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Concepción del Uruguay: Se licitarán 25 viviendas para trabajadores de la alimentación

Licitarán la construcción de 25 viviendas pertenecientes al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación en Concepción del Uruguay, a ejecutarse con recursos propios. Se suman a las 30 viviendas de Vicoer que se licitaron también con fondos provinciales.

Lo hará elgobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV).

Las unidades habitacionales tienen un presupuesto oficial de más de 46 millones de pesos, un plazo de obra de 10 meses y cuya apertura de las ofertas económicas se realizará el 18 de diciembre en la sede del organismo provincial.

El titular del organismo, Marcelo Casaretto dijo que «desde el gobierno provincial estamos dando un nuevo paso para cumplir con el sueño de las familias entrerrianas de acceder a una vivienda digna, en un trabajo conjunto con legisladores, municipios y juntas de gobierno para avanzar en soluciones habitacionales para todos los habitantes que aún no poseen un hogar digno para sus hijos».

El funcionario señaló que «este proyecto de gobierno tiene un fuerte compromiso social, y la construcción de viviendas dignas es una de las bases fundamentales de nuestras políticas públicas, ya que después de 20 años, la provincia tiene una política de vivienda propia, financiada con recursos propios, destinada a sectores que no pueden acceder a créditos tradicionales”.

Casaretto aseguró que “creemos que donde hay una necesidad hay un derecho y la responsabilidad del gobierno provincial es tender una mano solidaria para que más familias puedan acceder a la vivienda propia»

En ese sentido, puso de manifiesto que “trabajamos en cada rincón de la provincia para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos, para poder incentivar la actividad económica regional, generar fuentes de trabajo y sobre todo, garantizar el derecho de todos los entrerrianos de acceder a una vivienda digna, en la cual criar a sus hijos y garantizarle estabilidad y seguridad».

En esta localidad se ejecutarán cinco viviendas monoambientes, 10 viviendas de un dormitorio; y 10 de dos dormitorios, dos de ellas equipada para situaciones especiales de discapacidad.

Todos los prototipos tienen instalación eléctrica completa previendo TV, teléfono y/o Internet, como así también, instalación de gas combinado de acuerdo a la disponibilidad de servicio de cada localidad. Cabe remarcar que por primera vez se colocará un termotanque solar que permitirá el ahorro energético.

La provincia firmó acuerdos con Nación que aseguran la continuidad de importantes obras en ciudades entrerrianas

El gobernador Gustavo Bordet rubricó con el secretario de provincias de la Nación, Alejandro Caldarelli, lo convenios mutuos que amplían el financiamiento para obras públicas que se ejecutan en Entre Ríos por cerca de 700 millones de pesos.

Los acuerdos firmados este jueves en Buenos Aires le permiten a la provincia acceder a un refuerzo presupuestario de 686 millones de pesos para seis obras hídricas, viales y de saneamiento en diferentes ciudades entrerrianas. Los fondos son tomados y pagados por la provincia y los trabajos también son encarados por el gobierno provincial.

La firma de los documentos se concretó en la Casa de Entre Ríos, en Buenos Aires, y contó con la presencia de Bordet y el secretario de Provincias y Municipios de la Nación, dependiente del Ministerio del Interior, Alejandro Caldarelli. También participaron el ministro de Economía de Entre Ríos, Hugo Ballay; y el secretario de Hacienda, Gustavo Labriola.

Las obras se financian con fondos que la provincia toma en el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional. En total se destinarán 566 millones de refuerzo presupuestario para culminación de cinco obras en ejecución: el acceso Puerto Ruiz, en Gualeguay; la sistematización Cuenca Baja Arroyo Manzores, en Concordia; la planta de agua, en La Paz; el plan Director de Agua, de Concepción del Uruguay; y el traslado Lagunas y sistema de cloacas, en Federal. A eso se suma una adenda de 120 millones de pesos destinados a la obra de Villa Paranacito, que se financia en conjunto entre la Nación y la provincia.

El ministro de Economía, Hugo Ballay, dijo que en la oportunidad se firmó el acuerdo mutuo para la ampliación del financiamiento de varias obras que se están concretando en Entre Ríos, y detalló: «Esto es producto de una reunión que se realizó la semana pasada donde se firmó un acta acuerdo por 686 millones de pesos que el Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional aporta a Entre Ríos. Son obras que ejecuta la provincia y son fondos provinciales porque el gobierno provincial se hace cargo del crédito, pero permite una financiación para darle continuidad a distintas obras en el próximo año».

Ballay resaltó que obtener el financiamiento «da tranquilidad porque la obra no sólo implica el objetivo final de tenerla sino también es una ocupación importante de mano de obra que en estos momentos de dificultades económicas importantes».

