El gobernador Gustavo Bordet dijo que el mayor aporte previsto en el proyecto de ley de emergencia solidaria que envió a la Legislatura, alcanzará no sólo a los trabajadores con más altos ingresos, sino a “funcionarios políticos, legislador

«El principal problema del desfinanciamiento que hemos tenido las provincias empezó en agosto de 2019. Después de las primarias se desplomó toda la previsibilidad que tenía el país, el presidente Macri en ese momento tomó medidas para de algún modo intentar dar vuelta los resultados electorales. Esas medidas que se tomaron para Entre Ríos a valor histórico, a dinero de hoy, implicó cerca de 4.000 millones de pesos menos nada más en seis meses. Esto fue un hueco fiscal enorme, tremendo, que oportunamente lo he hecho público», precisó.

Luego señaló que «esto nos dejó en una fragilidad extrema» y acotó que «todo el equilibrio que habíamos logrado alcanzar trabajando fuertemente en el control del gasto público, en una política tributaria progresiva, en generar mayores recursos, se desplomó. Esto nos generó una situación de zozobra que fuimos trabajando y pensábamos teníamos previsto para mediados de este año volver a tener un equilibrio de cuentas pero en el medio ocurre la pandemia y la necesidad de volcar muchos recursos al sistema sanitario y a sostener a los sectores más postergados desde la contención social».

“La caída de la actividad económica que ha sido enorme. Hubo a valores históricos menor recaudación que el año pasado. Y hay que agregarle una inflación que está rondando entre el 48 y el 55 por ciento interanual, depende el mes en el que se mida. Esto genera un desfinanciamiento y la necesidad de encontrar recursos para cumplir con las obligaciones corrientes y para poder seguir sosteniendo durante este tiempo las demandas que tenemos del sistema sanitario que son muchas».

«Por eso es que hemos elevado un proyecto de ley de emergencia solidaria a la Legislatura, donde buscamos una forma de redistribuir ingresos», continuó diciendo el gobernador Bordet.

Más adelante, indicó que la iniciativa apunta a que «quienes más han tenido la posibilidad de incrementar sus recursos en este tiempo puedan aportar justamente para hacer sostenible y sustentable en los meses que viene el funcionamiento de toda la estructura de Salud, de gastos de funcionamiento del Estado y de la Caja de Jubilaciones».

Con respecto al aporte de los bancos, Bordet indicó que «lo que hicimos fue ampliar la base imponible para que se tribute más. El sector financiero es el que más se benefició estos últimos años y durante la pandemia no se resintió».

«A las droguerías, Entre Ríos las tenía gravadas con el 1,6 por ciento, mientras que en el resto de las provincias tienen entre el 4 y 5 por ciento, y lo que se hizo fue fijar el 4 por ciento como Córdoba y Santa Fe», acotó el mandatario.

En declaraciones formuladas a Radio Mitre Concordia, también mencionó que en Entre Ríos «hay extensiones que superan las 1.000 hectáreas, que representan el 3 por ciento del total de las partidas de Impuesto Inmobiliario de la provincia, y que tienen que pagar más».

«Generalmente ese 3 por ciento de tierras que superan las 1.000 hectáreas son de sociedades anónimas de grupos inversores de otros países o de Buenos Aires. No estamos hablando de chacareros o del productor que trabaja duro todos los días para poder sostenerse en su actividad. Estamos hablando del gran latifundio y esto también es lo que decidimos gravar».

Párrafo seguido, sobre los aportes al sistema previsional que van a contribuir a poder sostener la Caja de Jubilaciones que tiene un grave déficit histórico, Bordet precisó que «el 85 por ciento de los jubilados en Entre Ríos gana menos de 75.000 pesos con lo cual no deberán realizar ningún aporte. Después hicimos una escala progresiva, de 75.000 a 100.000 pesos se aporta un 4 por ciento, de 100.000 a 200.000 pesos se aporta un 6 por ciento, de 200.000 a 300.000 pesos un 8 por ciento y de 300.000 pesos en adelante un 10 por ciento. Es un aporte solidario especial para sostener el régimen de la Caja».

