Dos testigos de Jehová están sometidos a una investigación judicial que busca determinar si hubo abuso. Desde la Asociación dijeron que «nunca han sido miembros».
La Asociación de los Testigos de Jehová respondió a la Justicia entrerriana que las personas denunciadas por abusos por dos jóvenes de Santa Elena nunca fueron miembros de la congregación. La respuesta fue que Vito Luciano Panza (28 años) y Matías Vargas (35 años), actualmente imputados por los supuestos delitos de abuso sexual simple agravado, y por abuso sexual gravemente ultrajante agravado, respectivamente, “nunca han sido miembros de la Asociación de los Testigos de Jehová”.
La organización religiosa aseguró esto en una nota remitida a la fiscalía de La Paz. Esto a raíz de un oficio que libró el propio fiscal que entiende en la causa, Facundo Barbosa, que dirigió el reclamo de información a la propia sede central del grupo religioso.
La nota remitida a la Fiscalía de La Paz, con fecha 6 de septiembre, fue firmada por Christian Hernán Stinson, apoderado legal de la Asociación a nivel nacional. La respuesta sorprendió a Valeria Burkhard, abogada de una de las denunciantes, ya que en la ciudad del norte entrerriano se conoce que ambas personas participaban de la vida de la congregación.
A fines de julio, el fiscal que entiende en la causa, Facundo Barbosa, libró un oficio con una serie de preguntas a la sede central de los Testigos, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ubicada calle Roseti 1084. Esa medida de prueba fue solicitada por Burkhard. El requerimiento buscaba conocer si las autoridades los expulsaron por las denuncias en su contra o si recibieron otros testimonios de jóvenes presuntamente abusadas.
Burkhard comentó que en el oficio se les consultó por los motivos de la expulsión de Vargas y Panza; si en el período que va de 2004 al 2011, fechas en que se habrían producido los abusos, estas personas tenían alguna jerarquía; si tuvieron conocimiento sobre otros casos; y quiénes eran en ese momento los ancianos (autoridades en la religión) que estaban a cargo de la congregación en Santa Elena, para citarlos como testigos.
“La respuesta es que ellos nunca fueron miembros de la Asociación, y después se amparan en la ley 25.362, de Protección de Datos Personales, que impone el deber de confidencialidad. Ellos dicen que en base a esa ley no pueden aportar ningún dato porque tiene la obligación de guardarse la confidencialidad y que si tuvieran esa información no la podrían dar”, precisó la abogada querellante.
En ese sentido, señaló que “la misma respuesta es para las demás preguntas. Para no dar los datos de los Ancianos y los domicilios de los posibles testigos”.
Consultada sobre qué opinión le merece este tipo de respuesta, la letrada aseguró que “ellos pueden ampararse en una ley, pero no por encima de los derechos del niño. Las chicas cuando sufrieron los abusos eran menores. Están por encima los derechos del niño que está consagrado en Tratados internacionales y reconocidos por la Constitución nacional”.
En esa dirección, planteó que “si la Asociación de los Testigos de Jehová quisieran realmente colaborar con la justicia y condenar un delito tan grave como el abuso sexual de menores, agravado por la condición de que ellos tenían una jerarquía en la iglesia, me parece que debían haber colaborado”.
La abogada recordó que en la ciudad es conocido que los denunciados por abuso participaban de la vida interna de los Testigos de Jehová, y que cuando el caso salió a la luz pública extraoficialmente se supo que fueron expulsados.
Cuando las denuncias llegaron a los medios, los Testigos de Jehová denunciados eliminaron sus perfiles de Facebook, aunque en la red aún circulan fotos de ambos dentro del Salón del Reino, el templo de la congregación.
Los testigos protegidos
En mayo, cuando se entrevistó a Belén, una de las chicas que denunció los abusos, esta precisó que cuando su caso tomó estado público dos líderes fueron a visitarla a su casa para comunicarle que expulsarían a los Testigos que denunció.
Vargas, según la denunciante, era Siervo Ministerial, que es un predicador, guía espiritual y colaborador directo de los Ancianos -nombre que reciben los líderes de la congregación-. Pero ese ‘privilegio’ se le retiró cuando fue denunciado, aunque se le permitió que siga concurrieron al Salón del Reino. La misma medida se habría tomado con Panza, que actualmente vive en San Luis.
En la entrevista relató que cuando tenía entre 8 y 11 años sufrió tocamientos por parte de los dos Testigos de Jehová; y también contó que denunció lo sucedido ante el Consejo de Ancianos, pero estos no tomaron medidas inmediatas. A los 17 años decidió alejarse de la religión.
“La Asociación no puede negar que estas personas no son parte de la Iglesia. Al Templo asisten muchos menores y los ponen en riesgo ante la presencia de ellos”, finalizó la abogada Burkhard.
La causa, a siete meses
El caso se conoció el 25 de abril, cuando Belén, de 21 años, publicó en Facebook que siendo niña fue abusada por los dos Testigos de Jehová. El 27 de ese mes, la chica –junto a su prima Jennifer, de 18 años- radicó la denuncia en la comisaría de la ciudad y rápidamente intervino el fiscal de La Paz, Facundo Barbosa.
El fiscal ya le tomó declaración de imputados a ambos, que son asistidos legalmente por el abogado Roberto Juan Ignacio Martínez Zabala. Vargas se presentó el 10 de mayo en la fiscalía y se abstuvo de declarar. El 6 de junio fue el turno de Panza, que también decidió no responder preguntas del acusador público.
En tanto, a las jóvenes denunciantes ya se le practicaron las pericias psicológicas, y ahora se espera que el fiscal llame a declarar a los testigos propuestos por la abogada querellante. (Santa Elena Digital)
