Luego del encuentro que mantuvieron el gobernador Gustavo Bordet y el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martin Müller, el lunes 26 de octubre comenzará a implementarse el retorno a la presencialidad en 47 escuelas.

Luego del encuentro que mantuvieron el gobernador Gustavo Bordet y el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martin Müller, el lunes 26 de octubre comenzará a implementarse el retorno a la presencialidad en 47 escuelas de 9 departamentos de la provincia. La medida abarcará a 866 alumnos.

Durante la reunión en la que también participó la vicegobernadora, Laura Stratta, se definió priorizar los últimos años de algunas escuelas secundarias, escuelas primarias rurales y último año de escuelas técnicas. Los establecimientos seleccionados pertenecen a los departamentos Tala, Nogoyá, Feliciano, Federal, Islas, San Salvador, Uruguay, Villaguay y Victoria.

«La planificación es prudente y responsable», valoró Müller, y explicó que se abrirá en un principio «un universo acotado de escuelas en departamentos donde la situación sanitaria no reviste gravedad, priorizando las necesidades de nuestros estudiantes del último año de las escuelas técnicas para finalizar sus prácticas en los talleres, y habilitar escuelas rurales donde ni docentes ni estudiantes deban trasladarse, garantizando seguridad y pudiendo habilitar lugares donde estén dadas todas las condiciones para hacerlo».

En ese marco, el presidente del CGE sostuvo que «la estrategia del gobierno provincial, dentro de la necesaria gradualidad que va a tener el paulatino regreso a clases presenciales, es que comencemos a transitar el ese proceso ahora, en 2020, en virtud de que la situación educativa lo amerita».

«Todas las voces autorizadas dan cuenta de la gravedad de las consecuencias que van a tener para nuestros estudiantes este tiempo de suspensión de presencialidad en las escuelas», apuntó, «y es por eso que venimos trabajando articuladamente junto a otras áreas del Estado como Salud, Desarrollo Social y Planeamiento», detalló el presidente del CGE, y afirmó: «Es una prioridad transitar el regreso a las aulas».

Sin embargo, Müller advirtió que «se hará un monitoreo permanente sobre la evolución epidemiológica en las ciudades y localidades donde reabrirán estas escuelas y de modificarse los índices de riesgo establecidos por el Consejo Federal de Educación se revertirá la situación».

 

Las escuelas

Departamento Tala

• E. T N° 1 «Dr. Osvaldo Magnasco».
• E E A N° 51 «Gobernador Maciá».
• Escuela Primaria N° 21 «Semana de Mayo», de Raíces al Sud.
• Escuela Primaria N° 4 «Bernardino Rivadavia».

 

Departamento Nogoyá

• E.E.T.N°1.
• E.E.T.N° 5 «14 De Febrero», Anexo Fp, de Aranguren. Técnico Profesional.
• Escuela Primaria Nº 88 «Gob. Carlos R. Contin», de Crucecita 3º.
• Escuela Primaria Nº 32 «Paula Albarracín», de Algarrobitos.

 

Departamento Feliciano

• Escuela Nº 5 «Esteban Echeverría». Primaria.
• Escuela Nº 3 «José C. Sarmiento». Primaria.
• Escuela Nº 12 «El Profeta de la Pampa», de Rincón de Mesa. Primaria.
• Escuela Nº 9 «José Manuel Estrada», de Distrito Chañar. Primaria.
• Escuela Nº 30 «Malvinas Argentinas». Primaria.
• Escuela Secundaria Nº 2.

 

Departamento Federal

• Escuela Secundaria N°1 «Pancho Ramírez», de Sauce de Luna.
• Escuela Secundaria N°3 «Américo del Prado», de Conscripto Bernardi.
• Escuela Secundaria N°9 «José G. Artigas».
• Escuela Secundaria N°11 «Roberto Aizemberg».
• Escuela Primaria Nº 9 «Congreso de Tucumán», de Colonia Santa Lucía.
• Escuela Primaria Nº 10 «José B. Zubiaur», de Paraje El Gato.
• Escuela Primaria Nº 27 «Rafael Obligado», de Paraje Banderas.