Al referirse a la contribución de los activos, señaló que «en Entre Ríos cada trabajador activo aporta el 16 por ciento al sistema jubilatorio. El porcentaje más bajo en el país. A los que ganan menos de 75.000 pesos no tendrán ningún cambio. Los que ganan entre esa cifra y 100.000 pesos se incrementa ese aporte un 2 por ciento, es decir que de un 16 pasa a un 18 por ciento; los que ganan entre 100.000 pesos y 200.000 se incrementa 2 puntos más, pasa a tener que aportar un 20 por ciento; entre 200.000 y 300.000 pesos son 4 puntos, y más de 300.000 pesos son 6 puntos. Esto afecta sólo al 15 por ciento de los trabajadores».

«A esto también lo pagamos los funcionarios políticos, los legisladores, los jueces. Lo pagan todos, no solamente los trabajadores. Esto nos abarca a todos y en buena hora porque no podemos hablar de solidaridad si no empieza por casa», remarcó.

Bordet destacó además que la norma establece que ningún poder del Estado, ni ningún ente descentralizado, va a poder otorgar aumentos salariales parciales que estén fuera de las paritarias provinciales. Todos los aumentos estarán supeditados a lo que acuerden en paritarias el gobierno con los gremios».

«Si se decide en paritaria que el aumento sea, por ejemplo, del 10 por ciento, será ese porcentaje para un maestro, para una enfermera, para un juez, para un legislador, para un funcionario. Todo con igualdad. Esto es muy beneficioso», señaló.

También se refirió a la cantidad de empleados públicos. «Cuando asumí en diciembre de 2015, había 91.000 empleados públicos en la provincia, por todo concepto, en planta, temporarios, suplentes, contratos, mientras que hoy, cuatro años y medios después es de 86.500 empleados, o sea que disminuyó y esto es por decrecimiento vegetativo, no porque echamos agentes. Bajó la planta por jubilaciones, fallecimientos o renuncias y no fuimos tomando nuevo personal», detalló.

«De estos 86.500 empleados, casi el 45 por ciento son docentes que necesitamos porque son quienes educan a nuestros hijos, están en nuestras escuelas, mientras que el 15 por ciento son personal de Salud, como médicos, enfermeros, agentes sanitarios, que se requieren para un servicio esencial. El 9 por ciento son policías y el 2 por ciento son del Servicio Penitenciario. El resto es administración central y para estos trabajadores se realizan cursos y capacitaciones. Sólo ingresan nuevos agentes a la planta de personal si son necesarios», sostuvo finalmente el primer mandatario entrerriano.

La Anses resolvió ayer que no pagará los montos retroactivos de las pensiones vitalicias por ex presidente y ex vicepresidente. Hoy quienes tienen un reclamo pendiente por haberes adeudados son tres exmandatarios: Mauricio Macri, Gabriela Michetti y Amado Boudou.

Los tres, en cambio, sí percibirán sus haberes, mes a mes, partir de agosto. Quiere decir que, en el caso del pleito de Boudou, la Anses resolvió que le corresponde percibir el beneficio. El ex vicepresidente mantenía un reclamo en la Cámara de la Seguridad Social luego de que dos organismos durante la gestión Macri se pronunciaran por denegarle la pensión debido a su condena en el caso Ciccone.

Así lo resolvió el organismo previsional al argumentar que la crisis por el coronavirus obliga a “un esfuerzo mancomunado de la totalidad de los sectores sociales en relación con aquellos de menores ingresos”, y que resulta prudente suspender mientras dure la emergencia sanitaria los haberes retroactivos de la ley 24.018, que es la que fija las pensiones para ex mandatarios, publicó el diario La Nación.

“La sociedad en su conjunto está realizando un gran esfuerzo para mitigar los impactos sobre las cuentas públicas”, manifestó la Anses, ahora conducida por Fernanda Raverta. La resolución agregó: “Teniendo en cuenta el carácter especial de la asignación mensual se estima necesario realizar un análisis sobre la modalidad de pago de los haberes retroactivos que corresponde abonar en la primera liquidación que se efectúe a los titulares solicitantes de dicha prestación”.

