Un postulante para ocupar el cargo de juez en el Juzgado Civil y Comercial de San Salvador, denunció a dos consejeros de la Magistratura de la provincia por supuesta violación de los deberes de funcionario público, usurpación y abuso de autoridad. La acusación formal fue presentada este miércoles -según se informó a ANÁLISIS DIGITAL-, y está vinculada a un concurso para ocupar la titularidad del Juzgado Civil y Comercial con competencia Laboral de San Salvador. El postulante Juan José Marcolini sacó el mejor puntaje en la prueba de oposición escrita y oral, pero obtuvo la peor calificación en la entrevista posterior. Marcolini no sabe a qué se debe su bajo puntaje en esa última instancia, pero advierte en un escrito que en otros concursos que realizó, ocurrió lo mismo. En ese contexto, el postulante quiere saber cómo los consejeros Gladys Mabel Pedrero y Antonio Humberto Hernán Fumaneri están ocupando esos cargos; requirió conocer la documentación que respalde la legalidad de sus funciones; y apuntó contra el presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos (CMER), Martín Uranga, por la responsabilidad que le compete en la toma de juramento.

El postulante Marcolini no entiende por qué viene obteniendo en los concursos para ocupar juzgados el mejor puntaje de los exámenes pero el peor en las entrevistas. Sostiene que esa situación se repitió varias veces y ahora, luego de concursar para ocupar el Juzgado Civil y Comercial con competencia Laboral de San Salvador, quiere que le den explicaciones. Asimismo, en una denuncia formal presentada este miércoles, el postulante reclamó conocer cómo dos consejeros accedieron a serlo y que se le muestre la documentación que respalda la legalidad de sus funciones.

La denuncia fue interpuesta por los presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público, usurpación y abuso de autoridad; y/o el delito que se determine configurado en la investigación a practicar, y es en contra de dos consejeros: Gladys Mabel Pedrero y Antonio Humberto Hernán Fumaneri.

Qué pasó

El postulante se inscribió en el concurso 163 del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, por el cual se concursaba el Juzgado Civil y Comercial con competencia Laboral de San Salvador. Luego de cumplir las etapas de evaluación de antecedentes y prueba de oposición escrita y oral, Marcolini quedó en el primer lugar con 61 puntos.

Sin embargo, Marcolini encontró la traba en la entrevista, cuando se lo calificó “desfavorablemente con un puntaje de 10,77 -el más bajo de todos los concursantes- colocándome en 2º lugar y con una diferencia 0,59 del primer lugar”, relató el postulante y agregó: “Ya con anterioridad a mi intervención en el referido concurso, participe de los concursos Nº 136, 137, 140, 143, 144 y 145 en los cuales -también- obtuve en la etapa del Art. 24 ‘entrevista’ la calificación más baja 12,50”.

“Desconozco los motivos por los cuales se me descalifica en forma desfavorable, lo que me produce un agravio irreparable, excluyéndome y sin razón valedera, de la posibilidad de acceder al cargo de magistrado, aun acreditando solvencia e idoneidad técnica y científica en las etapas previas a la Entrevista Personal del Art. 24”, advirtió Marcolini en la denuncia.

El 14 de junio de este año, el postulante interpuso una Acción de Amparo Informativo o Habeas Data Impropio, a fin de que se “ordene a que el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, me exhiba, entregue y acredite fehacientemente y con relación a los consejeros Gladys Mabel Pedrero como representante de los empleados del Poder Judicial de Entre Ríos: el acta de la convocatoria realizada en Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) en circunstancia de ser elegida la nombrada, documentación vinculada al acto de sufragio dónde deberá constar los postulantes a ser elegidos para el cargo de consejero, padrón eleccionario, cantidad de votantes, y resultado del sufragio.- Todo ello con relación a cada periodo en los que ha participado la nombrada Pedrero como consejera”. Lo mismo pretendió conocer sobre el consejero Antonio Humberto Hernán Fumaneri: “Se me acredite el registro abierto a los efectos para la ulterior convocatoria a elección de la sociedad civil a la que pertenece, constancia de la personería jurídica de la misma, acta de convocatoria a elecciones, documentación vinculada al acto de sufragio dónde deberá constar los postulantes a ser elegidos para el cargo de Consejero, padrón eleccionario, cantidad de votantes, y resultado del sufragio.- Todo ello con relación a cada periodo en los que ha participado el nombrado Fumaneri como consejero, medida que fue rechazada por no ser el estado demandado el legitimado pasivo para exhibirme la documentación pretendida”.

