La denuncia del Gobierno, la investigación de la Fiscalía y los allanamientos tienen a al menos nueve personas bajo sospecha (cuatro funcionarios y cinco empresarios), del desvío de recursos públicos en la Dirección Provincial de Vialidad. La millonaria ostentación del principal acusado era conocida por todos en este ambiente desde hacía años. Quién es quién en el esquema de sobreprecios bajo la lupa y las preguntas sobre las derivaciones del escándalo.

La maniobra es la misma que tantas veces se han observado en múltiples causas de corrupción en las últimas décadas: funcionarios de áreas sensibles en la toma de decisiones para la compra de bienes o contratación de servicios pactan con empresarios proveedores los presupuestos con inflados, las aprobaciones direccionadas, los pagos con sobreprecios y los retornos a cada cual. Puede ser lo mismo que sucediera tantas veces en otros ámbitos, pero en Vialidad sucede que lo que en otras dependencias vale 10, allí vale 1.000. Entonces, los volúmenes de presupuestos y de retornos son enormes.

Las operaciones irregulares bajo análisis de la Fiscalía de delitos contra la Administración Pública son cinco.

Las compras que se investigan son del Departamento Suministro de Vialidad, de los siguientes elementos: lubricantes, tubos de hormigón, repuestos de máquinas viales, calzado de seguridad, camisas y pantalones.

Los allanamientos del martes fueron 15 en total, y tuvieron lugar en las oficinas de los exfuncionarios del área investigada, en sus domicilios y en las empresas que habrían participado de la maniobra ilícita, así como en las casas particulares de sus propietarios.

Fueron los siguientes:

1. Sede central de la DPV

2. Ignacio Agustín Difiori (jefe del Departamento I Suministro), en calle El Guayacán S/N.

3. Julián Efraín Ascaino Gervasoni (jefe del Departamento Gestión de Contrataciones).

4. Raúl Andrés Caraballo (jefe del Departamento Técnico), en la zona sur de la ciudad.

5. Natalia Ileana González (segunda jefa del Departamento Técnico), en la zona de Rondeau y Don Bosco.

6. Empresa Agrovial SRL, en Avenida Almafuerte de Paraná.

7. Gustavo Horacio Meynet, titular de Agrovial SRL, en la zona norte de Paraná.

8. Empresa Cooperativa de Trabajo Del Centro Limitada, en calle Emilio Caraffa de Paraná, del rubro textil.

9. Carlos Diego Gustavo Gómez, titular esta cooperativa, en la zona del barrio Belgrano.

10. Empresa Arcrosa SA, en Avenida Facundo Zuviria de Santa Fe, dedicada a la venta de repuestos de motor.

11. Roberto Osvaldo Gonzalez, titular de Arcrosa SA, sobre Bulevar Gálvez de Santa Fe.

12. Empresa Equivial Sudamericana SA, en Avenida Olivera de Capital Federal, dedicada a la venta de repuestos para equipos viales.

13. Horacio Alfredo Fernández, titular de Equivial Sudamericana, sobre la misma avenida Olivera de CABA.

14. Empresa Premoldeados Forlin, en la localidad de Saturnino María Laspiur, provincia de Córdoba.

15. Daniel Antonio Forlin, titular de esta empresa, en la misma localidad cordobesa.

Ante las sospechas iniciales, se releva la Jefatura de Suministros y se comienza a analizar la documentación de algunas de las numerosas contrataciones, algunas que venían de la gestión anterior y otras iniciadas en la actual.

Según dejaron entrever las autoridades, había casos con sobreprecios del 50%. Un ejemplo es del rubro indumentaria, donde aparecía adjudicada una compra de calzado de seguridad por 150.000 pesos cada uno, cuando se podían adquirir a muchísimo menos dinero. Otros números mucho más gruesos aparecen en la compra de aceites y lubricantes, y ni hablar en los caños de hormigón para obras viales en cantidades enormes, que le compraban a la empresa de Córdoba.

La denuncia de Exequiel Donda es el 10 de septiembre, cuando llevó a Fiscalía cinco expedientes con sobreprecios muy evidentes. En un mes y medio se analizó la prueba, se identificaron a los involucrados y sus domicilios, y se llevaron adelante los allanamientos.

Acerca de la situación administrativa de cada funcionario denunciado, esto nos decía esta mañana en Radio Plaza el director de Vialidad, Exequiel Donda:

Los sumarios van a comenzar ahora porque si lo hacían antes de los allanamientos se corría riesgo de perder pruebas recabadas en los allanamientos. Ya el desplazamiento de las jefaturas de esas personas les habría despertado sospechas, pero un sumario administrativo lo sería aún más.

A su vez, el Tribunal de Cuentas tiene dos personas dedicadas a Vialidad, analizando gran cantidad de documentación de las compras que a diario se realizan.

El principal sospechado en todo esto es Nacho Difiori, un empleado de carrera que en poco tiempo accedió al cargo de Suministro en Vialidad hace una década. Según empleados del organismo, el sindicato SOEVER lo impulsó en acuerdo con las autoridades de turno.

El principal problema que presentaba para el entorno de la corrupción y que generaba indignación entre los trabajadores viales era la permanente ostentación de una fortuna que no podría justificar con el salario del Estado.

La Policía allanó su propiedad de la zona de la Toma Vieja, en calle El Guayacán. Quienes han ingresado a esta casa no dejan de asombrarse del lujo total que observaron en cada rincón: el timbre-portero suena en el celular de los dueños de la vivienda; habitaciones en suite; pisos, cocina, living, baño con estructura y detalles de última generación; un quincho “de película”; una piscina enorme que, conocidos de Difiori, aseguran que se cubre automáticamente presionando un botón.

 

Se trata de una etapa muy incipiente de la causa judicial y en el futuro podrían existir más involucrados o determinarse que algunos de los allanados queden desvinculados, y qué intervención o rol habría tenido cada uno.

Entre los pasos a seguir, estarían solicitar al Juzgado de Garantías la autorización para las pericias de los elementos informáticos secuestrados en las viviendas y en las empresas allanadas, así como los celulares. También la Fiscalía podría solicitar el levantamiento del secreto fiscal de los investigados para buscar indicios de los posibles retornos o cómo era el circuito del dinero público que el Estado pagó de más.

Análisis