“Reduciré mi sueldo y los de toda la planta política”, anunció intendente entrerriano

Martín Piaggio, intendente reelecto de Gualeguaychú, publicó en las redes sociales que reducirá los salarios de funcionarios municipales y de la planta del Poder Legislativo.

El nuevo gobierno que comienza el 10 diciembre tendrá una nueva norma para fijar los sueldos del plantel político municipal: “No podemos recibir mejoras salariales de acuerdo a los aumentos que decidan los funcionarios de la justicia entrerriana. Esto no se ajusta a nuestro presupuesto ni a la realidad económica de las y los gualeguaychuenses”, afirmó Piaggio.

“La prioridad es el pueblo y consideramos que para salir de esta difícil situación económica cada quien debe aportar desde el lugar que le toque, y nuestro compromiso como equipo de gobierno es trabajar aún más fuerte para que cada gualeguaychense pueda vivir cada día un poquito mejor”, escribió.

En esta línea, remarcó: «Elevamos un proyecto de ordenanza que siente las bases para armonizar las cuentas del municipio, desanclando los ingresos del funcionariado municipal de lo que decida la justicia entrerriana con lo que pretendemos ahorrar en los próximos cuatro años un 25% del gasto en sueldos del plantel político”.

“Con esta medida pondremos en marcha nuestro segundo mandato al frente del ejecutivo entendiendo que para atravesar la crítica y generalizada situación económica actual la austeridad es un valor fundamental de la función pública», concluyó el intendente reelecto.

El texto del proyecto de ordenanza:

​VISTO: ​Que mediante Ordenanzas Nº 11537/10 y 11655/11 se fijó el sueldo y los gastos de representación del Presidente Municipal a partir del 10/12/2011, y que mediante Ordenanza Nº 11649/11 se regularon los haberes de los Concejales y personal político del Honorable Concejo Deliberante.

CONSIDERANDO: ​Que se hace necesario fijar la retribución que deba percibir el Presidente Municipal a partir del día 10 de diciembre del año 2019, como asimismo del resto del personal jerárquico con responsabilidad política.

​Que hasta la fecha el sueldo básico del Presidente Municipal se determina, conforme al artículo 1º de la Ordenanza Nº 11537/10, en una suma equivalente al sueldo básico de un juez de Cámara de la Justicia Ordinaria de la provincia de Entre Ríos, y en concepto de gastos de representación, conforme al artículo 1º de la Ordenanza Nº 11655/11, en el veinte por ciento (20%) del sueldo básico.

​Que la forma de determinación mencionada en el párrafo precedente, no tiene los mismos momentos de actualización, ni los porcentajes de incrementos salariales que tiene el resto del personal municipal, lo cual no resulta conveniente mantener tal situación.

​Que en función del haber del Presidente Municipal, se determinan los haberes del Vicepresidente Municipal, de los Concejales, y del Secretario del Honorable Concejo Deliberante en porcentajes respecto de aquel.

​Que resulta conveniente desenganchar los haberes respecto de la Justicia Ordinaria de Entre Ríos y establecer parámetros en función de la escala salarial para empleados municipales a fin de lograr una misma actualización de los mismos.​ Por ello, y en uso de las atribuciones expresamente conferidas por el artículo 107º de la Ley Nº 10.027, EL PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ DE GUALEGUAYCHÚ, eleva a consideración del HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, el siguiente Proyecto de ORDENANZA: ARTÍCULO 1º.- DETERMÍNASE la retribución mensual del Presidente Municipal, a partir del día 10 de diciembre de 2019, en la suma equivalente a 7.00 veces el sueldo básico de un Subdirector Profesional del Escalafón Municipal.

ARTÍCULO 2º.- DETERMÍNASE en concepto de gastos de representación del Presidente Municipal la suma equivalente al veinte por ciento (20%) del importe que resulte de lo establecido en el artículo precedente.

ARTÍCULO 3º.- DETERMÍNASE la retribución mensual del Vicepresidente Municipal, desde el 10 de diciembre de 2019, en la suma equivalente a 4 veces el sueldo básico de un Subdirector Profesional del Escalafón Municipal.

ARTÍCULO 4º.- DETERMÍNASE la retribución mensual de los Concejales, a partir del 10 de diciembre de 2019, en la suma equivalente a 3.2 veces el sueldo básico de un Subdirector Profesional del Escalafón Municipal.

ARTÍCULO 5º.- DETERMÍNASE la retribución mensual del Secretario del Honorable Concejo Deliberante, a partir del 10 de diciembre de 2019, en la suma equivalente a 2.8 veces el sueldo básico de un Subdirector Profesional del Escalafón Municipal.

