Paraná fue reclasificada como zona de transmisión comunitaria sostenida de coronavirus. «Es el cuarto y último estadio por el cual se identificaron conglomerados no relacionados en los se evalúan al menos tres cadenas de transmisión sucesiva y se sostiene la confirmación de casos sin nexos epidemiológicos», explicó la ministra provincial de Salud, Sonia Velázquez, al advertir: «El virus circula en la comunidad, lo que nos dificulta enormemente a los equipos de salud realizar la trazabilidad sobre cómo se contagió el paciente». De igual manera, aclaró que «se seguirá realizando el seguimiento de todos los contactos estrechos, la vigilancia epidemiológica y la búsqueda activa para aislar a los casos positivos, además de la institucionalización de los pacientes ya sea leves o graves».

«Rige un alerta sanitaria provincial tanto para quienes ingresan a Paraná como para quienes circulan por la ciudad», comunicó Velázquez, al anunciar que «se emitieron protocolos para los equipos de salud para que estén atentos a todos los cuadros respiratorios de personas que puedan concurrir a otras ciudades o provincias».

«El objetivo es disminuir la circulación, que la población extreme las medidas de protección universal y se evite el desborde que la propagación del virus ocasiona», argumentó. «Es necesario que nos limitemos a no realizar juntadas ni familiares ni sociales», encomendó la funcionaria provincial al comunicar que «del resultado de la vigilancia resultó que conductas tales como compartir el mate o elementos de contacto han sido las causas de las principales fuentes de contagio».

Velázquez instó a «no subestimar al virus». Y en ese sentido, reconoció que «es comprensible que las personas quieran seguir con su vida cotidiana», pero encomendó a la población «un esfuerzo más, una solidaridad intergeneracional y hacia el personal esencial y los trabajadores de salud».

«Necesitamos detener la transmisión para que el sistema social, sanitario y económico mantenga su equilibrio y no colapse», remarcó.

Punto aparte, explicó que al considerarse a Paraná como zona de transmisión comunitaria de coronavirus, «es necesario que las localidades aledañas también realicen sus propios controles en los accesos».

Ante las críticas de la ciudadanía por la apertura de bares y restaurantes en Paraná, siendo que a nivel nacional están prohibidas las reuniones sociales, la ministra de Salud argumentó: «Cuando emitimos las clasificaciones sanitarias y epidemiológicas bregamos para que sean acompañadas por los COES locales; son los municipios los que autorizan las actividades y lo que pedimos es el monitoreo y control de los protocolos».

«No sería objetada la apertura de bares y restaurantes, si se realiza con los protocolos correspondientes», remarcó al insistir respecto a que «está comprobado que la mayoría de los contagios se han dado por mateadas o el contacto de elementos de contacto y el no uso de elementos de protección personal; o en instancias familiares que desarrollaron juntadas de personas no convivientes».

Al preguntarle a Velázquez por el envío de 50 bolsas de cadáveres a los hospitales San Martín y La Baxada de Paraná, además de otras para Colón, la funcionaria mencionó que «el envío de insumos forma parte de la estrategia de fortalecimiento a los efectores de salud públicos y privados, al igual que el protocolo para el manejo adecuado de cadáveres».

Interrogada sobre supuestas muertes de pacientes con coronavirus durante el fin de semana y que no habrían sido informadas, la funcionaria lo desmintió «enfáticamente».
«Que estemos ocultando cifras o indicadores de fallecidos, no contribuiría en nada en la credibilidad y rigor técnico y ético con el que nos manejamos desde el inicio de la pandemia», argumentó. Y agregó: «Necesitamos de los indicadores para tomar las decisiones más adecuadas y estratégicas para sostener la salud de la población entrerriana». (Elonce)

El gobierno entrerriano declaró la emergencia ambiental en la zona del Delta entrerriano. La degradación de los humedales y los efectos negativos en la salud producto del humo, son los principales sustentos de la medida.

Según el decreto 1.096, la emergencia ambiental ratifica la suspensión del otorgamiento de autorizaciones de quemas en la zona, que la Secretaría de Ambiente ya había dispuesto meses atrás mediante la prohibición de este tipo de práctica.

