El Superior Tribunal de Justicia (STJ) ha impulsado iniciativas clave para responder a la demanda ciudadana, destacándose proyectos para crear cuatro Juzgados de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes en las jurisdicciones de Concordia, Gualeguaychú, Paraná y Concepción del Uruguay; otro para un nuevo Juzgado de Garantías en Concordia; y el restante para crear tres Juzgados de Familia Especializados en Violencia de Género, dos con asiento en Paraná y otro en Concordia.
Todas estas iniciativas han sido fundadas ante la evidencia estadística de realidades que desbordan no solo por impulsar causas sensibles sino por el caudal de expedientes que deben dar respuestas que tengan a la celeridad y a la calidad como base.
Un análisis de cómo están estas iniciativas dan cuenta de la necesidad que los legisladores de ambas Cámaras encuentren una dinámica de trabajo que sea más ágil para su resolución eficaz y menos especulativa en el diálogo entre los Poderes que caracterizan a un sistema republicano.
Un rápido repaso por los expedientes pone el foco en el proyecto presentado por el STJ el 26 de julio de 2023 para crear tres Juzgados de Familia Especializados en Violencia de Género, dos con asiento en la ciudad de Paraná y uno con asiento en la ciudad de Concordia.
Esa iniciativa -Número de expediente HCS: 14748 27096- se encuentra en la Comisión de Legislación General del Senado desde el 20 de mayo de 2026.
El segundo proyecto del STJ fue presentado en la Cámara Alta el 26 de julio de 2023 y tiene como objetivo crear el quinto Juzgado de Garantías en Concordia, a los fines de realizar una redistribución jurisdiccional más equitativa. De acuerdo a la estadística del Poder Judicial en Concordia hay cuatro magistrados que incluso tienen mayor caudal de casos que los 8 que existen en Paraná, para citar un ejemplo de justificación.
Esta iniciativa -Número de expediente HCS: 14747 27094- se encuentra desde mayo de este año en la Comisión de Legislación General. El proyecto ya fue tratado en Comisión y tiene dictamen favorable. Se sabe que ingresó al pleno y seguramente se tratará en el orden del día de la próxima sesión.
Mientras que en la Honorable Cámara de Diputados se encuentra el Expediente 26224, que tiene como objetivo crear el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo con asiento en la ciudad de Concordia y que tendrá jurisdicción y competencia territorial en los Departamentos Concordia, Federal y Federación.
Este proyecto del STJ ingresó por Mesa de Entradas el 10 de marzo de 2023. El 15 de marzo de ese año tomó estado parlamentario. Al día siguiente ingresó a la Comisión de Legislación General, y a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas.
El estado actual es preocupante porque no figura movimiento en la página de Diputados y sin movimiento en la Comisión de Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas.
Hay un cuarto proyecto presentado por el Superior Tribunal de Justicia y que tiene la pretensión de crear cuatro Juzgados de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes en las Jurisdicciones Concordia, Gualeguaychú, Paraná y Concepción del Uruguay. Este proyecto obtuvo la media sanción el 15 de abril de 2026, y al día siguiente ingresó por Mesa de Entrada a Diputados. El 22 de abril pasado tomó estado parlamentario y el 23 de abril ingresó a la Comisión de Legislación General. El estado actual -al 7 de mayo de 2026- se encuentra en la Comisión de Legislación General.
Esta iniciativa se completa con la creación de los siguientes cargos para cada jurisdicción: un juez/a de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes; un secretario/a de Primera Instancia, un Jefe/a de Despacho, un Oficial Mayor, un Oficial Principal, un Oficial Auxiliar, un Escribiente Mayor, dos Escribiente y uno de Auxiliar de Segunda -Ordenanza-. Además, contempla para el Equipo Técnico Interdisciplinario la creación de un cargo de Oficial Superior de Primera -Psiquiatra-, un Oficial Superior de Primera -Psicólogo/a- y un Oficial Superior de Segunda -Trabajador/a Social.
La iniciativa también facultaría al Superior Tribunal de Justicia “para implementar pruebas piloto o asignar competencia plena y exclusiva en materia de violencia familiar o de género a uno o algunos de los Juzgados del fuero de familia, previo análisis de datos estadísticos, demográficos y territoriales que así lo justifiquen
Necesidad de respuesta Legislativa
Hay una realidad que es preciso volver a iluminar máxime en estos tiempos de tanta especulación política-judicial en el ejercicio del poder: la creación de nuevos organismos judiciales en Entre Ríos trasciende cualquier debate meramente administrativo o presupuestario. Esto es así porque se necesita que se reconozca -hoy más que nunca- que el Estado debe tener capacidad para dar respuestas de manera eficiente a problemáticas cada vez más complejas y crecientes que afectan a miles y miles de ciudadanos.