ARTÍCULO 6º.- DETERMÍNASE la retribución mensual de Secretario de Bloque del Honorable Concejo Deliberante, a partir del 10 de diciembre de 2019, en la suma equivalente a 2.0 veces el sueldo básico de un Subdirector Profesional del Escalafón Municipal.

ARTÍCULO 7º.- Comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese.

Ahora

Santa Anita: Coordinan mejoras viales para el acceso pavimentado a la localidad

El gobierno provincial, a través de Vialidad, y el municipio de Santa Anita planifican trabajos de recuperación del ingreso pavimentado a dicha localidad desde la Ruta Provincial Nº20.

Mediante un convenio de colaboración mutua firmado entre la titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Alicia Benítez, y el intendente de Santa Anita, Horacio Amavet, se trabajará en el bacheo con mezcla asfáltica del acceso a dicha localidad del departamento Uruguay.

Al respecto, el mandatario municipal explicó que “Vialidad proveerá el material, compartiremos el transporte y por nuestra parte nos haremos cargo de la mano de obra. En estos momentos difíciles es fundamental la colaboración entre los distintos estamentos del gobierno para poder concretar obras y brindar soluciones a los vecinos”.

Además, Amavet comentó que “se trata de una zona de mucho tránsito fundamentalmente vinculado a la producción. Por ello mientras avanzamos con esta solución de emergencia estamos proyectando una reparación más profunda a futuro”.

Participaron del encuentro de trabajo, el ingeniero jefe de la DPV, Juan Arias y el director de Construcciones, David Coronel.

Con fuertes críticas de Cambiemos, Diputados aprobó el presupuesto 2020

La Cámara Baja de la provincia aprobó este martes sobre tablas, y de esta manera girará al Senado, el proyecto de ley de presupuesto 2020, enviado en octubre por el Poder Ejecutivo. Si bien acompañó en general el texto, el bloque de Cambiemos rechazó los artículos 6, 7, 12 y 27 cuestionando la delegación de facultades de la Legislatura, constató ANÁLISIS. Además, puso el acento en que se esté tratando previo al nacional, cuestionó que no pudieron introducir modificaciones mas que a un solo artículo, y advirtió por el déficit de la Caja de Jubilaciones.

La oposición expuso sus argumentos criticando, en primer lugar, el por qué del tratamiento del texto cuando aún no fue sancionado el proyecto nacional, así como la delegación de facultades y el déficit de la Caja.

“Este gobierno estima que el año que viene la Caja de Jubilaciones, una estimación que siempre es inferior, tendrá un déficit de 15 mil millones de pesos; equivale a decir que si el gobierno nacional no devuelve parte del déficit de la caja el gobierno provincial va a tener que endeudarse cada mes para poder pagar las jubilaciones de los empleados públicos”, sostuvo Sergio Kneeteman (UCR en Cambiemos).

“Lo que se va del presupuesto para pagar sueldos y jubilaciones, y el 6% que nos queda para inversión, sumado al déficit de la Caja, muestran la dependencia del gobierno nacional de una provincia que no despega, que los 16 años de gobierno justicialista la han transformado en la hermana pobre de la Región Centro”, agregó.

“Siempre acompañamos los proyectos que necesitó el Ejecutivo provincial, siempre estuvimos dispuestos a dialogar, discutir y proponer, y estoy seguro que los próximos legisladores de Juntos por el Cambio también van a tener una actitud responsable a la hora de votar las leyes que necesita el gob provincial, pero nosotros tenemos otro modelo de provincia”, afirmó. Y agregó: «Queremos que le vaya bien al gobernador (Gustavo) Bordet porque le irá bien a los entrerrianos, pero pretendemos discutir algunas cuestiones de una vez por todas, un modelo de provincia distinto al que solo se limita a recaudar para pagar sueldos; creemos que necesitamos discutir, oficialismo y oposición, el sistema previsional. No podemos seguir esquivando la discusión del déficit creciente que, más temprano que tarde, va a explotar. No le vamos a quitar ningún derecho a ningún entrerriano, pero discutir que el déficit no siga generando un agujero que va producir un desfinanciamiento tal que lo van a sufrir nuestros jubilados. Discutir una provincia que invierta en serio en infraestructura, que permita el desarrollo de la producción, discutir cómo hacemos para que nuestra provincia atraiga inversiones y no las espante, que genere empleo privado, genuino; discutir un nuevo sistema tributario, el precio de la energía”.

A su turno, el diputado Alberto Rotman sostuvo: “Hoy escuché algo que me hace acordar a este presupuesto, que es un manual de ilusiones”, calificó. “No se estima el aumento de los sueldos”, reprochó, y señaló que el texto “me da la impresión que da lugar a cosas no muy claras, como reasignación de algunas partidas”, al referir a obras públicas. También lamentó que en el proyecto, a diferencia del de 2019, no se incluya la partida para la creación del laboratorio público de medicamentos.