Actualmente, quienes hicieron el trámite para cobrar su pensión y están en una posición de cobrar montos adeudados son Macri y Michetti, además de Boudou que le reclama al Estado unos 17.100.000 pesos, luego de que el anterior gobierno le suspendiera ese beneficio tras ser condenado en el caso Ciccone.

La Anses pagará las pensiones vitalicias que corresponden al mes de agosto. Lo que deja en suspenso son solo los montos retroactivos. Todos los ex presidentes perciben pensiones equivalentes al 100 por ciento de un sueldo de la Corte Suprema, mientras que los ex vicepresidentes perciben el 75 por ciento de ese sueldo.

Como la ANSES, entonces a cargo de Emilio Basabilvaso, no se pronunciaba en el expediente, el asunto llegó a la Cámara de la Seguridad Social, y en junio de 2018, la jueza de ese tribunal Ana María Rojas resolvió un amparo por mora y le ordenó al organismo que resolviera el pedido de Boudou.

Amado Boudou inició el trámite para cobrar la pensión vitalicia cuando se retiró de su cargo, pero la ANSES no trató el reclamo porque el exvicepresidente era investigado por el Caso Ciccone.

En el marco del expediente administrativo intervinieron la Oficina Anticorrupción (OA), entonces a cargo de Laura Alonso, y la Procuración del Tesoro, con Bernardo Saravia Frías como titular. La OA se pronunció, en julio de 2018, en contra del reclamo de Boudou, y la PNT adhirió.

En dirección opuesta a lo dictaminado por la Procuración del Tesoro en 2018, hace dos meses Carlos Zannini consideró que Boudou debía cobrar la pensión vitalicia y sus retroactivos, y que la resolución de la OA en ese expediente era de una “nulidad absoluta”. Zannini señaló en el dictamen que el único motivo que impediría a Boudou cobrar la pensión vitalicia hubiera sido una remoción de su cargo por la vía del juicio político.

El abogado de Boudou en este reclamo, Miguel Fernández Pastor, objetó la competencia de la OA para dictaminar en este caso, y fuentes del entorno de Boudou plantearon que, además, la OA era querellante en el caso Ciccone.

La Ley 24.018 de 1991 indica que “para el presidente tal asignación será la suma que por todo concepto corresponda a la remuneración de los Jueces de la Corte Suprema y para el vicepresidente las tres cuartas partes de dicha suma”, publicó el diario La Nación.

Y agrega: “Si se produjera el fallecimiento, el derecho acordado o a acordarse al titular se extenderá a la viuda o viudo, en concurrencia con los hijos e hijas solteros hasta los dieciocho años de edad”.

Cristina Kirchner también tiene un reclamo en la Justicia por el pago de las pensiones. Tal como informó La Cornisa, la vicepresidenta cobra su sueldo por sus funciones actuales y la pensión como viuda del expresidente Néstor Kirchner. La funcionaria hizo un planteo ante la Justicia para cobrar, además, la pensión vitalicia que, según ella, le correspondería como expresidenta durante dos períodos.

La ministra de Salud, Sonia Velázquez, recibió a las autoridades del hospital San Martín y del Sanatorio La Entrerriana de Paraná, Carlos Bantar y Silvia D´Agostino respectivamente, con quienes abordó el avance en el protocolo para el uso de plasma en el tratamiento de pacientes severos con Covid..

Autoridades de Salud mantuvieron una reunión de trabajo con los directores del hospital San Martín y del Sanatorio La Entrerriana de Paraná, en la cual se presentó el protocolo para la utilización de plasma convaleciente en el tratamiento de pacientes con insuficiencia moderada a severa por Coronavirus ante el Comité de Bioética de la cartera. Cabe señalar que participaron del encuentro: La secretaria de Salud, Carina Reh; el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti; la responsable del Comité Central de Bioética, Patricia Benzi; y el jefe del servicio de Terapia Intensiva del hospital San Martín, Guillermo Grieve.

En la oportunidad Velázquez señaló: “Hace más de un mes que en ambas instituciones se han conformado los equipos para trabajar en el proyecto y protocolo de utilización de plasma de pacientes convalecientes en pacientes con insuficiencia moderada a severa con Covid-19”; tras lo cual agregó: “Consideramos que será una herramienta terapéutica importante y que tenemos que tener preparado el sistema para poder utilizarla en los próximos meses”.

