El Gobierno Nacional aprobó los contratos para la construcción de cinco plantas de tratamiento cloacal sobre el río Uruguay. Una de ellas será para el municipio de Concepción del Uruguay. La inversión que realizará en total el Estado Nacional será de 80 mil millones de pesos.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, aprobó los contratos para las plantas de tratamiento cloacal destinadas a Concepción del Uruguay, Colón, San José, Concordia y Gualeguaychú. Todas están enmarcadas en el Programa de Saneamiento Integral de las Ciudades de la Cuenca del Río Uruguay. Se trata de una inversión en dólares de 80 millones, con plazo de ejecución de cinco años y financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  La concreción de todas las plantas beneficiará a casi 100 mil hogares de las cinco ciudades, donde se ampliarán los sistemas de alcantarillado y el tratamiento de aguas residuales, pero sobre todo, significa un gran paso en el cuidado y preservación del medio ambiente, considerando la importancia del río Uruguay en toda la cuenta.

 

Más sobre el Programa

El Programa de Saneamiento Integral de las Ciudades de la Cuenca del Río Uruguay fue anunciado por el Presidente municipal en su discurso del pasado 2 de marzo al abrir las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante como una de las prioridades a concretar en la presente gestión.

El proyecto contempla obras nuevas y de rehabilitación, optimización y expansión de los sistemas de recolección (incluyendo conexiones interdomiciliarias), tratamiento y disposición de efluentes cloacales. También incluye la remediación de pasivos ambientales asociados con las instalaciones que saldrán de funcionamiento.

El ministro de Desarrollo Social dijo que el Gobierno analiza «una nueva etapa» posterior al pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), en la que habrá «mucho acompañamiento social y el eje puesto en el trabajo».

«El IFE 3 se está pagando y es un ejemplo de la decisión del Presidente (Alberto Fernández) de empezar por los últimos. Ahora se está evaluando una nueva etapa donde vamos a seguir con mucho acompañamiento social, con el eje puesto en el empleo», sostuvo el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

El Ministro encabezó una nueva reunión del Consejo Federal Argentina contra el Hambre, junto a la titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, y referentes de la sociedad civil.

Allí se presentó un informe que dio cuenta de que fueron ejecutados 69.747 millones de pesos para asistir a los sectores más desprotegidos, entre enero y julio de este año.

En particular, sobre el Plan contra el Hambre, el ministro dijo hoy que «estamos bien y estamos mal. Bien porque logramos la cobertura de 11 millones de personas pero mal en la calidad nutricional ya que están faltando leche, carnes, y verduras».

«Las compras de la Tarjeta Alimentar empezaron con leche, carne y verduras pero luego eso bajó para comprar cosas más baratas como fideos y harinas», explicó y sostuvo que hay alrededor de «10.000 comedores en Argentina» pero que como «nadie sabe» con precisión el número «estamos trabajando en un registro».

«Nosotros le transferimos recursos a los comedores, eso mueve la economía local y también nos permite ver si logran cumplir con la calidad nutricional», explicó el titular de Desarrollo Social en declaraciones a El Destape Radio.

Por otra parte, añadió que «la gente en los comedores baja cuando cargamos la Tarjeta Alimentar y cuando aparecen changas» y confió que «en los últimos 15 días hay un poquito menos de gente porque hay changas en construcción y en el rubro textil».

En tanto, descartó que en la Argentina haya «riesgo de estallido social» pero admitió que «hay preocupación, angustia», y diferenció la situación con la crisis del 2001, al recordar que ese año había «200 mil personas con Planes Trabajar mientras que hoy tenemos el IFE, la AUH y mucha más red social».

El ministro explicó que con las medidas de Gobierno se llegó a «11 millones de personas» a través de «distintos mecanismos» y que si bien «a veces falta que las políticas lleguen con mayor velocidad, hay una cobertura importante».

«En julio ejecutamos el 139% del presupuesto para este año», sintetizó, en sintonía con los números expuestos en la reunión de ayer.

A través del Decreto Nº 1275, el gobernador Gustavo Bordet dispensó desde el 17 y hasta el 30 de agosto inclusive de la asistencia a sus lugares de trabajo en la Administración Pública Provincial Centralizada a las personas de 60 o más años y a los que poseen factores de riesgo.

La medida rige en todos los departamentos de la provincia; y quedan exceptuados el personal declarado esencial o los afectados a actividades críticas o de prestación de servicios indispensables. La dispensa concedida se computará como tiempo de servicio.

