El diputado provincial Silvio Gallay advirtió sobre la destrucción de médanos y flora nativa en Concepción del Uruguay. Presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de resolución manifestando su profunda preocupación al respecto, reclamando informes urgentes y transparencia al señalar que «la comunidad tiene derecho a conocer qué ocurre con su patrimonio ambiental».
“Este lugar no es un terreno cualquiera. Es un espacio de enorme valor natural, recreativo y turístico para todos los uruguayenses y las generaciones venideras. Cualquier intervención de relevancia debería estar acompañada por información accesible, transparente y fácilmente verificable”, destacó Gallay.
Paso Vera forma parte del sistema de humedales costeros del Río Uruguay y se encuentra comprendido dentro del Área Natural Protegida «Reserva de los pájaros y sus Pueblos Libres creada por ley 9.718 de la legislatura y protegido por la Ley Nacional 26.331 de bosques nativos, humedales y vegetación costera. Asimismo se contraviene las normas establecidas en el Código de Ordenamiento Territorial y Ambiental de la ciudad de Concepción del Uruguay (COTA).
La alerta se encendió tras la difusión de imágenes que evidencian la destrucción de médanos, la remoción de flora nativa y severas modificaciones geomorfológicas en la costa. Al tratarse de un área natural protegida, la falta de cartelería y de datos oficiales despertó la inmediata reacción de los vecinos, quienes comenzaron a indagar qué autoridades otorgaron los permisos y bajo qué criterios técnicos se avanzó con las maquinarias.
Estos ecosistemas cumplen funciones críticas para la región, tales como: regulación de crecientes del río, mitigación de la erosión en las barrancas, refugio de biodiversidad y fauna autóctona.
Hacia el cierre, el diputado provincial enfatizó la necesidad de obtener respuestas claras sobre el trasfondo de las obras: “Paso Vera es una valiosa área natural de la ciudad y todos queremos saber cuáles serán las consecuencias de estos trabajos y a quiénes benefician”.
“Lamentamos la total ausencia de información pública previa y de explicaciones claras. La comunidad tiene el derecho legítimo de conocer qué ocurre en lugares que forman parte de su patrimonio ambiental y paisajístico”, concluyó Gallay.
