El ministro de Gobierno de Entre Ríos, Manuel Troncoso, adelantó que trabajan en el pago de un plus a docentes que no falten y se refirió a los reclamos por fondos adeudados. “En un contexto de enorme fragilidad económica, el gobernador ha hecho un esfuerzo titánico para recomponer salarios. Nuestro compromiso es que la paritaria sea abierta y transparente y la creemos en una herramienta para rediscutir sueldos y también condiciones de trabajo”, dijo el funcionario en radio UNER.
En ese marco, Troncoso adelantó que se propondrá el pago de un plus salarial para los docentes que tengan asistencia perfecta al aula como sucede en Santa Fe donde presentaron el programa Asistencia Perfecta.
Señaló que el proyecto se está terminando de delinear, pero que -según su mirada- no debería beneficiar a maestros que realicen medidas de fuerza. “La idea es que los docentes que estén al frente del aula tengan un plus de 10% más de incentivo salarial, muy similar a lo que ocurre en Santa Fe. Es una decisión del gobernador que entiende que es muy importante premiar y reconocer el trabajo del docente que está al frente del aula. Ahora tenemos que discutir algunos detalles con el sindicato, pero esto no es en el marco de la paritaria”, explicó.
Reclamos a Nación
En otro orden de temas, el ministro entrerriano habló de los reclamos a Nación por fondos adeudados, algunos de los cuales fueron judicializados.
“No podemos ir a trabar con la cabeza contra una gestión que precisa gobernabilidad, con Cámaras en minoría y sin gobernadores. Es todo muy prematuro, el punto de inflexión será el Pacto de Mayo. A la par tenemos la decisión de plantarnos políticamente ante el gobierno central por los recursos que nos deben, de Anses y Salto Grande. Y por eso fuimos a la Corte; es una lucha y un desafío que une a los entrerrianos por sobre cualquier color político y bandería”.
El programa Asistencia Perfecta de Santa Fe
El Gobierno de Santa Fe anunció esta semana la creación del programa «Asistencia Perfecta», una serie de incentivos salariales mensuales y trimestrales que busca premiar la asistencia docente.
La medida fue anunciada por los ministros de Educación, José Goity, y de Economía, Pablo Olivares. El incentivo se dividirá según el cargo del docente, y habrá tanto mensuales como trimestrales.
En el caso de un docente que recién inicia y cuenta con un solo cargo percibirá una suma de $57.000 más en caso de tener asistencia perfecta durante un mes, y si se extiende por tres meses recibirá un adicional de $86.000. Es decir, en caso de contar con asistencia perfecta durante tres meses, el docente percibirá aproximadamente $257.000 en concepto de incentivo.
Lo mismo ocurre con los docentes de cargo más altos, con la diferencia de que las sumas son más elevadas. Cobrarían $114.000 por mes y $257.000 por trimestre, algo así como $500 mil extra.
El ministro de Educación Goity declaró: “Queremos premiar a los docentes que hacen un esfuerzo extraordinario” y agregó que “es un reconocimiento a quienes tienen asistencia perfecta a su lugar de trabajo, acompañando y sosteniendo los procesos pedagógicos y educativos”.
A su vez, comentó de donde proviene la medida: “El año pasado, los santafesinos, a través de los recursos que el Estado destina a educación, pagó 100.000 millones de pesos en reemplazos. La proyección para este año son 250.000 millones. Es mucho dinero, entonces empezamos a trabajar en acciones que reviertan esa situación”.
Votaron un proyecto de resolución minutos antes de finalizar el encuentro de este jueves en la Cámara alta. Les quedarán más de $4 millones en mano. Vigencia desde el mes próximo.
Los senadores aprovecharon el final de la sesión de este jueves para tratar un proyecto de resolución sobre tablas y aprobaron un aumento de sus dietas. Lo hicieron a mano alzada y sin debate, y los sueldos en mano pasarían a partir de junio próximo de $1,7 millones a más de $4 millones.
De esta manera, los legisladores evitaron que se involucrara en el asunto la vicepresidenta y titular del Cuerpo, Victoria Villarruel. Semanas atrás, una suba en base a una resolución conjunta con su par de Diputados, Martín Menem, tuvo que retrotraerse. Ahora, los senadores actuaron por su cuenta, en una medida que no fue acompañada por el oficialismo, según dijo al término de la sesión el jefe libertario, Ezequiel Atauche, ante periodistas acreditados. No obstante, como firmante de la iniciativa aparece Bruno Olivera Lucero.