De esta manera, la percepción de haberes será integra y se establece que los responsables de cada jurisdicción deben determinar las condiciones y pautas para la realización de tareas habituales o análogas que los agentes puedan desarrollar en forma remota. Asimismo, se estableció un aumento del Adicional por Riesgo para los agentes que se encuentren al frente de la atención sanitaria, y se incrementaron las Becas de Residentes en Salud.

Además, se dispuso para el personal activo de la Policía de la provincia afectado a atender el aislamiento social, preventivo y obligatorio, incluyendo al personal de la Dirección General del Servicio Penitenciario con desempeño de funciones en los establecimientos carcelarios de la provincia, una bonificación de carácter excepcional, en consideración a la exposición al riesgo de contagio.

También, otorgó una bonificación para el personal de la Dirección de Comedores del Ministerio de Desarrollo Social; al personal con prestación de servicios en los Hogares dedicados al cuidado y protección de mujeres en situación de violencia y de adultos mayores incluyendo además al personal del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia con desempeño de funciones en las residencias de su dependencia y guardias de Coordinaciones Departamentales con prestación de servicios presencial e ininterrumpida.

 

Distanciamiento social, preventivo y obligatorio

La norma toma como referencia el DNU 677/20 del Poder Ejecutivo Nacional, que determina un nuevo marco normativo para las zonas donde regirá el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio y el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

De acuerdo al artículo 3 de ese decreto de necesidad y urgencia, la totalidad de los departamentos de la provincia de Entre Ríos se encuentran comprendidos en las medidas de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio. En ese marco, desde el gobierno provincial se adoptaron y articularon diversas medidas urgentes y coordinadas, para afrontar y mitigar la propagación del virus.

 

Profundización de las tareas de asistencia

A nivel provincial los servicios del primer y segundo nivel de atención del Ministerio de Salud, han profundizado sus tareas de asistencia, monitoreo y contención de la población más vulnerable en el contexto de la pandemia por Coronavirus, implementando una estrategia de protección de la población de riesgo mediante un abordaje coordinado entre los 195 efectores de la red pública, incluidos hospitales de baja complejidad y centros de salud, que han reforzado sus tareas de nominalización y geolocalización de la población a cargo.

De este modo, se alcanzó a 100.000 personas de riesgo sin cobertura de obra social, posibilitando además el registro de prestaciones y la promoción del autocuidado.

 

Circulación comunitaria en Paraná

Particularmente, en la ciudad de Paraná ha habido un incremento de casos positivos de Covid -19, por lo que la autoridad Sanitaria la ha encuadrado como transmisión comunitaria sostenida.

Esta situación es encarada por profesionales de centros de atención primaria de salud quienes participan activamente en operativos sanitarios en barrios de la ciudad mediante la ejecución del Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio de Argentina (plan Detectar).

En ese marco, se visitaron más de 2.300 domicilios con intervención del Programa Agentes Sanitarios y personal de los Centros de Atención Primaria de la Salud, con el fin de cortar la cadena de contagios que se pueda presentar y evitar posibles brotes y mayores controles en espacios públicos, entre otras medidas.

Por último, y a fin de minimizar la circulación del virus SARS-CoV-2, se dispensó de la asistencia a sus lugares de trabajo al personal con prestación de servicios en la Administración Pública Central de la ciudad de Paraná con excepción del personal crítico y/o esencial, medida que continúa en vigencia.

La AFIP extendió hasta el próximo viernes el plazo para que las empresas tramiten el crédito a tasa subsidiada, la nueva herramienta que ofrece la última edición del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

El financiamiento para el pago de los salarios de julio está disponible para empleadores inscriptos en el ATP que registraron en junio una variación nominal positiva en su facturación de entre 0% y 30% en relación con el mismo mes del año pasado.

El trámite se puede realizar a través del sitio web de la AFIP y los préstamos se terminarán de gestionar ante una entidad bancaria seleccionada por cada empresa.

La extensión del plazo apunta a facilitar el acceso a una de las herramientas del programa ATP para ofrecer alivio a los empleadores afectados por la pandemia de coronavirus.

Los créditos a tasa subsidiada sólo pueden destinarse al pago de los salarios de trabajadoras y trabajadores de las empresas beneficiadas dado que el financiamiento se acredita directamente en las cuentas bancarias de cada una de las trabajadoras y trabajadores.

La tasa de interés será fija y su nivel dependerá de la magnitud en la variación.

nominal de la facturación de cada empresa entre los meses de junio de 2020 y 2019. La tasa de interés erá cero si la variación nominal interanual en la facturación es de entre 0% y 10%; del 7,5% si la facturación mejoró entre el 10% hasta el 20% y 15% si la facturación creció más del 20% hasta el 30%.