 

Departamento Islas

• Escuela Primaria N° 8 «20 De Junio», de Ibicuy.
• Escuela Primaria N 17 «Manuel P. Antequeda», de Paraje La Argentina. Personal Único.
• Escuela Primaria N° 28 «José Hernández», de Mazaruca. Personal Único.
• Escuela Secundaria N° 3 «Francisco Ramírez», de Ibicuy.
• Centro Educativo de Jóvenes y Adultos Nº 355, de Ceibas.
• E. T. N° 96 «Conscripto H. Omar Giorgi», de Villa Parancito.
• E. A. T. N° 144 «Mariano Echaguibel», de Ibicuy.

 

Departamento San Salvador

• Escuela Primaria N° 9 «Pinocho», de Colonia San Ernesto.
• Escuela Secundaria N° 45 «Félix B. Meyer», de San Salvador.

 

Departamento Uruguay

• Escuela Primaria N° 6 «Manuel Belgrano», de Concepción del Uruguay.
• Escuela Nina N° 11 «18 de Octubre», de San Justo.
• Escuela Nina N°48 «Recuerdos de Provincias», de Concepción del Uruguay.
• Escuela Secundaria N° 1 «Raúl Chappuis», de Concepción del Uruguay.
• E. T. N° 1 «Ana Urquiza de Victorica», de Concepción del Uruguay.
• E. T. Nº 13 «Héctor Sauret», de Concepción del Uruguay.
• E. T. Nº 2 «Francisco Ramírez», de Concepción del Uruguay.
• Escuela Primaria Nº 12 «Rafael Obligado», de Colonia Caseros.

 

Departamento Villaguay

• E. A. T. N° 2 «J. J. de Urquiza».
• E. T. N° 1 «Conrado Etchevarne».
• Escuela Primaria N° 20 «Hipólito Bouchard», de Mojones Norte.
• Escuela Primaria N° 63 «Juan José Paso», de Raíces Oeste.
• Escuela Primaria N° 80 «Martín Güemes», de Lucas Sud.
• Escuela Secundaria N° 7 «René Favaloro».
• Escuela Secundaria N° 18 «B° Chaco».

 

Departamento Victoria

• E. T. N° 1 «Dr. Pedro Radío».

Autoridades de Argentina y Uruguay firmaron el acuerdo de gestión del proyecto binacional de Adaptación al Cambio Climático en ciudades y ecosistemas costeros vulnerables del río Uruguay.

Del lado argentino las obras y acciones se concretarán en las localidades entrerrianas de Concordia, Colón y Concepción del Uruguay.

En una reunión virtual entre las autoridades ambientales nacionales de Argentina y Uruguay se firmó el documento de arreglos de gestión del proyecto de adaptación al cambio climático en el río Uruguay. Este instrumento permite iniciar las actividades conjuntas y locales en el marco del proyecto.

Del lado argentino las obras y acciones se concretarán en Entre Ríos, en las localidades de Concordia, Colón y Concepción del Uruguay. Para ello tanto la provincia como el vecino país accederán a un aporte no reembolsable de 14 millones de dólares para ejecutar entre ambos países.

“Este proyecto fue iniciado en 2016 por nuestro gobernador Gustavo Bordet cuando participó en la COP 22, que se realizó en Marruecos, para generar resiliencia y trabajar en la adaptación de los ecosistemas vulnerables de la costa del río Uruguay”, destacó el secretario de Ambiente, Martín Barbieri.

El funcionario también hizo hincapié en que este “es uno de los pocos proyectos binacionales de este tipo y es una muestra de la cooperación, el trabajo conjunto, la mirada común y regional entre ambos países sobre un mismo ecosistema”.

