Desde que la planta La China de Granja Tres Arroyos cerró sus puertas con cadenas y candados el 26 de mayo pasado, dejando a cerca de novecientos trabajadores sin certezas, la crisis de la mayor avícola del país generó comunicados de la empresa, movilizaciones sindicales, mediaciones del gobierno provincial y hasta pedidos de quiebra de proveedores en los tribunales comerciales. Hubo reuniones con el intendente de Concepción del Uruguay, gestiones ante la Secretaría de Trabajo de la Nación y de Entre Ríos, negociaciones con la consultora Valo Columbus para reestructurar una deuda de 350,9 millones de dólares. Hubo, en definitiva, meses de escenario público con múltiples actores hablando, reclamando, negociando o denunciando. Pero hubo un nombre que jamás apareció en ese escenario, ni una sola vez, ni siquiera mencionado al pasar: Tyson Foods, la corporación estadounidense que desde 2022 es accionista de Granja Tres Arroyos con una participación del 34 por ciento.
Lo confirmó el secretario de Trabajo de la provincia, Mariano Camoirano, al ser consultado específicamente por ANÁLISIS, sobre el rol de Tyson en las negociaciones y en los intentos de salvataje de la planta entrerriana: en ningún momento del conflicto, desde que se conoció el Procedimiento Preventivo de Crisis de diciembre de 2024 hasta los despidos de julio y agosto de este año, el gobierno provincial recibió una comunicación, una gestión, una oferta o siquiera una mención formal de parte del socio norteamericano. Tyson no estuvo en ninguna mesa de diálogo. No hizo declaraciones públicas sobre la situación de su filial argentina. No ofreció capitalizar la empresa ni mediar ante los acreedores. Simplemente, no estuvo.
Tyson Foods no es un inversor financiero de paso ni un fondo especulativo. Es, después de la brasileña JBS, el segundo mayor procesador y comercializador de proteína animal del mundo. Fue fundada en 1935 en Springdale, Arkansas, por John W. Tyson, que comenzó transportando y comercializando pollos vivos en el sur de Estados Unidos. Desde los años cincuenta la compañía se integró verticalmente, incorporando plantas propias de faena y procesamiento, hasta consolidarse en 1989 como líder nacional en pollos con la compra de Holly Farms. El salto que la convirtió en la corporación que es hoy llegó en 2001, cuando adquirió IBP Inc., que en ese momento era el mayor procesador de carne vacuna de Estados Unidos y uno de los principales jugadores en cerdo.
La empresa cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo TSN, emplea a más de 122.000 personas en el mundo y produce, según sus propios datos, una de cada cinco libras de todo el pollo, la carne vacuna y el cerdo que se consumen en Estados Unidos. Sus marcas son conocidas en cualquier góndola o cadena de comida rápida norteamericana: Tyson, Jimmy Dean, Hillshire Farm, Ball Park, Wright Brand, Golden Island, Aidells y State Fair, entre otras. Provee proteínas a McDonald’s, Burger King, Wendy’s, KFC, Taco Bell, Walmart y Kroger, entre decenas de clientes corporativos.
Su huella internacional también es considerable: mantiene tres centros de investigación y desarrollo y siete plantas de procesamiento en China, con sede regional en Shanghái; dos centros de innovación en Europa, en Reino Unido y Países Bajos; tres plantas en Malasia con más de 1.500 empleados; y operaciones en México y en Medio Oriente, con instalaciones en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. En ese mapa de expansión internacional se inscribió, en 2022, su ingreso como accionista de Granja Tres Arroyos, la mayor avícola argentina.
Que Tyson no haya intervenido en el rescate de su filial argentina no puede explicarse, al menos no completamente, por una supuesta debilidad financiera propia. Es cierto que la corporación atraviesa un año 2026 complicado en uno de sus segmentos: el de carne vacuna en Estados Unidos, golpeado por una escasez histórica de ganado que llevó los costos de la hacienda a niveles no vistos en casi 75 años, producto de una sequía prolongada que obligó a los ganaderos norteamericanos a reducir sus rodeos.
Esa crisis sectorial tuvo consecuencias concretas y de magnitud: a fines de noviembre de 2025 Tyson anunció el cierre definitivo de su planta de carne vacuna en Lexington, Nebraska, que dejó sin empleo a 3.200 trabajadores y que un estudio de la Universidad de Nebraska proyectó que, sumando el efecto multiplicador sobre la economía local, alcanzaría a siete mil puestos de trabajo en esa ciudad de apenas diez mil habitantes. La planta procesaba cerca de cinco mil cabezas de ganado por día, casi un cinco por ciento de la faena total de carne vacuna en Estados Unidos, y su cierre redujo en torno al nueve por ciento la capacidad de procesamiento del país. En simultáneo, la compañía recortó 1.761 puestos en su planta de Amarillo, Texas, eliminando uno de los dos turnos de producción, y cerró en mayo de este año una unidad en Rome, Georgia, que producía barras de granola bajo contrato para General Mills, con 168 despidos adicionales.
