En el día de ayer, comandos de la Policía Federal, delegación Chajarí, allanaron la Radio FM Record’s, propiedad del controversial comunicador Jorge Valdéz. La orden de allanamiento la dio el Juez Federal de Concepción del Uruguay, Pablo Andrés Seró, motivado por indicios de que Valdez habría incurrido en “maniobras tendientes a infundir temor y consternación en la sociedad con motivo de la situación de pandemia por COVID-19”. El magistrado ordenó el secuestro de teléfonos celulares, discos rígidos, computadoras, Tablet, pendrive, Etc. y de cualquier otro elemento que pueda ser útil a la investigación; además de requisar vehículos y personas que se encuentren en las inmediaciones y resulten sospechosas. Desde principios de este mes y durante días, Valdez estuvo denunciando en su programa radial que, en Concordia, el intendente Alfredo Francolini (a quién se dirigía en sus misivas como “El Tortero”) junto a otras autoridades y profesionales de la salud habrían escondido, por lo menos, un caso de muerte por coronavirus en la ciudad.

Según el mismo Valdéz, él tenía pruebas en su poder que acreditaban sus dichos. Esa prueba era un acta de fallecimiento que dice Protocolo Covid-19. Cuestión que fue categóricamente desmentida  por el director del Sanatorio Concordia, Juan Carlos Montangie, quién explicó oportunamente que al paciente, ya sin vida, se le había hecho el hisopado de rutina bajo las normas protocolares que establece la situación de pandemia según estén dadas las condiciones y motivos de la muerte; en este caso se trató de un paro cardiorrespiratorio motivado por una neumonía grave. El hisopado fue negativo, pero quedó asentada su realización en el acta de defunción del occiso (al que tuvo acceso confidencial  para poder chequear el particular).

Por confusión, falta de chequeo de la información o vaya a saber por qué motivos o cuestiones de su conciencia, el propietario de la FM allanada insistió durante varios días con la veracidad sobre su versión del hecho, castigando duramente, sin escatimar en descalificativos y sin filtros al intendente y otros funcionarios y profesionales de la salud.

Si bien el “periodismo” y las opiniones de Valdéz no son del gusto de la casa, este medio adhiere a la máxima del pensador francés, Voltaire, que expresa: «Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo» (frase que se le atribuye erróneamente al ilustrado porque en realidad es de su biógrafa británica Evelyn Beatrice Hall).

Por lo que nos preguntamos sobre esta especie de represalia contra Valdez, a cargo de un juez con jurisdicción federal que podría hacer lo mismo con figuras de la talla de Luis Majul, Baby Etchecopar, Eduardo Feinmann, Alfredo Leuco o, incluso, con difamadores y mitómanos seriales como el creador de la página local ASEC en Facebook, Guillermo Schmidt; por nombrar sólo algunos, entre tantos, que siguen la misma línea de “periodismo” explosivo, agresivo y hasta dañino, y que también podrían contemplarse como atentados contra la paz social ya que, muchas veces, están basados en hechos voluntariamente tergiversados o de dudosa o nula veracidad.

Los motivos de la orden de allanamiento inquietan y preocupan, dado que mañana cualquier comunicador que no caiga en gracia en las esferas del poder, podría ser considerado como ejecutor de “maniobras tendientes a infundir temor y consternación en la sociedad”, lo que puede abarcar un espectro de interpretaciones muy indefinidas, antojadizas y arbitrarias.

En estos casos la misma libertad de expresión tiene mecanismos para contrarrestar la mala información y por eso resulta tan importante insistir con la pluralidad de voces. Si Valdez es considerado un peligro desde su humilde FM barrial, imaginen el peligro para lo sociedad entera que puede resultar entonces la existencia de corporaciones económicas dueñas de multimedios, con multiplicidad de intereses económicos y políticos nunca del todo confesados, que pagan fortunas a sus comunicadores estrellas para que les hagan el trabajo de “barrabravas” de la información y la opinión.

Fuente: Resumen Provincial

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