La decisión del presidente Javier Milei de paralizar por completo las obras con financiamiento del Estado Nacional repercute de lleno en las empresas de la construcción. Los números marcan un presente alarmante para este sector que en el primer bimestre de 2024 sufrió una impactante caída.
Según un informe realizado por el INDEC, se registró un descenso del 23,2% como consecuencia del freno de la obra pública y la paralización en el sector privado por el aumento de los costos en dólares. Como ejemplo se puede mencionar que se desplomó 64,9% la venta de asfalto y también cayó con fuerza la demanda de hierro redondo un 45,9% y la de cemento portland un 23,5%, entre otros materiales.
En este contexto, las empresas dedicadas a este rubro, muchas de ellas abocadas a la construcción de las obras públicas financiadas por el Estado nacional, provincial o municipal sintieron con fuerza este golpe, al punto tal de tener que prescindir del 80% de las fuerzas de trabajo.
“El año pasado llegamos a tener aproximadamente 500 empleados, pero ahora estamos con menos de 60”, sostuvo el empresario Daniel Pitón, propietario de José Eleuterio Pitón S.A., una de las constructoras encargada de varias de las obras más importantes en Gualeguaychú y Entre Ríos.
“Tenemos empleados de planta permanente que son los más profesionales, como los ingenieros, los capataces y los maquinistas, pero después vamos tomando personal en los lugares donde toca hacer una determinada obra, y el grueso de ellas se realizan en la provincia de Entre Ríos”, explicó el empresario.
El mismo panorama informan desde el otro lado del mostrador, ya que desde la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) informan los mismos datos: “El 80% de los trabajadores de la construcción están sin laburo o están parados o están suspendidos. Hoy de la actividad nuestra atraviesa un momento muy complicado. Si el Gobierno nacional tenía que modificar algo, tendría que haberlo hecho de una manera diferente, sin afectar a los trabajadores”, afirmó José Tofolón, integrante de la filial de la UOCRA.
Lo cierto es que en cualquier obra pública es muy variable la cantidad de personal que se necesita, y todas las obras se llevan adelante en un tiempo determinado y después hay que esperar hasta que se adjudique otra. Es por esto que lo que se hace en el sector es la creación de un seguro de desempleo que se paga de manera mensual: durante el primer año es un 12% del sueldo que se le deposita en una caja de ahorro, mientras que durante el segundo año baja al 8%. “Esto no es más que ir pagando en cuotas una indemnización por despido para darle agilidad al personal que ingresa y sale de la empresa”, describió acerca sobre cómo funciona el sistema de indemnizaciones en la construcción.
“Fue terrible porque cuesta mucho preparar a la gente, es el capital más importante que tiene una empresa, lleva tiempo formar al personal, y lamentablemente cada vez cuesta más tener personal idóneo”, se lamentó.
Pitón aclaró que los despidos se fueron dando paulatinamente y que trató de mantener las obras en marcha hasta que le fue imposible, aunque eso le trajo consecuencias negativas a los números de su empresa.
“Para nuestra economía fue una decisión mal tomada, pero siempre apostamos a seguir trabajando. Somos una empresa familiar y lo único que hacemos son obras, y estamos acostumbrados a tener trabajos y mantener las estructuras y cumplir. Otras empresas cortaron antes. El escenario en general para las empresas es que están en peligro, hay algunas que tienen espalda, pero hoy en día hay una preocupación a nivel nacional”, remarcó.
Una posible reactivación
Daniel Pitón, a pesar de este presente sombrío que vive, afirma que puede haber una especie de reactivación con dos obras que ya fueron adjudicadas y cuyo financiamiento no depende de Nación sino de organismos internacionales.
“Hay obras financiadas por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que pienso que le van a tener que dar importancia, porque ya tienen los créditos tomados”, afirmó Pitón.
“La obra que estábamos haciendo de la Ruta Nº12, promovida por la Dirección Nacional de Vialidad, es con financiamiento del BM, y el organismo exige que las obras se continúen, por lo tanto tiene que continuar. Sin embargo, vamos a tener que ver la metodología, porque con esta inflación tenemos que sentarnos a negociar. Por supuesto, vamos a hacer el esfuerzo que esté a nuestro alcance para poder continuar, porque tenemos que darle movilidad a la pequeña estructura que nos quedó”.
“Después tenemos otra obra en Gualeguaychú que es la interconexión vial de la zona oeste, más conocida como la Circunvalación. Es una excelente obra y ya tenemos firmado el contrato. Es financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y perfectamente se podría hacer. Creo que esta obra es de suma importancia para la municipalidad, y la cantidad de gente que se puede contratar para esa obra es importante. Serían unas 60 o 70 personas”, aseguró.
“Lo que hicimos con la provincia fue neutralizar (parar) las obras, para que no sigan generando descalce en los plazos de ejecución, como por ejemplo con las obras en la Ruta provincial Nº20. Hay trabajos que van a priorizar mientras que otros seguirán neutralizados. Inclusive, algunos, posiblemente rescindan los contratos”, concluyó.
Sin embargo, desde la UOCRA no ven tan bueno el panorama en el corto o mediano plazo: “Yo calculo que hasta el año que viene no va a haber ninguna obra que se ponga en marcha. No se ve que estén haciendo algo o que estén trabajando en diferentes formatos como para darle impulso de vuelta a la obra pública. Me parece que está muy complicado”, aventuró por su parte José Tofolón.
La inflación, el otro flagelo
“Veníamos con una situación complicada desde el año pasado, tuvimos que soportar impactos inflacionarios bastante importantes para la empresa. La inflación es muy dañina, más para el sector de la obra pública”, comenzó describiendo el empresario Daniel Piton.
“Hay empresas que tienen manera de resguardarse con la actualización de los precios, pero para nosotros es un punto de inflexión que hace que este sector se torne imposible, porque si bien hay una metodología de redeterminación de precios, esto demora por lo menos 90 días. Lo que certificamos en marzo, lo vemos recién los primeros días mayo, y ahí puedo hacer el certificado actualizado y de ahí tengo 60 días más. En otras palabras, tenemos como mínimo 90 días”, sostuvo el dueño de José Eleuterio Pitón S.A., y agregó que “nosotros los contratos los hicimos antes de estos saltos inflacionarios que nos destrozaron, no sé cómo la vamos a remontar, porque fue un año de mucha pérdida”.
Por otra parte, acerca de la concepción del presidente Milei sobre la obra pública, opinó que paralizarla para lograr el equilibrio fiscal “es más de libro que de la realidad. Los países han salido de las crisis con obra pública porque no son un gasto sino que son una inversión porque se potencian las zonas con infraestructura. Hay obras de cloaca o de iluminación que es imposible que se hagan con un inversor. Esas obras las tiene que hacer el Estado”.
“La población apostó a un cambio, lamentablemente la alternativa era esta persona que lo que ha demostrado es que tiene algunas actitudes que nos llaman la atención. Yo pienso que no había otra alternativa. No quiero opinar de política porque no es mi fuerte, pero por eso surgió esta persona. La gente sigue con esperanza, yo no veo una reacción todavía de arrepentimiento. Yo estoy abocado a ver como resuelvo los problemas, hace 4 meses no podemos certificar y estamos aguantando una estructura que es todo pérdida”.
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