Legislación

En la presentación realizada este miércoles por la mañana se menciona que la ley 9.996 de creación del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos y que regula su funcionamiento se establecen los mecanismos de selección. “La información pedida pretendida omitida y no entregada por el Consejo de la Magistratura pese a un formal requerimiento, tiene que obrar en el Consejo: esos cumplimientos legales dispuestos normativamente, tienen que haber sido ‘acreditados de modo fehaciente’ ante el organismo estatal por parte de los consejeros con antelación a la asunción, siendo ésos cumplimientos el antecedente inmediato para estar ellos -Pedrero y Fumaneri – legitimados para que se les tome el juramento de rigor, y a la postre actuar así con investidura legal y formal”.

Asimismo se indicó que “la conducta de los consejeros Pedrero y Fumaneri se encontraría incursa en los ilícitos penales de ‘Usurpación de Autoridad’ (Art. 246 C. Penal) y la de las autoridades del CMER en la persona de su presidente Martín Uranga, en la de “Abuso de Autoridad y Violación de los deberes de los Funcionarios Públicos y/o Incumplimiento de Funcionario Público, respectivamente”.

Se precisó además que “los referidos consejeros tienen cumplidos: Fumaneri dos mandatos (2) y la consejero Pedrero uno más como suplente, o sea tres (3) mandatos, conforme surge de la respuesta por escrito que oportunamente se me brindara por el CMER, fechada 9 de junio de 2017, siendo que la ley 9.666 establece que solamente podrán permanecer en el cargo por dos mandatos sean o no consecutivos”.

“Sumado a ello, no han sido votados ni elegidos en sus estamentos, por lo que se configuraría una Usurpación de cargos, con el agravante que -entiendo- el presidente del CMER le ha tomado juramento sin cumplir con los recaudos indicados, habiendo dicha autoridad incurrido en el ilícito de Abuso de autoridad (Art. 248 y 253 del C.P.). No hablamos aquí de cualquier organismo del Estado, sino aquel que tiene por fin elegir las ternas para ocupar los cargos en la Magistratura de la Provincia”, se remarcó en el escrito.

En tanto el denunciante subrayó que “la conducta de Pedrero y Fumaneri se encuentra incursa en el ilícito penal de usurpación de título, atento no ‘existe el nombramiento y votación eleccionaria’ en el ámbito de sus estamentos (Art. 2 inc. e y f ley 9666) para que se los legitime para actuar como consejeros, estando así ‘ejerciendo funciones públicas’ conforme el inc. 1 del Art. 246 sin dicho antecedente”.

La responsabilidad del presidente del CMER

“Este recaudo no cumplido y omitido por los consejeros es el que lo hace pasible al presidente del CMER del delito de abuso de autoridad al ‘dictar la resolución de asunción para el cargo en el periodo 2016/2018’ -fecha de esta resolución que desconozco- y la ‘toma de juramento’ el día 1 de agosto de 2016 y que se formalizó bajo Acta N° 28 del CMER -el tercer mandato de Pedrero y dos de Fumaneri sin haber sido elegidos- en violación a la ley, en violación al Art. 2 inc. e y f y Art. 5 de la ley 9.666 que establece expresamente que tienen que ser votados y elegidos en sus respectivos estamentos y durar solo dos años y/o el de incumplimiento de deberes de funcionario público, en cuanto como Presidente del Consejo debe velar por la legalidad de sus actos y la correcta conformación del mismo de acuerdo a la normativa vigente. Es a él a quien le corresponde verificar que los consejeros reúnan los requisitos necesarios para ejercer la función para la cual son ‘elegidos’ previo al juramento de ley”, asentó el denunciante.