“Nos interiorizamos del protocolo: quiénes pueden ser donantes y en qué casos se indica su uso; como también los recursos técnicos y humanos necesarios para administrar el plasma; es un tema que ha estado en la agenda de los últimos Consejos Federales de Salud (Cofesa), tenemos la decisión política para usarlo, pero en estas instancias lo debe evaluar nuestro Comité de Bioética, para que cumplir con el rigor técnico”, completó la ministra.

Por su parte el jefe de Terapia del hospital San Martín, Guillermo Grieve, manifestó: “Presentamos el protocolo para uno de los procedimientos que se están usando, que es impulsado por el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas “Norberto Quirno” (Cemic), a fin de que en estas dos instituciones podamos comenzar a utilizar el tratamiento de plasma de convalecientes”.

Ya han manifestado su entendimiento y colaboración los equipos tratantes de ambos efectores: Participan los servicios de Infectología, Clínica, Hemoterapia, Laboratorio de Urgencia, Terapia Intensiva y la dirección del hospital San Martín; junto a los servicios de Infectología, Clínica, Hematología, Hemoterapia, Terapia Intensiva y la Guardia del Sanatorio La Entrerriana.

El profesional sostuvo: “Actualmente es el tratamiento con mejor perspectiva: Hoy hay aproximadamente 20 tratamientos, entre los cuales 5 o 6 son los más importantes, pero ninguno de ellos ha demostrado disminuir la morbimortalidad como lo podría llegar a hacer el plasma de pacientes convalecientes”. Indicó, no obstante, que se trata de una estrategia que todavía requiere más trabajo y por lo tanto se debe realizar en grupos cerrados, pero que a partir de las experiencias en la materia en Europa, Estados Unidos y Argentina mismo, “es muy importante en el beneficio que da para el paciente: en salvar vidas; en disminuir la gravedad y los tiempos de internación; y a su vez en curar pacientes que habían evolucionado mal”, indicó Grieve.

Previo a su uso se deben superar una serie de fases: “Primero la elaboración del proyecto; segundo la presentación ministerial; y la tercera es la aprobación por parte del Comité de Ética; si se superan estas tres instancias estaremos reunidos con la ministra para felizmente poder comenzar a utilizarlo en breve”, señaló el profesional.

Plasma de convaleciente

Cuando una persona contrae un virus como Covid-19, su sistema inmunitario crea anticuerpos para combatirlo. Estos anticuerpos se encuentran en el plasma, que es la parte líquida de la sangre.

El plasma con estos anticuerpos para combatir infecciones se llama «plasma de convaleciente» y, a través de un proceso de donación de sangre, se puede recolectar de una persona recuperada, y luego transfundir este plasma rico en anticuerpos a un paciente enfermo que todavía está luchando contra el virus. Esto proporciona un impulso al sistema inmunitario del paciente enfermo y puede ayudar a acelerar el proceso de recuperación.

Esto requiere tener bien definido cada paso a fin de garantizar la seguridad en el procedimiento: el donante debe tener al menos dos PCR negativas; deben haber transcurrido más de 21 días de su recuperación y debe tener anticuerpos. A los componentes obtenidos se lo puede mantener refrigerado durante un año, listo para ser utilizado.

Es indicado en aquellos pacientes con diagnóstico de Covid y con insuficiencia respiratoria moderada a severa.

A raíz de la crítica situación económica, la disminución de recursos fiscales y la fuerte inversión que demanda la situación sanitaria y social, el Poder Ejecutivo propone a la Legislatura una serie de medidas con criterios de progresividad y solidaridad.

El objetivo es asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Estado, garantizar derechos esenciales y asistir al sistema de salud en la pandemia.

La iniciativa, que ingresa por la Cámara de Diputados, declara el estado de emergencia pública en materia económica, sanitaria, administrativa y previsional por un año, y se aplicará al Ejecutivo, entes descentralizados y poderes Legislativo y Judicial. Se procura un esfuerzo colectivo en base a quienes tienen mayor capacidad contributiva.