Los empleadores podrán tramitar a través del sitio web de la AFIP créditos para pagar salarios por un monto máximo equivalente a la sumatoria del 120% de un Salario Mínimo Vital y Móvil por cada de trabajadora y trabajador que integre la nómina hasta el 31 de mayo.

En ningún caso, el monto del crédito a tasa subsidiada podrá superar la sumatoria del salario neto de cada uno de las trabajadoras y trabajadores de la empresa solicitante correspondientes al mes de mayo de 2020.

De esta forma, una empresa con 10 trabajadoras y trabajadores que cumpla con los criterios de elegibilidad podrá solicitar un máximo de hasta $202.500.

Télam

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, calificó como “un hecho histórico” la inminente participación de las provincias, entre ellas Entre Ríos, en el comité de administración de la hidrovía Paraná-Paraguay y la integración de una Sociedad del Estado que lanzará próximamente Nación.

De este modo se refirió al próximo lanzamiento por parte del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de un Pacto Federal de la Hidrovía, que sentará las bases para la creación de una nueva empresa estatal, Hidrovías Sociedad del Estado, donde la Nación tendría el 51 por ciento de las acciones y las provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa, el 49 por ciento restante.

El funcionario entrerriano destacó que «esto es una excelente noticia para la provincia y representa la concreción de lo que el presidente Alberto Fernández anunció en oportunidad de asumir el gobernador Gustavo Bordet en diciembre del 2019; y también en la provincia de Santa Fe, cuando asumió el gobernador Omar Perotti».

El fiscal comentó que «nosotros planteamos que la hidrovía recorre Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa, y sin embargo en el contrato las provincias no participan, a pesar de que la hidrovía es un recurso fundamental para el desarrollo económico de toda la región». Además, fundamentó que «a partir de la reforma de la Constitución de 1994, los ríos son recursos naturales y forman parte del dominio originario de las provincias, de manera que éstas no podían estar excluidas del contrato de concesión».

Rodríguez Signes señaló que «una cuestión importante para la provincialización de la hidrovía fue la designación de un entrerriano al frente de la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, como es Leonardo Cabrera; y ahora este anuncio del ministro de Transporte de la Nación de la conformación del Consejo Asesor y de la Sociedad del Estado».

Explicó que «el Consejo Asesor estaría formado por el Estado nacional y distintas provincias, todas integrantes de la hidrovía, para obrar como asesoras en materia de hidrovía; y la Sociedad del Estado sería la encargada de fiscalizar el próximo contrato de concesión».

Hizo notar que «la hidrovía es una ruta para embarcaciones, por donde transita la mayor parte de las exportaciones del país, el total del comercio exterior del Paraguay y gran parte del Bolivia y del sur del Brasil. Es una ruta que hay que dragarla permanentemente para mantener una profundidad por la que puedan navegar. A ese dragado lo hace una empresa concesionaria, en este caso Hirdovía S.A., cuyo contrato vence en mayo del año próximo, pero el Estado nacional lo está prorrogando por un tiempo más, hasta que se pueda convocar la nueva licitación pública, donde las provincias, a través de esta Sociedad del Estado, van a administrar ese contrato y van a controlar que se haga como corresponde».

«Para la provincia de Entre Ríos es fundamental, porque se trata de conectar los puertos entrerrianos a la hidrovía, por lo menos los puertos de Diamante y de Ibicuy, de manera de aprovecharla al máximo y que nuestra producción pueda salir desde puertos entrerrianos, que es nuestro último objetivo», subrayó.

En cuanto a la nueva la Sociedad del Estado confirmó que “estaría integrada en un 51 por ciento por la Nación y el 49 por ciento por las provincias que forman parte de la Hidrovía, pero lo importante más allá de la composición accionaria, que es razonable, es que esto es un hecho histórico, ya que por primera vez las provincias, en particular Entre Ríos, participarán de la administración de la hidrovía».

“Hasta ahora en la hidrovía, que se constituyó en los años 92-93, no hemos tenido ninguna participación; después de más de 25 años sería la oportunidad de que la provincia de Entre Ríos integre el Comité de Hidrovía”, enfatizó.

Finalmente, señaló que el anuncio por parte de la Nación es inminente y “entendemos que en los próximos 60 días se va hacer la invitación a la firma el tratado de hidrovía entre las provincias que adhieran, y Entre Ríos está a la expectativa de esa convocatoria”.

Los días miércoles 19, jueves 20 y viernes 21 de agosto el gremio realizará otra desconexión virtual en reclamo de la reapertura de paritarias salariales y la derogación de los artículos 4, 5 y 6 de la Ley de Emergencia Solidaria

Este miércoles 19 de agosto se iniciará el segundo tramo del plan de lucha definido por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), consistente en dos paros virtuales de 72 horas. El primero se ejecutó los días 11, 12 y 13 de agosto.

