La ministra de Salud, Sonia Velázquez, se reunió con el intendente de nuestra localidad de Caseros, Ramón Cornejo (Juntos por el Cambio), con quien dialogó sobre la situación del centro de salud de la localidad. Además, también se avanzó en la firma de un convenio marco de colaboración.

Sobre la reunión, Cornejo indicó que “estamos procurando mejorar el servicio de acuerdo a la demanda poblacional. Trabajamos para avanzar lo más rápidamente posible en todos estos aspectos y lograr los objetivos que nos fijamos primariamente”.

Asimismo, valoró el encuentro y manifestó: “Fue muy positivo porque he visto la disposición de la ministra en resolver todas las cuestiones en las cuales durante la pandemia no pudimos avanzar. También está el interés de acompañar en lo que sea necesario, por ejemplo en equipamiento para el centro de salud”.

Por último, el intendente señaló que tanto provincia como municipio se encuentran abocados a trabajar en la reorganización del centro de salud.

Cabe mencionar que, de acuerdo a un censo poblacional realizado por el municipio entre los años 2019-2020, Caseros tiene alrededor de 4.200 habitantes. Además, el centro de salud es el único de la localidad.

De la reunión, además de la ministra y el intendente, participaron el secretario General de la Gobernación, Franco Ferrari; y el director General del Primer Nivel de Atención del Ministerio de Salud, Lautaro Torriani.

En paralelo, se les garantizó a las distribuidoras eléctricas un precio de referencia hasta el fin de verano para evitar argumentos a favor de trasladar un aumento de costos a las boletas de los usuarios.

El Gobierno extendió hasta el 30 de abril de 2022 el congelamiento de las tarifas de electricidad. Así lo informó a través de una resolución la Secretaría de Energía que encabeza Darío Martínez. En paralelo, se les garantizó a las distribuidoras eléctricas un precio de referencia hasta el fin de verano para evitar argumentos a favor de trasladar un aumento de costos a las boletas de los usuarios.

La resolución recordó que las tarifas se encuentran “subsidiadas por el Estado Nacional de acuerdo a cada segmento de demanda, en mayor medida en el sector Residencial» y remarcó que «con el objetivo de transparentar la aplicación de fondos públicos al costo de la energía, es necesario informar a los usuarios en su factura, el monto correspondiente al subsidio del Estado, visualizando de esta forma el importe que debería abonar el usuario, de no existir el subsidio”.

Según CAMESSA, el valor actual de un Mwh (la unidad de medida), es de $6.333. De ese total, la parte que las distribuidoras le pueden pasar a sus clientes es $900, mientras que el resto del costo lo debe absorber el Estado a través de subsidios o las distribuidoras.

De acuerdo a estimaciones oficiales, el gasto del Estado en subsidios cerrará 2021 con un incremento anual del 35% hasta los u$s8.500 millones.

Cabe recordar que la Ley N°27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública declaró en diciembre de 2019 la emergencia pública en distintas materias, entre ellas la tarifaria, «para reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético con criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva y reordenar el funcionamiento de los entes reguladores del sistema para asegurar una gestión eficiente».

Ámbito

En la mayoría de las provincias se paga por la luz (distribución eléctrica) mucho más que en Buenos Aires. El tema volvió al tapete en plena campaña electoral, ya que los hogares cordobeses abonan en sus facturas el doble o el triple que porteños y bonaerenses. Pero también se paga más en Mendoza, Neuquén, Chaco, Entre Ríos y Corrientes, solo por nombrar algunos casos.

El gobierno cordobés se hizo eco de un artículo del diario «La voz del interior» que refleja la situación.

La secretaría de Energía Eléctrica de Nación salió a aclarar su posición. “El precio al que el Estado Nacional, a través de CAMMESA, le vende la energía a las distribuidoras provinciales es el mismo en todo el territorio nacional (1760 $/MWh”, tuiteó esa dependencia, encabezada por Federico Basualdo, el secretario que el ministro de Economía Martín Guzmán quiso echar y no pudo.

“La diferencia tarifaria entre Edenor/Edesur y Epec (Córdoba), a la que hace referencia en su tapa de La Voz del Interior, corresponde estrictamente a una decisión de la propia Epec, que es la que fija la tarifa final que pagan los cordobeses y cordobesas”, dispararon desde esa dependencia.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner retuiteó esos conceptos, y se armó una dura polémica con la provincia gobernada por Juan Schiaretti, que, al igual que Entre Ríos y Santa Fe, pertenece a la Región Centro del país.

