Con los haberes del mes de octubre los empleados y pasivos de la administración pública que perciben hasta 120.000 pesos cobrarán una suma fija mensual a cuenta de futuras paritarias, así lo confirma el Decreto Nº 1634.

El decreto precisa que “aún en el contexto actual por el cual atraviesa la provincia afectada entre otros factores, por la pandemia mundial de Covid-19, este Poder Ejecutivo tiene el compromiso de encontrar y garantizar, dentro de las posibilidades presupuestarias del Estado, variables que permitan recomponer Ia situación en cuanto a los salarios de los agentes y empleados del estado provincial”.

A través de la norma, se otorga a los agentes y empleados del estado provincial, de los escalafones general, sanidad, vial, seguridad, justicia, docentes, tribunal de cuentas, contaduría general y tesorería general, por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020, a cuenta del incremento que logre acordarse en la Mesa Paritaria o en negociaciones sectoriales, una suma fija mensual, provisoria, la que será no remunerativa ni bonificable, hasta tanto se concrete el acuerdo salarial, la que se fijara conforme la siguiente escala:

Los activos cobrarán la suma de 4.000 pesos cuando su salario nominal no supere el monto de 35.000 pesos.

La suma de 3.500 pesos cuando su salario nominal sea mayor a 35.000 pesos y menor o 55.000.

La suma de 3.000 pesos cuando su salario nominal sea mayor 55.000 y menor o igual a 120.000.

Aclara además, que no formaran parte de dicho salario nominal: las horas extraordinarias, la compensación, compensación por gastos en elementos de seguridad, complemento por actividad critica o riesgosa, suma extraordinaria al personal docente, aporte material didáctico docentes, Fondo Nacional de Incentivo Docente, complemento nafta a agentes con capacidades diferentes, bonificación por lesiones en actos de servicio, complemento por riesgo-Covid, complemento no asignación vivienda y coparticipación arancelamiento hospitalario.

El decreto establece que el aumento es extensivo en proporción a los jubilados, pensionados y retirados de los escalafones mencionados.

La vuelta será posible en los distritos que registren bajo riesgo, con condiciones institucionales y sanitarias específicas. Martín Müller aclaró que “no es un documento de aplicación directa ni un anuncio de vuelta a la escuela, es una herramienta que nos va a permitir definir cómo y cuándo”.

Los ministros de Educación de las 24 jurisidicciones junto al Ministerio de Educación de Nación aprobaron por unanimidad el Marco de análisis y evaluación de riesgo para el desarrollo de actividades presenciales y revinculación en escuelas en el contexto de la pandemia.

El documento consiste en indicadores epidemiológicos complementarios al protocolo marco aprobado en julio que permiten orientar a las jurisdicciones en la toma de decisiones, con información objetiva en relación al nivel de riesgo de contagio de la comunidad educativa, especialmente para áreas urbanas y periurbanas.

El director general de escuelas de Entre Ríos, Martín Müller, participó de esta tercera reunión en días consecutivos y comentó que “se aprobó una guía epidemiológica que nos permite evaluar las condiciones que debe haber en cada lugar de la provincia para habilitar las clases presenciales. Básicamente determina que se debe hacer si el riesgo es alto medio o bajo”.

“El documento va a ordenar el trabajo que estamos llevando adelante junto al COES provincial para evaluar las condiciones en Entre Ríos en función de esta guía aprobada”, agregó el titular del Consejo General de Educación quien participó de la reunión desde la Dirección Departamental de Escuelas de Villaguay.

De todos modos, Müller se encargó de aclarar que “la guía no es un documento de aplicación directa ni un anuncio de vuelta a la escuela, es una herramienta que nos va a permitir definir cómo y cuándo lo podremos hacer” y que la decisión será “a través de los especialistas del Ministerio de Salud en conjunto con nuestro gobernador”.