La presidenta del bloque de Cambiemos, María Alejandra Viola, cuestionó y respondió a las afirmaciones del diputado Bisogni respecto de la crisis a nivel nacional, el posible acuerdo con el FMI para reperfilar la deuda, las medidas tomadas por Nación post PASO, el desarrollo de Vaca Muerta, y el respeto a la ley de Responsabilidad Fiscal.

Sobre este último punto, sostuvo la legisladora: “Bueno, respetemosla. En este proyecto justamente se vulnera la seguridad y varios de los institutos que se prevén en esa ley”. Además, al referir al pretendido superávit, acotó que en el texto “se sobreestiman los gastos y termina siendo un resultado muy distinto al que se proyectó del tratamiento de esta ley”. También recordó que la Legislatura sancionó la ley que regulaba la facultad del Tribunal de Cuentas de intervenir previamente en el control de grandes contrataciones, pero criticó que fuera vetada por el Ejecutivo.

En otro tramo de la exposición, la diputada Viola adelantó que el bloque no iba a acompañar los artículos 6, 7, 12 y 27, que refieren a delegación de facultades de la Legislatura al Ejecutivo.

“Quien debe decir dónde se gasta somos los legisladores, pero para sorpresa de muchos acá no participamos de la elaboración del presupuesto. La Constitución, a su vez nos, da el privilegio del control del gasto. La autorización y el control están acá, en este recinto, y las responsabilidades no se delegan, se cumplen”, sentenció. Y reprochó: “Se ha retaceado muchísimo el tiempo de debate y de discusión parlamentaria”.

Sobre el caso del artículo 27, advirtió: “Se pretende reformar, con un agregado, el articulo 8 de la ley de obras públicas. La norma prevé que para hacer un llamado a licitación debe estar autorizado el gasto previamente, perfecto, eso no se toca. Pero le quieren adicionar la facultad del Ejecutivo de que ya licitada una obra y antes o después de adjudicada, no lo sabemos porque no lo aclara el proyecto, por eso no lo acompañamos, se le pueda permitir al órgano ejecutor modificar la reserva del crédito por dilación en los trámites administrativos”. Y se preguntó: «¿A qué inversor vamos a atraer a la provincia si le dejamos entrever, si no le aseguramos que se le garantice el monto por el cual licitó. No hay forma de entender esto en la ley de administración financiera”. Y reclamó: “No manoseemos más las instituciones, esto no da previsibilidad”.

“Este bloque pretende que dejemos de delegar las facultades, no seamos cómplices de la delegación de facultades. El Estado no es una pyme, no la manejemos como tal”, cerró.

Por su parte, el diputado radical Ricardo Troncoso alertó sobre el crecimiento de la deuda de la provincia. “Cuando Urribarri se fue del gobierno era de 13 mil millones de pesos, hoy estamos cerrando 2018 con una deuda de casi 37 mil millones de pesos, sin tomar en cuenta el crédito a nivel internacional, tomado con un dólar a 16 y hoy tenemos un dólar a 60”, exhibió. Y puso énfasis en los vencimientos que tendrá la provincia sobre este crédito, y expresó: “Ojalá se puedan lograr refinanciar los vencimientos que vendrán en los próximos años”.

El legislador Daniel Koch respondió a los legisladores de la oposición, y sostuvo: “Me duele la insensibilidad de muchos que pre opinaron, porque hablan como si estuvieran ajenos a lo que nos pasa en la provincia. Llegaron hablando de la pobreza cero, y que estaban preocupados por los pobres, los duplicaron; hablaron de la tercera edad y es un desparpajo total lo que hicieron con los abuelos”.

“Háganse cargo; cada vez que gobernaron el país nos pegaron a nosotros, nos pegaron a los que no se pueden defender. Llegaron con un dólar de 10 y se van con uno de 80, porque es mentira lo de 65. Llegaron pateando globos amarillos y terminaron besándole las patas a la gente para que los voten. O no se acuerdan de que se despertó el presidente cuando nos mando a dormir”, soltó.

“Congelaron la nafta, la luz, las descongelaron, sacaron y pusieron el IVA, hicieron mamarracho. En lo único que no se equivocaron es que se robaron toda la plata que le prestó el Fondo Monetario. Ahí no le erraron en una coma, porque no es improvisación, vinieron a hacer lo que tenían que hacer, sacarle la dignidad a los pobres, porque necesitan que en Latinoamérica vuelva la derecha”.

