En la Cámara de Senadores se puso en marcha la tarea de dar de baja designaciones irregulares dispuestas en el período anterior por la entonces vicegobernadora Laura Stratta. Con una mecánica distinta a la que aplica Gustavo Hein en la Cámara de Diputados, en el Senado las personas señaladas están siendo citadas y se les ofrece la posibilidad de renunciar antes de la exoneración. En la lista figuran ex funcionarios de Gustavo Bordet, un conductor radial y operador mediático del peronismo, que está al aire en horario de trabajo y un miembro del Tribunal de Cuentas.

Los mensajes comenzaron a llegar el viernes de la semana pasada desde la Dirección de Recursos Humanos del cuerpo. Los receptores son citados a reuniones que pueden ser con el responsable del área o con la secretaria coordinadora del Senado, Julieta Sosa.

En esos encuentros, se informa al personal designado de manera irregular que no cuenta con estabilidad laboral y se les dan dos opciones: renunciar o ser dados de baja.

Hasta el momento no trascendió cuáles son las decisiones mayoritarias. Habrá quienes prefieran renunciar y reducir la exposición pública, como ya hicieron el senador Víctor Sanzberro (PJ-Victoria), el ex intendente de Federal, Gerardo Chapino (PJ) y el ex senador Juan Carlos Kloss (PJ-Paraná).

También habrá quienes decidan presentar recursos administrativos o judiciales, como pasó en la Cámara de Diputados con uno de los hijos del ex intendente de Paraná, Adán Bahl, y con ex concejales y dirigentes del espacio del ex presidente del cuerpo, Ángel Giano, aunque con el antecedente de que fueron rechazados en Tribunales.

A la par, se está dando marcha atrás con las recategorizaciones otorgadas en el último tramo de la gestión anterior, muchas de ellas a personas sin estabilidad laboral y con menos de un año de antigüedad. Se detectaron casos de personas recategorizadas en ausencia, que fueron designadas en planta permanente, automáticamente pidieron licencia para continuar ocupando algún cargo y aún así obtuvieron mejoras en sus categorías de revista sin haber pisado la Legislatura.

Para esta semana estaba programada una reunión de la bancada del PJ para analizar el tema. Sucede que muchas de las personas cuyas designaciones se están dando de baja buscaron refugio mediante las denominadas “afectaciones”. Se trata de disposiciones administrativas mediante las cuales un empleado de un área va a trabajar a otra, siempre dentro de la cámara.

Coincide que muchas personas designadas de forma irregular pidieron afectaciones al bloque o a los despachos de distintos legisladores del peronismo. Un punto importante es que estas personas no deben registrar asistencia en reloj, con lo cual un gran número directamente no concurriría a trabajar.

Para estos casos, se especula con que a los que realmente trabajan el bloque o los legisladores les confeccionarían contratos de obra. También empieza a haber descontento ante versiones de distinta vara y de algunos “salvados” o “intocables” que no serían dados de baja, pese a estar en la misma situación irregular que el conjunto.

Un caso saliente por lo conocido del personaje es el del ex diputado provincial Rubén Almará (PJ), designado por Stratta en la planta permanente del Senado en los últimos meses de gestión de Gustavo Bordet, como un favor político. Para zafar del horario de 8 a 13 que cumple el personal legislativo y poder seguir haciendo su programa de radio matutino, el animador consiguió su afectación al despacho de la senadora Patricia Díaz (PJ-La Paz). Quizás a modo de contraprestación, entrevista repetidamente al esposo de la senadora, el intendente de Santa Elena Domingo Daniel Rossi, y a su abogado defensor, Carlos Guillermo Reggiardo.

En las últimas horas, según fuentes de la Legislatura, se supo que Almará figuraba en la lista de quienes serían citados para comunicarles la baja. No obstante, llamados insistentes desde la primera línea del gobierno provincial lograron paralizar la decisión, pese a su condición de peronista y de haber dicho barbaridades del propio Rogelio Frigerio y varios de sus allegados más directos, en plena campaña y durante estos 120 días de gobierno. Los pedidos de clemencia a la vicegobernadora no solo llegaron desde sectores muy marcados del Poder Ejecutivo provincial sino también desde altas esferas del municipio paranaense. Almará (de 67 años) había sido ubicado como asesor en ausencia permanente de la Vicegobernación, en la gestión de Adán Bahl, con un contrato que siguió durante la gestión de Laura Stratta, quien antes de irse lo pasó a planta. De esta manera se jubilará en próximos meses con una remuneración superior a los 2 millones de pesos.