El presidente del CGE también dejó en claro que la prioridad es la salud y que con esa premisa “llevamos tranquilidad a las familias de que no se van a tomar decisiones que pongan en riesgo la salud de ninguna persona, sino que se resolverá de acuerdo a parámetros muy estrictos que determinarán las autoridades sanitarias y que tienen que ver con la cantidad de camas disponibles en cada región de la provincia, la curva de contagios y otros factores”

En cuanto al trabajo de preparación que lleva a cabo el CGE, Müller recordó que “hace varios meses que venimos trabajando en generar las condiciones edilicias, de bioseguridad, de infraestructura, de orden pedagógico y priorización teniendo en cuenta una posible vuelta” y que la definición del CFE “nos pone un horizonte de certezas que no teníamos y que todos los ministros y ministras celebramos”.

Guía

La evolución de la pandemia por COVID-19 es muy dinámica y requiere, constantemente, adoptar nuevas medidas que permitan minimizar los riesgos de convivir con el virus. La toma de decisiones debe ser abordada de manera multidisciplinaria, por cada una de las jurisdicciones, teniendo en cuenta las condiciones y cumplimiento previo de los nueve puntos, elaborados por los especialistas de Salud, que a continuación se enuncian:

1) Contar con representantes de educación en el Comité Operativo de Emergencia (COE) para la toma de decisión del reinicio de actividades.

2) Evaluar la forma de traslado que utilizarán los niños, las niñas, docentes y no docentes, para asistir a los establecimientos.

3) Contemplar la situación habitacional o niveles de hacinamiento de los niños, niñas y docentes y planificación de acciones preventivas.

4) Instruir adecuadamente al personal docente y no docente acerca de los protocolos que deben seguirse para minimizar los riesgos de transmisión durante el tiempo de permanencia en la institución, con planificación de monitoreos permanentes.

5) Tener los procedimientos detallados sobre cómo actuar ante la aparición de un caso sospechoso y/o confirmado de COVID-19 en la escuela.

6) Articular entre las carteras de salud y educación local para la detección de casos sospechosos, procurar la realización del diagnóstico de laboratorio a fin de dar una respuesta rápida y realizar el rastreo de contactos estrechos y su monitoreo.

7) Poseer un sistema integrado de trabajo intersectorial que permita identificar y dar seguimiento a problemáticas complejas como violencia, patologías de la salud mental, trabajo infantil, dificultades de los hogares para realizar aislamientos en caso de ser necesarios, entre otras.

8) Considerar estrategias para aquellos niños y niñas con factores de riesgo que no puedan asistir de manera presencial.

9) Abordar estrategias para aquellos niños y niñas convivientes de personas con factores de riesgo.

Indicadores Epidemiológicos

Estos indicadores se articulan con los nueve puntos anteriormente expresados, debe analizarse la situación en general y los indicadores por si solos no determinan el estado de la situación.

Bajo riesgo: reanudación escalonada y progresiva de las clases presenciales en todos los niveles educativos y modalidades en el marco del protocolo y lineamientos establecidos en la Resolución CFE N° 364/2020 y otras especificaciones.

Mediano riesgo: actividades educativas no escolares (artísticas, deportivas, recreativas, de apoyo escolar u otras) destinadas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en grupos de no más de diez personas preferentemente al aire libre; actividades presenciales de cierre del año para estudiantes del último año de nivel primario y de nivel secundario.

La vuelta a clases presenciales progresiva solo será posible en los distritos que registren bajo riesgo y deberán cumplirse los nueve puntos enunciados y las condiciones institucionales y sanitarias previstas en el protocolo marco aprobado el 2 de julio. En relación a las actividades de revinculación, serán posibles en aquellas zonas que presenten un grado de riesgo medio.

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, aseguró: “Hoy reafirmamos nuestro compromiso de avanzar en el regreso seguro a las aulas y a las actividades de revinculación de nuestros estudiantes. En un contexto de enormes complejidades, se han buscado desde el comienzo los equilibrios necesarios entre el cuidado de la salud y las ventanas de oportunidad que se nos han presentado para regresar físicamente a las escuelas. Lo hemos logrado en 6 provincias, siempre con el enorme esfuerzo y compromiso de toda nuestra comunidad educativa”.