La jugada concretada este jueves nació ayer, en la reunión de Labor Parlamentaria que se realizó para organizar la sesión. Allí, desde varios bloques hubo quejas por algunas declaraciones y movimientos del Ejecutivo. “Queremos ganar lo mismo que -el vocero presidencial, Manuel- Adorni. A él también le subieron hace poco”, deslizó a Infobae un experimentado senador de la oposición.
Anoche, el texto en cuestión estaba en conocimiento de las distintas fuerzas. El mismo establece que las dietas pasarían a estar conformadas por 2.500 módulos -hoy, cerca de los $1.700-, más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación, y 500 módulos de adicional por desarraigo. De hecho, se agregará una dieta más a las 12 originales para compensar el aguinaldo.
En el recinto, quien tomó la posta fue el senador del peronismo disidente Juan Carlos Romero, que solicitó la incorporación del proyecto de resolución 615/24 -aún no está cargado en la web de la Cámara alta- y pidió habilitarlo sobre tablas. Se necesitaban dos tercios. Villarruel puso la definición a mano alzada y, pese a que algunos legisladores no lo hicieron, quedó convalidada. Sin debate, se volvió a votar la iniciativa de manera formal y quedó aprobada.
Victoria Villarruel (NA)
Qué pasó en marzo
El mes pasado, Menem y Villarruel desactivaron la suba otorgada a fines de febrero último, cuando acordaron y convalidaron un aumento del 16% a partir del 1° de enero de 2024, y del 12% más acumulativo desde el 1 de febrero. La variación acumulada respecto a diciembre último era del 29,92%.
En la resolución se dejó en claro que quedaba anulada “a partir del 1 de enero” pasado -retroactivo- la resolución conjunta 13/11 “suscrita por Amado Boudou y Julián Domínguez, en lo que respecta a la equiparación y movilidad automática de la Dieta, Gastos de Representación y Desarraigo que perciben los diputados y senadores nacionales”. Eso no corrió para el resto de los empleados legislativos.
Si bien la dieta de los senadores y diputados estaba atada a la paritaria de los trabajadores del Congreso, eso se interrumpió en 2021, en medio de la pandemia y un contexto de descontento generalizado con la dirigencia de todos los partidos, con fuertes cuestionamientos a los gastos de “la política”. En aquel momento, las autoridades habían decidido “desenganchar” las dietas de los legisladores de los acuerdos salariales de los empleados.
En ese sentido, se firmó una resolución que estipulaba que cualquier aumento de los haberes de los legisladores debía ser “tratado y aprobado por el pleno de ambas Cámaras”. La estrategia buscaba contener el reclamo de incrementos, ya que los legisladores evitarían votarlo en el recinto para evitar las críticas públicas.
El presidente de Diputados, Martín Menem (Reuters)
Sin embargo, en noviembre de 2022, cuando se negoció el último tramo de la paritaria de ese año, se derogó el artículo 2 de la Resolución Conjunta 03/2022 y los aumentos de dieta volvieron a estar “enganchados”. Todo esto fue explicado por este medio el 23 de febrero pasado.
En el Congreso, tanto las autoridades, legisladores y empleados sabían a la perfección lo que se había consensuado con los gremios a fines de febrero pasado. Es decir: Menem y Villarruel conocían al detalle la negociación en cuestión, y por eso la defensa que realizó en ese entonces la vicepresidenta y titular del Senado, incluso, cuando presentó sus argumentos a la Casa Rosada.
A diferencia de Villarruel, Menem olvidó rápido lo que firmó su secretaria administrativa -quien maneja la caja de la Cámara baja- y se alineó con la postura de Milei. Primero, sostuvo que enviaba un proyecto. Más tarde entró en razón y convalidó el desenganche de legisladores, mientras que la titular de la Cámara alta lo hizo más tarde. El método fue el de una nueva resolución conjunta.
“Mantener la vigencia de la resolución conjunta -la que permitió la suba- representaría necesariamente la actualización de la dieta, gastos de representación y desarraigo de los señores legisladores”, expresa la nueva normativa. Y luego agrega que “en este contexto de esfuerzo que realizan los argentinos, quienes tenemos responsabilidad pública debemos adoptar medidas en consecuencia”.
