El senador Edgardo Kueider se negó a firmar el dictamen del Presupuesto 2023 debido a que Entre Ríos fue excluida de la tarifa eléctrica diferencial otorgada al Norte Grande. Su postura recibió el apoyo de todo el arco oficialista.

El legislador afirmó que el eje de su planteo apunta a la resolución 719/22 de la Secretaría de Energía que estableció un beneficio en la tarifa eléctrica para las provincias del Norte Grande + San Juan, dejando fuera a provincias como Entre Ríos y otras que están en la misma zonificación de acuerdo a los mapas isotérmicos del organismo.

Según explicó Kueider a Infobae, la decisión de Energía “carece de sustento técnico” y es una decisión política. “De hecho –señaló–, en los considerandos de la resolución se dice que surgió por pedido de los gobernadores del norte. No sé cómo aparece después lo de San Juan. Pero evidentemente hay un criterio discrecional”. Por eso “reclamamos igual trato”, expresó.

El senador nacional recordó que el año pasado el Congreso votó para provincias del sur y gran parte de Buenos Aires un proyecto de Máximo Kirchner que las declaró “zonas frías”, por lo que su consumo de gas en invierno estaría subsidiado por el resto del país.

En paralelo, Kueider había presentado una iniciativa para que el centro norte de Argentina tenga una tarifa diferencial de electricidad en verano. Pero el trámite legislativo nunca avanzó.

La reciente decisión de la Secretaría de Energía, que conduce la salteña Flavia Gabriela Royón, dejó a Entre Ríos y a otros estados provinciales en el peor de los mundos: fuera de las zonas frías con gas subsidiado y fuera de las zonas cálidas con tarifa eléctrica preferencial, por lo que las poblaciones de estas provincias “estarían pagando el gas del sur y la electricidad del norte. Es totalmente injusto y discriminatorio”, razonó el legislador.

Consecuencias

“Esto me llevó a no firmar el despacho de presupuesto 2023 (que llegó al Senado con media sanción de Diputados) porque quiero determinar si esa tarifa diferencial para el Norte Grande de la 719 será solventada por rentas generales o si, como ocurre con zonas frías, será con un fondo especial. La resolución no lo establece”, comentó.

Desde el día jueves de la semana pasada en que se trató el dictamen de ingresos y gastos de la Nación para el año próximo hasta este lunes a la mañana, nadie de la Secretaría de Energía se comunicó con el Senador para evacuar sus dudas ni para proponer una salida al planteo.

“En el Ministerio de Economía me dijeron que estaban evaluando el tema, pero hasta ahora no tengo una respuesta concreta”, añadió. Sin embargo, aclaró: “No estoy condicionando el voto del presupuesto a esto. Pongo de manifiesto que, si vamos a avalar la 719 a costa de los entrerrianos, lo que esté vinculado a ese gasto no lo puedo bancar”.

Kueider es la mano derecha del gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Antes de ser senador nacional, fue su principal operador político y las campañas electorales del Justicialismo entrerriano aún pasan por sus manos. Por lo tanto, su posición ante este tema no es solo personal: el respaldo de Bordet es fácilmente rastreable.

Sobre el planteo “recibí apoyo de varios senadores del bloque”, puntualizó el legislador. Entre ellos contó los de Guillermo Snopek (Jujuy) y Mauricio “Camau” Espínola (Corrientes). Kueider, Snopeck y Espínola formaron parte de un grupo que a fines de 2021 intentó crear un espacio albertista en el Senado, intención que se fue diluyendo con el enfriamiento de las relaciones del presidente Alberto Fernández con los gobernadores.

Según agregó, también recibió el respaldo de las senadoras kirchneristas Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y Juliana Di Tullio (provincia de Buenos Aires) quienes “reconocieron la justicia del reclamo”, señaló Kueider.

La intención es modificar el marco regulatorio eléctrico para superar un esquema desigual. Kueider puso como ejemplo lo que ocurre en su provincia, donde la represa de Salto Grande sobre el río Uruguay produce el total de la electricidad que consume Entre Ríos.

Sin embargo, el esquema de intermediación hace que Salto Grande le venda el MW a Cammesa a seis dólares para que luego las distribuidoras provinciales se lo tengan que pagar a la mayorista a treinta dólares.

Esto hace que los hogares y empresas de Entre Ríos paguen una electricidad mucho más cara que en Buenos Aires. Y que las ganancias de Salto Grande sean iguales a cero hace mucho tiempo, vaciando el fondo de reparación por el impacto económico y ecológico de la presa en la región. “Nos asiste la razón, así que vamos a encarar esta pelea”, confesó Kueider.