La zona del Delta entrerriano se encuentra especialmente afectada por la bajante histórica del río Paraná y la sequía de lagunas y humedales característicos del lugar, exponiendo material orgánico que funciona como combustible para la propagación de incendios. En ese contexto, desde junio comenzó a detectarse un aumento considerable de los focos ígneos en la zona, presumiblemente provocados para obtener rebrote como forraje para el ganado, para limpieza de la zona de las viviendas de los pobladores o como consecuencia de actividades recreativas de pesca y caza.

La emisión del humo producto de los incendios, que afecta a ciudades entrerrianas y santafesinas y la elevada degradación ambiental de la zona de humedales hacen necesaria la adopción de este tipo de medidas tendientes a mitigar y prevenir la propagación de los efectos perjudiciales al ambiente provocados por la situación descripta.

El decreto menciona a su vez que todas las cuencas hídricas que atraviesan el territorio provincial están atravesando una situación extraordinaria a causa de la disminución del caudal de los ríos y sus afluentes que responde a un fenómeno climático de origen natural inducido por un déficit histórico de precipitaciones en la región.

La medida alcanza a la zona del Delta entrerriano comprendido por los departamentos Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas del Ibicuy.

Acciones

Desde principios de junio el Plan de Manejo del Fuego, de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, Defensa Civil y la Policía entrerriana, dependientes del Ministerio de Gobierno, y en articulación con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y la provincia de Santa Fe, vienen desarrollando acciones en territorio para combatir los incendios.

Para ello se dispuso de brigadistas entrerrianos y se gestionó la asistencia de nación con medios aéreos para llegar a las zonas de difícil acceso vía terrestre o acuática.

Además, de lo operativo, se trabaja en la fase administrativa, labrando actas de infracción y aplicando multas por incumplimiento a la Ley 9868.

A su vez, el gobierno entrerriano avanza con acciones ante la justicia contra los responsables de las quemas que son ilegales, teniendo en cuenta que la Secretaría de Ambiente no está otorgando autorizaciones de quemas en la zona.

Las acciones legales incluyen la denuncia penal presentada en junio pasado por el gobernador Gustavo Bordet ante el Juez Federal competente, por violación del artículo 186 del Código Penal, que establece que el que causare incendio, explosión o inundación será reprimido con prisión de tres a 10 años, si hubiere peligro común para los bienes. Y se constituyó como querellante particular en la causa judicial que tramita en el Poder Judicial de la Nación a raíz de la quema en las islas.

Para la detección temprana, las fuerzas de seguridad entrerrianas instalarán torres de videovigilancia.

Sustento legal

La declaración de la emergencia ambiental se sustenta en el derecho de todo habitante a un ambiente sano, tal como lo establece el artículo 41 de la Constitución Nacional; y el principio de prevención que manda a atender de forma prioritaria e integral a los fines de prevenir efectos negativos que sobre el ambiente se puedan producir, según consta en la Ley General del Ambiente Nº 25.675.

Además, en los considerandos del decreto se menciona el artículo 22 de la Constitución provincial que dispone el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado; y el artículo 83 mediante el cual se garantiza la aplicación del principio de prevención, sustentabilidad y se le otorga el poder de policía en materia ambiental al Estado provincial, a los municipios y a las comunas, de modo recurrente.

Y también se hace mención a la Ley Nº 9.868 de Manejo y Prevención del Fuego en Áreas Rurales y Forestales, que prohíbe el uso del fuego en dicho ámbito y declara de interés público las medidas para prevenir y combatir los incendios rurales y forestales.

A horas de que el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, anunciara que la Argentina alcanzó un acuerdo con los bonistas extranjeros sobre la deuda, la provincia de Entre Ríos hizo público su decisión de refinanciar sus créditos en dólares bajo legislación extranjera, informaron fuentes oficiales a APFDigital • El sábado 8 vencen u$s 22 millones del segundo pago de intereses de este año

“Como consecuencia de la situación económico-financiera de los últimos años y en concordancia con los procesos iniciados por otras provincias, el gobierno de Entre Ríos inicia un proceso para restaurar la sostenibilidad de las cuentas públicas, esperando alcanzar una reestructuración de la Deuda emitida bajo ley extranjera en el año 2017, cuya primera amortización de capital tiene lugar en el año 2023”, indica el documento de Economía al que tuvo acceso esta Agencia.