En ese marco, el proyecto dispone que las entidades financieras y bancarias cumplan con una contribución especial, al igual que los propietarios de superficies rurales superiores a 1.000 hectáreas que representan el 3 por ciento de las partidas en toda la provincia. Es decir, el 97 por ciento quedará exento de ese aporte extraordinario.

Además se equipararán los tributos de la venta mayorista de medicamentos (droguerías) a los de las provincias de la Región Centro.

También se propone un aumento progresivo de aportes de activos y pasivos a la Caja de Jubilaciones para contribuir a la sustentabilidad del sistema previsional. Ese incremento comprenderá sólo al 15 por ciento de los empleados y jubilados de los tres poderes del Estado, es decir, quienes perciben los haberes más altos.

Finalmente, se consigna que ningún organismo ni ente descentralizado del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial podrán incrementar sus haberes por fuera de los acuerdos paritarios que el gobierno defina con los gremios.

El presidente dijo que habrá cuarentena reforzada en AMBA, del 1 hasta el 17 de julio solo se podrá salir para «buscar provisiones». Lo Alberto Fernández anunció junto al gobernador de Buenos Aires y al jefe de Gobierno porteño.

El presidente Alberto Fernández encabeza esta tarde un nuevo anuncio junto al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre la próxima etapa de la cuarentena.

La próxima etapa del aislamiento será más restrictiva en la zona metropolitana, donde se acerca el pico de contagios de coronavirus.

«Dicen las encuentras que 1 de cada 5 personas no está conforme y yo los entiendo, porque hubiéramos querido no aislarnos y que la economía hubiera sido mucho mejor. Esa es la ilusión que traje al gobierno» en diciembre de 2019, expresó el jefe de Estado en el inicio del mensaje grabado horas antes en Olivos.

Fernández advirtió esta tarde que el coronavirus «hoy se transmite a una velocidad mucho más rápida» que al inicio de la pandemia y atribuyó esa situación al aumento «de la circulación».

«En esos seis meses nos tocó una muy difícil, que es enfrentar la pandemia, porque el coronavirus es el enemigo invisible que uno nunca termina de saber cuando va a pasar», expresó el jefe de Estado.

Transmisión

«Hoy se transmite a una velocidad mucho más rápida y la razón es que aumentó la circulación y la transmisión se hace mucho más fácil. Eso es lo que nos pasó», afirmó en el mensaje grabado en la Quinta de Olivos.

«En el área metropolitana de Buenos Aires los casos de Covid-19 «en los últimos 20 días aumentaron 147 por ciento», dijo el presidente. Asimismo, el mandatario indicó que el número de fallecidos por el coronavirus en el mismo período aumentó «un 95 por ciento».

Deterioro económico

Alberto Fernández sostuvo esta tarde que hay un «mundo que se está deteriorando económicamente como consecuencia de la pandemia». En un vídeo junto al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el mandatario reconoció que la extensión de la cuarentena implica «consecuencias económicas».

Al citar un informe del Banco Mundial, indicó que se trata de la crisis económica «más grave desde 1870».

«La economía se deteriora, pero la economía se recupera», argumentó el jefe de Estado, quien lamentó las muertes por el coronavirus.

AMBA contagia al resto del país

El presidente Alberto Fernández advirtió esta tarde que «el área metropolitana está contagiando al resto del país», ya que muchos casos en el interior son de personas que viajaron al AMBA.

«En el área metropolitana se expandió el contagio por la gente que va a esa zona y después vuelve a sus provincias», afirmó el jefe de Estado.

La directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, destacó hoy el impacto positivo del Ingreso Familiar de Emergencia en la economía de proximidad. Asimismo, dio indicios de cómo se implementaría la tercera parte del programa.

La directora ejecutiva de la ANSeS, Fernanda Raverta, aseguró que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) está actuando como un «motor de la economía de proximidad».

«Estamos atravesando un tiempo excepcional, con mucho compromiso, instrumentando una política pública de protección y cuidado, el Ingreso Familiar de Emergencia, para que cada uno de nosotros y nosotras esté acompañado por un Estado presente», declaró Raverta.

Respecto de la posibilidad de un IFE 3, la titular del organismo previsional sostuvo que se está en un proceso de estudio del impacto del IFE 1 y del IFE 2.