Sobre el final tomó la palabra el presidente de la Cámara Baja, Sergio Urribarri, para responder a declaraciones de Kneeteman. “La retórica en esta sesión se ha impuesto a la verdad. Kneeteman vuelve a esgrimir nuevamente un latigillo que permanentemente algunos miembros del bloque de la oposición han esgrimido en estos 4 años, y es el enfrenamiento o deseo ferviente de que yo confrontase con el actual gobernador o que él confrontase conmigo. Allá Kneeteman con su retórica, está en todo su derecho, pero hay que hablar con la verdad”, dijo, y citó declaraciones del mandatario a medios provinciales y durante su asunción en diciembre de 2015 donde destacaba aspectos del gobierno saliente del actual presidente de la Cámara Baja.

“Muchas veces en estos 4 años le expresé al actual gobernador de esta estrategia que se estaba desarrollando en el país de partir al peronismo en la mayor cantidad de pedazos posibles. Puede que el gobernador Bordet, mi amigo, haya tenido alguna frase a mi entender errónea sobre los números con los cuales nosotros entregamos esta provincia, pero no elijo la retórica, elijo la verdad, porque hay registros periodísticos”.

“Es muy doloroso escuchar repetidamente argumentos de la oposición, quizá yo también en alguna intervención me equivoqué, más que nada en los modos, pero basta con ese latiguillo, ya pasaron las elecciones. Las circunstancias de este gobierno no fueron fáciles en estos 4 años, este es el gobernador y el ser humano que yo conozco, basta con esa chicana diputado Kneeteman”, cerró.

Finalmente, tras una breve intervención, el diputado Reynaldo Navarro pidió el cierre del debate y se procedió a la votación.

Análisis

Devaluó la moneda de Brasil y podría tener su impacto en Argentina

Si fuera la Argentina, sería el título principal de los diarios. Pero en Brasil, que el dólar haya alcanzado el lunes un récord nominal de 4,20 reales apareció pequeño, como al pasar, en las portadas de los principales medios gráficos del país vecino. Es un valor cercano al que había tenido en 2018, en medio de la incertidumbre de la campaña electoral del país vecino. En el año, el dólar subió 8% en Brasil.

La diferente relación de los países con la divisa norteamericana no minimiza el impacto que puede llegar a tener en la Argentina una devaluación del real contra el dólar (y contra el peso argentino que, tras el supercepo, estará anclado en torno a los $ 63 al menos hasta el cambio de gobierno el 10 de diciembre si no hay nuevas turbulencias).

 

Comercio bilateral con Brasil

Con marchas y contramarchas, Brasil sigue siendo el principal socio comercial de la Argentina. Hoy se lleva el 16% de las ventas externas, lejos del 26% al que llegó en el 2000. Un informe de la consultora Ecolatina detalla que la participación argentina dentro de las compras externas del gigante sudamericano pasó de 6,15% en octubre de 2018 a 5,7% en el mismo mes de este año.

A primera vista, si el real se vuelve más barato (este martes sube a 4,21 reales), podrían sufrir las exportaciones argentinas, que se volverán más caras. Brasil podría reducir la demanda de productos locales y eso impactaría en la actividad industrial, especialmente la automotriz.

 

Podrían sufrir las exportaciones

La Argentina se volvió más competitiva a partir de las sucesivas devaluaciones de los últimos dos años. Y, así, logró dar vuelta el déficit que tenía con Brasil. En los primeros diez meses del año el saldo a favor en el comercio bilateral fue de US$ 664 millones. En ese mismo período de 2018, el rojo con el país vecino era de US$ 4.321 millones.

La balanza a favor se debe más a la caída de las importaciones (bajaron casi 40% hasta octubre) a causa de la crisis local que en un incremento de las exportaciones. Las exportaciones cayeron un 4% en el mismo lapso. De esta manera, si el real se vuelve más atractivo, las importaciones podrían recuperarse y podrían sufrir las exportaciones, que ya vienen en retroceso.

 

Beneficio para los turistas

Si la devaluación del real persiste podría beneficiar, justo ahora que se vienen las vacaciones, a los argentinos que tienen planeado viajar a las playas de Brasil este verano. Pero, obviamente, también hará que resulte más difícil que los brasileños vengan al país.

La suba del dólar en Brasil podría generar también turbulencias financieras que terminen rebotando en el mercado argentino, que ya de por sí está en un equilibrio delicado a la espera de definiciones del próximo gobierno sobre la renegociación de la deuda.

 

Tensiones

Más allá de la cotización de las monedas, la relación comercial está en tensión a partir de los roces entre el presidente brasileño Jair Bolsonaro (que apoyaba a Mauricio Macri) y Alberto Fernández. El mandatario del país vecino no vendrá a la asunción y en varias ocasiones criticó la economía argentina y el resultado de las elecciones. Además, el Presidente electo apoya y festejó la liberación de Lula da Silva.