El sueldo bruto de los senadores superará los $7 millones: la trama detrás de una votación polémica
Será el salario de mayo, a cobrar en junio. El neto es de 4,5 millones de pesos. El total se calcula con una base de la dieta, más los gastos de representación y desarraigo. Si el Gobierno no hubiera forzado la desactivación del aumento de febrero, dicha cifra hubiese pasado a $3,5 millones. Enojo de Villarruel.
Los senadores se subieron la dieta a más de $7 millones brutos para mayo, o cerca de $4,5 millones en mano a partir de junio próximo, en una polémica votación sin debate y a mano alzada, que se habilitó en menos de un minuto y con dudas por la cantidad de legisladores que después salieron a aclarar, desesperados, para reafirmar su rechazo. Lo más curioso de todo esto es que, si el Gobierno no hubiera forzado a desactivar el aumento otorgado por Victoria Villarruel y Martín Menem a fines de febrero pasado, la cifra a cobrar sería la mitad, es decir, $3,5 millones desde mitad de año.
El embrollo comenzó ayer, durante la reunión de Labor Parlamentaria realizada por jefes de bloque y varios legisladores junto a Villarruel. Allí surgió el tema, aunque varios lo continuaron tras la partida del convite de la Vicepresidenta. Al ser un proyecto de resolución, ella no tuvo voz ni voto en la decisión adoptada.
Villarruel sí defendió la suba otorgada en febrero pasado, que tras acusaciones diversas desde la Casa Rosada desactivó junto a Menem. Había sido, en esa ocasión, una resolución conjunta. El riojano sí se plegó rápido en ese entonces por temor a quedar del otro lado de los deseos del Ejecutivo.
Las conversaciones continuaron durante toda la tarde de ayer. Se definió mantenerlo en privado y presentar un proyecto de resolución que tomó estado parlamentario al mediodía de hoy. Incluía la firma de varios legisladores de la oposición y también de uno del oficialismo, Bruno Olivera Lucero. Tras la sesión, el jefe libertario en la Cámara alta, Ezequiel Atauche, informó a los periodistas acreditados que nadie de la bancada votó la iniciativa en cuestión. “Queremos ganar lo mismo que -el vocero presidencial, Manuel- Adorni. A él también le subieron hace poco”, deslizó a Infobae un experimentado senador.
En el lote de firmantes también aparecen el titular del bloque kirchnerista, José Mayans, los peronistas disidentes Juan Carlos Romero y Carlos Espínola, la neuquina Lucila Crexell, el radical Pablo Blanco y la misionera renovadora -no massista- Sonia Rojas Decut, entre otros.
El titular del Frente de Todos en la Cámara alta, José Mayans
Si de números se trata, el texto establece que las dietas pasarán a estar conformadas por 2.500 módulos -de $1.800-, más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarraigo. Sobre este último punto, sólo cuatro no lo cobran en la actualidad. Además, se agregará una dieta más a las 12 actuales para compensar el aguinaldo. Según confiaron desde un despacho a este medio, la pretensión inicial apuntaba a una mayor cantidad de módulos.
Durante la mañana de hoy se realizó un nuevo encuentro entre distintas fuerzas para reforzar el proyecto y blindarlo. En el recinto, quien tomó la posta fue Romero, que solicitó la incorporación del tema y pidió habilitarlo sobre tablas. Se necesitaban dos tercios. Villarruel puso la definición a mano alzada y, pese a que algunos legisladores no lo hicieron, quedó convalidada. Sin debate, se volvió a votar la iniciativa de manera formal y quedó aprobada.
Bajo estos parámetros, el concepto final en bruto desde mayo próximo -a cobrar en junio- será: dieta de 2.500 módulos de $1.800, que dan $4,5 millones; desarraigo de 500 módulos, $900.000s; y gastos de representación, $1,8 millones. Da un total de $7,2 millones. En mano, cerca de $4,5 millones.
Lo ocurrido este jueves movilizó los sentimientos de varios diputados en la Cámara que maneja Menem. En el Senado, desde un despacho se escuchó por la tarde: “Al final, si dejaban el aumento con el que tanto escándalo se armó, todo esto no pasaba”.