«Es una medida que volcó mucho dinero en los comercios de proximidad, ya que este ingreso ha ido, principalmente, a la compra de alimentos», dijo en declaraciones radiales.

En función de esa evaluación, el Gobierno «pensará» cómo instrumentar esa tercera etapa, para que vaya por un camino similar al del ATP, en el cual se disminuirá el subsidio en aquellas zonas que van retomando las activiades.

Sobre el proyecto de renta universal, Raverta dijo que «hay que garantizar un piso de oportunidades para acceder a un trabajo formal que nos dignifique».

Y comentó que «se está pensando en una nueva fórmula de movilidad, que garantice una mejora en los ingresos y siga reactivando la economía».

Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación, aseguró este jueves que el inicio de clases en el país sería a fines de las vacaciones de invierno, excepto en Capital Federal y las provincias de Chaco y Buenos Aires según la evolución epidemiológica del Covid-19.

«Con protocolos y evitando las zonas de contagio, después de las vacaciones de invierno van a volver las clases en Argentina», confirmó el funcionario, pero indicó que no así ocurrirá en las zonas más afectadas por el contagio del coronavirus.

Para el regreso a las aulas, según indicó el titular de la cartera educativa, se están buscando distintas alternativas, como la implementación de un sistema denominado «burbujas» que determinará que los alumnos de un mismo grado tomen clases ubicados entre grupos de tres o cuatro estudiantes para «respetar el protocolo del distanciamiento social para preservar la salud».

«Estamos buscando alternativas para que los estudiantes puedan tener `burbujas´ dentro del aula, es decir, que tengan contacto con sólo 3 o 4 compañeros para que si llegase a haber algún caso positivo no contagie a todos y sí a algunos pocos», precisó Trotta.

El Litoral

En diálogo con colegas de R2820 en CNN GUALEGUAYCHÚ la ministra de Gobierno y Justicia, Dra. Rosario Romero, adelantó la capacitación que llevará adelante la Policía de Entre Ríos en el marco de la Ley Micaela.

La noticia sobre la condena a dos años de prisión condicional -por lesiones leves a su pareja- para el efectivo policial que ejercía funciones en el 911 de la ciudad de Paraná, puso nuevamente sobre la mesa el debate sobre la necesidad de la capacitación en perspectiva de género para quienes integran -y para quienes aspiran integrar- las fuerzas de seguridad de Entre Ríos.

«Hay que trabajar no solo en capacitación en materia de género sino también en la construcción de otras masculinidades», sostuvo la ministra de Gobierno y Justicia, Dra. Rosario Romero.

«Estamos trabajando en un programa sobre el que solamente hemos postergado su lanzamiento porque la Ministra de Desarrollo Social, quien tiene a su cargo la capacitación en el marco de la Ley Micaela, está reglamentando el observatorio que está integrado por diversos sectores y también por ONG´s que van a trabajar los contenidos. En nuestro caso venimos trabajando una propuesta específica, pero vamos a esperar unos días hasta que el observatorio esté reglamentado y funcionando para poder desarrollar esta capacitación en el marco de la normativa vigente», especificó Romero.

En relación a las características de la capacitación, la funcionaria señaló que «nuestro propósito firme es poder desarrollar la iniciativa, en este momento por teleconferencia para comisarios y toda la jerarquía policial y sobre todo para los estudiantes y cadetes que estudian para ser oficiales., es decir, a todos los jóvenes que estaban concurriendo hasta que inició la pandemia a capacitarse para ser agentes y aquellos que egresarían este año, también los vamos a capacitar, y también vamos a llevar la iniciativa a todas las Jefaturas Departamentales de la Provincia, a todo ese universo de policías, para que formen parte de la capacitación».

«Esto nos llevará meses de trabajo. Pero como todavía estamos esperando que tenga lugar el proceso que se está llevando a cabo el Ministerio de Desarrollo Social en el marco de la Ley Micaela, vamos a demorarnos un poco en comenzar», reiteró.