“Este ‘ejercicio del cargo de los denunciados consejeros’ tiene la particularidad que es un delito continuado, que se comete en cada intervención que hacen actualmente en el ámbito del CMER, encontrándose actualmente ambos en ejercicio”, alertó por último. (Análisis)

Se registraron 374 casos de violencia en las escuelas de la provincia, desde enero a la fecha. ¿Qué hacer ante casos de bullying?

En lo que va del año 2017, en escuelas entrerrianas «hubo 374 situaciones o casos vinculados con la violencia, que abarcan bullying, intentos de suicidio y abuso sexual», detalló Nora Romero, psicopedagoga del Consejo General de Educación -CGE-, en diálogo con Canal Nueve Litoral.

El bullying o acoso escolar es una realidad que cada vez genera mayor preocupación en las escuelas de Entre Ríos. En menos de nueve meses se registraron más del triple de casos que en todo 2016.

De acuerdo a los datos provistos por el CGE, en 2014 hubo 55 casos de violencia en las escuelas entrerrianas; en 2015, 116 hechos; y en 2016, 96 episodios. En las estadísticas se tiene en cuenta la violencia entre alumnos, entre padres, entre alumnos y adultos, intrafamiliar; abuso sexual, suicidio, accidentes de tránsito, inseguridad, exhibición de armas de fuego, entre otros.

Ante hechos de acoso o violencia, lo que se aconseja a las víctimas es contarlo a los padres, hermanos, familiares, docentes o amigos. Si no se obtienen respuestas adecuadas, se recomienda decírselo a otras personas, hasta frenar efectivamente el bullying.

Para los adultos o aquellas personas a quienes una víctima le cuenta la situación por la que está atravesando, lo recomendado es generar una instancia de diálogo y confianza para ayudar al menor afectado y solicitar acciones concretas a las autoridades responsables. (Canal 9)

Declaró en el juicio por el femicidio de la joven. Fue quien, por pedido de Pavón, llevó al imputado desde Gualeguay hasta Buenos Aires.

Eduardo Gorosito, el camionero que trasladó a Buenos Aires a Sebastián Wagner por pedido de Néstor Pavón, declaró en el juicio por el femicidio de Micaela García. Es el último de los testigos que aportó la Fiscalía al debate que se sustancia en los Tribunales de Gualeguay.

Minutos antes de ingresar a la sala, Gorosito habló con AHORA. Dijo que al momento de trasladar a Wagner no estaba al tanto de su situación -estaba prófugo- y que no lo conocía. Además, sostuvo que era habitual que Pavón le pidiera que llevara a algún conocido en el camión.

Sobre Wagner dijo que hablaron «de cosas del trabajo» durante el viaje y que el imputado por el femicidio «iba totalmente normal, cebando mate, lo más tranquilo». También señaló que, ni bien tomó conocimiento del caso a través de la televisión, se presentó en la Fiscalía.

Cabe recordar que Gorosito fue quien trasladó a Wagner desde Gualeguay hasta el drugstore de Campana, Buenos Aires. En ese lugar, Fabián Ehcosor fue quien recogió al sospechoso y lo llevó a la casa de su madre, en la localidad de Moreno. Este último estuvo imputado en el caso pero acordó dos años y medio de prisión efectiva por «encubrimiento agravado». (Canal 9)

Por el asesinato de la mujer de Gualeguaychú, se encuentra imputado su esposo Ramón de la Cruz Ortiz, a quien le cabría la pena perpetua por la figura legal de homicidio triplemente calificado por el vínculo, la alevosía y el femicidio.

El fiscal Martín Gil y el fiscal general coordinador Lisandro Béhéran, solicitaron el lunes, al juez de Garantías y Transición N° 1, Mario Figueroa, la elevación a juicio del legajo que investiga la muerte violenta de Susana Villarruel.

