Cómo sería la segmentación: los hogares más acomodados pagarían tarifa plena, que implicaría hoy aumentos del 80%. Para la clase media, seguirían los subsidios, atados a la inflación. Los hogares más pobres, pagarían solo la tarifa social.
El Gobierno nacional, desde hace meses, discute internamente un plan para modificar la asignación de subsidios a la energía. Una de las ideas que circula es dividir los subsidios en tres grupos, que podrían denominarse así, a trazo grueso: “acomodados”; “clase media” y “sectores carenciados”.
El primer segmento representa entre un 10% y 15% de la población y son los sectores de mayor poder adquisitivo. Allí, líneas internas del Gobierno sugieren que están en condiciones de pagar tarifa “completa”. Es decir, que desde 2022, deberían afrontar aumentos superiores al 80% con respecto a ahora, además de la inflación del año que viene.
La segunda categoría es “clase media”. Son segmentos de ingresos medios, que cubren las canastas básicas, pero que tampoco están holgados. Allí, la recomendación sería que vayan pagando incrementos acompañando el ritmo de la inflación, a partir del año que viene. A diferencia de los sectores “acomodados”; seguirían recibiendo subsidios para cubrir la mitad de su factura o incluso más.
Después se encuentra la “tarifa social”. Se le asignaría a todos los hogares sumidos en la pobreza, que son más del 40% del país, aunque no todos tienen conexión a la distribución eléctrica o gas. Allí, la idea del Gobierno es aumento cero. Es decir, seguir subvencionando todo o casi todo.
La implementación de este plan motiva debates en el oficialismo. La quita parcial de subsidios requiere de “sintonía fina”; el mayor temor del oficialismo es que sectores medios reciban aumentos de tarifas que están pensados para hogares de ingresos “altos”.
Desde las empresas y el Gobierno esgrimen que existen bases de datos que permiten trabajar la “georeferenciación”. En principio, esto es quitar subsidios en barrios “acomodados” (Puerto Madero, Recoleta, las zonas más exclusivas del conurbano norte).
Sin embargo, en esa zonificación pueden aparecer escollos. La titularidad de los servicios públicos no siempre están a nombre de quien los usa. Los jubilados y pensionados que residen allí también complican esa tarea.
El padrón de Anses puede ser utilizado para la asignación de estos subsidios. Pero, “un error en la quita de un subsidio y la oposición dirá que es ‘tarifazo’. Vamos a ser prudentes para asegurarnos que sea impecable”, razonan dentro del Gobierno, según reportó Clarín.
Debido al congelamiento de tarifas, ningún gasto crece a mayor velocidad que los subsidios a la energía. En junio y julio, subieron el doble que en 2020. Este año van camino a aproximarse a los $ 900.000 millones.
Mientras que las tarifas de gas aumentaron un 6% en todo el país, las de distribución eléctrica subieron un 9% en Buenos Aires. El Estado ya paga 7 de cada 10 pesos de las boletas de luz. Las distribuidoras de luz y gas reclamaron aumentos del 50% para este año, que no fueron otorgados.
“El presupuesto tenía implícitos aumentos de tarifas del orden del 35% para poder cumplir con las metas fiscales. Eso fue aprobado en el Congreso de la Nación por unanimidad, incluso por la coalición de gobierno”, detallaron los especialistas Julián Rojo y Alejandro Eintoss en un trabajo.
Las recomposiciones asignadas hasta ahora solo fueron para las empresas distribuidoras y sus márgenes. Pero los costos siguen escalando y hay un atraso del 80%, como mínimo, según estos especialistas.
El Gobierno aún tiene la posibilidad de aumentar las tarifas después de las elecciones. En el caso de gas, podría suceder si el ministro Guzmán le encarga esa tarea al interventor Federico Bernal. En el de luz, parece más distante.
De no producirse estos aumentos, el año terminaría con una cuenta de subsidios cercana a los 10.000 millones de dólares, una dinámica ya observada en el año 2011 y que nos pone a las puertas de una segunda ola de subsidios, pero sin recursos para financiarla. (Clarín)