El gobernador Gustavo Bordet firmó el decreto N° 3912 por el cual se revoca el contrato con Gas Nea, la empresa que hace uso de los gasoductos de la provincia. La medida se llevará a cabo garantizando el normal suministro del servicio.

La decisión se tomó a raíz de “los visibles incumplimientos de las obligaciones asumidas por la firma distribuidora y en razón del quebrantamiento de la ecuación económica del contrato”, expresa el artículo 1°.

En su artículo 3°, el decreto establece la notificación a Ente Nacional Regulador del Gas Natural (Enargas) y solicita “la habilitación provisoria de la Compañía Entrerriana de Gas S.A. para la prestación del servicio público de distribución de gas natural en territorio de la provincia”.

Asimismo, en su artículo 4° se solicita al Enargas “la realización de las medidas pertinentes para la habilitación y asignación a favor de la Compañía Entrerriana de Gas S.A de los contratos de transporte en los puntos de entrega Entre Ríos y los volúmenes de gas natural necesario para la prestación del servicio público en la subzona Entre Ríos”.

“Una vez que reciba el decreto, Enargas resolverá la cuestión en un plazo determinado para garantizar la prestación del servicio. No es automático, no es que la provincia revoca la concesión de uso y automáticamente toma posesión del gasoducto. Esto va a ocurrir si el Enargas dispone las medidas conducentes a ello”, precisó el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.

Por lo tanto, “no hay ninguna posibilidad de que se vea afectada la distribución de gas en la provincia”, dijo y aclaró: “es el Enargas el que debe garantizar la continuidad de la prestación del servicio”.

Por otra parte, explicó que “quien concede la licencia para distribuir el gas es Enargas”, y que por lo tanto es ese organismo el que dispondrá “quien prestará el servicio, con la debida garantía”.

“No obstante, en el decreto se establece de manera provisoria el paso de los activos y recursos a la Compañía Entrerriana de Gas S.A. para llevar adelante el servicio hasta que el Ente Nacional determine la concesión de la licencia”.

Antecedentes

El contrato entre el Gobierno de Entre Ríos y la Distribuidora de Gas Natural de la Novena Región del País, Gas Nea S.A., se llevó a cabo el 5 de marzo de 1998. Luego fue modificado por contratos nuevos en 1999, 2000, 2003, 2004, y en 2010 se realizó un acuerdo complementario.

A diferencia de las demás provincias pertenecientes a la novena región (Corrientes, Formosa, Chaco y Misiones) Entre Ríos presentaba la particularidad de haber construido el gasoducto troncal de transporte entrerriano y los gasoductos de aproximación a las localidades incluidas en el Plan Gasífero Provincial. Por esa razón se incluyó en la licitación la adjudicación de la licencia de distribución. La provincia mantenía la propiedad de los gasoductos otorgando a la distribuidora el uso de las instalaciones por todo el periodo de la licencia.

Una auditoría encomendada por la provincia determinó que la distribuidora, Gas Nea, no realiza un mantenimiento adecuado de las obras de infraestructura gasífera que realizó la provincia con fondos propios; que llevó a cabo una deficiente política comercial en comparación con otras distribuidoras del país y que carece de un plan de negocio, por lo que sólo ha logrado la conexión de la mitad de los usuarios potenciales; que no ha expandido el servicio a las demás provincias de la Región Novena; que Gas Nea S.A. se ha presentado en dos oportunidades en concurso preventivo; se han impugnado los estados contables de los ejercicios 2020 y 2021 por sus inconsistencias y la empresa se mostró reticente a brindar la información aclaratoria solicitada por la provincia como accionista; y que Enargas promovió acciones tendientes a la revocación de la licencia de distribución por parte de Gas Nea S.A. debido a que no cumplió las inversiones obligatorias comprometidas.

En función de todo ello, la Fiscalía de Estado recomienda en los considerandos del decreto que “se revoque el contrato de concesión del uso y goce de las instalaciones de distribución de la provincia”, “se proceda a la toma de posesión de las instalaciones, con la correspondiente comunicación a Enargas, a fin de que disponga provisoriamente la habilitación de otra entidad”, y propone para ello a “la Compañía Entrerriana de Gas S.A. para preservar la continuidad de la prestación del servicio público de gas natural en el ámbito de la provincia”.

El gobernador Gustavo Bordet se reunió con el senador nacional, Edgardo Kueider, legisladores de Corrientes y La Rioja, e instituciones académicas y del Estado, para avanzar en un proyecto de ley que establezca una tarifa eléctrica diferencial para Entre Ríos y provincias generadoras de energía.

