Datos falsos
La causa en cuestión a la que accedió UNO se originó el 12 de junio pasado, cuando el personal del Escuadrón de Gendarmería Nacional Santo Tomé (Corrientes), en un operativo de control sobre la ruta nacional 14, a la altura del Paraje Cuay Grande, procedieron a controlar un camión tractor Scania con un semirremolque, proveniente de Gobernador Sola (Departamento Tala, Entre Ríos) que se dirigía hacia a la ruta provincial Nº 7, hacia Aristóbulo del Valle (Misiones), según la carta de porte y el CTG (Código de Trazabilidad de Granos), transportando soja.
Los gendarmes consultaron la trazabilidad de la carga y no observaron inconsistencias. Sin embargo, lograron advertir que la dirección de destino no coincidía con el kilometraje mencionado en el remito. Luego de verificar estos datos, confirmaron que la dirección establecida como destino no existía, y, además, la persona que figuraba como destinatario (José Omar Do Santos) resultaba dueño de un local de materiales de construcción, que no se dedicaba a la comercialización de granos.
Unos minutos después, arribó al lugar otro camión, un Mercedes Benz con semirremolque, proveniente de la misma localidad entrerriana. Este tenía como destino a la zona rural de la localidad de San Vicente (Misiones) y transportaba soja. Figuraba como destinatario en el CTG el mismo Do Santos, y también presentaba diferencias en la dirección plasmada en la carta de porte y en la razón social.
El Juzgado Federal de Paso de los Libres ordenó el secuestro de los medios de transporte junto con la carga y las documentaciones. El juez Gustavo Fresneda sostuvo que se trabaja sobre dos hipótesis: “una maniobra de transporte interno de granos, llevado adelante con una carta de porte apócrifa utilizada como ardid para evadir el pago de los tributos (evasión fiscal)”; o “un caso de transporte internacional de granos, con destino final a otro país, por un paso no habilitado, impidiendo así los controles aduaneros (tentativa de contrabando de exportación)”. Esta segunda posibilidad, considera Fresneda, “tendría mayor fuerza”.
¿Dónde se investiga?
En la causa surgió un pleito, ante el pedido de la Fiscalía de que sea investigada por el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, por razones de competencia territorial.
El fiscal Aníbal Martínez sostuvo que “se investiga la falsificación de las cartas de porte exhibidas por los choferes de las unidades de carga secuestradas”, de las que se extrae, que el titular de las cartas de porte, sería un abogado de Rosario del Tala, cuya actividad principal está relacionada a la producción agrícola y ganadera, según lo registrado en AFIP.
El destinatario de la carga secuestrada solicitó la devolución de la soja en carácter de propietario y sostuvo que ambos vehículos, forman parte de una unidad de transporte a cargo de su representante (el abogado y productor entrerriano), “por lo que, se habría sustraído la clave fiscal de éste último, generándose con ella, 60 cartas de porte y 58 CTG, razón por la cual, aquel posteriormente, habría anulado las cartas de porte antes mencionadas”, sostuvo el fiscal.
Martínez consideró que, si bien se podría estar ante una maniobra de intento de contrabando de soja y/o evasión fiscal, “no existen pruebas al respecto, resultando, sin embargo, manifiesto, que el autor posiblemente es la misma persona que generó el alta de las mismas en el sistema informático de la DGI, dado que solo puede acceder a dicho sistema quién posee la clave asignada”.
Concretamente, el fiscal sostiene que en Entre Ríos debe investigarse quién le robó la clave fiscal al talense. Pero el juez consideró que esto es prematuro y en Paso de los Libres se debe profundizar la pesquisa sobre la maniobra delictiva. En la apelación a esta resolución, la Cámara Federal de Corrientes coincidió con Fresneda.
Un agujero al Estado
El contrabando de soja crece desde hace más de un año en Argentina. Sobre todo en Misiones, se secuestran miles de toneladas en frecuentes procedimientos. Se trata de camiones que salen o pasan por Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, pero los controles policiales de las cargas se realizan principalmente en el noreste. Hace un año, en julio de 2021, en Santo Tomé se detectó un camión con 29 toneladas que había salido desde Federación.
Aunque desde el sector agropecuario sostienen que se trata de un problema marginal al comparar las cifras de contrabando con lo que efectivamente se produce y exporta en Argentina, la semana pasada, el presidente de la Cámara Argentina de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-Cec), Gustavo Idígoras, dijo a Radio 10: “Se nos están yendo 750.000 toneladas de granos de soja a Bolivia y un número similar a Paraguay; estamos hablando de 300 o 400 millones de dólares por mes que se le están escapando a la Argentina”.
Explicó el fenómeno en números: “En Argentina la soja vale 47.000 pesos promedio y en Paraguay o en Bolivia la pagan 80.000, 85.000 o aún más en algunos casos, y eso genera la tentación de mucha gente de acudir a la zona fronteriza”. En este sentido, refirió que cruzan las fronteras unos 3.000 camiones por mes, lo cual evidencia la histórica laxitud de los controles en los límites internacionales.
Un método habitual
El mes pasado fueron procesadas en Misiones 12 personas involucradas en una banda que se dedicaba al contrabando de soja, con la modalidad detectada en los dos camiones entrerrianos. Utilizaban cartas de porte y formularios CTG emitidos por personas físicas o jurídicas sin capacidad económica ni de almacenamiento ni de procesamiento, o con destinos falsos, a través de las cuáles se hacían figurar las adquisiciones, únicamente para dar la apariencia de legalidad al desplazamiento en ruta de las cargas.
Cuando los camiones llegaban a destino, las cartas de porte eran anuladas. Además, la organización contaba con la complicidad del jefe de un escuadrón de Gendarmería que liberaba las rutas para esos vehículos. En la frontera, se embolsaba la soja a granel y luego se cruzaba a Brasil o Paraguay.
UNO
