El narcotraficante con antecedentes de contrabando de cocaína, Augusto Amirante, quiere volver a operar en el Puerto de Concepción del Uruguay. Pretendía utilizar una empresa a través de intermediarios para quedarse con el depósito fiscal, luego de la quiebra de la anterior firma en medio de una trama criminal. Los intereses de distintos grupos narco en un lugar estratégico.
Augusto Carlos Amirante no es un nombre desconocido en el ambiente del narcotráfico a gran escala en Argentina. En 2009 fue condenado a cinco años y medio de prisión por el caso “jabón blanco”, un intento contrabando de 140 kilos de cocaína desde la terminal portuaria de Dock Sud, provincia de Buenos Aires, hacia Holanda. La droga estaba disimulada en 12.000 bolsas de jabón en polvo, y fue descubierta por personal de la Aduana y de la Policía Federal el 17 de enero de 2007.
Es hermano de un exfiscal federal porteño, Oscar Amirante. Es licenciado en Ciencias Económicas y técnico en Comercio Exterior. Fue acusado de haber estado a cargo de la idea, dirección, organización, y realización de aquella maniobra.
En 2018 arribó a Concepción del Uruguay. Fue Administrador General de la empresa TPCU, que operaba el Depósito Fiscal, bajo la propiedad de Cristian Galante, un aparente prestanombre. Amirante se manejaba como un empresario limpio, recibía a funcionarios y destacaba el éxito del funcionamiento comercial en el puerto. Hasta fines de 2023 pasaron cosas raras en ese sitio del puerto de Concepción del Uruguay.
Esta situación escandalosa y supuestamente inadvertida, se conoció públicamente en 2022. En junio de ese año, Amirante aparentemente se retira de TPCU y aparece como nuevo dueño un personaje que fue tristemente célebre el año pasado: el abogado José Alberto Uriburu. Esto, grosso modo entre las diferentes idas y vueltas que tienen las sociedades entre dueños, titulares y directores.
En 2023 la empresa recibió una avalancha de juicios laborales y terminó en un proceso judicial de quiebra. Esto le impedía a Uriburu renovar la concesión del Depósito Fiscal, ya con nuevas autoridades en 2024. Entonces fue cuando prendió el ventilador y denunció el cobro y pago de coimas a los funcionarios de la gestión anterior: Carlos María Scelzi, administrador del Ente Autárquico del puerto, y Leonardo Esteban Cabrera Domínguez, expresidente del Instituto Portuario de la Provincia de Entre Ríos. Esta historia ya fue relatada por Marcelo Medina en un informe sobre este caso del año pasado. También apareció entre los nombrados por Uriburu el operador portuario, Gastón Tallone.
Resulta que Tallone desapareció en abril, su familia denunció un secuestro extorsivo, pagó unos 40.000 dólares, pero el socio de Uriburu nunca más apareció.
Mientras todo esto ocurría y escandalizaba al ambiente político y portuario de Concepción, de forma subrepticia avanzaba una investigación por narcotráfico y lavado de activos en el puerto, en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay. Y en las escuchas telefónicas de esta causa se descubría una trama criminal: el secuestro extorsivo de Tallone, porque se había quedado con un cargamento de cocaína en el sur de Brasil, y una banda narco de Rosario estaba esperando para poder utilizar el Puerto de Concepción para el contrabando internacional de drogas.
Según la investigación que se instruyó en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, por entonces a cargo del fallecido juez Pablo Seró, y llevada adelante por la fiscal Josefina Minatta, a mediados de 2023 se habrían concretado operaciones de narcotráfico en el depósito fiscal de TPCU.
Esta causa pasó finalmente a la Justicia Federal de Buenos Aires, por competencia territorial ya que allí se produjo el secuestro. Otro de los imputados en la causa es Gustavo Juliá, uno de los hermanos que fue condenado a 13 años de prisión por intentar introducir en España casi una tonelada de cocaína de alta pureza, en 2011, en el caso conocido como «Narcojet».
El objetivo de Uriburu era convertir el puerto de Concepción del Uruguay en un punto de salida de droga hacia el exterior, a gran escala. Por eso estaba desesperado para lograr la continuidad de la concesión que otorga el Ente Autárquico. Entre las deudas, la quiebra y el fin de la concesión, su historia portuaria terminó, pero no así las intenciones de narcotraficantes de seguir operando allí.
En ese momento reaparece el personaje clave de esta historia, Augusto Amirante. Pero no personalmente.
A fines del año pasado, se presentó en el Ente Autárquico del puerto el abogado penalista Pablo Martincic, en representación de Amirante, con la intención de llevar adelante los trámites necesarios para que este hombre vuelva a hacerse cargo del depósito fiscal, a través de otra empresa llamada Logistic Fee.
Las autoridades actuales le dieron las razones por las cuales no quieren saber nada con Amirante. Martincic llegó a gestionar una reunión con Rogelio Frigerio, que no habría prosperado.
El abogado volvió en diciembre, esta vez junto a un nuevo empresario, un joven de unos 30 años supuestamente dueño de una empresa de operaciones portuarias. Todo era demasiado turbio y la gestión tampoco prosperó.
Desde Logistic Fee pidieron que desde el Ente Autárquico del PCU le respondan la nota que presentaron sobre su intención de hacerse del Depósito Fiscal.
La respuesta de las autoridades del Ente Autárquico del Puerto de Concepción, cuyo presidente es el arquitecto Marcos Di Giuseppe, fue que mientras el depósito esté en situación judicial el predio no se encuentra disponible para nadie. Además, señalaron que atento a la importancia estratégica que implica el otorgamiento de permisos de uso, locaciones y concesiones, especialmente en materia de Depósitos Fiscales, las decisiones que se tomen al respecto deberán seguir estrictamente los pasos previstos en la normativa, contando con la intervención tanto del Consejo de Administración y del IPPER, así como del Poder Ejecutivo provincial en materia de estrategia de políticas públicas portuarias.
Por ahora, ni Amirante ni el abogado gestor volvieron a aparecer. Tal vez, esperando que el juez civil Máximo Mir resuelva sobre la clausura del lugar, que aún tiene la faja en cada abertura. Se espera la subasta de los elementos que quedaron allí, que van desde mobiliarios de oficina y aires acondicionados, hasta contenedores, para pagar las indemnizaciones laborales.
Además, la Justicia Federal tiene interdictados varios contenedores que, supuestamente, tienen autos en su interior.
En los otros sectores del puerto, la actividad es normal, con la salida de buques y barcazas con palos y se están vienen acuerdos con empresas para acopiar diferentes producciones de la región.
La duda que permanecerá sobre toda esta historia es si Uriburu, Tallone y otros personajes que fueron apareciendo alrededor del puerto en los últimos años eran dueños de la empresa TPCU o simples intermediarios u operadores del verdadero jefe.
Fuente: Análisis
