Con la firma del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y del titular de la cartera económica, Martín Guzmán, las autoridades avanzaron con los preparativos del relevamiento, que originalmente iba se iba a llevar adelante en 2020, pero fue suspendido por la pandemia del coronavirus.
En primer lugar, se instruyó “a los organismos nacionales a imprimir preferente despacho y trámite urgente a todo pedido de colaboración y movilización de recursos humanos y materiales”, que les fueran requeridos por el INDEC, organismo a cargo de la tarea de registro poblacional.
Asimismo, la Jefatura de Gabinete le delegó a la cartera que conduce Guzmán “el ejercicio de las facultades y competencias” para “las contrataciones necesarias a los efectos del desarrollo de las actividades pre-censales, censales y post-censales”.
En los considerandos, del Decreto, se señaló que por ley se prevé la realización de censos nacionales de población, familias y vivienda con una periodicidad decenal, en los años terminados en “cero”.
Por este motivo, el último relevamiento debió haberse realizado en 2020, pero en aquel año el Gobierno decidió postergarlo por la pandemia, teniendo en cuenta que para ese momento el país todavía se encontraba en plena cuarentena estricta.
Las autoridades aseguraron que “las medidas sanitarias tomadas en el orden nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal con el objeto de paliar la propagación del virus han sido consideradas a efectos de determinar el cronograma de actividades censales”.
Por otra parte, recordaron que la Ley N° 24.254 estableció que el día de la realización del denominado Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2020 “revestirá la calidad de feriado nacional”.
En el marco de los preparativos, “se requirió a las diferentes dependencias de la Administración Pública Nacional a colaborar con el personal a sus órdenes, la afectación de locales, muebles, equipamientos, medios de movilidad, medios de comunicación masiva y todo otro recurso disponible que les fuere solicitado” para esta actividad.
El Poder Ejecutivo remarcó que “corresponde adoptar medidas que faciliten la realización de los procedimientos de adquisición de bienes y servicios, a fin de que puedan ser llevados a cabo con la prontitud y eficacia que el cumplimiento de los plazos exigidos por el cronograma censal demanda”.
“En consecuencia, corresponde autorizar al Jefe de Gabinete de Ministros a delegar en el Ministro de Economía, las competencias que le son propias, acordadas por el artículo 9º del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional″, explicaron en el Decreto.
La fecha del censo ya había sido fijada a mediados de agosto pasado durante una reunión que encabezó Alberto Fernández en el Museo del Bicentenario junto al Comité Censal que presiden Guzmán el titular del INDEC, Marco Lavagna.
Cambios en la modalidad del operativo
Luego de aquel encuentro se informó, además, que por primera vez este relevamiento poblacional “se realizará bajo la definición de ‘censo de derecho’, por lo que las personas serán contabilizadas donde residan habitualmente”, es decir, donde pasan la mayor parte del tiempo durante la semana.
Como principal novedad del cuestionario se destaca la inclusión del DNI de los integrantes del hogar, clave para la integración de información censal y registros administrativos. Será la base de la construcción del Registro Estadístico de Población.
“El resguardo de la información se garantizará mediante un estricto protocolo de seguridad informático que almacenará los datos recolectados en los servicios de ARSAT, con los números de identidad de las personas encriptados”, explicaron fuentes gubernamentales.
Otra de las novedades será la incorporación, para toda la población, de la posibilidad de responder sobre autorreconocimiento étnico – pueblos indígenas y afrodescendientes – y autopercepción de identidad de género.
