Mientras la Justicia investiga un supuesto caso ocurrido en General Ramírez, la familia de la víctima debió modificar su rutina diaria para poder cuidar de la menor, ya que el acusado presenta vínculo sanguíneo y es vecino de la misma.
Ante un episodio traumático para una adolescente de 13 años, sus padres decidieron formalizar la denuncia del hecho, que dio origen al Legajo Penal por el supuesto delito de Abuso Sexual, que tramita ante el Juzgado de Garantías y Transición de Diamante. La Investigación Penal Preparatoria recae sobre un familiar directo, de la rama paterna de la menor, un hombre de unos 50 años.
«La nena me lo contó por temor a que a su hermanita de 5 años le pase algo parecido», relató quien instó la acción judicial.
Conforme la resolución a la resolución judicial a la que accedió FM Estación Plus, con fecha del 16 de enero, la magistratura resolvió prohibirle al acusado el acercamiento y contacto con la menor y su grupo familiar -sin determinar la distancia mínima perimetral-, por el término de 90 días. La restricción -firmada por la Dra. Ana Quinteros Fagetti, Jueza de Feria-, incluye que el denunciado no le propine actos molestos o perturbadores a la familia de la niña.
Sin embargo, según publica FM Estación Plus, podría entenderse que el principio legal de «adecuación de las formas» que debería operar para un eficaz cumplimiento de las medidas sentenciadas, habría quedado descuidado. El denunciado presenta domicilio en forma lindante a la vivienda de la víctima, en numeral catastral siguiente e inmediato, lo que comúnmente se dice «medianera de por medio», lo que torna prácticamente imposible el acabado respeto de las prohibiciones y acrecienta las sensaciones de vulnerabilidad del grupo familiar afectado.
Las medidas cautelares no implican un prejuicio respecto del acusado, pero sí tienen la misión de velar por la seguridad e integridad psicofísica de la víctima, por lo que deben ser garantizadas a lo largo de las distintas etapas del proceso penal. Y es este aspecto al que apunta el entorno más próximo de la pequeña. «Con mi pareja tuvimos que cambiar horarios y hábitos, incluso he tenido que dejar de trabajar para poder cuidarla en forma permanente. No nos animamos a que vaya al kiosco que está a unos metros, porque tiene que pasar por su vereda o él anda a las vueltas. Hemos tenido que restringirle actividades y no podemos ni dejarla jugar en el frente, porque tememos alguna represalia o que alguna situación desagradable. No es justo que tenga que vivir prácticamente encerrada», dijo la mujer y agregó: «Al vivir pegado, hasta que llamamos a la policía, por más rápido que vengan, ya es tarde. Probablemente no alcancemos a marcar el número».
«Permanentemente me comunico con Fiscalía y ahora consultamos una abogada», contó esperanzada quien cuida de la niña, que espera una medida cautelar más rigurosa, como la obligación de constituir nuevo domicilio del denunciado o la privación de libertad domiciliaria; la sujeción a la vigilancia permanente de una persona; o llegado el caso, la prisión preventiva. «Es horrible vivir así y muy injusto tener que escondernos por haber denunciado», resumió. (El Once)