Clarín

Proponen crear un plan provincial de recuperación y donación de alimentos

El diputado provincial Sergio Kneeteman (UCR en Cambiemos) presentó un proyecto de ley que dispone la creación del “Plan Provincial para la recuperación y donación de alimentos” y, a su vez, establece la adhesión de la Provincia de Entre Ríos a la Ley Nacional N° 27.454 que crea el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de alimentos, recientemente aprobada en el Congreso. Habrá un registro de instituciones que se podrán inscribir para recibir alimentos.

Luego se indica que los alimentos en cuestión deben cumplir “las exigencias bromatológicas y de inocuidad que establece el Código Alimentario Argentino, sin perjuicio de que puedan contener fallas que no afecten a las exigencias mencionadas previamente tales como errores de rotulación, aspecto del envase, o contenido neto”.

En otro de los artículos se señala que “los productores, procesadoras y distribuidoras que posean alimentos en buen estado podrán donarlo a instituciones públicas o privadas de bien público, que se encargarán de la distribución de los productos”.

A tal efecto se dispone la creación del “Registro de Instituciones de Bien Público Receptoras de Alimentos”, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. Allí deberán inscribirse las instituciones legalmente constituidas de carácter público o privado que serán las responsables de la recepción y distribución equitativa de los productos alimentarios entre los sectores poblacionales más necesitados.

En el proyecto presentado por Kneeteman también se determina que “los controles requeridos de los alimentos estarán a cargo de las autoridades sanitarias provinciales y/o municipales” y se advierte que “queda prohibido a las instituciones receptoras de los productos alimentarios destinar estos a cualquier otro fin”.

La iniciativa apunta a “evitar las pérdidas de alimentos que se encuentren en buen estado y aptos para el consumo humano y que provengan de establecimientos habilitados, a fin de redirigirlos hacia los sectores poblacionales más vulnerables”.

“Claro está que un proyecto de estas características no constituye de manera alguna una medida política orientada a reducir las condiciones sociales y económicas que han derivado en que amplios sectores de la población se encuentren en situaciones sociales desfavorables, lo cual implicaría la toma de medidas que apunten a modificaciones estructurales. Se trata más bien de un proyecto que, adhiriendo a la Ley N° 27.454 y creando mecanismos organizacionales a nivel provincial para cumplimentar el modelo propuesto en dicha Ley, busca paliar -al menos en lo que refiere a la provisión de alimentos- las condiciones económicas desfavorables”, aclara Kneeteman en el proyecto.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) calcula que en Argentina se desechan alrededor de 16 millones de toneladas de alimentos anualmente. “Estos números contrastan con la cada vez mayor parte de la población que, tanto a nivel mundial como nacional, vive bajo condiciones de inseguridad alimentaria”, expresa luego. (Análisis)

Horacio Rosatti en Entre Ríos: el Juicio por Jurados “es revolucionario”, afirmó el juez

El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación disertó en el marco de la “Jornada de clausura del año académico” 2019 del Instituto de Formación y Perfeccionamiento Judicial. Allí consideró que su instrumentación “es la mejor forma de democratizar el Poder Judicial y un gran factor de construcción de ciudadanía”. Por eso, definió como auspiciosa la implementación del instituto “porque con su aplicación se cumple con la Constitución”.

Durante su disertación, Rosatti distinguió el alcance de la Ley de Juicio por Jurados de Entre Ríos y el consenso alcanzado por los tres poderes del Estado para lograr la sanción de la norma. Dijo que el texto aprobado propone “un modelo de administración de Justicia que supone la confianza en que el pueblo puede desarrollar la actividad”.

Ponderó, a su vez, de la norma entrerriana “que el jurado será totalmente popular y obligatoriamente no jurídico, con lo que estarán todos en igualdad de condiciones para percibir los hechos” y destacó que considere además “la igualdad de género entre los integrantes del instituto”.

El ministro de la Corte también valoró que en Entre Ríos sean 12 los miembros del jurado, que a su criterio “estarán más cerca de aproximarse a la verdad que un juez”, al tiempo que agregó: “Es una mirada promedio de que podemos construir en conjunto, sobre la base del leal saber y entender, un veredicto que se aproxime más a la Justicia”.

Rosatti opinó que el Juicio por Jurados “es la mejor forma de democratizar el Poder Judicial y de construir ciudadanía. La gran pregunta es si se puede construir socialmente un veredicto. Esa es una cuestión de fe. Personalmente, creo que los integrantes de un Juicio por Jurados, debidamente capacitados y orientados, sí lo pueden hacer. Es un instituto revolucionario”.