Otra vez: las iniciativas promovidas por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) constituyen una respuesta institucional basada en evidencia concreta, estadísticas verificables y necesidades jurisdiccionales que han sido identificadas a lo largo de años de funcionamiento del sistema judicial.
Esto implica que los proyectos presentados en la Legislatura no surgieron por demandas corporativas ni por aspiraciones burocráticas. Es el resultado de diagnósticos elaborados por el máximo órgano judicial de la provincia a partir de indicadores objetivos -y en este caso específicos- que muestran el aumento sostenido de causas vinculadas a violencia de género, conflictos familiares, protección de niños, niñas y adolescentes, litigios laborales y procesos penales que requieren respuestas cada vez más rápidas y especializadas.
Por esa razón, resulta necesario que ambas Cámaras de la Legislatura encuentren mecanismos que permitan imprimir mayor dinamismo al tratamiento de estas iniciativas sin afectar la calidad institucional del debate parlamentario. En ambas Cámaras hay antecedentes suficientes y pródigos que reflejan que la deliberación como el análisis técnico y la construcción de consensos siempre constituyen pilares esenciales de cualquier sistema republicano. Pero, hay que convenir que cuando los expedientes permanecen durante años sin avances significativos, el costo de esa demora es asumido por los ciudadanos que esperan respuestas concretas del Estado.
El Superior Tribunal de Justicia lo dice claramente: la realidad demuestra que los tribunales entrerrianos enfrentan actualmente una presión creciente. Los cambios sociales de las últimas décadas han multiplicado los conflictos familiares, las situaciones de violencia intrafamiliar y de género, las intervenciones vinculadas a la protección integral de niños y adolescentes y las causas penales exigen una actuación rápida para garantizar derechos fundamentales. A ese contexto se le debe sumar -como un agravante- el incremento de los litigios laborales y la necesidad permanente de mejorar los estándares de acceso a la Justicia.
Juzgados de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes
Ahora se comprenderá mejor por qué el STJ ha impulsado una serie de proyectos que buscan fortalecer la estructura judicial en puntos estratégicos de la provincia. Entre ellos sobresale la iniciativa para crear cuatro Juzgados de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes en las jurisdicciones de Concordia, Gualeguaychú, Paraná y Uruguay. Se trata de una propuesta de enorme relevancia institucional porque tiene como objetivo la de fortalecer con una mayor especialización a áreas particularmente sensibles, donde las decisiones judiciales tienen impacto directo sobre derechos fundamentales y situaciones de extrema vulnerabilidad.
No se trata solo de crear juzgados, sino la conformación de equipos interdisciplinarios que sean capaces de brindar respuestas integrales a las problemáticas que involucran a niños, niñas y adolescentes. La incorporación de profesionales de la psicología, la psiquiatría y el trabajo social refleja una concepción moderna de la Justicia, que entiende que muchas de las situaciones sometidas a decisión judicial requieren abordajes múltiples y especializados.
Además, la iniciativa contempla herramientas innovadoras para que el propio Superior Tribunal pueda asignar competencias específicas en materia de violencia familiar y de género a determinados Juzgados cuando los datos estadísticos y territoriales así lo justifiquen. Esta previsión demuestra una visión estratégica orientada a adaptar la organización judicial a las necesidades reales de cada jurisdicción.
La relevancia de este proyecto quedó reflejada en la media sanción obtenida en el Senado. Sin embargo, el expediente continúa en la Cámara de Diputados dentro de la Comisión de Legislación General. La demora en su tratamiento implica postergar una respuesta institucional frente a problemáticas cuya urgencia resulta indiscutible.
Juzgados de Familia Especializados en Violencia de Género
Algo similar ocurre con la propuesta para crear tres Juzgados de Familia Especializados en Violencia de Género, dos en Paraná y uno en Concordia. La iniciativa fue presentada y fundamentada por el Superior Tribunal de Justicia en julio de 2023. Desde entonces, los indicadores vinculados a violencia de género continúan mostrando la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema judicial.
La especialización constituye hoy uno de los principales desafíos de los poderes judiciales modernos. Las causas vinculadas a violencia de género requieren operadores capacitados, estructuras adecuadas y organismos que puedan actuar con rapidez para garantizar medidas de protección eficaces. Cada demora procesal puede traducirse en una mayor exposición de las víctimas a situaciones de riesgo. Por ello, la creación de juzgados específicos no representa simplemente una ampliación de la estructura estatal, sino una herramienta orientada a garantizar derechos fundamentales.