Barbieri indicó además que entre 2016 y 2019 el trabajo incluyó la participación ciudadana, con varias reuniones en las tres ciudades con los principales actores. Y agregó que, a partir de la firma de este acuerdo, se pretende llevar adelante “un trabajo articulado con las instituciones locales, universidades y ong’s involucradas con el proyecto”.

La aprobación del proyecto de obras y acciones a desarrollar es producto de un significativo esfuerzo de los equipos provinciales, coordinados por la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos y la participación de los municipios de Concordia, Colón y Concepción del Uruguay y en el marco del trabajo conjunto de los organismos nacionales de ambos países: el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay. También participó la Administración de Parques Nacionales, en su interés en actividades a desarrollar en El Palmar.

La propuesta fue acompañada y gestionada ante el Consejo del Fondo de Adaptación (FA) por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), en su rol de agencia de implementación de proyectos ante los fondos internacionales de Naciones Unidas de apoyo a acciones ambientales en los países miembro.

De la reunión virtual participó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina, Juan Cabandié, y miembros del equipo de cambio climático; el ministro de Ambiente de Uruguay, Adrián Peña; el subsecretario del Ministerio de Ambiente del vecino país, Gerardo Amarilla De Nicola; y el vicepresidente del Banco Latinoamericano de Desarrollo (CAF), Julián Suárez, entre otros.

 

Obras y acciones

El proyecto tiene varios componentes y además de apuntar a la mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático en los ecosistemas costeros al río Uruguay, lo hará sobre las ciudades a través de obras como el coronamiento de una barranca en Concordia, el traslado de viviendas asentadas en zonas inundables a zonas más altas en Colón, y la construcción de un parque temático donde se radicarán especies exóticas y un centro de interpretación en Concepción del Uruguay.

Otros de los componentes son trabajar es la creación de un sistema de alerta de riesgo para alertar sobre las inundaciones y el ordenamiento territorial con un enfoque integral que incluya al cambio climático, un fuerte trabajo social con las comunidades locales y el fortalecimiento de los parques nacionales de ambos países sobre la margen del río Uruguay.

El Gobierno Nacional trabaja para redefinir los programas de asistencia que se otorgaron durante este año. Actualmente, la definición sobre el IFE 4 aún está en suspenso. También se analizan cambios en el ATP.

Con los datos de mitad de octubre de la recaudación, creen que puede ser otro mes de ingresos impositivos que crezcan arriba de la inflación. Aún así, los programas de asistencia dejarán de existir tal como se los conoce.

«La situación fiscal es muy delicada», reconocen en el Gobierno cuando promedia el 2020 y en el Congreso se debate el proyecto de Presupuesto 2021, que busca achicar el déficit fiscal primario y situarlo en un 4,5% del PBI el año próximo.

Con este número en el horizonte, el Gobierno sigue muy de cerca los números fiscales para emprender un camino hacia la «normalización de las cuentas públicas».

Desde el lado de los ingresos, hay cierto optimismo, pero prefieren actuar con cautela e ir redefiniendo los programas de asistencia que surgieron con la pandemia, como el bono IFE y el ATP.

Tras septiembre, el primer mes en el año en el que la recaudación de impuestos creció por arriba de la inflación, en el Gobierno se esperanzan en que octubre tenga una performance similar.

Aún con un aporte menor del Impuesto País (el que surge de sumar al dólar oficial el 30%) tras el reforzamiento de las medidas al dólar anunciadas a mediados de septiembre y la imposibilidad para muchos que compraban el «dólar ahorro», otros recursos van cobrando dinamismo.

El Impuesto País, que se implementó a través de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva aprobada a fin de 2019, hasta ahora implicaba un aporte relevante en la recaudación, de unos $ 20.000 millones por mes.

En septiembre fue la primera vez desde el inicio de la cuarentena que este impuesto recaudó menos que el mes anterior cuando ingresaron $ 20.858 millones frente a los $ 21.900 millones de agosto. En lo que va de 2020 aportó unos $ 110.470 millones a las arcas públicas.