También en situación de revisión y baja estarían, entre otros, los ex funcionarios de Bordet Franco Ferrari, ex secretario General de la Gobernación; Maricel Brusco, ex secretaria de Comunicación; Valeria Migueles, ex secretaria de la Mujer; Lucio Amavet, ex secretario de Agricultura; Pedro Gebhart, ex subsecretario de Desarrollo Económico; Néstor Rodríguez, ex director de la Biblioteca Provincial; y Juan Pablo Zacarías ex director de la Secretaría de Modernización.

Todos se desempeñan en el Estado hace años, pertenecían a distintas reparticiones y, probablemente por los servicios prestados, se buscó asegurarles un sueldo de los más altos de la administración. Aunque varios se cuidaron de gestionar estos trámites en 2022 (para tener más de un año de antigüedad al momento del recambio institucional) como pidieron en el mismo acto licencia para seguir siendo funcionarios, esa antigüedad se les cuenta desde que se presentaron a trabajar en la Legislatura, el 10 de diciembre del año pasado. Varios renunciaron a sus puestos de empleados en el Estado de toda la vida, con lo cual ante la baja quedarían en una situación complicada.

Hay casos también como el de Lorenzo Daniel Almada, quien fue designado secretario de Gobierno en la Municipalidad de Victoria por la intendenta Isa Castagnino y renunció a los 10 días. Almada consiguió el pase al Senado en 2023 de su cargo en planta en la Dirección Departamental de Escuelas de Victoria.

O el caso de Jorge Otegui, que se desempeñaba como secretario de Hacienda de Bordet, logró el traspaso de su cargo de planta de la Tesorería General de la provincia a la Cámara de Senadores en febrero de 2023 y en noviembre fue designado con acuerdo del Senado como fiscal del Tribunal de Cuentas.

Un repaso por el Boletín Oficial permite rastrear más pases a la planta del Senado desde distintos organismos del Estado en el último año de la gestión anterior. Según informó Frigerio ante la Asamblea Legislativa, entre 2019 y 2022 no hubo designaciones en la planta del Senado y a la totalidad Stratta las realizó durante 2023, es decir que todas son pasibles de ser revisadas y, eventualmente, dadas de baja.

Algunas de las personas que se encuentran en esta situación son:

-Verónica Guimarey (pase desde Ministerio de Gobierno)
-Carlos Jesús Ayala (pase desde Ministerio de Salud, hospital de Ceibas)
-Verónica Olivero (pase desde Ministerio de Desarrollo Social)
-Solange Bacalluzzo (pase desde Ministerio de Planeamiento). Y a la vez tenía un contrato de obra en el Concejo Deliberante de Paraná, firmado por Andrea Zoff como presidenta del cuerpo.
-María Paz Álvarez (pase desde Ministerio de Desarrollo Social)
-Walter Maina (pase desde Secretaría General de la Gobernación)
-Maximiliano González (pase desde Secretaría General de la Gobernación)
-Nancy Martínez (pase desde CGE)
-Omar Bisheimer (pase desde Ministerio de Desarrollo Social)
-Reynaldo Martínez (pase desde Iprodi)
-Juan Ignacio Firpo (pase desde Ministerio de Planeamiento)
-María Florencia Piva (pase desde Ministerio de Planeamiento)
-Héctor Montenegro (pase desde Ministerio de Planeamiento)
-Víctor Casco (pase desde Ministerio de Planeamiento)
-Gabriela Krenz (pase desde Ministerio de Economía)
-Jorge Mesquida (pase desde Caja de Jubilaciones)
-Raúl González (pase desde Caja de jubilaciones)

A estos nombres hay que sumar otros que no tenían un puesto en planta para ser traspasado, sino que sin tener antigüedad alguna en el Estado fueron designados directamente en planta permanente de la Cámara de Senadores.

La revisión de las designaciones y la anulación de las que aparezcan como irregulares es una instrucción política que el gobernador Rogelio Frigerio impartió a los presidentes de ambas cámaras legislativas. Así lo dejó en claro la vicegobernadora Alicia Aluani con una publicación en redes sociales realizada el 10 de enero.