El proyecto se encuentra actualmente en la Comisión de Legislación General del Senado. Su tratamiento constituye una oportunidad para que la Legislatura acompañe una política pública destinada a mejorar la protección de sectores especialmente vulnerables de la población.
Juzgado de Garantías de Concordia
Otra de las iniciativas estratégicas impulsadas por el STJ es la creación del quinto Juzgado de Garantías de Concordia. El fundamento central de esta propuesta surge de una realidad estadística contundente: los cuatro jueces de Garantías existentes en esa jurisdicción soportan una carga de trabajo que -en términos comparativos- supera incluso a la que enfrentan los ocho magistrados que cumplen funciones similares en Paraná.
Esta situación evidencia una desigualdad estructural que impacta directamente en los tiempos de resolución de los procesos penales. El sistema acusatorio exige respuestas rápidas y decisiones oportunas para garantizar tanto los derechos de las víctimas como las garantías constitucionales de los imputados. Cuando la carga laboral supera determinados niveles, el riesgo de demoras se vuelve inevitable.
En este caso, el proyecto ya cuenta con dictamen favorable y ha avanzado considerablemente dentro del proceso legislativo. Todo indica que podría ser tratado próximamente en el recinto. Su aprobación constituiría una señal positiva respecto de la capacidad institucional de la provincia para adecuar la estructura judicial a las necesidades concretas de cada jurisdicción.
Juzgado de Primera Instancia del Trabajo
El caso que quizá mejor refleja las dificultades del proceso legislativo es el proyecto para crear el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo con asiento en Concordia y que tendrá competencia sobre los Departamentos Concordia, Federal y Federación. La iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados en marzo de 2023 y, más de tres años después, permanece sin avances visibles dentro de las comisiones correspondientes.
La situación resulta especialmente significativa porque el Derecho Laboral constituye una de las áreas donde la demora judicial genera mayores consecuencias económicas y sociales. Detrás de cada expediente existen trabajadores que reclaman salarios, indemnizaciones o derechos previsionales, así como empleadores que también necesitan definiciones judiciales para resolver conflictos pendientes. La ausencia de movimientos legislativos durante un período tan prolongado alimenta interrogantes sobre la capacidad del sistema político para responder con la celeridad que requieren determinadas demandas institucionales.
Hay que tener en cuenta que la experiencia enseña que la demora en la creación de organismos judiciales lejos de eliminar los problemas que motivaron su propuesta, los profundiza.
En otras palabras, desde que ingresó esta iniciativa los expedientes continuaron ingresando, las cargas laborales aumentaron y los tiempos de respuesta se extienden en la incertidumbre de un tiempo que no tiene definición. Y lo otro que genera la demora: cuando finalmente se concrete la ampliación de la estructura judicial, seguramente las necesidades que originalmente justificaban la medida podrían estar nuevamente desbordadas.
Contextos y perspectivas
Por supuesto, la velocidad no puede reemplazar a la decisión responsable. En absoluto. El funcionamiento republicano exige debate, control y evaluación de impacto presupuestario. Nadie propone sustituir esos mecanismos ni reducir los espacios de deliberación democrática. Todo lo contrario. Sin embargo, también forma parte de la responsabilidad institucional evitar que los proyectos permanezcan indefinidamente atrapados en circuitos administrativos o condicionados por especulaciones ajenas a las necesidades concretas de la ciudadanía. Porque cuando se dan las respuestas, las realidades ya han cambiado. No es fácil ese equilibrio.
Por eso, hay un presupuesto mínimo en la calidad democrática y está vinculada con la relación entre los Poderes del Estado que debe construirse sobre la base de la cooperación institucional. En este sentido, el Superior Tribunal de Justicia cumple con su función cuando identifica problemas, recopila evidencia y formula propuestas para mejorar el servicio judicial. La Legislatura, por su parte, tiene la responsabilidad de analizar esas iniciativas y resolverlas en tiempos razonables, ya sea para aprobarlas, modificarlas o rechazarlas con fundamentos claros.
Lo que no parece compatible con las demandas actuales de la sociedad es la prolongación indefinida de debates que involucran áreas tan sensibles como la violencia de género, la protección de niños y adolescentes, la administración de justicia penal o la resolución de conflictos laborales.
La discusión en la Legislatura debe continuar, pero con una dinámica que permita transformar diagnósticos largamente acreditados en respuestas concretas.