Y agregó: “Trabajamos con avances y retrocesos en una hoja de ruta que se construye de manera colectiva e integral, abordando la continuidad pedagógica y el bienestar psicosocial de nuestras niñas, niños y adolescentes”.

El secretario Gremial de Agmer, Guillermo Zampedri, fue contundente al referirse a la posibilidad de retomar las clases de forma presencial en la provincia. En diálogo con APF aseguró: «En este escenario nosotros no imaginamos el regreso a las aulas»

El Consejo Federal de Educación aprobó hace minutos la vuelta «escalonada y segura» a las clases presenciales a partir de un protocolo que evalúa el riesgo sanitario en cada jurisdicción.

Ente ello, Agmer fijo su contundente rechazo a dicha decisión al asegurar que en Entre Ríos «no están dadas las condiciones sanitarias» como consecuencia del sostenido aumento de casos en el territorio entrerriano: «Ayer 15 de los 17 departamentos de la provincia presentaron nuevos casos de coronavirus, dando cuenta de un fuerte progreso de la pandemia», sostuvo Zampedri.

Si bien el secretario Gremial admitió que «la virtualidad por más buena que sea», no se compara con la presencialidad, remarcó que «el complejo escenario por el que nuestro país y nuestra provincia están atravesando», lleva a priorizar la salud de docentes, alumnos y toda la comunidad educativa.

«No imaginamos un regreso a las aulas»

En diálogo con esta Agencia, Zampedri dijo que al aumento sostenido de casos en la provincia se le suma que tampoco están dadas las condiciones de bioseguridad y de infraestructura para que el regreso sea seguro.

«El Estado no ha invertido para garantizar las condiciones de bioseguridad como el reparto de barbijos o la distribución de alcohol en gel. Tampoco ha desarrollado un plan de infraestructura que garantice que se puedan llevar a cabo las condiciones de aislamiento e higiene que exigen los protocolos», mencionó.

Por último señaló: «Los protocolos son necesarios pero no suficientes para un regreso seguro. Para que ello pase, tampoco tiene que haber circulación comunitaria o por conglomerado, y eso claramente no está sucediendo. La pandemia va en avance».

«El Estado provincial y nacional no tienen que ceder ante las presiones de los sectores concentrados de poder, porque esto es una ofensiva de los sectores anticuarentena», disparó. (APF)

El Senado aprobó este jueves, con votos del oficialismo y aliados, un total de 28 pliegos que habían sido enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores. Entre los expedientes, fue avalado el pliego de María Isabel Caccioppoli, jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Concepción del Uruguay.

Además, se votó a favor de dos traslados que habían sido girados para ser revisados. Se trata de las juezas Zunilda Niremperger, a cargo Juzgado Federal de Primera Instancia N°1 de Resistencia, Chaco; y Verónica Skanata, al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Posadas, Misiones.

Ambas asistieron a audiencia pública realizada el pasado 4 de septiembre, ocasión en la que se ausentaron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, cuyos traslados fueron suspendidos por el Senado.

Anabel Fernández Sagasti, titular de la Comisión de Acuerdos, aprovechó para recordar que a diferencia de esos tres jueces, Niremperger y Skanata no solo asistieron, sino que “se explayaron largamente sobre su trayectoria profesional”.

“Hay una notoria diferencia con tres magistrados de la Nación que decidieron no asistir a la audiencia pública para considerar sus traslados”, criticó la oficialista, y sostuvo que “la comparecencia a la audiencia pública es un requisito ineludible para que el Senado preste acuerdo”.

Laura Rodríguez Machado (Pro) salió al cruce de Fernández Sagasti y enfatizó que Bruglia, Bertuzzi y Castelli “no vinieron a las audiencias públicas porque las audiencias públicas solo se manifiestan para los casos de aprobar o rechazar un pliego, no de revisar un traslado”.

“Jamás se puede convocar a un juez para explicar si su traslado, que lo dispuso el Poder Ejecutivo, fue hecho de forma correcta”, consideró la cordobesa, y dijo que en ese caso el magistrado debería comparecer ante el Consejo de la Magistratura, publicó Parlamentario.