El capital original de la deuda de Entre Ríos es de 500.000.000 dólares estadounidenses, producto de su colocación en dos series, una en el mes de Febrero y la otra en Noviembre, ambos del año 2017, a una tasa, o cupón, de 8,75% anual, pagaderos semestralmente en los meses de febrero y agosto de cada año, hasta su cancelación que opera luego del pago de tres amortizaciones anuales y consecutivas, en el mes de febrero de los años 2023, 2024 y 2025 (Bono ER25)).

En el Ministerio de Economía destacan que si bien la Provincia ha trabajado de manera “exitosa y sostenida en optimizar su situación”, tales esfuerzos “no vieron sus frutos debido a cuestiones exógenas a su sacrificio, como son la baja del PBI en los últimos años, la inflación y el tipo de cambio, que han distorsionado de manera muy significativa la relación de ingresos corrientes expresados en dólares y el stock de la deuda denominada en esa moneda”.

Se suma a ésto la declaración de Emergencia Pública Sanitara dispuesta en la Argentina en este año y “sus connotaciones y el incremento de la inversión en salud y acción social, que no han hecho más que profundizar la tendencia desfavorable y generar resentimientos no solo económicos, sino que también financieros, a las arcas públicas, incrementando los déficits y tornando de muy difícil cumplimiento los compromisos internacionales asumidos”.

“Este escenario similar al que se produjo en otras provincias argentinas que ya iniciaron los procesos para reestructurar sus deudas, llevo a evaluar en proyección un panorama de renegociación de las condiciones del Título de Deuda Pública Internacional ER25”, indicaron en la cartera que conduce Hugo Ballay.

Tales consideraciones serán tomadas como fundamento para el dictado de un acto administrativo por medio del cual el gobierno entrerriano “entiende conveniente disponer la refinanciación de los títulos públicos internacionales ER25”. Para ello se buscarán “las alternativas más convenientes a los intereses del Estado Provincial”.

En ese contexto, el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de Entre Ríos encaró, bajo idéntico procedimiento al de la emisión del Bono ER25, una convocatoria de los distintos estudios jurídicos y entidades que participaron en el Consorcio colocador de la emisión, para presentar propuestas como asesores de la Provincia en la tarea de reestructurar los bonos internacionales con un criterio de sostenibilidad de las cuentas públicas.

A resultas del mismo, el Banco HSBC Securities (USA) se desempeñará como Asesor reestructurador, y la firma DLA Piper, actuará como asesor legal de la Provincia para la operatoria. El Ministerio de Economía estará facultado para la negociación de tales contrataciones y las demás que sean necesarias para llevar adelante la operatoria financiera. (APF)

El gobernador Gustavo Bordet y el presidente Alberto Fernández analizaron el contexto económico y social luego del acuerdo alcanzado con los principales acreedores externos para reestructurar la deuda. “Representa un horizonte de estabilidad y esperanza para la Argentina”, sostuvo el mandatario.

“El acuerdo alcanzado por el presidente Alberto Fernández para la reestructuración de la deuda representa un horizonte de estabilidad y esperanza para la Argentina. Una vez más, nuestro presidente prioriza el crecimiento y la inclusión para el desarrollo soberano y equitativo”, expresó el gobernador de la provincia tras un encuentro privado con el mandatario nacional en la Quinta de Olivos.

Además, Bordet destacó el trabajo del Ministro de Economía de la Nación, Martín Guzman “para llegar a este acuerdo estratégico”. “La reestructuración de la deuda le permitirá al país aplicar las políticas necesarias para reactivar la economía afectada fuertemente por la pandemia”, acotó.

Durante la jornada, analizaron las implicancias en el contexto social y económico del acuerdo alcanzado ayer. “Los beneficios serán múltiples, primero porque el país recupera autonomía en sus decisiones, influye estabilizando algunas de las principales variables macroeconómicas que condicionan cualquier proyecto de desarrollo, y segundo porque libera recursos que serán aplicados a políticas de reactivación de la economía tan afectada por la pandemia”, enfatizó Bordet.

En ese sentido, el gobernador puso de relieve el relanzamiento del programa Procrear, que el presidente de la Nación llevó a cabo en la jornada junto a la Ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa y la Directora Ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta.