A través de la medida exigen la derogación de los artículos 4, 5 y 6 de la Ley de Emergencia Solidaria y la urgente reapertura de la discusión salarial de los trabajadores de la educación.

Además, pretenden que todo aumento salarial sea percibido en blanco y el pago inmediato del saldo pendiente del Sueldo Anual Complementario del primer semestre del año.

Por otra parte, reclaman que «los recursos necesarios que permitan a los trabajadores contar con conectividad y equipamiento tecnológico, los cuales deben ser garantizados por el Estado».

«En momentos claves para el presente y futuro de nuestro país, mientras los grupos concentrados de la economía fuerzan a la política para no verse afectados sus intereses económicos, los sectores populares peleamos por sobrevivir. El escenario de la pandemia puso al rojo vivo las desigualdades producidas por las políticas neoliberales», remarcaron desde el gremio docente.

Y agregaron: «Es imprescindible que el Gobierno de la provincia refuerce la atención a aquellos sectores cuyas condiciones. (APF)

Los manifestantes se movilizaron con banderas argentinas y con carteles contra la reforma judicial que impulsa la Casa Rosada y contra la extensión de la cuarentena.

Miles de personas se movilizaron este lunes en distintos puntos del país para protestar contra el gobierno nacional. Fue la tercera vez que los sectores opositores se manifestaron durante la vigencia de la cuarentena, ya habían organizado marchas el 20 de junio y el 9 de julio.

La protesta del #17A fue convocada principalmente a través de las redes sociales bajo los hashtags #17ASalimosTodos y #17ABanderazoporlaLibertad. Si bien ningún partido de la oposición llamó formalmente a participar de la movilización, varios referentes de Juntos por el Cambio apoyaron públicamente la iniciativa.

En la ciudad de Buenos Aires, el epicentro de la protesta fue el Obelisco, donde los manifestantes con banderas argentinas comenzaron a concentrarse minutos antes de las 16. En el interior del país, se congregaron en plazas y monumentos: como el Patio Olmos y la plaza San Martín de Jesús María en Córdoba; la plaza Moreno en La Plata; el Monumento a la Bandera en Rosario; y el cruce de Sarmiento y Av San Martín en Mendoza.

También se juntaron cientos de manifestantes frente a la Quinta de Olivos, donde vive el presidente Alberto Fernández, y un grupo más pequeño en la esquina de Juncal y Uruguay, donde está ubicado el departamento de Cristina Kirchner.

Entre las consignas que más se repitieron en las redes sociales se destacaron las críticas a la reforma judicial que impulsa el oficialismo, los cuestionamiento a la cuarentena, el repudio contra la corrupción y el reclamo de mayor seguridad.

Desde el gobierno nacional señalaron que se trata de un “atentado contra la salud de los argentinos” por darse durante el pico de contagios y muertes por coronavirus. El presidente Alberto Fernández planteó que se trata de “una invitación al contagio”.

Por su parte, el #17A también reavivó las tensiones al interior de la coalición opositora. Mientras la titular del PRO, Patricia Bullrich, y el referente radical Luis Brandoni, caminaron entre la multitud, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tomó distancia de la convocatoria y pidió “máximo cuidado con el distanciamiento”.

“Vengo a decirle al Presidente que la cuarentena puede que no exista para él, pero sí existe para miles de trabajadores y un montón de gente que la está pasando realmente mal”, dijo Bullrich desde la avenida 9 de Julio y también le pidió a Alberto Fernández que frene la reforma judicial.

En cambio, Rodríguez Larreta había manifestado ayer: “Podrá haber alguna persona que hable a título individual, pero aclaro que no hay ninguna convocatoria partidaria. Entendemos la incertidumbre que genera estos meses de aislamiento y respetamos el derecho a manifestarse, pero en este momento pedimos máximo cuidado con el distanciamiento, así como lo planteamos para cualquier actividad al aire libre”.

En más de 150 ciudades del interior, el sector agropecuario adhirió a la protesta contra el gobierno

Uno de los principales puntos de las manifestaciones volvió a ser el distrito santafesino de Avellaneda, donde funciona la empresa Vicentin

El interior del país también se movilizó y adhirió al “banderazo”, como ya había sucedido en las dos anteriores convocatorias. Si bien las entidades del campo que conforman la Mesa de Enlace dieron libertad de acción a sus asociados, los sectores de productores autoconvocados fueron los que más estuvieron presentes en la organización de la movilización, especialmente los integrantes del Movimiento “Campo+Ciudad”, con la premisa de que se respeten los diferentes protocolos de seguridad y prevención del coronavirus, y el distanciamiento social.