Aún con un menor aporte desde este tributo, en el Gobierno creen que podría volver a ser otro mes que muestre una evolución más favorable que los meses previos. «Estamos viendo que en octubre la recaudación puede volver a crecer en términos reales», añadieron fuentes oficiales.

 

IFE 4

Si bien la definición sobre el IFE 4 aún está en suspenso, justamente por el impacto en las cuentas públicas, en el Gobierno van trabajando con la apuesta a ir dejando atrás este programa y convertirlo en ayuda que busque incorporar a las personas al mercado laboral o a los jóvenes, al estudio.

El plan «Potenciar Trabajo» que depende de Desarrollo Social, ministerio a cargo de Daniel Arroyo, trabaja en este aspecto.

De hecho, la idea de dar una renta básica universal en la pos pandemia, política impulsada a nivel mundial por algunos países y también desde algunos organismos como la CEPAL (Comisión Económica para América Latina), fue evaluada por el Gobierno.

 

ATP

El programa ATP, que se dio durante cinco meses seguidos en medio de la propagación del coronavirus, tuvo como eje pagar parte del salario de los trabajadores de las empresas que pedían esta transferencia desde el Estado.

Pero en las últimas versiones se sumó la posibilidad de que algunas firmas accedan a créditos subsidiados. SI bien para algunos sectores (los más golpeados) se mantendrá la asistencia directa para el pago de salarios (como en el caso del turismo, cultura y deporte), en el Gobierno confirmaron que el resto de las firmas irán yendo hacia un esquema en el que sólo podrán acceder a los préstamos blandos que se ofrecen.

 

Suba en planes sociales

El aumento pactado en el salario mínimo vital y móvil de un 28% en tres tramos implicará una suba en los planes sociales vigentes.

La semana pasada se pactó en el Ministerio de Trabajo entre las cámaras empresariales y los sindicatos un aumento del SMVM de 28% con un 12% de suba en octubre hasta los $18.900, 10% en diciembre a $ 20.587,50 y un 6% restante en marzo que completará el alza hasta los $ 21.600.

Unas 600.000 personas que reciben hoy planes sociales verán un incremento. El caso que el Gobierno pretende que cobre fuerza es el «Potenciar trabajo»: implica una carga horaria de media jornada (4 horas) y el beneficiario recibe una asistencia desde el Estado de un monto igual a la mitad del SMVM, que con la suba del 28% pactada la semana pasada, en marzo serán $ 10.800.

El 22% de la población entrerriana fue asistida por Nación a través del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) entre abril y mayo, según un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Empresario de Entre Ríos al que accedió APFDigital

La población adulta de Entre Ríos tiene una importante dependencia del Estado en su flujo mensual de ingresos. Esto era así antes de la pandemia de Covid-19, pero la dependencia aumentó durante la crisis económica de este año y como consecuencia de las restricciones que impidieron a muchos sectores producir y generar ingresos.

El Gobierno nacional implementó programas de asistencia con un amplio alcance para mitigar los efectos económicos y sociales de la pandemia. Entre ellos se destacan el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que beneficiaron, en conjunto, al 22% de la población de la provincia entre abril y mayo, según un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Empresario de Entre Ríos.

El IFE fue el programa de mayor impacto. Unas 274.410 personas fueron beneficiarias de este programa en Entre Ríos, lo que equivale al 20% de la población y al 32% de la población económicamente activa, entre 18 y 65 años.

La cobertura es levemente superior al promedio nacional, que fue del 19,5% del total y el 31,6% de la población económicamente activa.

El IFE es liquidado a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y está destinado a los sectores más vulnerables de la población para mitigar el efecto de la pandemia de COVID-19. Consiste en un bono de 10.000 pesos para las familias más afectadas, cuyo jefe o jefa de familia sea trabajador informal, monotributista social, monotributista de categorías A y B, personal doméstico, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o del programa Progresar.