SIC – STJER

Camino a Mayo: “Burocracia, desidia y convenios que no se cumplen”

El 21 de junio de 2018 firmamos un convenio entre la municipalidad de San José y la Dirección Provincial de Vialidad, pidiendo una vez más, y en forma urgente, una solución al Camino a Mayo. Propusimos disponer de los camiones para el traslado de los materiales, y llevar adelante un trabajo en conjunto.

Mediante el acta firmada se coordinaría “la construcción con suelo calcáreo de tramo de 12 kilómetros en Ruta Provincial sin número, tramo San José – Primero de Mayo, Departamento Colón. Entre el municipio de San José y Vialidad.

En su cláusula primera el convenio dice que “Dirección Provincial de Vialidad proveerá para la obra descripta en la cláusula preliminar 15.000 metros cúbicos de suelo calcáreo, realizando la distribución, compactación del material y dirección técnica de la obra, sin desatender el servicio y las obligaciones específicas de la Dirección Provincial de Vialidad.”

“El municipio realizará el transporte del material provisto por la D.P.V. en la obra de cláusula preliminar”.

El plazo para el cumplimiento de las tareas mencionadas se establece en 60 días laborables desde la firma del acta de inicio, una vez disponible el material que Vialidad debe proveer”.

Esa acta se firmó el 21 de junio de 2018. Luego Vialidad dicta una Resolución aprobando ese convenio el 16 de agosto de 2018, para poner en marcha los trabajos.

Nunca se cumplió en la totalidad, solamente se hicieron algo así como 500 metros en enero de 2019 donde la municipalidad aportó maquinaria para hacer el primer tramo desde La Potranca hacia San José.

No logramos que Vialidad haga el aporte de material para continuar los trabajos, pese a pedidos constantes a la provincia, reclamos, envío de notas o llamados cada semana.

En agosto de 2019 elevamos otra nota más, pidiendo el cumplimiento del convenio firmado entre la municipalidad y Vialidad, todavía sin respuesta.

 

Irma Monjo

Presidente Municipal

Ciudad de San José

13 de noviembre de 2019

*Prensa Municipalidad de San José / El Entre Ríos

Fumigaciones en Entre Ríos: Presentan otro recurso ante la Corte contra el fallo del STJ

El recurso extraordinario contra la sentencia dictada por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos fue presentado este martes a la mañana por representantes del Foro Ecologista y de AGMER.

En la presentación, que consta de 40 páginas, sostienen que “la sentencia apelada es ostensiblemente arbitraria”, ya que “no se elaboró ni desarrolló un análisis objetivo de la juridicidad de la norma sometida a su examen y -en consecuencia- no analiza si siquiera mínimamente las causas que deben fundar la resolución del pleito, incurriendo en lo que se denomina sentencias arbitrarias por incongruencia, por omisión de cuestiones articuladas, por invocar prueba inexistente y por prescindir de prueba decisiva del proceso”.

Además, aseguran que “no tuvo en cuenta el caudal probatorio que aportamos como parte actora” ni el del comité de expertos, que “con clara demostración entendió que en ningún modo se habilitaba la reducción de distancias cuando se está frente a la potencialidad del daño a la salud”.

A su vez, consideran que la sentencia del máximo órgano provincial judicial “se contradice notoriamente con las cinco sentencias anteriores que tuvieron lugar en relación a esta necesidad imperiosa de proteger a niños y niñas en las escuelas rurales, evidenciando una clara sentencia contraria que conlleva a un gran escándalo jurídico en el que incurre este tribunal constituido ‘ad hoc’ para el dictado de esta causa, violentando a esta parte en el pleno valor de la Seguridad jurídica”.

Enseguida advierten que “es claro que el fallo recurrido peca de una inconmensurable contradicción lógica e ideológica”.

En este marco, los representantes del Foro Ecologista y de AGMER manifiestan que “violenta claramente el principio de razonabilidad, evidenciando una ruptura en el análisis de los precedentes judiciales, sin rigor y eficiencia y carente de criterios normativos materiales, con una defectuosa interpretación de la ley general del ambiente y hasta de la propia Constitución nacional”.

“Creemos que más allá de la nueva conformación de este Tribunal -el que surge a partir de la reforma a Ley de Procedimientos Constitucionales intencionalmente efectuada por el Gobierno provincial tan solo dos meses antes del dictado de la sentencia aquí reprochada-, violenta el principio de congruencia debido a que a estos jueces les correspondía aplicar la doctrina de la Sala de Procedimientos Constitucionales, Sala que entendió en las sentencias anteriores de amparo ambiental, y en las específicas de esta causa”.

