El procedimiento fue ordenado por la Justicia y se realizó esta mañana en la Oficina de Tratamiento Correccional de la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú. En simultáneo, fue allanado el domicilio de un funcionario auxiliar que trabaja en esa dependencia.
La Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, la denominada Granja Penal El Potrero, vuelve a quedar en el centro de una investigación judicial.
Durante la jornada de hoy, efectivos de Gendarmería Nacional ingresaron al establecimiento por orden de la Justicia y realizaron un allanamiento en la Oficina de Tratamiento Correccional.
La medida se produce en el marco de la investigación relacionada con Leonardo Airaldi, quien estuvo alojado en la UP9 y fue investigado por la utilización de un teléfono celular dentro del establecimiento penitenciario.
El dato no es menor: en una cárcel, un teléfono celular en poder de un interno constituye un elemento prohibido y abre necesariamente interrogantes sobre los mecanismos de control, requisa y supervisión.
Un allanamiento dentro de una oficina sensible
La particularidad del procedimiento realizado hoy es el lugar elegido por los investigadores.
No se trató solamente de revisar una celda o un pabellón.
Gendarmería llegó hasta la Oficina de Tratamiento Correccional, un área que ocupa un lugar sensible dentro de la estructura penitenciaria.
Y mientras los efectivos trabajaban dentro de la UP9, la Justicia dispuso en simultáneo el allanamiento del domicilio particular de un auxiliar que se desempeña en esa misma área.
La coincidencia de ambos procedimientos genera inevitablemente preguntas.
¿Qué buscaba la Justicia en la Oficina de Tratamiento?
¿Qué documentación o elementos pretendía encontrar?
¿Existe alguna relación entre la información que maneja esa dependencia y el teléfono que terminó en poder de un interno?
Las respuestas deberán surgir de la investigación.
El antecedente que vuelve a poner a los celulares en el centro
El caso Airaldi no es nuevo en materia de teléfonos celulares dentro de la UP9.
En febrero de 2026, un allanamiento ordenado por la Justicia Federal en el establecimiento terminó con el secuestro de dispositivos electrónicos, entre ellos un Samsung A04 que, según una declaración incorporada al expediente, habría sido utilizado por Airaldi. Posteriormente también se ordenó el secuestro de otros teléfonos incautados durante una requisa.
La Justicia rechazó posteriormente planteos de la defensa que cuestionaban el secuestro y las pericias sobre los dispositivos.
Por eso, el procedimiento de hoy vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que excede a Airaldi:
¿Cómo ingresan y cómo permanecen teléfonos celulares dentro de una cárcel de máxima seguridad?
Una pregunta incómoda para el sistema penitenciario
Un interno puede intentar ocultar un teléfono.
Puede intentar conseguirlo ilegalmente.
Puede intentar utilizarlo a escondidas.
Pero para que un aparato llegue hasta una celda y permanezca allí, existen controles que deberían detectarlo.
Por eso, la investigación no necesariamente se limita a determinar quién tenía el teléfono.
También puede intentar establecer:
cómo ingresó el dispositivo; quién tuvo acceso al lugar donde estaba alojado el interno; si existieron fallas en las requisas; qué controles se realizaron; quién tenía responsabilidades funcionales en esas áreas; si hubo omisiones; y si alguna persona pudo haber facilitado, voluntaria o involuntariamente, el ingreso del aparato.
Hasta que la Justicia determine lo contrario, ninguno de esos interrogantes puede transformarse en una acusación contra un funcionario determinado.
La mirada sobre Tratamiento Correccional
El hecho de que el procedimiento se haya realizado en la Oficina de Tratamiento Correccional le otorga una particular relevancia institucional.
Según la información aportada, el área se encuentra a cargo del hijo del actual director general del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Germán Miotti.
Ese dato debe ser presentado con precisión: no constituye por sí mismo una imputación ni significa que exista responsabilidad del funcionario a cargo del área o del director general del Servicio Penitenciario.
Pero explica por qué la decisión judicial de ingresar específicamente a esa dependencia genera interés.
La Justicia deberá determinar qué buscaba allí y qué elementos fueron incorporados al expediente.
Airaldi y una causa que ya había golpeado las puertas de la UP9
La UP9 ya había sido escenario de importantes procedimientos vinculados con la investigación que involucra a Airaldi.
En febrero, la denuncia de otro interno derivó en un allanamiento federal al pabellón donde se encontraba alojado. Durante aquel procedimiento se secuestraron celulares, cocaína y anotaciones, según reconstrucciones periodísticas de la causa.
La investigación también estuvo vinculada a un presunto plan para atentar contra funcionarios judiciales y políticos de Entre Ríos, hipótesis que fue investigada por la Justicia Federal de Gualeguaychú.
La existencia de teléfonos dentro del penal terminó siendo una pieza relevante de esa investigación.
El problema que excede a un interno
El verdadero problema que plantea el caso es mucho más amplio que el nombre de Airaldi.
Porque si un preso tiene un celular prohibido, el interrogante no puede detenerse en el preso.
Hay que preguntarse por el sistema.
¿Falló una requisa?
¿Falló la vigilancia?
¿Fallaron los controles de ingreso?
¿Hubo una omisión?
¿O alguien facilitó que ese elemento llegara hasta el interior del penal?
Son preguntas diferentes y cada una puede conducir a una responsabilidad diferente.
Y justamente por eso la investigación judicial resulta relevante.
Gendarmería vuelve a entrar a la cárcel
La presencia de Gendarmería dentro de la UP9 no es un hecho menor.
Se trata de una fuerza federal que interviene por disposición judicial cuando se requiere avanzar sobre una investigación que puede involucrar elementos sensibles dentro de un establecimiento penitenciario.
El procedimiento de hoy, además, no quedó circunscripto al penal: en simultáneo fue allanado el domicilio de un trabajador vinculado al área de Tratamiento Correccional.
Ahora habrá que esperar los resultados de las medidas.
Qué se secuestró.
Qué documentación fue requerida.
Y, fundamentalmente, qué conclusiones extraerá la Justicia.
Una cárcel que vuelve a estar bajo la lupa
La UP9 viene acumulando en los últimos meses distintos episodios que obligan a mirar con atención lo que sucede detrás de sus muros.
Allanamientos, investigaciones por drogas, celulares prohibidos y ahora un procedimiento judicial dirigido específicamente hacia un área de la estructura penitenciaria.
El desafío para las autoridades es demostrar que dentro de una cárcel no existen zonas liberadas ni privilegios para nadie.
Porque una cosa es que un interno intente burlar los controles.
Y otra muy distinta sería que esos controles pudieran ser vulnerados con algún tipo de colaboración interna.
Eso último, precisamente, es lo que la Justicia deberá determinar.
La pregunta queda abierta: ¿cómo llegó un celular prohibido a una celda de la UP9 y quién permitió que permaneciera allí?
Por ahora, la respuesta está bajo investigación.
Máxima Gchú