“Procrear es una política central para el desarrollo. Representa una decisión estratégica del Estado Nacional que viene a dar respuesta al gran déficit habitacional creando un círculo virtuoso de inversión y empleo. Es un paso firme para reactivar la economía pospandemia”, afirmó Bordet.

En ese marco, adelantó que “desde Entre Ríos vamos a estar trabajando junto a los equipos de presidencia para facilitar la implementación del Procrear en la provincia y reactivar las obras que quedaron abandonadas por el gobierno anterior en los últimos cuatro años. Muchos entrerrianos están a la espera de poder contar con su casa propia, y como dijo hoy nuestro presidente, esa es la deuda que debemos empezar a saldar ahora”.

Por otra parte, Bordet contó que abordaron con Fernández “la reestructuración de la deuda provincial que empezamos a llevar adelante para lograr sostenibilidad ante el severo impacto que la crisis de los últimos años y su agudización con los efectos de la pandemia”.

“Entre Ríos mantiene actualmente una deuda de 500 millones de dólares que contrajimos en 2017 a una tasa que en aquel momento era beneficiosa para la provincia. La contracción de este empréstito permitió no sólo equilibrar una serie de variables macroeconómicas para la provincia sino llevar adelante un programa de obras públicas estratégicas en los últimos años”, recordó.

Sin embargo, “a pesar de que la provincia mejoró su participación en las exportaciones nacionales, no escapa a la realidad de la economía del país que viene sufriendo una caída en los últimos años acentuada gravemente por la pandemia. Ello nos lleva a actuar con responsabilidad y empezar el camino del diálogo con los acreedores externos para dar sostenibilidad a la deuda provincial. De eso estuvimos hablando con el presidente, quien se mostró muy atento y receptivo a este camino que seguiremos trabajando con el Ministerio de Economía de la Nación”, explicó.

Por último, Bordet subrayó que “hoy los argentinos contamos con un gobierno nacional que cuida y protege el interés del conjunto del país, que apuesta a la inversión productiva y a la generación de empleo como bases para el desarrollo inclusivo, que busca fortalecer y reactivar la economía de cara a la pospandemia y que lo hace cumpliendo con la palabra empeñada que, como dijo el presidente Alberto Fernández, es el principal activo en la política”.

A través del decreto 1168, el gobernador Gustavo Bordet dispensó desde el 3 hasta el 16 de agosto de la asistencia a sus lugares de trabajo en la Administración Pública Provincial Centralizada a las personas de 60 o más años y a los que poseen factores de riesgo.

También, por decreto 368, el gobierno provincial estableció un aumento del 50 por ciento del Adicional por Riesgo para todos los escalafones de los agentes dependientes del Ministerio de Salud que se encuentren al frente de la atención sanitaria, y se incrementó las Becas de Residentes en Salud en un 20 por ciento. Ello a fin de conceder una compensación compatible con el esfuerzo que el personal realiza en virtud de la especificidad de sus tareas.

Respecto al decreto que dispensó desde de la asistencia a sus lugares de trabajo en la Administración Pública Provincial Centralizada a las personas de 60 o más años y a los que poseen factores de riesgo, se aclara que queda exceptuados el personal declarado esencial o los afectados a actividades críticas o de prestación de servicios indispensables. La dispensa concedida se computará como tiempo de servicio.

De esta manera, la percepción de haberes será integra y se establece que los responsables de cada jurisdicción deben determinar las condiciones y pautas para la realización de tareas habituales o análogas que los agentes puedan desarrollar en forma remota. Asimismo, se estableció un aumento del Adicional por Riesgo para los agentes que se encuentren al frente de la atención sanitaria, y se incrementaron las Becas de Residentes en Salud.

Estas medidas responden al marco normativo del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio establecido para todas las zonas y todas las personas que residían o transitaban en los aglomerados urbanos y en los partidos o departamentos de las provincias argentinas que verificaban en forma positiva los parámetros epidemiológicos y sanitarios

Conforme a lo previsto en el art. 30 del DNU 641 /20 PEN, la totalidad de los departamentos de la Provincia de Entre Ríos se encuentran comprendidas en las medidas de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Desde el Gobierno Provincial se adoptaron y articularon diversas medidas urgentes y coordinadas en el marco del Decreto 361 /20 MS que declaró la emergencia sanitaria en el territorio provincial y de los DNU mencionados, a fin de afrontar y mitigar la propagación del virus.