Y fueron más allá al sostener que “no solo violenta la congruencia y se establece la contradicción por contrariar precedentes anteriores y por malinterpretar el carácter de cosa juzgada de la causa primigenia, sino porque además se contraría en sus propios considerandos, ya que por un lado se habla del efecto de la temporalidad de la sentencia primigenia -que es lo que haría desaparecer la cosa juzgada-, pero por otro lado específica que el efecto expansivo de la cosa juzgada en materia ambiental estaría ausente en esta causa expresando”.

“De lo mencionado se concluye que estamos frente un yerro jurídico ambiental inadmisible y hondamente peligroso”, aseveran en el recurso extraordinario presentado  ante la Corte Suprema de Justicia.

“Advertimos una carencia absoluta de la idoneidad de la fundamentación, que desemboca en importantes yerros jurídicos, abusos y errores patentes, por lo que es imperiosa la revisión por la vía del recurso extraordinario”, señalan en otro párrafo.

Luego señalan: “Estamos también frente a un decisorio arbitrario, dado que es confuso, contradictorio, falto absolutamente de fundamentación y de una parcialidad manifiesta, atento a la omisión total de tratamiento de la prueba científica ofrecida por la parte actora y un inexistente análisis de las deficiencias planteadas respecto de la prueba ofrecida por la parte demandada, las que ni siquiera se mencionan”.

 

Pedido: suspensión del decreto

Luego indican que “se dicta una sentencia cargada de menciones procesales y formales erróneamente interpretadas, forzando un camino de escape tan inescrupuloso que ni siquiera le dedicaron un solo párrafo al análisis de lo expuesto por el comité científico, que viene a constituir el análisis sustancial de la cuestión planteada, que no es ni más ni menos que evaluar si las distancias estipuladas protegen la salud de los niños y niñas rurales entrerrianos, desconociendo en forma absoluta lo dictaminado por el mismo STJ en los dos fallos previos”.

En el recurso -al que tuvo acceso esta Agencia- también se da cuenta que “el STJ enumera las ‘virtudes’ y ‘avances’ de la normativa cuestionada y lo que implicarían en la aplicación de agrotóxicos (entre ellas la obligación de aviso con 48 horas previa de efectuar la aplicación, la Guía del uso responsable de agroquímicos, la aplicación a contraturno, y fines de semana y feriados, la activación del Registro Provincial de Tumores, etc”.

Para el Foro Ecologista y AGMER, dicho listado “deja entrever que la mayoría de estos recaudos ya existen hace 15 o 20 años, lo que prueba en forma incuestionable que esas ‘buenas intenciones’ no han alcanzado”.

“La receta ya fracasó pero insisten en repetirlas y presentarlas como nuevas herramientas a implementar. También se refleja en forma evidente que no son las herramientas adecuadas y suficientes para la protección de la salud infantil entrerriana”, añaden.

“En definitiva, no sólo el Superior Tribunal de Justicia provincial obvió las impugnaciones practicadas por esta parte a los elementos de los que se valió el Gobierno para el dictado del decreto cuestionado, sino que también soslayó el tratamiento de las múltiples y decisivas pruebas aportadas por las amparistas”, dicen.

“Esto implica nada menos que un pronunciamiento arbitrario por prescindir intencionalmente de prueba decisiva en la que se han comprobados los perjuicios y riesgos que significan sostener la validez total del Decreto, dando así fundamentos de extrema laxitud para revocar el fallo de la instancia anterior”, subrayan.

Es decir, “la contundente denuncia, exposición y prueba del daño en salud de nuestra población infantil rural -desarrollada en forma exhaustiva- recibió una respuesta absolutamente arbitraria e irracional por parte del Estado y fue avalado por el Supremo Tribunal de nuestra provincia. Consistió en un decálogo de buenas intenciones planteadas para un futuro hasta incierto (ya que carece de plazo) como así también una nómina de repeticiones de cláusulas ya existentes en normativa vigente que no solo provoca un caos superponiendo normativas sino que demuestra en forma palmaria el total desconocimiento normativo”.

Luego afirman que “el STJ no trabaja la temática bajo el prisma de la abundante fundamentación y contenido científico”, sino que “sólo emite pareceres y posibilidades, obviando la prueba aportada, sin siquiera detenerse en su evaluación”. De esto se puede inferir que “no encontró elementos para contrarrestarla y se quedó en otra de las ‘formalidades’ que el mismo tribunal defenestra en el cuerpo de la misma sentencia”.

 

Pedidos

Son tres las solicitudes que el Foro Ecologista y AGMER realizan a la Corte Suprema de Justicia:

  • 1) Que se haga lugar al presente recurso extraordinario federal.
  • 2) Que, previo al dictado de la sentencia sobre las cautelares solicitadas, se designe una audiencia pública y se someta el proceso a una instancia de Amicus Curiae.
  • 3) Que hasta tanto se resuelva la presente causa se suspendan los efectos del cuestionado decreto.

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