El lunes pasado, en un fallo dividido, el Jurado de Enjuiciamiento decidió absolver al juez de ejecución penal Carlos Alfredo Rossi, que estaba acusado de presunto mal desempeño en sus funciones por haber autorizado la salida de la cárcel de Sebastián Wagner, el convicto condenado por violación que, estando libre, reincidió en abril de 2017, cuando violó y mató a la estudiante Micaela García, de 21 años, en Gualeguay.
Rossi regresó su despacho el martes tras 14 meses de licencia, y hubo muy pocos cambios en la estructura judicial desde que se fue.
Con una población carcelaria de 2400 presos en la provincia, solo hay dos juzgados de Ejecución de Pena. El de Rossi, tiene que administrar 900 expedientes de internos que están cumpliendo condena en las unidades penales de la Costa del Uruguay. Todo esto con la misma estructura y el mismo personal.
Estos datos surgen de la Asociación por Verdad y Justicia (Aciverjus) que el lunes de esta semana se reunió con el juez interino de Ejecución de Pena, Pablo Ledesma, quien dejó su cargo para darle lugar al titular del fuero Carlos Rossi.
En esa reunión los integrantes de la ONG, plantearon al magistrado saliente, un cuestionario de once preguntas para hacer un diagnóstico de la realidad penitenciaria de Entre Ríos.
Entra las consultas se trató la cantidad de internos que posee el juzgado de Ejecución de Pena a cargo de Rossi, que comprende toda la Costa del Uruguay. De una población carcelaria provincial de 2400 internos, Rossi debe administrar 900 expedientes de internos que cumplen condenas por distintos delitos.
Entre las preguntas, se le consultó a Ledesma sobre el porcentaje de internos que cumple la condena por delitos sexuales y violencia de género.
“Nos respondió que es un porcentaje cercano al 40 por ciento de la población carcelaria total en la provincia, que se dieron desde que está en vigencia el nuevo Código Procesal Penal”, especificó a EL ARGENTINO el presidente de Aciverjus Miguel Gandolfo.
«Le consultamos si luego del caso Micaela García hubo algunos cambios en cuanto a las decisiones de las libertades condicionales o transitorias. Nos dijo que a raíz del caso de Micaela ahora se notifica a las partes antes que el juez tome la decisión de otorgarle el beneficio de salida transitoria a un interno. Las partes son el fiscal interviniente en la investigación penal y el abogado defensor del interno. El juez debe tener en cuenta la opinión de las partes para tomar la decisión de darle o no el beneficio”, reiteró Gandolfo.
En tanto adelantó que “vamos a pedir una audiencia con Rossi para hacer una recorrida por la UP 2 junto a estudiantes de abogacía y periodistas para que la sociedad conozca la realidad y las falencias de infraestructura que tiene la Unidad Penal local”. (El Argentino)
