El actual intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, posteó en su cuenta de la red social X que Entre Ríos necesita para el año próximo una Conadep de la Corrupción, parangonando con la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) que fue creada por Raúl Alfonsín en 1983 para investigar los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar que saqueó el país entre 1976-1983. Convocó al gobierno y a otras fuerzas políticas a enfrentar «20 años de impunidad y corrupción».
Daniel Rossi, intendente de Santa Elena, posteó en su cuenta de la red social X que “para 2025, Entre Ríos necesita una Conadep de la Corrupción”. Desafió que “es hora de investigar 20 años de saqueo en Instituto de Obra Social de Entre Ríos (Iosper), Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), Tribunal de Cuentas, Empresa de Energía de Entre Ríos SA (Enersa), Los Contratos Truchos, Instituto del Seguro, Vialidad y más”.
En la iniciativa, según se desprende de la continuidad del hilo, entendió “deben participar todos: Frigerio y su fuerza, La Libertad Avanza, y los Peronistas decentes que fuimos perseguidos por enfrentar 20 años de impunidad y corrupción”.
El posicionamiento del actual intendente y ex vicegobernador, que fue condenado –sentencia que será revisada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- y tiene causas en trámite, aparece firme en un contexto en el que surgen causas judiciales contra ex miembros del Partido Justicialista, como el ex gobernador, Gustavo Bordet; y el ex senador nacional, Edgardo Kuider, que se suman a las que están en trámite contra el también ex gobernador con una condena a punto de adquirir firmeza, Sergio Urribarri, por Negociaciones incompatibles con la función pública y otra por Enriquecimiento ilícito; y contra el ex ministro del desaparecido Ministerio de Comunicación y Cultura, Pedro Báez, por Enriquecimiento ilícito.
También cobra sentido en el contexto de la intervención dispuesta por el Poder Ejecutivo en la obra social de la provincia, de la que los interventores, Mariano Gallegos y Marina Alegre, ofrecieron el jueves una conferencia de prensa en la que dieron a conocer los primeros resultados de la auditoría de corte en la obra social de los empleados públicos de la provincia.
Gallegos y Alegres expresaron que «a situación del Iosper es mucho peor de lo que esperábamos», y detallaron que, como dijo el gobernador Rogelio Frigerio cuando decidió la intervención, «sólo conocíamos la punta del iceberg. Ahora empezamos a ver qué hay debajo».
Junto a aquella decisión se encuentran las denuncias que Rossi presentó contra dos ex presidentes del Iosper, Silvio Moreyra y Fernando Cañete, por serios cargos en perjuicio de la obra social y sus afiliados; y el pedido de apertura de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Gisela Schumacher, que fue rechazado por la Cámara de Diputados. (APF)