Aumentos y bonficaciones

Por decreto 368/20 el gobierno provincial estableció un aumento del 50 por ciento del Adicional por Riesgo para todos los escalafones de los agentes dependientes del Ministerio de Salud que se encuentren al frente de la atención sanitaria, y se incrementó las Becas de Residentes en Salud en un 20 por ciento. Ello a fin de conceder una compensación compatible con el esfuerzo que el personal realiza en virtud de la especificidad de sus tareas.

Además, a través el decreto N O 549/20 GOB, se disputo una bonificación de carácter excepcional, en consideración a la exposición al riesgo de contagio para el personal activo de la Policía de la Provincia afectado a atender el aislamiento social, preventivo y obligatorio y/o medidas extraordinarias que se susciten, incluyendo al personal de la Dirección General del Servicio Penitenciario con desempeño de funciones en los establecimientos carcelarios de la provincia.

También, a través del decreto N O 595/20 GOB, se otorgó una bonificación para el personal de la Dirección de Comedores del Ministerio de Desarrollo Social con prestación de servicios en los establecimientos escolares y/o comunitarios, en las coordinaciones activas, a los encargados de coordinar, ejecutar y supervisar la aplicación de los programas de políticas alimentarias, ambas en territorio, al personal con prestación de servicios en los Hogares dependientes de esa cartera ministerial dedicados al cuidado y protección de mujeres en situación de violencia y de adultos mayores incluyendo además al personal del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia con desempeño de funciones en las residencias de su dependencia y guardias de Coordinaciones Departamentales con prestación de servicios presencial e ininterrumpida.

Personal con riesgo

Se dispuso la dispensión de la asistencia a sus lugares de trabajo en la administración central a las personas de 60 años o mayores y a las declaradas en situación de riesgo según lo previsto en el Documento COES N O 22 y ampliatorias, y en el art. 2 1 0 del DNU N O 520/20 P EN, durante el período de distanciamiento social, preventivo y obligatorio implementado desde el 18 de julio al 2 de agosto del corriente en todos los departamentos de la provincia de Entre Ríos, salvo las declaradas personal esencial o las que estén afectadas a actividades críticas o de prestación de servicios indispensables, y se dispusieron demás medidas contenidas en el referido Decreto N O 81 7/20 GOB;

Se indicó que, teniendo presente el nuevo marco normativo dispuesto por el DNIJ 641 /20, la provincia cumple con los requisitos sanitarios y epidemiológicos requeridos por el art. 2 0, efectuando además el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias en forma conjunta con el Ministerio de Salud de la Nación

Se adoptaron además, según lo establecido por Poder Ejecutivo, las medidas pertinentes en coordinación con las autoridades municipales y comunales a los efectos de viabilizar y propender a su efectivo y eficaz cumplimiento, resguardando la prestación de servicios que el Estado Provincial debe brindar y garantizar, en observancia de las directivas y recomendaciones emanadas del Comité Organización de Emergencia de Salud (COES).

Asimismo, a nivel provincial los servicios del primer y segundo nivel de atención del Ministerio de Salud han profundizado sus tareas de asistencia, monitoreo y contención de la población más vulnerable en el contexto de la pandemia por Coronavirus, implementando una estrategia de protección de la población de riesgo mediante un abordaje coordinado entre los 1 95 efectores de la red pública, incluidos hospitales de baja complejidad y centros de salud, que han reforzado sus tareas de nominalización y geolocalización de la población a cargo t alcanzando un total de 1 00.000 personas de riesgo sin cobertura de obra social, posibilitando además el registro de prestaciones y la promoción del autocuidado

Se menciona además que en la ciudad de Paraná ha habido un incremento de casos positivos de Covid 1 9, que la autoridad sanitaria la ha encuadrado como contagio local por conglomerado, siendo esta situación encarada por profesionales de centros de atención primaria de Salud quienes participan activamente en operativos sanitarios en barrios de la ciudad a través del plan Detectar, con el fin de cortar la cadena de contagios que se pueda presentar y evitar posibles brotes, entre otras medidas adoptadas al respecto.

