Autoridades uruguayas de la CARU creen que los altos niveles de contaminación que afectan al río Uruguay en zonas turísticas responden a que no hay plantas de tratamiento de efluentes cloacales. Más de tres años atrás una nota de El Miércoles Digital recordó que del lado argentino ya en el 2002 el Congreso de la Nación aprobó estudiar proyectos para construir plantas de tratamiento de efluentes industriales y cloacales, pero hasta el momento nada de eso se cumplió. Tampoco se avanzó en incluir al Brasil en la CARU- por cuyo territorio se desplaza el setenta por ciento del río- para tratar de consensuar políticas ambientales en común.
El presidente de la CARU, Rogelio Texeira, adjudicó parte de esta situación a la falta de plantas de tratamiento de las localidades, publicó el sitio uruguayo Subrayado.
La CARU actualizó su digesto que incorpora algunos parámetros que no estaban en el anterior como análisis de la realidad del Río con base científica y normativa para los vertidos; con esto podrán gestionar los vertidos al Río y la calidad de los mismos.
Otra de las normativas propuestas por la CARU es controlar los compuestos de nitrógenos y fósforos, que son los que hacen aparecer las cianobacterias y esto preocupa a las autoridades.
La CARU además se encuentra analizando los productos que llegan al Río desde la forestación y el sector agrícola.
Las fuentes de contaminación del río son señaladas desde hace décadas por técnicos, pero no reciben ningún abordaje por parte de los Estados involucrados. No están previstas en las políticas públicas provinciales, nacionales ni en un plan regional: la mayoría de las ciudades de ambas márgenes siguen arrojando sus efluentes cloacales e industriales al río sin tratamiento alguno. Lo mismo sucede con los agroquímicos que las lluvias “lavan” desde los campos cercanos y terminan en las aguas del “cielo azul que viaja”, todo favorecido por los desmontes costeros.
UNA ADVERTENCIA DESDE AÑOS
En mayo de 2016, en una nota realizada por El Miércoles Digital, se advertía que las fuentes de contaminación del río son señaladas desde hace décadas por técnicos, pero no reciben ningún abordaje por parte de los Estados involucrados (Ver nota: El Uruguay no es un río….) No están previstas en las políticas públicas provinciales, nacionales ni en un plan regional: la mayoría de las ciudades de ambas márgenes siguen arrojando sus efluentes cloacales e industriales al río sin tratamiento alguno. Lo mismo sucede con los agroquímicos que las lluvias “lavan” desde los campos cercanos y terminan en las aguas del “cielo azul que viaja”, todo favorecido por los desmontes costeros.
Aún entonces como funcionario el ex secretario de Ambiente de Entre Ríos, Fernando Raffo, advirtió la gravedad de la situación: “El río tiene fiebre y hay que empezar a tratarlo. El principal problema actual son las floraciones algales”. Que por lo general solo preocupan a los gobiernos cuando llega la temporada estival: los aterroriza la posibilidad de la placa roja en canales porteños con un título catastrófico: “ENTRE RÍOS: CONTAMINACIÓN EN LAS PLAYAS”.
Pero el riesgo no es solo para la actividad turística. “Ha habido episodios de mortandad de peces. Cuando disminuye la calidad del agua no solo afecta la cuestión de la salud humana…” Pero la preocupación principal es que “las plantas de agua potable no prevén este contaminante, que antes no estaba. Las algas se producen por las cuestiones que ya conocemos: sus nutrientes, el fósforo por ejemplo, salen de los fertilizantes de la actividad agrícola, de los efluentes cloacales de las ciudades y de los parques industriales. El fósforo disponible en el agua, que es cada vez mayor por el cambio del uso del suelo en la cuenca, proviene en un 70% de la alta cuenca, del Brasil. La Argentina aporta el 20% y Uruguay el 10%. Por más gestión ambiental que hagamos en esta parte, si no se toman medidas compartidas, no alcanza para nada”, se sincera.
En 2002 el Congreso de la Nación aprobó estudiar proyectos para construir plantas de tratamiento de efluentes industriales y cloacales “en todas las ciudades ribereñas del río Uruguay” y para proponerle lo mismo al Uruguay y al Brasil. En 2006 se pidió por primera vez incorporar a Brasil a la CARU. En 2008, otro legislador volvió a pedirlo y, por primera vez, incluyó a la sociedad civil. En 2009 se reclamó presupuestar las plantas de tratamiento en el plan nacional de obras, cuestionando que algo prioritario y aprobado desde 2002 se postergara “mientras se declama la defensa de nuestro curso de agua”.
Crédito: El Miércoles Digital
