El conflicto laboral desatado en Gualeguaychú por las empresas Unionbat y Laboratorios Pyam escaló tras la denuncia del sindicato químico, que pone el foco en la absoluta falta de pago de las indemnizaciones legales a más de 120 familias. Según el gremio, tras concretar los despidos en julio, las firmas omitieron deliberadamente abonar los montos que por ley corresponden, dejando a los trabajadores en la calle «sin cobrar un peso» después de años de servicio. Esta situación fue calificada como un golpe devastador para la economía de los afectados, quienes se encuentran sin sustento ni compensación alguna.
En un comunicado enviado a ANÁLISIS, Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas Zárate sostuvo que el incumplimiento no es una consecuencia accidental de la situación económica, sino parte de una maniobra para evadir responsabilidades financieras. El sindicato denunció que las empresas presentaron el concurso de acreedores apenas unos días después de los despidos con el único fin de » ‘planchar’ las deudas, entre ellas las laborales, para no hacerse cargo de las indemnizaciones». De esta manera, las compañías estarían utilizando herramientas legales para postergar o anular el pago de lo que deben a su personal.
Para el gremio, este accionar constituye una «estafa planificada» destinada a vaciar las empresas y conservar los bienes mientras se desampara a la fuerza laboral. El comunicado advirtió que el objetivo final de los empresarios es «dejar a los trabajadores con la mano vacía», beneficiándose del patrimonio de las firmas a costa del derecho indemnizatorio de los operarios. Por tal motivo, el gremio insistió en que no se trata de una crisis financiera real, sino de un fraude laboral coordinado.
Ante la gravedad de los hechos, la principal exigencia sindical es que la intervención de las autoridades asegure de manera prioritaria el cobro de las deudas laborales,. En su pliego de reclamos, solicitaron de forma urgente «que la Justicia garantice el pago total de las indemnizaciones a todos los trabajadores despedidos». Asimismo, instaron a que se investigue penalmente a los propietarios de UNIONBAT y LABORATORIOS PYAM por las presuntas maniobras de vaciamiento y fraude que impiden el cumplimiento de sus obligaciones.
Finalmente, el gremio alertó sobre las consecuencias sociales de permitir que los empresarios eludan estos pagos, señalando que un «trabajador no puede terminar en la indigencia» por la irresponsabilidad patronal. El comunicado concluyó con un fuerte llamado a la solidaridad comunitaria y política para frenar estos atropellos, bajo la firme consigna de que «no vamos a permitir que el costo de la crisis lo paguen siempre los trabajadores».
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