Se trata del primer femicidio registrado en el año en Gualeguaychú. Susana Villarruel tenía 38 años y era madre de cuatro hijos, cuando fue asesinada en la mañana del 10 de julio, aunque su cuerpo fue hallado dos días después en una zona de espesa vegetación próxima al puente sobre el arroyo El Cura, en dirección al cardinal Oeste de la calle Irazusta, a pocos kilómetros de Gualeguaychú.

Por este crimen se encuentra imputado y bajo prisión preventiva hasta el 22 de octubre, su esposo (estaban en trámites de divorcio), Ramón de la Cruz Ortiz, de 39 años, quien fue detenido al día siguiente de su exposición ante las autoridades policiales, habida cuenta de una serie de contradicciones en las que incurrió.

El informe de los forenses fue contundente: la víctima recibió 14 puñaladas en distintas partes de su cuerpo y algunas de las heridas fueron defensivas.

Según publicó El Argentino, el fiscal Gil reunió una voluminosa prueba, entre las que se destacan teléfonos celulares secuestrados en allanamientos y una filmación bancaria donde se lo registra a Ortiz utilizando la tarjeta del cajero automático de Villarruel unas horas más tarde del fatal y violento desenlace.

En la audiencia de remisión a juicio, el defensor oficial, Martín Clappier, planteó la nulidad del secuestro de los celulares y de la tarjeta del banco (se trata de la cuenta Asignación Universal por Hijo a nombre de Villarruel), pero el juez de Garantías se inclinó por la postura fiscal y convalidó la legalidad de los procedimientos y de todo lo secuestrado.

Ahora resta que la Oficina de Gestión de Audiencia (OGA) confirme la fecha del juicio oral y público, cuya expectativa de pena es la prisión perpetua atento a la imputación del fiscal, quien imputó a Ortiz la figura de homicidio triplemente calificado por el vínculo, la alevosía y el femicidio; de acuerdo al Artículo 80°, incisos 1º; 2º y 11º del Código Penal. (El Argentino)

Algunas de las tormentas podrían ser localmente fuertes, acompañadas de abundante caída de agua, fuerte actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Precipitaciones de variada intensidad se registraron durante la tarde del martes y la madrugada de este miércoles en Entre Ríos.

El Servicio Meteorológico Nacional renovó a las 4.30 el alerta por tormentas fuertes para el norte y centro de Entre Ríos, sur de Corrientes, norte y centro de Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán, aunque pronostica que las condiciones mejorarán durante la mañana.

El informe da cuenta de que «se están desarrollando tormentas de variada intensidad». Se prevé que «en las próximas horas las mismas se generalicen al resto de la región. Algunas de las tormentas podrían ser localmente fuertes, acompañadas de abundante caída de agua en cortos periodos, fuerte actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo».

Pronóstico para zona del departamento Uruguay:

En el recorte de la imagen satélite actual se observa el desarrollo de tormentas y chaparrones sobre el centro y norte del Litoral (área de color rojo y verde).

Centro y norte de Santa Fe, centro y norte de Entre Ríos, Este de Córdoba, Corrientes y extremo sur de Misiones.

En el área de cobertura se espera el desarrollo de chaparrones y tormentas de variada intensidad, fenómenos que de manera puntual y por sectores pueden ser localmente fuertes, con importante caída de agua en cortos periodos de tiempo, la ocasional caída de granizo, actividad eléctrica y vientos con ráfagas asociados a los frentes de tormentas. No se descarta el desarrollo de algunas tormentas de fuerte intensidad, que puntualmente pueden dejar grandes acumulados de lluvia.

Pronóstico para zona del departamento Uruguay:

Un juicio por abuso sexual gravemente ultrajante, contra un hombre de 45 años se realiza por estos días en Concepción del Uruguay.

El sujeto estaba en libertad condicional cuando supuestamente abusó de los niños de entre 6 y 8 años de edad. A partir de la trascendencia del hecho, la justicia inició la investigación correspondiente y con las pruebas que la Fiscalía logró recabar en su contra, fue llevado ante un Tribunal.

En los dos primeros días del debate, que se realiza a puertas cerradas dado el tipo de delito que se juzga y a fin de preservar la identidad de las víctimas, declararon 20 testigos.

