Cristina Demarco, quien está al frente de la histórica institución desde 2016, fue denunciada ante las autoridades educativas y el INADI por trabajadoras administrativas y de maestranza que aseguran ser objeto de actitudes abusivas y discriminatorias “prácticamente desde el inicio de su gestión”.
El 31 de enero pasado, un grupo de nueve trabajadoras de la Escuela Normal Mariano Moreno de Concepción del Uruguay presentó una nota ante la Dirección Departamental de Educación Uruguay, en la que denuncian “destrato, discriminación y abuso de autoridad por parte de la Rectora del Establecimiento Prof. Cristina Demarco”. La nota, dirigida a la titular departamental, profesora Ana María Díaz, le reclama “intervención y toma de medidas inmediatas” para terminar con “estas conductas y actitudes”.
Además, las denunciantes presentaron copia de sus acusaciones ante la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad uruguayense, con el expreso pedido de evaluar la posibilidad de denuncia ante el INADI, el instituto público nacional que tiene como misión combatir la discriminación de todo tipo. El material se envió esta semana y el instituto “dada la complejidad del tema” actuará directamente ante el Consejo General de Educación (CGE) de la provincia, informaron desde la Dirección municipal.
Por su parte, la directora departamental Ana María Díaz confirmó a El Miércoles Digital que recibió la denuncia, e informó que se suma a otra nota de reclamo recibida meses atrás. La funcionaria educativa explicó que la gravedad de las acusaciones hace que exceda su autoridad disciplinaria y por esa razón decidió elevar todas las acciones al área de Asuntos Legales del CGE, organismo del que depende la Escuela Normal (y por ende su rectora y las denunciantes).
“TROLAS”, “BORRACHAS” Y “TORTAS”
El Miércoles Digital tuvo acceso a parte del material de la nota presentada. Las firmantes (ocho mujeres y un varón que son parte del personal administrativo y de maestranza de la institución) acusan a la rectora Demarco de sistemáticas “conductas inapropiadas”, “arbitrarias”, “injuriosas y descalificadoras”, que “generan malestar, perjudican el clima laboral y el normal desenvolvimiento de las tareas habituales”, y que “en casi todos los casos, las realiza contra mujeres”.
La nota se presentó en enero pero en ella se afirma que “en varias oportunidades agentes del establecimiento elevaron quejas similares, desconociéndose si se tomaron medidas al respecto”. En efecto, la profesora Díaz confirmó a este medio que existe al menos una nota previa de ese tipo, y otras acciones similares fueron recibidas por el ex supervisor Juan Carlos Fabre. A su vez, este cronista pudo acceder a otras constancias escritas, que se detallan más abajo, y que seguramente también serán añadidas a las acciones: otras notas y actas labradas en reuniones formales.
En su reclamo las firmantes enumeran “a modo de ejemplo, y sin perjuicio de ampliar ante requerimiento” algunas de las actitudes que cuestionan: aseguran que la rectora Demarco “permanentemente y frente a cualquier persona” se dirige a directivos, docentes y a las firmantes “descalificándolas, tratándolas de taradas, borrachas, trolas, ladrones, puta y torta, entre otras expresiones”.
La rectora aseguró no estar al tanto y se limitó a afirmar: “No tengo ni idea. Departamental a mí no me llamó. Me sorprende. No sé de qué se trata”.
CONTRA MUJERES
También aseguran que realiza “aprietes” telefónicos al personal, “incitándolos a mentir ante alguna circunstancia, para verse favorecida o para que le informen respecto a lo tratado en alguna asamblea”; y que “ante publicaciones privadas en redes sociales, labra acta a los agentes, coartando la libertad de expresión”. Refieren además que es habitual su negativa a firmar trámites “cuando está enojada con alguien o por algo, y ante el requerimiento de su firma echa al personal de su oficina con improperios como ‘no me jodan’; por lo que esos trámites quedan días sin firmar bajo llave en Rectoría”.
Además denuncian que “arbitrariamente y colocándose sobre la normativa vigente, en lo que sería un claro abuso de poder”, toma decisiones que violan los derechos laborales, como por ejemplo organizar unilateralmente la licencia anual del personal, o pretender que se reintegren a las actividades interrumpiendo las vacaciones, así como también “que no se realicen guardias durante la licencia anual del personal, ocasionando un perjuicio en la carga de los trámites que se fueron presentando”.
“En casi todos los casos”, aseguran las denunciantes, “las situaciones referidas de abuso, destrato y discriminación las realiza contra mujeres”.
Agregan que “todas estas conductas injuriosas y descalificadoras han generado malestar dentro de la institución, perjudicando el clima laboral y el normal desenvolvimiento de las tareas habituales”.
La nota lleva las firmas de Viviana Rebacco, Carina Peiran, Ana María Sosa, María Claudia Pepe, Claudia Ludovico, Mónica Frontelli, Eugenia Ríos, Susana Squivo y Hernán Uran.
OTROS ANTECEDENTES
Oriunda de Feliciano, la profesora Cristina Isabel Demarco llegó a Concepción del Uruguay a comienzos de 2016 para hacerse cargo de la rectoría de la Escuela Normal Mariano Moreno, una de las instituciones educativas más importantes de la provincia y la segunda en su tipo en el país. Demarco ganó el concurso público de oposición y antecedentes que le permitió ocupar el lugar de mayor jerarquía en la histórica Escuela, sucediendo en ese importante lugar al profesor Lucio Carrancio.