“Siguiendo con la tarea encomendada por nuestro gobernador o, que no es otra que la de cuidar los recursos de todos los entrerrianos, en la Cámara de Senadores se están evaluando detalladamente cada uno de los expedientes de nombramientos”, informó. A tres meses de ese mensaje empezaron a conocerse, a cuentagotas, los primeros resultados.

Fuente: Análisis

En el marco de la cuarta sesión ordinaria del 145° periodo legislativo, que fue presidida por Gustavo Hein, la Cámara baja aprobó el dictamen de mayoría de las comisiones de Empleo, Previsión y Seguridad Social y de Legislación General para derogar la Ley 4.506 y sus modificatorias, sobre el régimen de pensiones especiales o graciables otorgadas por la provincia. La media sanción se logró por unanimidad en general y por mayoría en la votación en particular.

La iniciativa apunta a prohibir que los gobernadores y vicegobernadores sean beneficiarios de esas pensiones una vez finalizada la función. Además, prevé regular incompatibilidades y causales de caducidad para quienes ya perciben estos beneficios.

“Este proyecto tiene que ver con la igualdad ante la ley. Esto que el ciudadano común interpreta como jubilaciones de privilegio, no es equitativo cuando a los trabajadores se les exige una determinada edad y una determinada cantidad de años de aportes para poder jubilarse”, argumentó la diputada Érica Vilma Vázquez (Juntos por Entre Ríos), quien preside la comisión de Empleo, Previsión y Seguridad Social.

Andrea Zoff (Más para Entre Ríos) expuso sobre las razones del dictamen de minoría presentado por su bloque. Expresó que “en Entre Ríos no hay jubilaciones de privilegio” y aclaró que “la derogación de esta pensión vitalicia no repercute en el déficit de la Caja de Jubilaciones”. Agregó que el dictamen de minoría buscaba “mejorar el proyecto”.

Impuestos a servicios financieros

La Cámara aprobó también, en este caso por unanimidad en general y en particular, el proyecto del diputado Juan José Bahillo (Más para Entre Ríos) por el que se modifican las alícuotas del artículo 9° de la Ley Impositiva N° 9.622 y sus modificatorias, del impuesto a los Ingresos Brutos, para la intermediación financiera y servicios financieros. Se dispone un incremento de 8% a 9%, con el objetivo de equiparar estas alícuotas con las que rigen para el resto de la Región Centro.

Bruno Sarubi (Juntos por Entre Ríos), presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, destacó que “este proyecto de ley es beneficioso para todos los entrerrianos”, al tiempo que aseguró: “Es una necesaria respuesta de equidad, por el contexto que tenemos”.

Por su parte, Bahillo remarcó: “Es bastante excepcional que la oposición proponga suba de impuestos, que por lo general es iniciativa del Ejecutivo”, por lo que destacó la “responsabilidad” de su bloque para darle al gobierno herramientas para sostener el nivel de recaudación. Agregó que “el sector financiero es el que tiene mayor capacidad de pago”.

Modificación de la estructura policial

Por otro lado, tuvo media sanción el dictamen de la Comisión de Seguridad respecto del proyecto del Poder Ejecutivo que modifica artículos de la Ley Orgánica de la Policía de Entre Ríos N° 5.654. Mediante estos cambios, se especifica la dependencia de la fuerza del nuevo Ministerio de Seguridad y se reforma su estructura organizacional con la creación de dos jefaturas, una por la costa del Paraná y otra por la del Uruguay. Además, se agregan dos nuevas divisiones: Investigación de Actos de Corrupción y Análisis y Prospectiva.

Carola Laner (Juntos por Entre Ríos), quien preside la comisión de Seguridad, subrayó que el objetivo es “dinamizar el trabajo de la institución”, de acuerdo con “la impronta del ministro Néstor Roncaglia” de hacer frente a las nuevas tendencias delictuales.

Junto al oficialismo, votaron a favor en general y en particular el Partido Conservador Popular y La Libertad Avanza. Los bloques Más para Entre Ríos y Fe y Libertad acompañaron en general, pero manifestaron disidencias con dos artículos.