Una de las anteriores movilizaciones fue en medio del avance del gobierno nacional para intervenir y expropiar la agroexportadora Vicentin, instalada en el norte de Santa Fe desde hace 90 años. Más allá que el gobierno decidió dar marcha atrás con dicho proyecto, la ciudadanía continúa movilizada en defensa de la propiedad privada.

Según informaron los productores autoconvocados, hubo manifestaciones en más de 150 localidades del país, pertenecientes a las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, y Tucumán.

Entre las principales consignas de la movilización en los diferentes puntos del país, se encontraban el rechazo al proyecto del gobierno para reformar la Justicia, la defensa de la propiedad privada, y expresar la preocupación por el aumento de la inseguridad y del delito rural.

“La defensa de la división de poderes es uno de los principios fundamentales que promueve nuestra organización. Sólo con auténtica independencia entre la Justicia, el Congreso y el Ejecutivo puede haber un equilibrio que preserve los derechos y garantías que recoge nuestra Constitución Nacional”, manifestaron desde el espacio de productores autoconvocados “Campo+Ciudad”.

Y agregaron: “La importancia del rol de cada órgano se hizo evidente en el reciente conflicto por la frustrada expropiación de Vicentin. Las masivas movilizaciones ciudadanas exigían al Presidente de la Nación que desistiera en su intento de avasallar la propiedad privada, pero quien recogió el guante no fue Alberto Fernández, sino el juez Fabián Lorenzini, que lleva adelante el concurso de acreedores”.

Por otro lado, en relación a la reforma judicial que propone el gobierno nacional, desde el movimiento, dijeron: “La iniciativa la interpretamos como un intento más de poner de rodillas a la Justicia, se definirá en el Congreso. Pero, mientras tanto, la batalla por la independencia de la Justicia se libra en otro frente: el Consejo de la Magistratura”.

Es por eso que solicitaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “confirme el fallo que declara inconstitucional la ley 26.080 que reformó el Consejo de la Magistratura. Asimismo, manifestamos nuestro respaldo a sus integrantes, y nuestro compromiso con su independencia y libertad de acción”.

Más opiniones

Durante la movilización ciudadana realizada en la tarde de este 17 de agosto, la dirigencia de Confederaciones Rurales Argentinas también se pronunció sobre la reforma judicial que busca implementar el gobierno. “Reaseguramos los postulados de la Constitución Nacional, asegurándonos que la Magistratura esté a cargo de jueces que hayan llegado al cargo por su probidad y antecedentes, libres de presiones y amiguismos y dispuestos a trabajar por una justicia independiente del poder político”, expresaron en un comunicado.

A su vez dijeron que el gobierno procede de manera “apresurada” con el objetivo de “encontrar los mecanismos para justificarla y llevarla adelante”. Y además señalaron: “Toda reforma profunda, y la Justicia lo es, sin duda que requiere de un sentido de oportunidad y consensos básicos, de lo contrario nace espuria y genera el efecto contrario al deseado. En cuanto a la oportunidad, la reforma propuesta resulta particularmente cuestionable, en el contexto de la emergencia sanitaria y económica, no podemos gastar energías en este momento tan delicado para el país”.

 

Rechazo en Córdoba

Un grupo de entidades vinculadas a sector de la producción de la provincia de Córdoba, con “un fuerte compromiso con la producción, la generación de empleo y la participación activa en el desarrollo económico y social provincial y nacional, realizaron un pronunciamiento sobre el proyecto del gobierno para reformar la Justicia, con el objetivo de “defender las bases constitucionales de la Argentina que son los pilares de la República y el Federalismo”.

Uno de los primeros planteos realizados fue hacerse eco de gran parte de la población que sostiene si es conveniente presentar este tipo de iniciativas en medio de la emergencia sanitaria y con un contexto económico muy delicado del país. “Si bien hay una necesidad de realizar una revisión de la efectividad del Poder Judicial con el objetivo de brindar un mejor servicio, hay dudas si tal debate es propicio en un momento como el actual donde la urgencia de la pronta recuperación económica y el combate de la pobreza deberían ser absoluta prioridad”, manifestaron.

Y comentaron: “Creemos que cuando sea el momento oportuno, será necesario transitar un debate con amplia participación y en búsqueda de un consenso genuino, donde se aseguren todos los mecanismos para comprender las necesidades de quienes requieren de la justicia: los ciudadanos y, también, las empresas. Si así estuviera garantizado un diálogo abierto y honesto, sentiríamos que se tratará de un debate constructivo con el cual valdrá la pena comprometerse y participar activamente”.

