La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos inició este jueves un ciclo de formación sobre la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y, en ese marco, el secretario de Derechos Humanos del gremio, Matías Passi, aseguró que la provincia se encuentra «muy lejos» de cumplir con los lineamientos que establece la normativa. Además, advirtió sobre el déficit de profesionales, el escaso presupuesto destinado al área y las dificultades para desarrollar dispositivos comunitarios de atención.
El dirigente sostuvo que la situación de la salud mental en la provincia «es muy compleja» y remarcó que Entre Ríos presenta los índices más altos de suicidios a nivel nacional, una problemática que, señaló, requiere de un abordaje integral y mayores recursos.
En declaraciones al programa Un martillo para darle forma, que se emite por Radio Plaza, Passi indicó que las dificultades en materia de salud mental atraviesan distintos sectores de la sociedad y están vinculadas tanto a las condiciones de vida de la población como a las condiciones laborales de quienes trabajan en el sistema sanitario.
«Las causas que generan estas situaciones también están ligadas a las posibilidades de realización de proyectos de vida de la gente», afirmó.
«La provincia está lejos de la ley»
Consultado sobre el grado de implementación de la Ley Nacional de Salud Mental, el dirigente de ATE fue categórico: «En lo que marca la ley nacional de salud mental, sí, estamos lejos. Es una deuda».
La norma establece que al menos el 10 por ciento del presupuesto total de salud debe destinarse al área de salud mental. Sin embargo, Passi señaló que ese porcentaje nunca se alcanzó.
«La ley prevé el 10 por ciento del presupuesto de salud para salud mental y nunca se ha superado el 2 por ciento. Eso es una cuestión nacional y la provincia sigue el mismo esquema», indicó.
Además, explicó que la legislación impulsa un cambio de paradigma, basado en dispositivos de atención comunitaria y en la desinstitucionalización de los pacientes, un objetivo que, según sostuvo, está lejos de concretarse en Entre Ríos.
El retroceso de las casas de medio camino
Passi recordó que la provincia cuenta con cuatro hospitales monovalentes de internación en salud mental, una cantidad que consideró elevada en comparación con otras jurisdicciones del país.
«La ley plantea otro esquema, que es la apertura de dispositivos en los territorios y que la gente se atienda allí», explicó.
En ese sentido, puso como ejemplo el cierre de la única casa de medio camino que funcionaba en Entre Ríos, un dispositivo destinado a personas que atravesaron largos períodos de internación y que estaban en condiciones de avanzar hacia una vida comunitaria con acompañamiento profesional.
«Esa casa no se pudo sostener porque no se pudo pagar el alquiler y los pacientes volvieron a una institución cerrada. Eso es un retroceso», lamentó.
La falta de psiquiatras
Otro de los puntos que encendió la alarma en el gremio es la escasez de profesionales especializados.
«Hay 38 psiquiatras en la provincia de Entre Ríos y hace poco más de un mes eran 40. En muy poco tiempo renunciaron dos», precisó.
Según Passi, esta situación está directamente relacionada con las condiciones salariales y contractuales que ofrece el sistema público de salud.
«Tiene que ver con las condiciones para sostener a estos profesionales, tanto de manera salarial como contractual, porque también hay precarización», afirmó.
Asimismo, advirtió sobre la contradicción que existe entre la escasez de especialistas y el proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental impulsado por el gobierno nacional.
«La reforma plantea una mayor necesidad de psiquiatras y lo cierto es que en Entre Ríos cada vez tenemos menos», señaló.
Finalmente, el dirigente indicó que la problemática también alcanza al sector privado, donde muchas personas encuentran dificultades económicas para sostener tratamientos.
«En el privado también está complicado porque la gente no tiene plata para pagar el servicio», concluyó.