Energía

Finalmente, se aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión de Energía sobre el proyecto de resolución, del diputado Rubén Rastelli (Juntos por Entre Ríos), por el que se solicita que los excedentes del complejo hidroeléctrico de Salto Grande sean liquidados según la modalidad previa a la resolución 406/2003 de la Secretaría de Energía de la Nación.

“Ante el hecho de no poder cumplir con el desarrollo de la región de Salto Grande, para lo cual fue creada la represa, es que solicitamos la actualización de los valores de la energía que recibe la provincia y la remisión de los fondos adeudados por el gobierno nacional”, sostuvo Rastelli.

Homenajes

Fabián Rogel (Juntos por Entre Ríos), Lénico Aranda (Juntos por Entre Ríos), Roque Fleitas (La Libertad Avanza), Laura Stratta (Más para Entre Ríos) y Jorge Maier (Juntos por Entre Ríos) se expresaron sobre el 42° aniversario de la guerra de Malvinas y rindieron homenaje a los veteranos y caídos.

Lorena Arrozogaray (Más para Entre Ríos) recordó al docente Carlos Fuentealba, asesinado en Neuquén el 4 de abril de 2007. Stefanía Cora (Más para Entre Ríos) hizo referencia a que el 10 de abril es el Día del Investigador Científico. Mariel Ávila (Más para Entre Ríos) habló sobre el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, que se conmemoró el 2 de abril.

Mediante un decreto fechado a fin de año, el gobernador Rogelio Frigerio dispuso la revisión de todos los pases a planta efectuados desde junio de 2022. En el proceso aparecieron todo tipo de irregularidades. Una de ellas, detectada en el Ministerio de Planeamiento, llamó especialmente la atención, a punto tal que el mandatario la mencionó en su mensaje a la Asamblea Legislativa. “Hicieron figurar un expediente de pases a planta con el nombre de ‘aportes al municipio de San Justo’ para que no pudiéramos encontrarlos”, reveló.

Según publica Análisis, se rastreó las designaciones en cuestión, que corresponden a 10 funcionarios políticos de la gestión anterior que fueron pasados a planta antes del recambio institucional. No obstante, lejos de darse marcha atrás con las designaciones, la mayoría fueron nombrados nuevamente funcionarios, con retención de sus cargos en planta.

Las revisiones fueron dispuestas en el decreto 294 fechado el 29 de diciembre. “En estos primeros días de gestión se han podido advertir numerosos pases a planta de personal y transferencias de cargos a otros organismos e incluso al Poder Legislativo realizados en el último año”, se argumentó.

Puntualmente, se ordenó un relevamiento de los pases a planta, transferencias de cargos y recategorizaciones hechos en los anteriores 18 meses.

En esa revisión surgieron irregularidades de todo tipo. “En el Ejecutivo provincial estamos rastreando área por área para poder contarles el número exacto de cuántos pases a planta permanentes hubo, pero la oscuridad y viveza eran tan grandes que no es fácil”, mencionó Frigerio en su mensaje del 15 de febrero.

Y puso un ejemplo: “En el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios las autoridades anteriores hicieron figurar un expediente de pases a planta con el nombre de ‘aportes al municipio de San Justo’ para que no pudiéramos encontrarlos”.

La referencia, según pudo determinar el portal Análisis, fue al expediente nº 2772753 iniciado en la Mesa de Entradas del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, el 15 de diciembre de 2022.

La carátula aludía a la Municipalidad de San Justo y se encuadraba el trámite en el ítem “municipios, comunas y juntas de gobierno”.

El expediente dio origen al decreto 4.921, del 30 de diciembre de 2022, firmado por la vicegobernadora Laura Stratta y el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard.

El contenido nada tenía nada que ver con San Justo y, en cambio, disponía la incorporación a planta permanente con categoría 4 de 10 funcionarios políticos de la cartera, con retroactividad al 1º de diciembre de ese año.

De esta manera, a la fecha de finalización de la gestión, tendrían poco más de un año de antigüedad, los que los dejaría a salvo de las revisiones usuales que se extienden un año para atrás.

A la planta de la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones se incorporaron:

• -Elizabeth Soledad Pozzi, directora de Obras Sanitarias
• -Celestino Brutti, director de Obras Centralizadas.
• -Brenda Bianchi, coordinadora técnica de Planeamiento.
• -Matías Manuel Díaz, coordinador de la Unidad Ejecutora Provincial
• -Cristian Daniel Brasseur, coordinador de Proyectos con Financiamiento Externo
• -Diego Romero, director de Estudios y proyectos
• -Lucas Servín, coordinador de Obras
• -Santiago Gastón Langhi, coordinador general.