“Es hora de que se haga justicia con Entre Ríos que desde hace muchas décadas produce un porcentaje relevante de la energía que se inyecta al sistema nacional sin mayores beneficios a cambio”, expresó el mandatario provincial tras el encuentro.

Bordet puso de relieve que “la intención es promover un debate que tienda a reconocer a través de una tarifa diferencial el lugar que tanto Entre Ríos como otras provincias productoras de energía eléctrica deben tener”, y agregó: “las y los entrerrianos tenemos sobrados motivos para impulsar esta discusión en el seno del Congreso y esperamos contar con el apoyo de las distintas fuerzas”.

“Valoro la iniciativa del senador Kueider que conoce muy bien la problemática y que nos ha convocado con el objetivo de construir colectivamente este proyecto a fin de dar respuesta a la población de Entre Ríos, y también de provincias hermanas como Corrientes y La Rioja, para que haya una cuota más de justicia federal en la Argentina”, concluyó Bordet.

Por su parte, Kueider precisó que «estamos llevando adelante una iniciativa vinculada a que las provincias generadoras de energía, como es el caso de Entre Ríos, donde la producción de la represa de Salto Grande es suficiente para satisfacer la demanda provincial, abonen una tarifa diferencial».

Explicó que, «los valores que Cammesa paga a Salto Grande por la energía que produce es ostensiblemente menor al precio que luego el mercado eléctrico mayorista le vende esa misma energía a las distribuidoras entrerrianas». Y añadió que en la actualidad «la situación del costo de la energía es algo que impacta mucho en las familias entrerrianas y de todos el país, y es un tema que hay que abordarlo seriamente».

Precisó que en el caso de Entre Ríos «que somos una provincia generadora de energía, no reviste ninguna lógica que paguemos semejante costo de energía cuando la producimos a un valor tres veces menor, estamos discutiendo eso, estamos discutiendo con varias instituciones que están vinculadas a esta temática, caso de CTM (Comisión Técnica Mixta de Salto Grande), Secretaría de Energía de la provincia, Enersa y Colegio de Ingenieros».

“Queremos darle el marco adecuado ante un tema que es eminentemente técnico y que hay que abordarlo con seriedad”, sostuvo el legislador entrerriano y explicó que la reunión promovida persigue la conformación de un equipo técnico para la redacción de un proyecto de ley que resuelva estas asimetrías, conformado el gobierno de Entre Ríos, Enersa, C.T.M. de Salto Grande, el equipo del senador Kueider y otras instituciones.

En ese marco, Kueider explicó que por ese motivo estuvo presente el senador Nacional por Corrientes, Carlos Mauricio Espinola, y la senadora por La Rioja, María del Valle Clara Vega. “En el caso de Corrientes ellos tienen producción de energía hidroeléctrica y, la provincia de La Rioja produce energía eólica y solar”, acotó.

“El criterio es el mismo, independientemente de cómo produzcan esa energía. El tema tiene que ver con la soberanía energética de cada una de ellas”, indicó y mencionó, que La Rioja tiene presupuestado dos parques eólicos nuevos, “lo que le darían también soberanía energética en el futuro”.

Del encuentro participaron por la delegación Argentina de Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) su presidente Luis Benedetto y Silvio Ekkert; por Enersa su presidente Ramiro Caminos y Guillermo Gianello; la secretaria de Energía de Entre Ríos, Silvina Guerra; Carlos Blanc por la Universidad Tecnológica Argentina (UTN); Rubén Caffarena del Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos; el ingeniero Marcelo Marco y los senadores de La Rioja, María Clara del Valle Vega y de Corrientes, Carlos Mauricio Espinola.

El Congreso Provincial de Agmer resolvió rechazar la propuesta salarial que presentó el Gobierno provincial y exigió un “aumento no menor al 25% para lo que resta del año, con una parte retroactiva a octubre, de manera tal que todos los meses quedemos por encima de la inflación”

Este sábado, el Congreso Provincial de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos sesionó en Colón y decidió “rechazar la propuesta presentada el miércoles 26 de octubre y mandar a las y los paritarios a concurrir a la audiencia convocada para el miércoles 2 de noviembre”.

El cónclave exigió un “aumento no menor al 25% para lo que resta del año, con una parte retroactiva a octubre, de manera tal que todos los meses quedemos por encima de la inflación”.

“Una vez que se conozca la inflación de diciembre, exigimos la garantía de que el aumento anual esté por lo menos un 5% por encima de la inflación anual acumulada”, señalaron y solicitaron la “inmediata convocatoria a la Comisión de Nomenclador para analizar las distorsiones en el nomenclador docente”.

Si el Gobierno provincial accede a todas estas exigencias, el congreso mandató a las y los miembros paritarios a firmar el acuerdo salarial.

APF