En tanto, el salteño Juan Carlos Romero (Interbloque Parlamentario Federal) añadió que “aunque los jueces hubieran venido de rodillas, ya estaban condenados a que se anularan sus traslados”, y “por su dignidad no se presentaron al escarnio de algo que no corresponde”.

Romero denunció una “manipulación evidente del Poder Judicial”, basada en que “aquellos jueces que no dictan sentencias favorables” sufren “amenazas, desplantes y acusaciones”, y puso el ejemplo del procurador interino Eduardo Casal, a quien “quieren alejar para que el segundo o tercero (del Ministerio Público Fiscal), afiliado a la agrupación Justicia Legítima, asuma el cargo”.

Otros pliegos aprobados

En la votación, el paquete de pliegos recibió 40 votos a favor, cuatro en contra y 16 abstenciones, en su mayoría de Juntos por el Cambio.

Entre las postulaciones aprobadas figura Pablo Gabriel Salinas, juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Mendoza; Pablo Oscar Quirós, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Mendoza; e Ivana Soledad Hernández, jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de General Pico, La Pampa.

También María Carolina Pereira, jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis; Susana Beatriz Pravata, jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia N°4 de Mendoza; Edgardo Walter Lara Correa y Diego Martín Cormick, jueces del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°10 y N°11 de la Capital Federal, respectivamente.

En tanto, David Perelmuter fue designado juez de cámara del Tribunal Oral de Menores N°1 de la Capital Federal; Enrique Manuel Alonso Regueira, juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°1 de la Capital Federal; María Belén Puebla, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°108 de la Capital Federal; y María Constanza Caeiro, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°30 de la Capital Federal.

La nómina de jueces se completa con Héctor Andrés Heim a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Pehuajó, Buenos Aires; Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia de Mercedes, Buenos Aires; y Martín Miguel Innocente en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco.

Por su parte, Viviana Patricia Piñero fue avalada como vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala I; y Juan Alberto Fantini Albarenque como vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala II.

En la sesión se aprobaron además los pliegos de Iara Jesica Silvestre para fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Santa Rosa, La Pampa; y de Eduardo José Villalba para fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.

En otro orden, fueron avalados Alejo Amuchástegui, defensor público oficial ante los tribunales orales en lo criminal federal de Mendoza; Gema Raquel Guillen Correa, defensora pública oficial ante los juzgados federales de primera instancia de San Juan; Ivana Verónica Mezzelani, defensora pública oficial ante los tribunales federales de primera y segunda instancia de La Plata, Buenos Aires; Inés Jaureguiberry, defensora pública de víctima con asiento en la provincia de Buenos Aires; Guillermo Ariel Todarello, defensor público oficial adjunto ante la Cámara Federal de Casación Penal; Martina Gómez Romero y Ramiro Javier Rúa, defensores auxiliares de la Defensoría General de la Nación. (Análisis)

Luego de la reunión de Mesa de Negociación Salarial que se celebró hoy con el Ministerio de Educación, el gremio que representa a los docentes de las 32 sedes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT) confirmó que se mantiene en estado de alerta e informó que las federaciones gremiales reclamaron unánimemente un aumento que permita no perder poder adquisitivo respecto a la inflación de este año.

“En un contexto donde los docentes universitarios se pusieron al hombro la educación virtual, celebramos la convocatoria del Ministerio de Educación y el compromiso de tener una oferta salarial concreta la semana que viene , ya que necesitamos con urgencia un aumento salarial por encima de la inflación para no perder poder adquisitivo”, explicó el secretario general de FAGDUT, Ing. Norberto Heyaca.

Si bien los dirigentes sindicales descartaron medidas de fuerza por estar abierta la negociación con la Cartera de Educación, indicaron que “la paciencia se agota” porque “están trabajando sin paritaria salarial vigente hace más de 90 días”, y pidieron “un reconocimiento como hubo en otras universidades en forma de bono”.