Por otro lado, recomendaron que el debate de la iniciativa del gobierno debería realizarse con “una amplia participación y en la búsqueda de un consenso genuino donde se aseguren todos los mecanismos para comprender las necesidades de quienes requieren de la Justicia: los ciudadanos y, también las empresas”.

 

Una protesta contundente con barbijos y banderas de Argentina en contra de la reforma judicial

Pese a los cuestionamientos del Gobierno y de un sector de Juntos por el Cambio, miles de manifestantes se expresaron en el Obelisco y distintas ciudades del país.

Nadie lo organizó. Sin embargo, desde el Obelisco hasta el río los autos se colocaron en fila y tocando bocina, cerrando el paso por 9 de julio, Cerrito y Carlos Pellegrini. Desde el Obelisco hacia el sur, se colocó la gente que se manifestó con distancia social y aplaudiendo o haciendo sonar elementos para hacer ruido. Algo similar sucedió por avenida Corrientes, por donde la los manifestantes no pararon de llegar desde las 15 hasta las 18, por lo menos, cuando la contundente marcha alcanzó su pico.

De todas las movilizaciones similares que se vieron en los últimos tiempos, quizás esta fue la que menos tumulto generó en la Plazoleta de la República, el pequeño parque rodea el icónico monumento porteño, centro de las protestas y de fiestas populares en la Ciudad de Buenos Aires. No había distancia social, sin embargo, se podía pasar perfectamente, sin esas aglomeraciones que impiden respirar, como las hemos visto tantas veces.

Claramente, la gente buscaba cuidarse. Prácticamente no se vio gente sin barbijos. En cambio, las banderas celestes y blancas de todos los tamaños flameaban con la fuerza de quien no acepta que le cuestionen su pertenencia a esta Argentina convulsionada por la grieta. “Aquí me quedo a dar la pelea por la libertad y la justicia, porque este país es mío también”, dijo un emocionado cuarentón de nombre Leandro cuando Infobae le preguntó por qué protestaba.

Todavía impactados por las duras críticas que desde su mismo espacios surgieron por participar en la movilización, los dirigentes de Juntos por el Cambio que se manifestaron quisieron dar el ejemplo en cuanto a los cuidados sanitarios. Luis “Beto” Brandoni y Hernán Lombardi se reunieron en la esquina de avenida Córdoba y Libertad entrelazados por unos “flota flota” celestes para mantener la distancia de metro y medio y así dieron una vuelta a la manzana, evitando trasladarse al centro de la marcha. Desde una de esas esquinas, el ex ministro de Cultura llamó a no resignarse y expresarse siempre en “libertad y con responsabilidad”.

Patricia Bullrich, la presidenta del PRO que se movilizó a título personal, porque el partido decidió no hacerlo, lo hizo en un auto y tampoco quiso acercarse al Obelisco. Desde una esquina, filmó la cantidad de gente que se estaba movilizando y se dirigió a Alberto Fernández: “Mire, señor Presidente, cuánta gente vino a pedir por la libertad”. También se lo vio al ex embajador de la Argentina en China, Diego Guelar, quien se acercó a Plaza de Mayo en auto y allí hizo flamear su bandera.

Los motivos de la marcha fueron variados pero los carteles contra la reforma de la justicia concentraron la mayor cantidad de reclamos, junto con los pedidos de aperturas en la cuarentena, para recuperar la situación económica de las familias. Pero los motivos expresados fueron casi infinitos. “Queremos un congreso sin delincuentes”, “Estamos hartos de esta dictadura”, “Necesitamos un San Martín”, “Basta de corrupción”, “La Corte Suprema debe salvar la República”, “No hay futuro”, “SI a la libertad de expresión, NO al relato populista”, “Cuando la Patria está en peligro todo está permitido, excepto no defenderla. José de San Martín” y hasta alguno más escatológico como uno que decía “Qué gobierno de mierda”.

El oficialismo dirá -en rigor el Presidente ya lo dijo- que la convocatoria no se comprende. Es lo mismo que decía la dirigencia kirchnerista cuando por primera vez apareció una manifestación como esta, allá por 2012. Fue cuando se estrenaron los cartelitos individuales, que rompieron la tradición de los grandes carteles partidarios y sindicales, llevados con enormes palos y militantes musculosos y transpirados.

Estas expresiones no tienen nada que ver con esas movilizaciones de otro tiempo. Tanta es la diferencia, que ni siquiera necesitan partidos políticos que las convoquen. La gente marcha igual, expresando sus sentimientos que son a un tiempo personales y colectivos. Hoy lo hizo con enojo y enorme preocupación por el futuro institucional pero también económico, por la sensación de que no hay convivencia posible en un país agrietado. Quizás es difícil entenderlo para la dirigencia política tradicional, que no comprende la trama cultural del siglo XXI, tan bien expresada -de nuevo- en la marcha del #17A.