El secretario de Transporte de la provincia, Maximiliano Gastón Villa, fue nombrado en planta en la repartición a su cargo y la secretaria de Planeamiento María Eugenia Mayr, pasó a ser empleada de planta en la Secretaría de Inversión Pública de la cartera.

La gestión de Frigerio, con el ex intendente de Crespo Darío Schneider al frente del Ministerio de Planeamiento, no dio marcha atrás con las designaciones en planta.

No importó la irregularidad de origen de caratular mal el expediente, ni tampoco los cuestionamientos en ámbitos de la cartera, dado que los trámites no cumplían con el instructivo acordado en paritarias.

Incluso, mediante sendos decretos publicados en el Boletín Oficial con fecha 13 de diciembre, la mayoría fueron vueltos a designar en los cargos políticos que ocupaban, con remuneraciones fuera de escalafón, “con retención de sus cargos de planta permanente en la administración pública provincial” en los que se desempeñaron formalmente solo por 11 días gracias a las eternas trampas de la administración.

De esta manera, casi como una falla del sistema, la gestión actual convalidó lo que apuesta a combatir con normas como la ley de transición, que apunta a que los funcionarios políticos se vayan a su casa al término de la gestión que los convocó, o que sigan si se considera, pero que en ningún caso pasen a ocupar vacantes de la planta del Estado.

Fuente: Análisis

El gobernador Rogelio Frigerio dio precisiones sobre el encuentro realizado este jueves de los mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio con el jefe de Gabinete Nicolás Posse y el ministro del Interior Guillermo Francos.

«El gobierno recibió apoyo por parte de todos los gobernadores de Juntos por el Cambio para todos esos instrumentos que necesita para gobernar la Argentina», sostuvo. Y apuntó: «Se tocó la posibilidad del 25 de mayo tener un pacto con diez puntos que implicaría un nuevo norte para la Argentina, si se llegan a consensuar por la mayoría de la dirigencia política», según contó en diálogo con Radio con Vos.

«Sé tocó el tema del impuesto a las ganancias, el gobierno nos va a pasar la nueva propuesta del paquete fiscal y la ley bases con los cambios de esta semana, no tenemos los cambios claros», dijo.

«Lo que se habló es que el paquete fiscal no tiene una modificación sustancial y consecuencia esto implica que el apoyo está y va a seguir estando», adelantó.

En ese sentido, insistió con un punto que ya venía señalando en anteriores entrevistas: «Todos los países tienen un impuesto sobre los ingresos más altos de la sociedad, la Argentina es el único que no lo tiene». Y volvió a recordar, en el mismo sentido: «En su momento cuando el gobierno anterior en el marco de la campaña electoral, con una actitud claramente demagógica, eliminó la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, Juntos por el Cambio no lo apoyó».

«Eliminar el impuesto al cheque y las restricciones afectan mucho más la competitividad, si hacemos una reforma fiscal tiene que ser integral», agregó además.

Por otro lado, reveló: «El gobierno nos confirmó que incluirá la reforma laboral en la ley bases para discutirlo en el Congreso». En ese punto, subrayó: «Las cosas que salen por ley son más sostenibles en el tiempo y tienen un peso jurídico más importante; las cosas que se aprobaron por decreto deberían en algún momento aprobarse por ley».

Además, contó que entre otros puntos: «Se habló de la obra pública nacional, que están paralizadas. Desde el gobierno hay disposición para sentarse a ver cómo terminar las más avanzadas».

Y advirtió: «Los fondos coparticipables cayeron interanualmente más de un 30% y discrecionales cayeron un 90%, eso impacta mucho en la gestión».

«Nosotros vamos a dar la pelea por los recursos discrecionales que el gobierno nacional decidió no transferir», cerró.

El ex presidente había pedido en enero la pensión honorífica que le corresponde como ex presidente porque había dicho, desde España, que no le alcanzan sus ingresos para vivir, tal como reveló Clarín.

Si se le suman los ingresos de enero, el ex presidente debería cobrar 14 millones de pesos por enero y febrero en forma retroactiva.