Horas después de la sesión aparecieron repercusiones de Milei, Villarruel y de senadores que ahora le piden a la presidenta de la Cámara alta “la posibilidad de no incluir el aumento autorizado” en sus dietas, como el caso de los radicales mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suarez. A todo esto debe agregarse las declaraciones del oficialismo sobre el rechazo en el recinto, así como el Pro en su totalidad.
En la bolsa de escombros de la jornada de hoy se pueden encontrar varias cuestiones. Primero, legisladores que se mostraron de acuerdo y después sacaron los pies del plato; segundo, dos votaciones -una requería los dos tercios- a mano alzada y rápidas, sin ninguna solicitud para que ambas fueran por medios electrónicos, para que no quedara constancia de cada decisión; y tercero, senadores que juguetearon con la mano para no mostrar, en realidad, qué era lo que avalaban.
“Muchos se quejan o rechazan, pero vamos a ver si donan o no este aumento. Al final, los kirchneristas y peronistas fueron mucho más orgánicos que el resto del recinto y bancaron la parada”, se sinceró un legislador ante la prensa acreditada al término de la sesión.
En el marco de la paritaria, el gobierno hizo efectiva una propuesta a los gremios estatales de un 8 por ciento para abril, con un retroactivo equivalente al 5 por ciento sobre el salario de marzo. Se pasó a un cuarto intermedio para el 6 de mayo.
Un nuevo encuentro paritario tuvo lugar este jueves con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), presidido por el secretario de Trabajo, Mariano Camoirano.
Por el Poder Ejecutivo, estuvo el secretario de Presupuesto y Finanzas, Uriel Brupbacher; y en representación de la UPCN, José Allende, y de ATE, Oscar Muntes.
“En el marco del diálogo que venimos teniendo en esta mesa paritaria, y a pedido de los gremios, vinimos a traer una propuesta de un 5 por ciento retroactivo al mes de marzo más un 3 por ciento para abril, a cuenta de futuras negociaciones», dijo Brupbacher.
En ese sentido, señaló que, «teniendo en cuenta el contexto provincial y tratando de no alterar el cronograma de pagos, hicimos el esfuerzo para poder llegar con una oferta que entendemos que es cumplible y que está al alcance del gobierno».
“Hemos tomado la decisión de judicializar el reclamo por los fondos previsionales que se adeudan a la provincia y los pagos de regalías y excedentes de Salto Grande”, expresó el gobernador. La deuda de Anses asciende a 154.000 millones y la deuda por Salto Grande alcanza los 4.000 millones de pesos.
“Es una deuda histórica, no es de hoy ni de este gobierno nacional, que recién comienza su gestión”, destacó Frigerio.
Habiendo iniciado ya los reclamos administrativos que corresponden, el gobierno entrerriano acudirá ahora a la vía judicial para conseguir los fondos que Nación adeuda. El ámbito natural para dirimir este tipo de presentaciones de las provincias es la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Frigerio expresó que “es hora de que los entrerrianos dejemos de estar con los brazos cruzados a la hora de reclamar lo que nos corresponde. Estamos decididos a defender lo nuestro como nunca antes se hizo”, añadió.
A través de un mensaje en sus redes sociales, Frigerio anunció que “hemos tomado la decisión de judicializar el reclamo por los fondos previsionales que se adeudan a la provincia, y los pagos de regalías y excedentes de Salto Grande”.
En referencia al reclamo ante la Corte Suprema por los excedentes y regalías de Salto Grande, el mandatario afirmó que “se nos adeudan alrededor de 4.000 millones de pesos en concepto de excedentes y de regalías del sistema hidroeléctrico. En cuanto a los excedentes, nos deben todo el segundo semestre de 2023 y todo el 2024. Y en cuanto a las regalías, durante años recibimos una remuneración muy injusta, casi tres veces menos que la que se recibe por Yacyretá”, precisó Frigerio.
En esa línea, puso de relieve que “Entre Ríos, como generadora eléctrica, aporta al sistema el doble de la energía que consumimos y, sin embargo, recibimos el mismo trato que si no lo fuéramos, con todos los daños que eso nos causó”.
“Ya presentamos el reclamo por medio de todas las vías institucionales y administrativas que corresponden, y hoy quiero anunciar que vamos a presentar la demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia”, concluyó Frigerio.
