De los 22 condenados por integrar dos grupos narco en Gualeguay, “solo los cabecillas podían disponer de mayores réditos y beneficios de las organizaciones constituidas”, sostuvo la jueza del Tribunal Oral Federal de Paraná, Lilia Carnero, en la sentencia que condenó a todos a distintas penas por la distribución y venta de marihuana. El fallo homologó el acuerdo de juicio abreviado y detalló los pormenores de la investigación que llevó adelante la División Toxicología de Gualeguay, área que tenía a un policía comprado por los narcos y les pasaba información.
Si bien comenzó a investigarse una banda, con el tiempo la investigación advirtió que eran dos que trabajaban en forma paralela: una, estaba encabezada por Pedro González, alias “Peruco”, un cuidador de caballos del hipódromo local de 48 años; la otra, por Gabriel Capandeguy, un preso de 41 años, ya condenado por narco.
Pero en rigor, los dos grupos tenían una lideresa: Lorena González, conocida como “Opo”, pareja de González y amante de Capandeguy. Incluso, se advirtió que le robaba droga al primero para venderla con la banda del segundo.
La causa se originó como desprendimiento de otra investigación, donde se advirtió en junio de 2018 que funcionaba una nueva organización integrada por Lorena González, Pedro González y Gerardo Torres, abastecidos por un sujeto apodado “Paisano”, oriundo de la ciudad de Gualeguaychú.
Fue durante la pandemia cuando aceleraron y cambiaron la modalidad de transporte de la droga, que comenzaron a recibir mediante encomiendas que llegaban a la Terminal de Gualeguay.
Las intervenciones telefónicas a lo largo del tiempo permitieron establecer todas las personas que participaban en mayor o menor medida en el negocio, y en los allanamientos del 9 de octubre de 2020 se secuestraron más de 14 kilos de marihuana y un cuarto kilo de cocaína. Los 13 ladrillos de droga fueron encontrados en dos domicilios de personas sumamente vulnerables, a quienes los narcos les usaban sus casas de “aguantadero” por unos pesos.
Dos ramas organizativas
El Tribunal valoró las comunicaciones telefónicas mantenidas entre Lorena González y Capandeguy: “En una de ellas, Lorena le hace saber a Gabriel que podrían obtener ganancias a partir de la venta del material estupefaciente que le estaría sustrayendo a su pareja, Pedro González. En este sentido Lorena, le precisa datos a su amante, vinculados con el negocio del material estupefaciente, y la llegada del presunto proveedor. A su vez, se pone de resalto que Gerardo Torres, se habría comunicado con el ‘Paisano’, quien sería el responsable de abastecer de estupefacientes a la organización”.
De esta manera, se iba reforzando “la teoría de la existencia de 2 grupos dentro de la organización delictiva”.
“En la causa se aprecian dos ramas organizativas del comercio de tóxicos -precisó-, en ambas la lideresa es Lorena González, pues era quien se encargaba de coordinar todas las situaciones que se dan en torno a la comercialización de estupefacientes, regulaba su llegada, los lugares de ocultamiento, elegía a los colaboradores, tenía el manejo del dinero producido. Es que sistematizaba dos bandos, uno con su pareja formal Peruco González y otro con Baby Capandeguy, su primo, a quien visitaba en su lugar de detención”.
Los débiles
“Razono que, si bien en la causa fueron imputados 22 personas, muchas de las acciones llevadas a cabo por ciertos integrantes constituyen narcomenudeo, solo los cabecillas podían disponer de mayores réditos y beneficios de las organizaciones constituidas”, sentenció Carnero, y señaló a Moncho B. y a Justa S. como los dos más vulnerables de los imputados.
El primero tenía gran parte de la droga secuestrada y “ni tan siquiera conocía su peso, fue utilizado como ‘mula’, de las que se valen los estrategas de la organización, para mantener su impunidad, o porque están presos o porque no quieren poner el cuerpo, para eso recurren a personas vulnerables o con necesidades económicas, en este caso, una persona mayor, enferma, analfabeta, casi ciega y pobre”, consideró la jueza.
“En el caso de Justa -agregó-, se probó que tiene una la responsabilidad de acompañar, su hijo, con capacidades diferentes a realizar los diferentes tratamientos. Ello de por sí le agrega una aflicción importante a su vida, y aunque no se considere una pena natural, porque un hijo siempre es una bendición, las preocupaciones y atenciones serán extendidas en el tiempo, a lo largo de su existencia. Es un desasosiego permanente”.
Las condenas
El acuerdo de juicio abreviado fue presentado por el fiscal general José Ignacio Candioti y los defensores Ignacio Fernández, Guillermo Morales, Martin Montegrosso, Rubén Gallardo y el oficial Alejandro Joaquín Castelli.
En la sentencia, los tres principales organizadores de la actividad delictiva recibieron seis años de prisión efectiva.
Como partícipes secundarios fueron condenados G.R.T. (cinco años y cuatro meses de prisión),
R.A.B, J.A.M., Y.S.T., L.A.L., I.I.V., N.C.G., N.A.O, H.M.O., N.J.G., A.A.G., N.L.G., y H.N.I, a las penas de tres años de prisión de ejecución condicional. Por el mismo delito, Justa S. recibió cuatro años de cárcel, al igual que J.D.B., S.Y.G. y N.R.D.
Por último, el narcopolicía Cristhian Iván Schulz fue condenado como partícipe secundario del delito de comercialización de estupefacientes, agravado por su condición de miembro de una fuerza de seguridad, a cuatro años y dos meses de prisión.
El policía comprado por los narcos que pasaba datos
En los últimos años, las principales bandas dedicadas a la venta de drogas en Gualeguay fueron desbaratadas en distintas investigaciones, principalmente las instruidas en el Juzgado Federal de Paraná.
En esta causa en particular, se advirtió por qué habían logrado cierto desarrollo y habían logrado impunidad. Un policía que integraba la misma División Toxicología era el informante al menos de la banda de González y Capandeguy.
En la investigación, mediante fotografías se informó que “se evidenció a través de capturas de pantalla, la comunicación mantenida entre los sospechados B. y el funcionario policial Schulz, donde este último le anotició la pr }
esencia de una camioneta que pertenecía a un oficial principal perteneciente a la División de Toxicología, quien estaba realizando tareas de vigilancia”.
Además, esto se constató en las conversaciones telefónicas entre Lorena González y su pareja Pedro González, donde “se evidencia la existencia de un informante dentro de la División de Toxicología, quien tendría contacto directo con B.”.
Esto cobra mayor gravedad teniendo en cuenta lo sucedido el 22 de julio pasado, cuando el jefe de Toxicología de Gualeguay fue amenazado de muerte. Le dejaron una nota en el parabrisas de su auto que decía “estás muerto” y le tajearon la rueda delantera derecha del vehículo.
El caso nunca pudo ser esclarecido, pero una hipótesis apuntaba a Capandeguy.
El narcopolicía terminó aceptando una condena de cuatro años y dos meses de prisión efectiva.
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