La diputada Graciela Ocaña se opuso a la medida porque “Alberto Fernández debe acreditar que reside en la Argentina”, según la ley 24.018 sancionada durante el gobierno del ex presidente Carlos Menen.

Ocaña es la misma diputada que tiene un recurso ante la Corte para que se derogue las dos pensiones honoríficas que cobra la ex presidenta Cristina Kirchner, luego de un polémico trámite administrativo y juicio, por un valor total de más de 14 millones de pesos.

Clarín había adelantado en exclusiva en enero que el ex presidente del gobierno del Frente de Todos había empezado el trámite jubilatorio.

En una carta dirigida a la ANSES Ocaña, María Sol Mendez y Sebastián Nagata, Legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habían pedido que se anule el pedido Alberto Fernández para el cobro de la asignación mensual vitalicia para Presidente regulada en la ley 24.018.

“Fernández, quien se encuentra actualmente en España y es evidente que no va a residir en nuestro país, estaría por solicitar el cobro de la jubilación de privilegio por haber sido Presidente, para así poder eludir los cambios que está debatiendo el Congreso en el régimen de jubilaciones de privilegio”, afirmaron.

«Nuestro país está inmerso en una de las peores crisis económicas de su historia, que el nuevo Gobierno intenta afrontar mediante el dictado de un mega Decreto de Necesidad y Urgencia y una ley Ómnibus que modifican cientos de leyes», subrayaron en una carta.

“Los jubilados, gracias a las reformas efectuadas durante el Gobierno de Fernández, son los más afectados por esta crisis económica. La gestión anterior convirtió a los jubilados de la Argentina en los nuevos indigentes”, agregaron.

“Es insoslayable que el ex Presidente Alberto Fernández ha manifestado en diversas ocasiones y medios de comunicación que una vez finalizado su mandato se radicaría en España”, subrayaron.

Para los legisladores que el ex presidente mude su residencia a otro país, “lo torna incompatible con el requisito establecido en el Art. 5 de la Ley 24.018 cuando establece: que para tener derecho al goce de esa asignación es condición que los beneficiarios estén domiciliados en el país», sostuvieron.

Con respecto a la situación de la residencia en el extranjero del ex presidente y las disposiciones del artículo 5° “consideramos que Alberto Fernández debería presentar una declaración jurada que informe su situación actual conforme al domicilio, es decir, si su permanencia en el extranjero será permanente o en forma transitoria”.

A modo de ejemplo, y por considerar que resulta analógicamente aplicable al caso, nos referiremos a las disposiciones del Decreto 2234/79.

Esta norma en su artículo 1° dispone que los titulares de pensión o jubilación o derecho a sueldo de retiro en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, quedan sujetos a la presente reglamentación en cuanto sus viajes fueran fuera del Territorio Nacional:

La ausencia del país por un período inferior a los sesenta días no requerirá autorización alguna.

Pero cuando el traslado al extranjero exceda ese lapso y alcance hasta un año no requerirá autorización previa, debiendo comunicar tal situación por nota a la autoridad de la Caja, con una antelación de treinta (30) días a su partida y probable regreso.

En el supuesto que la ausencia excediera el año, deberá pedirse autorización de modo fundado, que será resuelto por la autoridad superior de la Caja, dice el decreto citado por los legisladores.

“El slogan de campaña del actual gobierno fue terminar con la casta política que tanto daño le hizo a nuestro país”, agregaron.

De concederle “a Alberto Fernández una jubilación de privilegio de más de 7 millones de pesos, no solo resentiría las arcas del ANSES -afectando así, a los casi 9 millones de jubilados que tiene el sistema y que más de la mitad cobran la jubilación mínima de poco más de 200 mil pesos-, sino que sería una burla para todos los argentinos y en especial aquellos que votaron para terminar con los privilegios de la casta política”.

Asimismo,” consideramos que la jubilación de privilegio que pretende el ex presidente Fernández debería ser denegada por no reunir las condiciones éticas y morales suficientes para gozar de semejante privilegio. No hace falta indagar profundamente para descubrir que el ex presidente deja la gestión con decenas de denuncias penales en su contra”.

