El gobierno provincial pedirá la opinión de la Corte Suprema ante la polémica por las pulverizaciones en cercanías de las escuelas rurales, indicó a Elonce TV el fiscal de Estado. Trabajan en sistema de control de aplicaciones.

El miércoles, la Fiscalía de Estado de la provincia presentó un recurso extraordinario ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) para conseguir que se habilite el camino del recurso federal. El máximo tribunal de justicia entrerriano, deberá conceder ese planteo. De no hacerlo, la Fiscalía podrá llegar a la Corte Suprema de Justicia en queja.

En diálogo con Elonce TV, el fiscal de Estado de la provincia, Julio Rodríguez Signes, confirmó la presentación: «Esta es una decisión normal de la Fiscalía, de interponer recurso extraordinario, cuando entendemos que hay un caso federal como este». Y enseguida destacó: «No es el único curso de acción que estamos haciendo. Estamos trabajando en la elaboración de un nuevo reglamento que supere las críticas a las que fue sometido el decreto 4407, que se declaró inconstitucional».

 

Trabajan en nueva reglamentación sobre control de aplicaciones

«Creo que hay que tener en cuenta que en lo que a la provincia se refiere, a los productos de aplicación los habilita el Senasa, y este es un órgano de la Nación argentina, es decir que somos incompetentes en cuanto a habilitar o no determinado producto», afirmó, acotando que «lo que sí nos compete es garantizar que en la provincia de Entre Ríos, las aplicaciones de los productos habilitados por el Senasa, no causen daño a la salud y al ambiente. Esto está establecido en la Constitución nacional, en la Constitución provincial y en la Ley 6599, que es la Ley de Plaguicidas», destacó el fiscal de Estado.

En cuanto a la elaboración de una nueva reglamentación, Rodríguez Signes afirmó: «Estamos trabajando en un sistema que concretamente, en las 1033 escuelas rurales que hay en la provincia, se pueda monitorear la aplicación del producto habilitado, de modo tal que la aplicación no sea perjudicial para la salud humana».

 

«Hay que evitar el contacto del producto con la persona»

A juicio del fiscal de Estado «no depende tanto de la distancia, aunque por supuesto que es un elemento a tener en cuenta, pero no el único ni el más importante. Lo que hay que evitar es el contacto directo del producto con la persona».

«Acá estamos centrados en las aplicaciones de los productos en las escuelas rurales. No se está discutiendo en este amparo si el glifosato sí, o glifosato no. Lo que se está discutiendo no es la aplicación del producto, sino el modo en que se aplica. Una de las variables es las distancias, pero no es la única, ni siquiera la mas importante, porque hay casos en que se puede producir daños incluso dentro de las distancias que el fallo del juez Benedetti estableció», puso relevancia Rodríguez Signes.

 

Buscan crear «un sistema de unidades de control en cada escuela»

«Las aplicaciones se hacen conforme a las recetas del ingeniero agrónomo, porque hay un sistema reglamentado, no es que el productor puede aplicar cualquier producto, en cualquier lugar, en cualquier momento, para cualquier cultivo. Hay un sistema de receta, que lo realiza el profesional que está capacitado con competencia para recetar la aplicación, es un ingeniero agrónomo, todo está regulado. Lo que hay que mejorar es, en el caso de las escuelas rurales, las condiciones en que se produce la aplicación. Los distinto órganos, Salud Pública, Ambiente, Producción, están trabajando muy a fondo en elaborar la mejor propuesta posible», indicó el funcionario provincial.

Para el fiscal de Estado, «hay que hacer un sistema de unidades de control en cada escuela, donde participe la secretaria de Ambiente, la secretaria de Salud, el director de la escuela, el municipio, la policía. Hay muchas cosas que controlar, como por ejemplo, si la maquina pulverizadora está registrada, si está en condiciones y un montón de variables que hay que controlar y hay que hacerlo en cada caso particular».  (El Once)

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