Aunque recién ahora se conocen estos hechos, desde el inicio de su gestión se le atribuyeron acciones controvertidas. Desde el intento de instalar su vivienda en la propia Escuela (a la usanza de los antiguos rectores, que residían en el edificio), pasando por una acusación pública de malversar fondos a sus predecesores en la primera reunión con el nivel superior ante el asombro de los presentes, hasta sus enfrentamientos con personal de distintos niveles de la Escuela (incluso jerárquico), con estudiantes y con integrantes de la Cooperadora escolar.
Aseguran que la rectora Demarco “permanentemente y frente a cualquier persona” se dirige a directivos, docentes y a las firmantes “descalificándolas, tratándolas de taradas, borrachas, trolas, ladrones, puta y torta, entre otras expresiones”.
Por ejemplo, a comienzos de 2008, el 5 de marzo, una integrante de la Cooperadora presentó su renuncia acusando a la rectora de “difamar maliciosamente a quienes trabajamos para subsanar dificultades que no generamos”. Silvia Martínez, la renunciante, adjuntó en su nota a la Dirección Departamental, “pruebas de esa difamación”, enviadas a su celular. Allí la profesora Demarco, además de “improperios e insultos”, la acusaba de “malversar fondos” junto con el presidente de la Cooperadora. En la misma nota describe “un ambiente de hostilidad de las autoridades hacia nosotros”.
En mayo de ese mismo año, se reúne el cuerpo directivo de la Escuela Normal junto con miembros de la Cooperadora con la titular de la Dirección Departamental. En el acta –firmada por todas las personas presentes– queda constancia de la acusación de integrantes de la Cooperadora contra Demarco por “malos tratos y difamación”, a lo que la rectora “solo refiere que lo único que exige son las rendiciones”, pero luego se explicita que “fueron realizadas en tiempo y forma constatando sellos de mesas de entradas”. El acta también destaca que “los presentes miembros de la Cooperadora nunca han realizado malversaciones de fondos ni gastos impropios de su función”, y la propia rectora firma el acta sin manifestar disidencia alguna, con lo cual curiosamente reconoce que sus acusaciones fueron infundadas.
Otra nota a la que accedió este medio muestra que en julio del año pasado, una empleada administrativa de la Escuela solicitó una entrevista a la titular de la Departamental, motivada en “la dificultad para realizar mi trabajo”. La firmante explica que está “a cargo de Tesorería, para lo que es necesario consultar a menudo cualquier inquietud con la Sra. Rectora, siendo esto imposible dado que no me dirige la palabra desde el día 17 de mayo”, precisamente cuando se produjo la reunión en la que “dejé en claro y consta en acta el maltrato y difamación sufrido por mí como por otros miembros de la Comisión saliente”.
AL CGE Y AL INADI
Con algunos de esos antecedentes, las denunciantes hicieron llegar a la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad local una copia de la presentación, con la intención de que evaluara los pasos a seguir e incluso la posibilidad de recurrir al INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo). Desde la dependencia municipal, a cargo de Darío Baron, confirmaron a El Miércoles Digital que recibieron el material y después de considerarlo se elevó al INADI, donde ya está iniciada la denuncia. “El Instituto, dada la complejidad y el número de denunciantes, comienza las gestiones directamente en el Consejo General de Educación”, explicaron a este medio.
Por su parte, en el ámbito provincial ya comenzó el trámite administrativo, confirmó la profesora Ana María Díaz: “En efecto, a fines del año pasado se presentó una empleada de la Escuela acusando a la rectora de maltrato verbal. Labramos un acta por eso. Y ahora a fines de enero se presentaron administrativas y una ordenanza con una nota. Ésas son las dos instancias puntuales que tenemos, pero como tengo conocimiento de que habría notas de tenor similar que fueron presentadas al ex supervisor Juan Carlos Fabre, las hemos solicitado y enviaremos todo al área de Legales del CGE, porque la gravedad de las acusaciones excede las potestades disciplinarias a nuestro alcance”, explicó a este medio la titular de la Dirección Departamental de Educación.
Es posible que al conocerse públicamente esta denuncia, surjan nuevos datos y reclamos. Por ejemplo, este medio pudo confirmar que en el profesorado de la Escuela Normal –donde fuera de su función directiva, Demarco tiene cátedras a cargo– alumnas suyas hicieron constar en distintas actas situaciones que consideran irregulares, entre otras el maltrato que aseguran recibir por parte de la docente.
SIN DECLARACIONES
Por otro lado, también en el gremio docente Agmer se recibieron durante 2018 varios reclamos en relación con la nombrada directiva. Según confirmaron a este medio desde la entidad gremial, hubo varios casos en que docentes de la Escuela Normal pidieron asesoramiento a la entidad que defiende sus derechos por situaciones que involucran a su rectora. Se labraron actas y se asesoró a docentes que fueron sancionados o que aseguraron ser víctimas de maltratos.
Este medio se contactó con la profesora Demarco, para recabar su opinión acerca de las denuncias en su contra. La rectora aseguró no estar al tanto y se limitó a afirmar: “No tengo ni idea. Departamental a mí no me llamó. Me sorprende. No sé de qué se trata”.
La lista de anécdotas sobre actitudes controversiales desde el inicio de su gestión es muy extensa, pero es sabido que, en los ámbitos institucionales, aquello que no está escrito y firmado no existe. De allí la importancia de la denuncia presentada por este grupo de trabajadoras, quienes aseguran que decidieron no callar más ante lo que consideran acciones violatorias de sus derechos.
Lo cierto es que recién ahora se conocen acusaciones escritas, pero de una gravedad inocultable, máxime al tratarse de la principal autoridad de una institución educativa de la democracia, de quien se espera todo lo contrario a lo que se denuncia, es decir, conductas basadas en el respeto a los derechos de las personas, en el diálogo y la tolerancia.
AMÉRICO SCHVARTZMAN / El Miércoles Digital