El gobierno provincial publicó en el portal oficial la escala salarial de las autoridades superiores y el personal fuera de escalafón. El gobernador Rogelio Frigerio percibe un haber neto mensual de 2.093.264 pesos, más antigüedad.

El sueldo de Frigerio se compone de un básico de 781.458, al cual se suman gastos de representación por 625.167 y un adicional de 1.125.300. A estos importes se le debe sumar el adicional por antigüedad, que en el caso de Frigerio supera los 15 años.

Su ingreso al Estado se produjo hace 30 años, en 1994, en el primer gobierno de Carlos Menem, cuando comenzó a trabajar en la Dirección Nacional de Políticas Regionales del Ministerio de Economía de la Nación.

En 1996 fue designado subsecretario de Programación Económica y Regional y al año siguiente fue nombrado presidente del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, siempre en la órbita del Ministerio de Economía de la Nación.

En 1998, Frigerio fue designado secretario de Programación Económica de la cartera, en tiempos del ministro Roque Fernández. Con la llegada a la Presidencia de Fernando De la Rúa, quedó fuera del gobierno y se dedicó a la actividad privada desde su consultora Economía & Regiones.

Frigerio volvió a la política en 2011, cuando fue electo legislador en la ciudad de Buenos Aires. En 2013, convocado por el entonces jefe de Gobierno, Mauricio Macri, dejó la banca para asumir como director del Banco Ciudad. Allí estuvo hasta 2015, año en el cual, con Macri presidente, asumió como ministro del Interior de la Nación.

Con la victoria de Alberto Fernández, Frigerio volvió por dos años a la actividad privada, hasta 2021, cuando fue electo diputado nacional por Entre Ríos. Estuvo dos años en la banca y fue elegido gobernador de la provincia, cargo que ocupa actualmente.

Los demás sueldos

En concepto de sueldo básico, gastos de representación y un adicional, la vicegobernadora Alicia Aluani percibe mensualmente 1.950.388, más lo que se le compute por su antigüedad como médica en el Hospital San Blas de Nogoyá.

Le siguen los ministros del Poder Ejecutivo, el contador general (Andrés Zabala) y el tesorero general de la provincia (vacante), que cobran 1.857.512, más la antigüedad que les corresponda según el caso.

Luego vienen el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, y el director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, que perciben 1.772.915 pesos más antigüedad.

Un sueldo mensual de 1.447.481 pesos está estipulado para secretarios ministeriales, jefe de Policía (Claudio González, se le suma un adicional por dedicación full time), coordinador de la UEP (Gustavo Cusinato) y rector de la Uader (Luciano Filipuzzi).

El mismo monto corresponde a los presidentes de CGE (Alicia Fregonese), Copnaf (Clarisa Sack), Iafas (Diego Martínez Domé), IAPV (Manuel Schonhals), Iosper (Fernando Cañete), Caja de Jubilaciones (Gastón Bagnat), DPV (Exequiel Donda) y Cafesg (Carlos Cecco).

El fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes cobra 1.321.701, más un adicional por incompatibilidad especial. Mismo monto percibe el director del Servicio Penitenciario (Aníbal Miotti), más un adicional por dedicación full time.

Un sueldo de 1.156.583 está previsto para subsecretarios, subjefe de Policía (Cristian Hormaechea), sub director de DPV (Alfredo Bel), coordinadores generales, presidente de Instituto Portuario (Juan Ruiz Orrico), vocales de Iafas (Marcelo Monfort) y Cafesg (Pablo Canali, Miguel Piana, Felicitas Rodríguez), escribano Mayor de Gobierno (Sandra Taborda) y miembros del directorio del IAPV (Luis Uriona, Aníbal Steren y José Artusi).

Siguen en la nómina el presidentes de Codesal (Gastón Grantón) y del Ente Termal (Aldo Montañana), y la secretaria privada del gobernador (Tatiana Hein), con sueldos de 1.073.968 pesos.

Luego, con haberes de 1.024.402, vienen el escribano Mayor de Gobierno adjunto (Daniela Kozak), el presidente del Instituto de Promoción Cooperativa y Mutualidades (Laura Renoldi), el coordinador de la UEP (Gustavo Cusinato), el director de Casa de Entre Ríos (José Mouliá) y los directores generales.

Los directores y coordinadores generales perciben 899.563, igual que los decanos de la Uader, secretarios generales y gerentes de Iosper.