La propia empresa proyectó pérdidas de hasta 500 millones de dólares en su segmento de carne vacuna para 2026. En su último trimestre informado, ese segmento facturó 5.489 millones de dólares pero cerró con una pérdida operativa ajustada de 94 millones.
Sin embargo, ese cuadro sectorial adverso no equivale a una crisis corporativa integral. El negocio del cerdo, en el mismo período, mostró su mejor desempeño trimestral en cuatro años, con 1.414 millones de dólares en ventas y 31 millones de resultado operativo. Y a nivel consolidado, Tyson Foods reportó en el segundo trimestre fiscal de 2026 ventas por 13.653 millones de dólares, un 4,4 por ciento más que un año antes, y una ganancia operativa bajo normas contables GAAP de 435 millones de dólares. Es decir: la corporación que es dueña de un tercio de Granja Tres Arroyos está lejos de estar quebrada. Tiene un problema sectorial serio y localizado en Estados Unidos, pero mantiene una escala de facturación, en un solo trimestre, casi diez veces superior a toda la deuda que hoy asfixia a su filial argentina.
Puesto en números: mientras Granja Tres Arroyos negocia una reestructuración de 350,9 millones de dólares para evitar el concurso de acreedores y acumula más de 51.700 millones de pesos en deudas informadas al sistema financiero argentino, su socio estadounidense mueve, solo en Estados Unidos, más de 13.600 millones de dólares de ventas cada tres meses. La diferencia de escala entre lo que le costaría a Tyson resolver la crisis de su filial argentina y lo que efectivamente factura la corporación es sideral. No se trata, entonces, de que Tyson no pudiera intervenir. Se trata de que, hasta ahora, no lo hizo, ni intentó hacerlo públicamente.
El silencio que llama la atención
En los ocho meses transcurridos desde que Granja Tres Arroyos solicitó el Procedimiento Preventivo de Crisis ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, en diciembre de 2024, la cobertura periodística sobre el conflicto fue extensa: negociaciones con la banca de inversión Valo Columbus, pedidos de quiebra de proveedores como el que presentó una empresa de insumos industriales por 133 millones de pesos, la demanda de Prevención ART por más de 4.200 millones de pesos en cuotas impagas, la denuncia de miles de cheques rechazados, el cierre escalonado de plantas en Concepción del Uruguay, Pilar, Ezeiza, Esteban Echeverría, Río Cuarto y Brandsen, la venta de la planta cordobesa de Avex a la Asociación de Cooperativas Argentinas bajo un esquema de leaseback para obtener liquidez inmediata. En todo ese recorrido documentado, con centenares de notas periodísticas, comunicados sindicales y expedientes judiciales, el nombre de Tyson Foods no aparece una sola vez como interlocutor activo.
Esa ausencia contrasta con la lógica habitual de este tipo de participaciones societarias internacionales. Cuando una multinacional invierte en una empresa local y esa empresa entra en crisis, lo esperable -y lo que ocurre en la mayoría de los casos comparables- es que el socio extranjero participe, aunque sea indirectamente, de las negociaciones con acreedores, evalúe una capitalización, exija auditorías o, en el peor de los casos, anuncie públicamente su intención de desprenderse de la participación. Ninguna de esas señales se produjo en el caso de Tyson y Granja Tres Arroyos. No hubo comunicado desde Springdale, Arkansas. No hubo mención en los reportes trimestrales de la corporación a su inversión argentina, más allá de figurar como un activo dentro de su segmento internacional. No hubo, según confirmó la Secretaría de Trabajo entrerriana, ningún contacto formal con las autoridades provinciales.
La confirmación oficial de que Tyson nunca se sentó en ninguna mesa de negociación en Entre Ríos deja planteadas varias preguntas que exceden el ámbito laboral inmediato y entran de lleno en el terreno de la responsabilidad empresarial y el derecho societario. Cuál es exactamente el rol que juega Tyson dentro de la estructura de gobierno corporativo de Granja Tres Arroyos, más allá del porcentaje accionario. Si tuvo representación en el directorio durante estos meses de crisis, y en ese caso, qué posición sostuvo. Si existió algún tipo de cláusula contractual entre la familia De Grazia y Tyson que limitara o condicionara la intervención del socio extranjero en situaciones de crisis como la actual. Si la participación del 34 por ciento es puramente financiera, sin injerencia operativa, o implica algún grado de responsabilidad que hasta ahora no se hizo explícita.
Son preguntas que, a la luz de lo confirmado por el gobierno provincial, ameritan una respuesta pública, tanto de la propia Tyson Foods como de la conducción de Granja Tres Arroyos. Mientras tanto, en Concepción del Uruguay, doscientos cincuenta y cinco trabajadores despedidos en las últimas semanas, con una indemnización reducida a la mitad por la invocación del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, y otros cientos que continúan sin actividad desde mayo, esperan definiciones de una empresa cuya crisis financiera es, en definitiva, muchísimo menor que la escala del socio que eligió, hasta ahora, no aparecer.
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