El ministro de Justicia dejó sin efecto dos resoluciones que se conocieron hoy. De esa manera, se suspendió la suba de los formularios y de los ingresos de los encargados de los registros, que venían congelados desde octubre del año pasado.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dio marcha atrás con los aumentos que se habían otorgado para los trámites que se realizan en los Registros del Automotor. Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, el funcionario firmó esta noche dos resoluciones y de esa manera suspendió las subas.
Por un lado, el ministro dio de baja el aumento de los formularios, que ya se habían aumentado en enero de este año. “La Subsecretaría de Asuntos Registrales entendió oportuno revisar las referidas modificaciones, toda vez que, incluso sin ellas, se mantiene el correcto funcionamiento del Sistema de Cooperación Técnica y Financiera instaurado las Leyes Nros. 23.283 y 23.412″, dice la resolución.
El argumento para aumentar había sido la inflación. Ahora la norma dice que “hay fuertes bajas en las expectativas de inflación para los próximos meses”.
Mediante otra resolución, de apenas dos carillas, Cúneo Libarona dio marcha atrás con los aumentos de los ingresos que perciben los encargados de los registros, que estaban frenados desde octubre del año pasado. Técnicamente se los conoce como “emolumentos”.
En ese caso, además de la supuesta baja de la inflación la resolución habla de “una disminución de trabajo” de los registros.
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El gremio que representa a los encargados venía reclamando hace tiempo que se suban los emolumentos. “Han transcurrido ya más de tres meses y no hemos tenido ningún tipo de contacto que permita vislumbrar una pronta medida que al menos ayude a paliar en parte el desfinanciamiento que venimos padeciendo. Ninguna autoridad del Ministerio a su cargo tomó contacto con nosotros encontrándonos además de la crítica situación económica con un estado de incertidumbre acerca del devenir”, expresó la Asociación de Encargados de registros (AAERPA) hace diez días en una nota enviada al ministro de Justicia.
Esa misma nota, a la que tuvo acceso este medio, planteaba que la situación era “insostenible” y remarcaba que había generado renuncias de encargados y despidos de empleados. “Trabajadores generalmente muy calificados, que cabe agregar, lleva años capacitar y preparar al equipo registral por la complejidad de la materia y la dosis de confianza necesaria que conlleva la modalidad de trabajo”, destacaba.
Aunque los emolumentos estaban frenados desde octubre, Cúneo Libarona suspendió esta noche el aumento que había otorgado el viernes pasado, aunque la resolución recién se publicó este martes en el Boletín Oficial. “Luego de evaluar la situación hemos decidido dejar sin efecto dos resoluciones que se conocieron hoy”, confirmó el ministro a través de su cuenta de X.
Apenas asumió, el gobierno de Javier Milei apuntó a una profunda digitalización de todos los trámites que se realizan en los registros, pero ese proceso todavía no se concretó. Los cambios figuran en el DNU que desregula la economía. Son 13 artículos que modifican artículos e incisos de un decreto de 1958 que luego fue ratificado por una ley de 1997, durante el gobierno de Carlos Menem, donde se regula el régimen jurídico del automotor.
Luego, el Gobierno lanzó una auditoría de 141 registros que ya estaban intervenidos. En ese listado hay 42 registros de la provincia de Buenos Aires, 13 de la Ciudad de Buenos Aires, 10 de Córdoba, 10 de Entre Ríos, 6 de Chaco, entre otros.
También se puso en marcha una fiscalización digital de otros 25 registros. “Vamos a analizar variables como los plazos en que los registros cumplen los distintos trámites, ver si hay irregularidades, si la gente recibe un buen servicio. Si detectamos problemas, que pueden surgir de negligencia o impericia, pero también de ilícitos, la siguiente etapa es la fiscalización in situ”, explicaron en ese momento desde la cartera de Justicia.
El gobernador Rogelio Frigerio, mantuvo este lunes una reunión de trabajo con el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, donde reafirmó la postura de su gobierno de defender los recursos de la provincia.
«Fue una buena reunión de trabajo en donde pudimos avanzar con varios temas estratégicos de nuestra gestión», afirmó Frigerio finalizado el encuentro en las oficinas de la Secretaría de Energía de la Nación.
«Reforzamos nuestra postura de reclamar para que las regalías y los excedentes que recibe la provincia por la generación de Salto Grande, tenga una valoración acorde a la utilización del recurso hídrico que constitucionalmente le corresponde a Entre Ríos. Es una demanda histórica que debe ser compensada y es uno de los compromisos más importantes que asumí con los entrerrianos», explicó el mandatario.