Asimismo, el titular de FAGDUT reclamó compensación por los gastos de conectividad. “El gobierno debe poner en valor el esfuerzo docente y dar un adicional por mayores costos como reconocimiento de la actividad académica”, señaló Heyaca.

La suspensión de la presencialidad en materia educativa vino en el primer paquete de medidas del Gobierno nacional, y aún hoy es una de las pocas que no se ha modificado, por lo que también en el encuentro se habló sobre el retorno a las aulas y los protocolos para llevar adelante dicha instancia. “En la reunión, la Secretaría de Políticas Universitarias dejó claro que dichos protocolos se deberán discutir en paritaria particular, es decir con cada universidad nacional”, explicó el dirigente docente.

            “Queremos revalorizar la universidad pública y para ello es necesario generar condiciones de trabajo dignas”, remarcó el Ing. Ricardo Mozzi, Secretario Gremial de FAGDUT. Además, el paritario José Gabriele destacó “la necesidad de actualizar el salario mínimo, vital y móvil, asociado a la garantía salarial, como así también sostener el pago en tiempo y forma del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente)”.

Por su parte, el Ministerio de Educación de la Nación convocó una próxima reunión paritaria para la semana próxima donde se comprometió a llevar una oferta salarial a las federaciones gremiales, que representan a 150.000 docentes universitarios, preuniversitarios e investigadores.

El encuentro de hoy se realizó de forma virtual y del mismo participaron los dirigentes de FAGDUT Norberto Heyaca, Ricardo Mozzi y José Gabriele, junto a las restantes representaciones gremiales: CONADU, CONADU Histórica, CTERA ,FEDUN y UDA. Por la parte empleadora, estuvieron presentes el titular de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y los rectores representantes del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional).

El plenario de secretarios generales de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) dispuso un plan de acción que incluye ocho días de desconexión, en una reedición de la herramienta de paro virtual que el sindicato viene llevando adelante en el contexto de la pandemia de coronavirus.

El plenario sesionó en la mañana de este miércoles y decidió un «plan integral de lucha» tres semanas y media de extensión, con desconexión virtual los días viernes 9, miércoles 14, jueves 15, lunes 19, martes 20, miércoles 28, jueves 29 y viernes 30 de octubre.

En cuanto a la cuestión salarial, en la declaración que emitieron al término de la reunión los secretarios y secretarias generales exigieron un salario mínimo inicial para el cargo testigo «que no deje a ningún docente por debajo de la línea de la pobreza establecida por la Canasta Básica total de una familia tipo».

Además exigieron porcentaje anual para todo el escalafón, docentes, activos y jubilados, de equiparación con el proceso inflacionario; un adicional por conectividad y la convocatoria a paritaria salarial de manera urgente, además del cumplimiento de la paritaria de 2019 sobre equiparación adicional para equipos directivos de nivel inicial y primario con equipo directivo de nivel secundario.

Otro de los reclamos es la derogación de los artículos 4, 5 y 6 de la Ley de Emergencia, que establecen descuento de haberes a activos y pasivos de mayores ingresos.

No presencialidad

La declaración también pide al gobierno de Entre Ríos «que no ceda ante las presiones de la derecha para una apertura y regreso a la presencialidad en las escuelas de manera irresponsable y que dedique su esfuerzo en función de garantizar y atender las condiciones de infraestructura, de bioseguridad para que no se ponga en riesgo la salud de las/os estudiantes y da las trabajadoras y trabajadores que concurren a los establecimientos».

Oferta insuficiente

Por otro lado, ratificaron la postura de Agmer acerca del anuncio de mejora salarial del gobierno, realizado el 1 de octubre pasado: «Está muy lejos de satisfacer la urgencia salarial de las trabajadoras y trabajadores, no solo por los montos y ser en ‘negro’ sino además por su carácter profundamente distorsivo.

Este Plenario vuelve a insistir en la urgente necesidad de darle continuidad a la discusión salarial en el ámbito paritario, que fuera abandonado por la patronal de manera unilateral, tal cual fuera denunciado ante la Dirección de Trabajo por nuestro sindicato».