El ministro de Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López, acusó a la Secretaría de Energía de Nación de «desconocer cómo funciona el sistema» y aseguró que Epec no fija las tarifas sino un ente autárquico en el que está representada también la oposición. Dijo que Epec está al día con sus pagos a CAMMESA mientras que Edenor y Edesur le deben $ 74 mil millones «que vamos a terminar pagando todos los argentinos», por los «privilegios al AMBA».

La diputada y candidata a senadora Alejandra Vigo -esposa de Schiaretti- y el propio gobernador, salieron al cruce de Cristina Kirchner: «Al kirchnerismo le interesa gobernar y mantener el AMBA. No nos vamos a callar. Ella fue, como presidenta, la que más discriminó a Córdoba”, disparó este lunes Schiaretti.

Como sea, una factura de bajo consumo residencial orilla los $ 500 mensuales -antes de impuestos- en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, las zonas de concesión de Edenor y Edesur. Esa boleta es de $ 1.407 en Córdoba. En Neuquén, está rozando los $ 1.000.

Las diferencias en las tarifas tienen que ver con el área de jurisdicción. Cada provincia tiene su propia eléctrica a la que autoriza incrementos en los márgenes. La regulación de las concesiones de Edesur y Edenor habían pasado -durante el gobierno de Mauricio Macri- a un ente que conformarían la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Pero la administración de Alberto Fernández revirtió esa decisión y devolvió esas concesiones a la órbita del Estado nacional. Córdoba denuncia que esa medida benefició a la zona AMBA mientras se «discrimina» al resto del país.

La energía consumida está subsidiada para todos, porque el precio es uniforme en todo el país. La diferencia son los cargos de distribución e impuestos, que establece cada provincia.

Aunque todos los hogares pagan el mismo costo por la electricidad consumida, la diferencia está en los márgenes que aplican las distribuidoras que los abastecen. Es lo que cobra cada compañía por prestar su servicio. Eso se llama “valor agregado de distribución”.

El costo de generación eléctrica es el mismo para todo el país. La diferencia pasa por los márgenes de cada distribuidora. La “cobertura” de las boletas sobre el costo de la generación eléctrica es inferior al 30%. Es decir que 7 de cada 10 pesos de lo que cuesta generar la electricidad lo paga el Estado. Es el nivel más bajo desde 2016. En 2015, los subsidios cubrían casi un 90% de los costos.

De todas formas, las distribuidoras tampoco vienen pagando toda la electricidad que consumen sus clientes. Las firmas le deben cerca de miles de millones a Cammesa, la administradora mayorista del sistema eléctrico, bajo control estatal. Las empresas no cubren sus costos pero se financian con Cammesa. Todo crea un gigantesco rojo fiscal.

Desde febrero de 2019 hasta mediados de 2021, la mayoría de los gobernadores autorizaron incrementos en ese cargo. La inflación acumulada en ese período supera el 100%.

La secretaría de Energía autorizó, en mayo, un 9% de suba para las empresas bajo su jurisdicción (Edenor y Edesur). La provincia de Buenos Aires -que regula las concesiones de Edelap, Eden, Edea y Edes- se plegó al gobierno nacional y también avaló un 9%.

“Esta dispersión tarifaria no es nueva, para finales de 2015, el congelamiento de tarifas por más de una década en AMBA generó una enorme brecha tarifaria en relación con las tarifas provinciales que aumentaron de acuerdo con la inflación”, explicó Alejandro Eintoss, coordinador de la Comisión de Energía de la Fundación Alem.

“Un usuario de Córdoba y Santa Fe pagaba facturas entre 6 y 7 veces superiores a un usuario del AMBA con igual consumo para finales de 2015. Todo indica que la política tarifaria nacional nos lleva a recorrer el mismo camino”, añade Eintoss, que recopiló los datos antes expuestos.

En una factura de luz, cerca del 40% es el costo de generación eléctrica. El 36% es el margen de las distribuidoras, y el 23% corresponde a impuestos. El resto son costos de transmisión.

Excluyendo los impuestos, lo que se paga en una boleta va en un 51% a cubrir el costo de generación y 47% se queda la distribuidora.

En Entre Ríos, este lunes se anunció que, “por decisión del gobernador Gustavo Bordet, la tarifa eléctrica continuará congelada hasta el 31 de enero próximo”. Así lo informó la secretaria de Energía, Silvina Guerra, tras la reunión que mantuvo con el primer mandatario entrerriano.

En agosto de 2021, un estudio de EDENOR reveló que “los porteños y bonaerenses pagan un tercio por su consumo de luz en relación a lo que abonan los entrerrianos”.

Clarín – Martín Bidegaray