Y un dato más. La cantidad de jovenes que hoy se vieron tendría que empezar a preocupar al Gobierno.

Infobae

«Depende de los entrerrianos, mantenerse en distanciamiento o lamentablemente, perder esa posibilidad y volver a la situación de aislamiento», sostuvo el fiscal de Estado. Además, aclaró por qué se permiten reuniones en bares y no en casas.

«El distanciamiento supone límites geográficos. Es decir, podemos circular dentro del departamento geográfico donde vivimos. También supone límites de conducta, que son mantener la distancia mínima de dos metros, utilizar tapabocas en espacios compartidos, además de las medidas higiene que las autoridades sanitarias establecen», sostuvo el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.

 

Denuncia penal

El funcionario, también aclaró que «las reuniones sociales y familiares están prohibidas para las regiones que están en fase de Aislamiento y también, para las que están en Distanciamiento (como Entre Ríos)», dijo y agregó que «es muy importante su cumplimiento por una razón sanitaria y también, porque la violación de esa prohibición, hace plausible a quienes participen de una reunión y no solamente al dueño del domicilio, a una denuncia penal por violación del Artículo 205 del Código Penal», aseguró el letrado.

 

Reuniones en bares y reuniones en casas

«La aparente contradicción entre permitir reuniones en bares o locales gastronómicos, y en impedirlas o prohibirlas en casa de familias. Lo que ocurre, es que en los lugares habilitados por la Municipalidad como bares o restaurantes, se trabaja con protocolos autorizados por Salud de la provincia y el Municipio, controla el cumplimiento de esos protocolos», explicó Rodríguez Signes.

«En cambio, en las casas de familia, esos controles son imposibles de realizar. Esa es la razón por la cual se permite en un lugar y no se permite en las casas», dijo el funcionario y agregó: «la otra cuestión para prohibirlos, es que se ha verificado que las reuniones sociales, son focos de contagio muy frecuentes. Ese es el motivo, no hay una decisión arbitraria del Gobierno», remarcó.

 

Circulación de personas

«Las personas pueden circular dentro del departamento en el que viven. Por ejemplo, un ciudadano de Paraná, puede circular por el departamento, pero no puede ir al departamento Diamante, salvo que cuente con autorización expresa, por las razones que la normativa establece», especificó el fiscal de Estado.

En cuanto a la circulación dentro del departamento, sostuvo que «se trata de una circulación restringida que debe justificarse y que si bien, incluye también, la posibilidad de circular con fines recreativos, se debe guardar la distancia de dos metros entre personas y en lo posible, no irse más allá de un radio de 500 metros de donde la persona reside», señaló.

«La circulación está permitida pero con esas restricciones y no está permitido circular o reunirse en los espacios públicos entre una multitud de personas a hacer una reunión social. Eso está fuera de la circulación, eso pasaría a ser una reunión social que está prohibida», remarcó Rodríguez Signes.

 

Seguir en distanciamiento

«Hasta el 30 de agosto, Entre Ríos tiene la posibilidad de mantenerse en fase de distanciamiento, depende de los entrerrianos, mantenerse en distanciamiento o lamentablemente, perder esa posibilidad y volver a la situación de aislamiento», sostuvo el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes al hablar en el reporte provincial brindado este lunes. (Elonce)

Entre Ríos evalúa con el gobierno nacional y las autoridades santafesinas el trabajo de combate de incendios en las islas debido a que parte del personal debió aislarse por haber estado en contacto con casos positivos de Covid de brigadistas de Nación y de Santa Fe.

Durante este fin de semana largo se realizan controles preventivos en rutas y el río para evitar nuevos focos ígneos.

Además, las autoridades entrerrianas expresaron su preocupación por lo que está sucediendo en islas santafesinas donde se detectaron grandes columnas de humo desde la ciudad de Paraná.

En lo que respecta a las tareas operativas que se realizan en las islas para combatir los incendios, el gobierno entrerriano está evaluando cómo seguir, teniendo en cuenta que la cantidad de personal se ha visto disminuido ya que debieron aislarse por contacto con casos de Covid positivo.

Cabe señalar que el personal de Nación que estaba trabajando en el lugar debió retirarse ya que se registraron casos positivos, que a su vez tuvieron contacto con brigadistas y bomberos entrerrianos durante los operativos.

 

Profundizan tareas de prevención

Con operativos en rutas y sobre el río Paraná, el gobierno de Entre Ríos realiza controles preventivos en las zonas del Delta del Paraná. Se profundizan las tareas en la traza vial para evitar nuevos focos ígneos.