«También insistimos con la necesidad de tener un precio justo para la generación de energía en Salto Grande y que Entre Ríos deje de tener un tratamiento discriminatorio como el que han tenido en las últimas décadas», sintetizó.
Por último, Frigerio aseguró que «más allá de estas gestiones, estamos agotando además todas las instancias administrativas e institucionales, y también estamos terminando de trabajar una demanda judicial ante la Corte Suprema que detallaremos en el transcurso de esta semana».
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este lunes una nueva reunión de gabinete conjunta, esta vez con el equipo municipal de Gualeguaychú. Allí, instó a “hacer todo lo que podamos en estos meses para prepararnos para una Argentina que empiece a resurgir”.
“Tenemos que estar preparados para resolver problemas concretos que se puedan hacer en estas condiciones tan complejas desde el punto de vista fiscal y financiero, pero también para cuando podamos tener los recursos que la provincia está necesitando desesperadamente y que estamos intentando por todas las vías recuperar”, señaló el mandatario.
Frigerio, junto a la vicegobernadora Alicia Aluani, fue recibido por el intendente local Mauricio Davico; y luego se dio inicio al encuentro, que tuvo lugar en el Centro de Convenciones del Parque de la Estación, con la presencia de los gabinetes de provincia y municipio.
En la oportunidad, el gobernador destacó que “esta reunión forma parte de un estilo de gestión de intentar siempre estar en el territorio, vivir los problemas en carne propia”, así como de que los gabinetes de los municipios y de la provincia, a partir del conocimiento personal y la confianza, “puedan gestionar mejor y resolver más problemas”.
Agregó que esto “cobra mucho valor en una situación tan difícil como la que estamos atravesando, porque necesitamos más gestión que nunca para resolver problemas, incluso sin plata”.
En ese sentido, consideró que esta reunión tiene que servir para apuntalar y definir con precisión cuáles son la prioridades en la gestión del municipio, que tienen que ser, en consecuencia, las prioridades de la gestión de la provincia en Gualeguaychú”.
Por su parte, el intendente Davico agradeció la visita del gobernador Frigerio con todo su equipo para tratar temas puntuales, así como también la presencia de legisladores nacionales y provinciales. “Es un muy buen gesto para la comunidad”, dijo y acotó que “todos los partidos estamos trabajando para mejorar Gualeguaychú y nuestra querida provincia de Entre Ríos”.
De la reunión de gabinete conjunto también participaron los legisladores nacionales Alfredo de Angeli y Atilio Benedetti, y los provinciales Lorena Alzogaray y Jaime Benedetti.
«Seguimos con la tarea encomendada por el gobernador», dijo Aluani hace tres meses.
Luego de que ANÁLISIS revelara la existencia de posibles excepciones en las bajas que se están ejecutando en el Senado, trascendió que en los primeros días de esta semana habrá una reunión de seguimiento entre autoridades del gobierno provincial y de la Vicegobernación. “No va a haber excepciones”, sostuvo una fuente del Poder Ejecutivo consultada. No se descarta el impulso de procesos judiciales contra quienes cobraron sin cumplir con su función e incluso se piensa en el recupero de los fondos.
El caso más saliente que trascendió de los presuntos “salvados” es el del ex diputado provincial Rubén Almará, propietario de Radio La Voz, quien desde tiempos de la Vicegobernación de Adán Bahl cobra mensualmente un sueldo del Senado sin trabajar, bajo distintos formatos de contratación.
Su situación de revista, designado en planta permanente por la ex vicegobernadora Laura Stratta en el último tramo de la gestión anterior, es similar a la de muchas personas a las que ya les comunicaron la cesantía. Pero sus intensas gestiones a distintos niveles produjeron llamados al más alto nivel político e hicieron pensar en la posibilidad de una excepción. La distinta vara molestó en ámbitos legislativos y varios de los desplazados amenazaron con ir a la justicia con ese argumento.
Según pudo saber ANÁLISIS, la situación de Almará y la de otros que presionan por quedarse -entre ellos varios ex funcionarios del gobierno de Gustavo Bordet- están siendo miradas de cerca desde el Poder Ejecutivo. Sucede que, tal como comunicó en su momento la vicegobernadora Alicia Aluani, fue el propio gobernador Rogelio Frigerio el que dio la orden a los presidentes de ambas cámaras de sanear las designaciones irregulares.