Excepciones y pautas

Por otro lado, el Comité definió que quedan exceptuados de los servicios esenciales los siguientes grupos, previa certificación médica:

Todas las mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación y todas las personas que posean alguno de los siguientes Factores de Riesgo:

Enfermedades respiratorias crónicas: enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), Enfisema congénito, Displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo. Enfermedades cardiacas: insuficiencia cardiaca, enfermedad coronaria, valvulopatias y cardiopatías congénitas. Inmunodeficiencias. Diabetes tipo 1 y tipo 2. Insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses.

Además, se brindan Recomendaciones para el Desarrollo de las Actividades y Servicios de la Administración Pública Provincial, y pautas para el desplazamiento hacia y desde los lugares de trabajo y en los organismos y entes descentralizados.

La ministra entrerriana instó a seguir cuidando la salud ante la flexibilización de actividades en el contexto de la pandemia.

Tras la reunión de gabinete de este lunes, la ministra de Salud, Sonia Velázquez, hizo hincapié en la necesidad de un «contrato social entre todos para seguir cuidando la salud de la población y las actividades económicas que han sido flexibilizadas», y en ese sentido aludió a los controles que deben realizar «todos los intendentes de Entre Ríos».

Al término de la reunión que encabezó el gobernador Gustavo Border se dio a conocer que se intensificarán los controles y habrá penalidades para quienes incumplan con la prohibición de realizar reuniones familiares y sociales, tal lo dispuesto en el último Decreto de Necesidad y Urgencia respecto de la pandemia de coronavirus emitido por el presidente Alberto Fernández.

La funcionaria dijo que en la reunión se efectuó «un repaso general de la situación epidemiológica» y acotó que este lunes «se registraron 27 nuevos casos, de los cuales 21 pertenecen al departamento Paraná, y 20 de ellos a la ciudad de Paraná. Otros tres son de Gualeguaychú, dos de Ramírez y uno del distrito Don Cristobal 1º en el departamento Nogoyá».

También señaló que hay tres personas fallecidas por Covid, que tenían patologías preexistentes. «Dos estaban internadas en hospitales de Paraná y otra en el hospital de Chajarí», detalló.

Luego señaló que la situación epidemiológica en la ciudad de Paraná se presenta con un ciclo de brotes y acotó que «particularmente la pandemia sigue siendo un problema de salud pública», al tiempo que destacó la importancia del cuidado personal.

«Hemos visto en las últimas semanas que al haberse autorizado nuevas actividades económicas y flexibilizado actividades físicas, como las caminatas, o gastronómicas, no se están cumplimentando algunos protocolos y por parte de los ciudadanos las medidas de protección», sostuvo Velázquez.

Agregó que «en reuniones familiares se siguen compartiendo mates, elementos de contactos y exponiendo a las personas con factores de riesgo. Lo que estamos necesitando frente a esta normalidad es un llamado a toda la ciudadanía, a todos los decisores públicos, que es lo que nos ha remarcado el gobernador, para poder seguir trabajando de forma integral e integrada no solamente con los comportamientos ciudadanos, sino también con el monitoreo y el control cívico por parte de todos los intendentes de Entre Ríos. Y esto es muy importante que sea así porque necesitamos de un contrato social entre todos para seguir cuidando la salud de la población y las actividades económicas que han sido flexibilizadas».

«La vigilancia epidemiológica que tenemos que seguir llevando adelante se torna muy compleja porque tenemos que detectar, aislar y asistir. Y esto lleva toda una logística de todos los trabajadores de Salud», continuó diciendo la funcionaria, al tiempo que indicó que «ayer cumplimos cinco meses de la constitución del COES, con el cual hemos venido desarrollando las acciones».

Más adelante, señaló: «Los trabajadores de Salud también estamos cansados y entendemos que haya una fatiga social, pero necesitamos seguir cuidando la salud. Necesitamos el acompañamiento, la concientización, y el poder seguir resguardando a nuestros adultos mayores y a las personas con factores de riesgo».

Finalmente, Velázquez remarcó: «Desde el sistema de Salud nos hemos preparado con todos los insumos necesarios y con poder contar con la capacidad operativa para la resolución de la atención, pero necesitamos el equilibrio de este contrato social que debemos llevar adelante entre todos. Necesitamos de una solidaridad intergeneracional puesto que hemos visto muchos jóvenes que subestiman quizás la situación y comparten mates o elementos de contactos, no respetan las distancias, el uso del tapa boca y el lavado de manos».