizo eco de esta irregular situación con vecinos y productores de la ruta 10 en la zona de María Grande.
La desidia de la DPV respecto a las obras ha llegado hasta el punto de que los propios usuarios tengan que improvisar reparaciones incluso en puentes para continuar el tránsito, con la inseguridad que esto acarrea.
En todos estos casos se ha generado la misma hipótesis, el estado de emergencia vial en la provincial es producto de la corrupción estructural que se encuentra arraigada en Vialidad.
El dinero existió, estuvo a disposición de los caminos y puentes, sin embargo, su destino fue otro, la única conclusión posible frente a esta realidad no puede ser otra que el estado actual de la obra pública entrerriana.
Las condiciones no podían ser otra si se piensa que desde su conducción para abajo, varios son los funcionarios viales sobre los cuales pensar sospechas de corrupción.
El caso más emblemático es sin dudas el de la máxima autoridad del organismo. Benítez está imputada por el delito de fraude a la administración pública en el conocido proceso penal denominado mediáticamente “Causa del Mercosur”.
Una causa que es conducida por el fiscal Juan Malvasio, el cual, según consta en la investigación se estima que el Estado pagó 17 millones de pesos de más a un grupo de empresas constructoras que tuvieron a su cargo la ejecución de obras y la provisión de bienes y servicios para la Cumbre del Mercosur que se celebró en diciembre de 2014 en Paraná.
En la previa a la Cumbre la legislatura provincial autorizaba al entonces gobernador, ante la premura e inmediatez de la actividad que conglomeraría a todos los presidentes que componen el Mercosur, a contratar cualquier obra o servicio de forma directa, es decir, sin licitación pública aunque con cotejo de precios.
El tipo de contratación de ninguna manera permitía que las mismas se excedan de los límites impuestos en las leyes y reglamentos que regulan la actividad pública.
Por entonces se estableció una “comisión de corsos” integrada justamente por todos aquellos titulares de empresas que terminaron beneficiados con las obras que demandó la Cumbre.
La irregularidad nacía patente, los que determinaban a quienes contratar y cuanto gastar, eran los mismos que resultaban ganadores del cotejo.
En otras palabras, lo que hizo la legislatura fue autorizar al gobernador a contratar, no a la comisión “de corsos” encabezada por Benítez y Marizza y cia. Para que se contraten a sí mismos.
Dicha comisión fue encabezada por Alicia Benítez, de ahí su imputación por defraudar al estado, entre los empresarios de los dos lados del mostrador estaban, Miguel Marizza, Néstor Iván Szczech, Rubén Grasso y Daniel Hereñú, todos estos imputados por el mismo delito aunque en calidad de partícipes.
De acuerdo con las planillas que el Poder Ejecutivo remitió al Tribunal de Cuentas y a la Legislatura, según cuenta este miércoles Juan Cruz Varela, la Cumbre del Mercosur le costó al Estado provincial unos 152 millones de pesos.
De ese total, la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción administró unos 46 millones de pesos que fueron distribuidos mayoritariamente entre cuatro empresas: Caballi SA, de Miguel Marizza, percibió 11.722.585 pesos; a Szczech & Szczech, de Néstor Iván Szczech, se le adjudicaron obras por 9.066.678,40 pesos; Construcciones Electromecánicas y Civiles (Cemyc), de Rubén Grasso, efectuó trabajos por 13.307.506 pesos; y Organización Integral Constructora SA (Oicsa), de Daniel Hereñú, efectuó obras por 5.784.289 pesos.
Estas empresas constructoras, a su vez, subcontrataron las tareas que eran ajenas a su rubro, por ejemplo, la colocación de flores y plantas; la provisión de servicios de audio y video, tapizado de sillas o el suministro de sistemas contra incendios, entre otras.
El sobreprecio estimado surge de la comparación entre los montos que se pagaron a las empresas subcontratadas para realizar las obras y proveer bienes y servicios y los valores que las empresas constructoras le facturaron al Estado provincial.
La situación procesal de Benítez genera una gran preocupación en la población, en definitiva, quienes deben ser los verdaderos beneficiarios de la obra pública, aunque también a las filas de funcionarios nacionales e incluso al presidente Alberto Fernández.
Según supo este medio, Fernández está al tanto de cada una de las sospechas, investigaciones y demás cuestiones ligadas a la corrupción de los funcionarios provinciales del país, porque se encarga el mismo de evaluar a quien le firma un decreto.
Esta es la razón de la dilación en la suscripción de decretos de designaciones de entidades nacionales que aún se encuentran vacantes, mas allá de los nombres que le llegue desde las Provincias y quien realice el pedido de nombramiento, es el presidente quien analiza caso por caso si procede o no procede, constituyendo la corrupción uno de los requisitos para el veto.
Todo aquello que tenga olor a corrupción, aseguran fuentes nacionales, es repelido por el mandatario nacional, no quiere firmar nada que tenga que ver con estas irregularidades.
Las causas de corrupción, desde las simples sospechas a las imputaciones o procesamientos, en la Provincia de Entre Ríos no son la excepción, asegurando aquellas fuentes que Fernández está al tanto de los informes del estado actual de las rutas entrerrianas a pesar de los millones y millones que se venían destinando en la gestión que lo antecedió.
La preocupación se agrava si se pone en consideración una fuerte versión de los mentideros de la construcción que indica que el empresario imputado Marizza será el beneficiario de las próximas obras que se realicen en la Provincia.
La reactivación de las obras, hoy totalmente paralizadas, se estima se producirá no solo por el envió de fondos nacionales sino también por la readecuación del producto del impuestazo que Bordet suscribió y ya se encuentra ejecutándose del inmobiliario rural.
Según precisó el mandatario provincial en su mensaje ante la Asamblea Legislativa del pasado 14 de febrero un gran porcentaje de ese producido de las subas descomunales al tributo se destinará a Vialidad para obras, puntualmente habló de un 30%.
A partir de dicho anuncio, todas las versiones se dispararon hacia Marizza, como exclusivo beneficiario de la inminente reactivación, generando intranquilidad en los popes nacionales por la situación procesal del empresario por hechos de corrupción.
La crisis económica y financiera nacional obliga a ser ordenado con el gasto público, ser prudente sobre el destino de los fondos, si estos van a argumentar nuevas irregularidades en torno a la obra pública, si van a constituir la génesis de nuevos casos de corrupción, porque los antecedentes personales de quienes los manejaran o generales de la provincia así lo indican, las probabilidades de autorizarlos se anulan.
Fuente: El Portal de Ricardo David
