Estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Uader sienten el abandono de las autoridades tras las denuncias a un profesor.
A poco de cumplirse cuatro años de la denuncia de una estudiante y docente de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) contra el profesor Conrado Astudilla, por abuso y acoso, la falta de respuestas asusta. Se sumaron otras tres víctimas a la acusación (pronto podrían ser cuatro), pero el accionar de autoridades y funcionarios de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales ha decepcionado a las estudiantes y a quienes las acompañan. La parálisis del trámite de las denuncias (pese a evidencias aportadas por las mujeres) para avanzar hacia un juicio académico y la exoneración del docente se parece mucho a un encubrimiento. Además, hay causas judiciales por hostigamientos y amenazas, con la imposición de leves medidas cautelares contra el acusado.
En todos los casos, al profesor de la Licenciatura en Psicología le endilgan una conducta idéntica: primero el abuso de su posición de poder al frente de una cátedra, para comenzar una relación con alumnas muchos años menores que él; relación que las víctimas describen, al menos, como tormentosa, en algunos casos con violencia psicológica y física. Segundo, el acoso, cuando las mujeres deciden terminar la relación. Consistía, principalmente, en el acecho permanente en la calle, paradas de colectivo o sus viviendas, por teléfono y redes sociales.
En los Tribunales de Paraná, muchos casos similares han derivado en imputaciones penales por delitos enmarcados en la violencia de género, como coacción o acoso sexual. Algunos, ya con condenas.
Entre octubre de 2014 y el 7 de marzo de este año, la Facultad (primero dirigida por la exdecana Rosario Badano y luego por la actual María Gracia Benedetti) no hizo lo suficiente para esclarecer la grave denuncia que una alumna ingresó por mesa de entradas. La víctima presentó vasta evidencia, tanto documental como testimonial, de lo que describió como una relación «violenta, abusiva y manipuladora» con Astudilla. La confianza para mostrar estas pruebas con la esperanza de que se haga justicia, fue destrozada en poco tiempo. El abogado Gastón Ávila, asesor legal de la institución, prometió que se encargaría de llevar adelante el trámite contra el docente, pero el tiempo demostró que hizo lo contrario.
El mejor ejemplo de lo que se llama revictimización: dudar de la mujer o pedir pruebas físicas de la violencia. Las autoridades, al tanto de la denuncia, no instruyeron al abogado a que avance con las medidas correspondientes. El expediente, a un cajón.
El 7 de marzo, en la previa al Día Internacional de la Mujer, sesionó el Consejo Directivo de la Facultad. Ingresó una nueva denuncia de otra estudiante contra Astudilla, y el órgano de gobierno dispuso, centralmente, tres medidas: apartar al docente del cargo por 90 días (con goce de sueldo), prohibirle el acercamiento a 200 metros de las dependencias donde funciona la Facultad y crear una comisión para abrir una información sumaria para saber si se podría llevar a Astudilla a un juicio académico.
La comisión está integrada por un representante del Consejo Directivo de cada claustro (docente, no docente, graduado y estudiante), dos representantes del Consejo de la carrera de Psicología, con la abogada Lucía Zapata como instructora sumariante letrada.
¿Qué hizo esta comisión desde entonces? Para saberlo, las víctimas se toparon con una pared: que no se puede, que vengan otro día, que presenten una nota, que la nota está mal hecha, que el estatuto no lo permite. A la violencia de género, burocracia.
Cuando pasaron unos 70 de los 90 días que dispusieron para la investigación, las denunciantes recibieron una notificación donde les indicaban que tenían 10 días para ofrecer pruebas.
El jueves 17 de mayo hubo otra reunión del Consejo Directivo de la FHAyCS. De todos los temas a tratar, el último en el orden del día era el caso de Astudilla. Ingresó un informe de la psicóloga del Programa Igualdad de Géneros, Sexualidades y Derechos de la Facultad, en el que, según se indicó, habría quedado plasmado el maltrato institucional hacia una de las víctimas. Una consejera estudiantil tomó la palabra y desarrolló la situación que padecieron las denunciantes, pero la interrumpieron intempestivamente porque dos consejeros debían retirarse y la sesión quedó sin quórum. «Vamos a ver cómo seguimos trabajando este tema», dijeron, y cada uno a su casa. Tal es la relevancia que las autoridades de la institución educativa le da al problema, según el relato de los representantes de los estudiantes.
«Hace un montón de tiempo venimos pidiendo respuestas y no las tenemos. La Facultad nos acusa de que lo único que hacemos es romper y hacer quilombo, pero la única forma en que tuvimos respuesta es visibilizando por fuera de la institución qué es lo que pasa, yendo a los medios», afirmaron.
Cuando en marzo se conocieron públicamente las denuncias, la Facultad envió un comunicado de prensa en el que sostuvieron el «compromiso institucional con el tratamiento de estas problemáticas».
Si bien el caso llegó a los medios, donde se trató con demasiada prudencia, poco antes explotó en Facebook con la publicación de un relato contundente de una de las víctimas sobre el infierno que padeció con el docente y con la institución. Cientos de comentarios sobre la conducta de Astudilla en el ámbito universitario no solo avalaron el testimonio sino además nombraron a otros docentes con comportamientos similares.
En la Justicia
Una de las víctimas es de Santa Fe. Por el hostigamiento que sufrió, fue a la Justicia, donde la experiencia no fue mejor que la referida en la Facultad. El año pasado, la jueza de Familia de Quinta Nominación de Santa Fe, María Herz, con especialidad en violencia de género, dictó medidas de distancia. En marzo de este año, dispuso que Astudilla no podía acercarse a 10 metros de la mujer. El oficio fue enviado a la comisaría de Paraná con jurisdicción en el domicilio del acusado. El abogado de la víctima pidió que se curse el oficio también a la Uader, por ser el lugar de trabajo del acusado y el ámbito de contacto con la denunciante, pero la jueza les dijo que no, por no ser competente.
En una oportunidad, con la medida de distancia vigente, Astudilla cruzó a la víctima en una plaza. La mujer le dijo que no se acercara, y como no le hizo caso llamó a la Policía. El docente fue demorado, pero no fue acusado de desobediencia judicial porque la Fiscalía entendió que no había sido debidamente notificado de la medida de restricción.
La violencia de género se destapa en la universidad
Hace unos 12 o 13 años, un docente que daba clases en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER y también en la Uader fue denunciado públicamente por su conducta misógina y violenta con las estudiantes. Era un contexto diferente al actual, y hasta hubo quienes defendían su accionar. El año pasado, un docente de la mencionada facultad fue escrachado y denunciado por estudiantes, se abrió un expediente y terminó renunciando. Esta semana el escándalo estalló en la Universidad Nacional de Rosario, con denuncias y escraches a docentes por acosar alumnas. Casi siempre es la misma historia: los comportamientos de los profesores son conocidos por muchos hace tiempo, y todos comparten el modus operandi: el abuso de la posición de poder disfrazada de seducción, y el cartel de histérica para quien los rechace o denuncie. (UNO)