La Policía de Entre Ríos a través de la Dirección de Seguridad Vial y la Dirección de Delitos Rurales, trabaja durante el fin de semana en controles sobre la ruta Nacional N°174, que une las ciudades de Rosario y Victoria. Estos operativos tienen como objetivo prevenir los asientos al costado de la ruta e informar a la comunidad sobre las normas vigentes en Entre Ríos en relación a la seguridad vial, la caza y la pesca.

Además, continúan los recorridos preventivos sobre el río Paraná, sobre la traza de la ruta mencionada y bajo el puente Rosario-Victoria, donde se profundizaron los trabajos de control de embarcaciones en las islas de La Invernada y Charigüé.

En lo que resta del fin de semana personal de la Dirección de Delitos Rurales continuará recorriendo diferentes áreas de las Islas La Invernada y Charigüé, con el objetivo de prevenir nuevos focos ígneos.

Se reglamentó en Entre Ríos la Ley provincial de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos que permitirá avanzar en la concreción de la construcción de los complejos ambientales para eliminar los basurales a cielo abierto en la provincia.

A través del decreto 1246, firmado por el gobernador Gustavo Bordet, se reglamenta la Ley de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), sancionada en 2014 en la provincia, y que “vino a saldar una deuda que tenía la provincia en materia ambiental”, sostuvo el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo.

Y agregó que “la compleja situación de los residuos ha tomado una magnitud tal que exige la definición de una política de Estado y es un tema que el gobernador ha marcado como prioritario dentro de la agenda ambiental provincial”.

 

Plan provincial

La Ley Nº 10.311 Girsu se enmarca dentro de un plan provincial que se está llevando adelante, el cual es útil para mejorar la gestión de los residuos en toda la provincia, ya que se trata de un problema que afecta a todos los municipios y comunas entrerrianas.

El mencionado plan, que se lleva adelante con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), permitió identificar lineamientos, acciones y políticas necesarias para lograr el ordenamiento y la mejora de la gestión de los residuos sólidos urbanos en la provincia, siendo uno de sus principales productos la elaboración de los proyectos ejecutivos para la construcción de rellenos sanitarios regionales y plantas de recuperación de materiales en cuatro jurisdicciones, denominados nodos: Nodo Paraná, Nodo Concordia, Nodo Santa Elena y Nodo Colón).

En ese marco, el secretario de Ambiente, Martín Barbieri sostuvo que “el decreto reglamentario de la ley, y las resoluciones específicas que de él se desprendan, impulsan a avanzar con mayor rapidez y claridad en los capítulos que componen a la ley; repercutiendo de manera favorable a las gestiones vinculadas al Plan Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos”.

Además, el funcionario indicó que dicho decreto establece “lineamientos básicos que deben contener los planes de gestión locales; apunta al fortalecimiento institucional de los municipios y comunas para el desarrollo de su Girsu; fortalece los lazos entre todos los actores y sectores que la componen para mejorar los sistemas y modos de comunicación y participación ciudadana, destinadas a las campañas educativas, de concientización y de difusión”.

A su vez, promueve la conformación de consorcios regionales entre los municipios y comunas para la operatividad de la gestión, adjuntando un modelo de convenio de conformación.

Como rasgo importante, mencionó que crea el Registro Provincial de Operadores de Residuos Sólidos Urbanos en el que deben ser inscriptos por el área municipal o comunal a cargo de la Girsu todos los recolectores y recicladores informales abocados a esa tarea. Promueve la organización y formalización, además de desarrollar e implementar programas de capacitación en relación a la higiene, la seguridad laboral, la sustentabilidad ambiental, la gestión cooperativa y demás aspectos que sean conducentes al mejoramiento de las condiciones laborales de los recolectores y recicladores informales.

En cuanto a los generadores deben disponer inicialmente los residuos húmedos y secos en forma diferenciada, como mínimo, sin perjuicio de la implementación de criterios de diferenciación más exigentes.

Como punto importante, también se puede mencionar, que establece los constituyentes y sanciones de las infracciones impartidas al no cumplimiento de la normativa referente y/o afección al ambiente.

 

La Ley 10.311

La Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos Nº10.311, fue sancionada en 2014 en la provincia e incluye los presupuestos mínimos de protección ambiental que sostiene la Ley Nacional N°25.916; contiene conceptos y principios rectores de protección ambiental, al igual que normas técnicas que fijan valores que aseguren niveles mínimos de calidad, permitiendo avanzar con mayor rapidez en la concreción de la construcción de complejos ambientales para eliminar los basurales a cielo abierto en el territorio provincial. (APF)