Se espera que este miércoles, tercer día de la audiencia, lo hagan entre 5 y 10 testigos más, por lo que cabe esperar que se realicen los alegatos recién el próximo jueves y cinco días después se adelantaría la Resolución del Tribunal. (La calle)

Si bien el melodramático mega-operativo de seguridad dispuesta por el Juez Javier Cadenas en el marco del juicio por el caso Micaela quedó en la nada, lo cierto es que el Tribunal sí logró su objetivo: Que el juicio no tenga trascendencia en los medios.

Tan es así que, hoy, el frente del edificio de Tribunales está casi desierto, solo media docena de militantes, con otras tantas pancartas, claman por justicia, mientras que ni siquiera el transito ha sido cortado, y, en el hall, cuatro efectivos policiales se miran la cara impidiendo subir una escalera que nadie quiere subir.

En la mañana de ayer, solo algunos medios locales estuvieron presentes al inicio de la audiencia y luego desaparecieron de escena con, por lo menos, la declaración de la pareja de Wagner y también madre de Otero.

Ahora bien, más allá de esta anécdota sobre el desprecio de algunos magistrados por la sociedad, el objetivo central de la Cámara viene cumpliéndose satisfactoriamente, ya que están evitando que el caso tenga la repercusión mediática que merece.

Hoy los medios apenas reflejan algún comentario sobre algún detalle trascendido de la audiencia, o refríen alguna declaración de alguno de los involucrados, pero lejos de transmitir el desarrollo donde dos o tres sujetos secuestraron, violaron y mataron a una joven gracias a las falencias alevosas de un Estado irresponsable.

Para nuestra sociedad, hoy, recordar este caso no solo despierta el odio hacia los presuntos autores, sino, también, hacia los responsables de permitir que esto pueda ocurrir y hoy no están siendo juzgados.

Jueces que liberan livianamente a un condenado, fiscales que negocian condenas ligeras por doble violación, municipios sin cámaras de videovigilancia, legisladores que no tratan temas importantes, ejecutivos que cajonean la reglamentación de leyes importantes, y, así, tantos otros que confabularon para que este crimen, y otros, ocurran.

O sea, el horrendo crimen de Micaela, gracias al Tribunal, pasa sin pena ni gloria, cuando debería, a través de la tarea de los medios, dejar una profunda lección en la sociedad.
Una lástima, pero se salieron con la suya.

Norman Robson / Gualeguay21

En la última audiencia prevista para esta semana, ya que, por disposición del Tribunal, el juicio continúa el lunes, la Fiscalía ofrecerá sus últimos testigos y comenzarán los de las defensas.

De acuerdo a lo que se pudo saber, el Dr. Ignacio Telenta, fiscal de la causa, presentará en esta quinta jornada los testimonios del camionero que, a pedido de Pavón, llevó a Wagner hasta Campana, y de una psicóloga, quien expondrá sobre el perfil sicológico de los imputados.

Por otra parte, el primero en exponer los testimonios de las defensas será el Dr. Matías Farías, abogado de Gabriel Otero, quien ofrecerá los testimonios de la pareja del imputado, dos personas que cenaron con ellos esa noche, y los vecinos que vieron al imputado aquella mañana, casi al mismo tiempo que el testigo de la fiscalía.

De este modo, a los largo de las cinco jornadas habrán brindado sus testimonios los tres imputados, la mamá, el novio y las dos amigas de Micaela, los oficiales a cargo de recibir la denuncia,  compaginar los videos, realizar las primeras diligencias, los testigos que vieron el auto detenido donde la secuestraron, que escucharon gritos y encontraron el zapato, que vieron el auto en las chacras, que los atendieron en el comedor del parque, más los vecinos de Pavón y de Otero, el camionero que llevó a Wagner, las parejas de Wagner y Otero, los empleados del lavadero, y los responsables de los peritajes criminalísticos, forenses y psicológicos.

Solo quedarán para la próxima semana las declaraciones frente al Tribunal de los familiares directos de Pavón y algún testigo que aporte la defensoría oficial de Wagner. (Gualeguay21)