Y agregó: «Igualmente si se llegara a retrasar la capacitación en el marco de la Ley Micaela, nosotros vamos a incorporar la capacitación en materia de género aunque no lleve el nombre de la ley, pero abordando el tema hacia dentro de la fuerza porque nos parece absolutamente necesario»

«En la fuerza policial, como en la sociedad toda, existen todavía muchos resabios de una masculinidad que ya no es propia del siglo XXI, tenemos que trabajar en eso, hay muchísimos casos de policías a los que se les quita la portación de arma porque tienen denuncias. Tenemos que trabajar en esto al igual que lo hacemos con el abordaje desde gabinetes psicológicos, pero no basta, porque creo que hay que profundizar en lo cultural y educativo también en la policía y en el servicio penitenciario».

En el mismo sentido, Romero remarcó: «La capacitación comenzará en las próximas semanas, para darlo en un marco al igual que lo está haciendo la Justicia y otras áreas del Estado. Este jueves temprano hablé con la ministra Marisa Paira, quien me dijo que ya está a la firma el decreto para la reglamentación del observatorio».

Por último, aclaró: «Cuando hay un proceso judicial en curso contra un miembro de la fuerza se comienza un sumario administrativo, no se espera la sentencia. Incluso en la inmensa mayoría de los casos se los pasa a disponibilidad. Cuando hay condena, por más leve que sea, el efectivo es dado de baja de la fuerza». (R2820)

“Vamos a relanzar Ahora 12 con algunos beneficios adicionales. Tenemos que recuperar la relación salarial para que haya consumo”, anticipó este jueves (25/06) el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Estos beneficios podrían estar vinculados a recientes demandas presentadas por la cadena textil, indumentaria y calzado respecto a una mayor cantidad de cuotas y la posibilidad de que existan 3 meses de gracia para que el consumidor pueda comprar y recién comenzar a pagar a los 90 días.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, adelantó este jueves (25/06) que el Gobierno relanzará el programa “Ahora 12″ para incentivar el consumo, que se derrumbó en los últimos meses debido a la pandemia.

“Vamos a relanzar Ahora 12 con algunos beneficios adicionales. Tenemos que recuperar la relación salarial para que haya consumo”, sostuvo en declaraciones a El Destape Radio.

Cabe destacar que dicho programa vence a fin de mes y la idea ahora es extenderlo hasta fin de año. La cadena textil, indumentaria y calzado le había presentado un plan de reactivación en las últimas semanas en el que, para motorizar la demanda, proponían una prórroga del plan, mayor cantidad de cuotas y la posibilidad de que existan tres meses de gracia para que el consumidor pueda comprar y recién comenzar a pagar a los 90 días.Es decir que los beneficios adicionales podrían tener que ver con esas demandas, e incluso con una rebaja de la tasa de interés, que hoy alcanza al 20%.

Por otra parte, el funcionario también repasó las últimas definiciones que el gabinete económico tomó respecto de la tercera etapa del programa para el Trabajo y la Producción. ”Continuamos con el programa de ATP en las zonas que están bajo aislamiento. Con respecto a abril, hubo un incremento en la actividad productiva industrial, con cierto límite”, aseguró Kulfas. Concretamente, en las zonas donde hay ASPO, como el AMBA y Resistencia, y en los sectores críticos, la ayuda estatal para pagar salarios seguirá teniendo un techo de dos salarios mínimos ($33.750), mientras que en el resto del país el subsidio bajará a un salario mínimo ($16.875).

El ministro remarcó que “este paquete de ayuda le pone límites al desempleo”, por lo que “el impacto en los puestos de trabajo no va a ser como en 2002”. Además, agregó, el Gobierno está “trabajando en un programa de reactivación económica con todos los ministros de producción del país”.

“Vamos a trabajar fuertemente en programas de recuperación de consumo y nos focalizaremos en la recuperación del empleo con un programa con beneficios regionales y parques industriales”, sostuvo. En cuanto a los parques, la cartera productiva está terminando de definir los detalles de un decreto que le dará incentivos y fomentará la radicación de las compañías industriales en esos lugares. La norma consiste en un paquete de ayuda con aportes no reembolsables y financiamiento a largo plazo para mejoras, dijeron fuentes de la cartera productiva.

Por último, dijo que ayer el Banco Interamericano de Desarrollo les comunicó la confirmación de un crédito de US$500 millones y que “hay que lograr la recuperación con un impulso fuerte a las exportaciones”.