En la Cámara de Diputados continúa en desarrollo un proceso que se inició apenas comenzada la gestión y que cobró notoriedad por el apartamiento de dos hijos de Bahl que, según se detectó, no concurrían a trabajar. En el Senado, recién comenzaron a conocerse algunos desplazamientos, en el marco de fuertes presiones tanto desde el peronismo como desde el gremio de empleados legislativos que conduce el presidente de la UCR, Fuad Sosa.
“Se avanzó más lento de lo que nos gustaría”, confió a este medio una fuente del Poder Ejecutivo. También informó que en los primeros días de esta semana habrá una reunión con autoridades del Senado para hacer “un seguimiento” de lo que viene sucediendo. Y aseguró que “no va a haber excepciones”.
Otro punto en estudio es la posibilidad de judicializar el tema, una vez que se tenga un panorama integral de lo que se encontró en las revisiones realizadas en la Legislatura. Puntualmente, se analiza la posibilidad de promover acciones penales bajo la figura de fraude a la administración pública, tanto contra los designados que cobraron y no cumplieron con su trabajo como contra quienes firmaron las designaciones en cuestión, autorizando simultáneamente licencias en decenas de casos, lo que se está viendo no como situaciones aisladas, sino como una maniobra en perjuicio del Estado. Según se indicó, medidas de esta naturaleza tendrían como consecuencia la exigencia de la devolución de los fondos en cuestión.
En un trabajo mancomunado entre la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), y la municipalidad de San José, se trabaja en la mejora del camino que vincula esta última localidad con 1° de Mayo, departamento Colón.
«Es un trabajo que llevamos adelante en forma articulada con Vialidad en un camino muy productivo porque hay mucha movilidad. Nos conecta con el departamento Uruguay, y donde hemos volcado unos 40 equipos desde La Potranca en dirección a la autovía 14», afirmó el intendente de San José, Gustavo Bastián, quien destacó el trabajo de la zonal Villa Elisa de la DPV.
Recordemos que la intervención sobre los tramos más críticos del transitado camino de uso productivo y social, es una continuidad de las tareas que se venían desarrollando hace un par de semanas atrás.
Esta última semana se pudo ver un gran despliegue de maquinarias de la Zonal Villa Elisa de Vialidad para llevar adelante las tareas de conservación.
Por otra parte, desde el ente vial se destacó la colaboración del municipio de 1° de Mayo en la ruta provincial Nº 23 para garantizar la transitabilidad, y se informó que se llevan adelante tareas de mejoras en los siguientes lugares:
Repasó ripio Berdúc – autovía ruta nacional Nº 14, trabajo de desagüe en camino Hocker – Villa Elisa, repaso camino a Humaitá, desmalezado en ruta provincial Nº 23, repaso de ripio a San Humberto, reposición de broza en curva Yinela. Arreglo de alcantarilla en camino Parlato.
Este viernes en el municipio de Concepción del Uruguay, el Intendente José Eduardo Lauritto, recibió al Presidente del Instituto Portuario de la provincia de Entre Ríos Juan Orrico y al titular del Ente Autárquico Puerto de Concepción del Uruguay, Marcos Di Giuseppe.
El objetivo del encuentro fue pautar acciones que favorezcan el comercio internacional y productivo de nuestra región aprovechando las ventajas de nuestro Río Uruguay.
Además, las autoridades del gobierno provincial y el ejecutivo Municipal establecieron un plan de trabajo para transformar el área portuaria en una parte activa de la ciudad, que permita la convivencia inteligente de las actividades portuarias tradicionales con la incorporación de zonas culturales y de ocio, comercios y restauración, manteniendo tráficos portuarios adecuados a cada zona, para lograr así una auténtica integración del puerto y la ciudad.
Esto permitirá continuar con las actividades de exportación de madera, avanzar con las acciones que permitan que la producción local y regional salgan por nuestro puerto a través de carga contenerizada, diversificando e incrementando la tarea portuaria, entre otras iniciativas.
La idea prioritaria es unir los esfuerzos de los que tienen responsabilidades públicas más allá de las pertenencias sectoriales y partidarias bajo un mismo objetivo común.
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