Del total de los beneficiarios del IFE, 69.000 perciben además de la AUH y 6.000 el Progresar. Esto significa que 75.000 beneficiarios -un cuarto de quienes cobran el IFE- tiene además otro beneficio del Estado. Del resto de los beneficiarios del IFE, 7.000 trabajan en el servicio doméstico, 30.000 son monotributistas y 163.000 son trabajadores informales, desempleados o inactivos laborales.

 

Programa ATP

El programa ATP alcanzó a unos 32.200 empleados en relación de dependencia entre abril y mayo, lo que representa el 26% de los asalariados privados registrados de la provincial. El ATP consiste en un subsidio estatal para cubrir un porcentaje del salario de los trabajadores privados formales de los sectores cuya actividad se vio afectada por la cuarentena impuesta para hacer frente al COVID-19. El tope del beneficio es de dos salarios mínimos.

Para dimensionar la incidencia del Estado en la inyección de flujo mensual en la economía se debe contabilizar, además de los programas sociales nacionales, los 138.000 empleados públicos y los 234.000 jubilados nacionales y provinciales. En total, unas 724.512 personas reciben un estipendio monetario del Estado cada mes, lo que representa al 69% de la población mayor de 18 años. (APF)

“Es un esfuerzo que realizamos para articular con las intendencias y el gobierno provincial, y poder generar acciones que propendan a garantizar la seguridad de nuestros vecinos», dijo el gobernador Gustavo Bordet, al entregar en 39 millones de pesos para que 69 municipios y comunas puedan adquirir nuevas cámaras de videovigilancia o instalar centros de monitoreo.

En el acto realizado este viernes en Diamante, y en conexión por videoconferencia con referentes de numerosas comunas de la provincia, el mandatario estuvo acompañado por la vicegobernadora Laura Stratta; el intendente local Juan Carlos Darrichón; los ministros de Gobierno, Rosario Romero; de Producción Juan José Bahillo; y de Planeamiento Marcelo Richard.

Los aportes se asignaron en el marco del Fondo Provincial de Seguridad (Foprose) y serán destinados a la adquisición de equipamientos tecnológicos para los sistemas de videovigilancia locales.

Particularmente, para la ciudad de Diamante se entregó el aporte para la compra de equipos y el montaje del centro de monitoreo que funcionará en el edificio lindante a la terminal de ómnibus y que será operado por la policía departamental.

 

PREVENCIÓN DEL DELITO

«A este convenio lo venimos trabajando mucho con el Ministerio de Gobierno, para poder llegar con cámaras de videovigilancia a cada una de las localidades. Esto previene el delito y se articula con la policía de la provincia, lo cual da garantías de que, en un eventual proceso judicial, tendrán validez probatoria las filmaciones que se realicen».
«Se vela por la seguridad de cada uno de los vecinos de las localidades que ustedes administran todos los días con la gestión”, dijo el gobernador al dirigirse a los presidentes comunales.

Luego señaló: “Es un esfuerzo que realizamos para poder trabajar desde el conjunto con las intendencias y el gobierno provincial y poder generar acciones que propendan a garantizar la seguridad de nuestros vecinos, una demanda que en estos tiempos viene creciendo sostenidamente».

Y agregó: «Cada vez que generamos una acción de este tipo me entusiasmo, me genera la empatía necesaria para poder ir logrando más acciones de gobierno en cada una de las localidades, sin importar signos políticos. Estamos en una etapa donde tenemos que ponernos como objetivo nuestras gestiones y cumplir con la tarea cotidiana de ir desarrollando acciones para satisfacer la demanda de los vecinos y mejorar su calidad de vida».

Por otro lado, indicó que la agenda que cumplió hoy en Diamante «forma parte de poder ir al lugar, recorrer, comprometernos, generar obras, pero también generar desarrollo económico y empleo, que es un gran desafío que tenemos en este tiempo».

 

MÁS SEGURIDAD

Por su parte, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, explicó que el Sistema de Videovigilancia “es apreciado en todo el mundo por sus varios aspectos ponderables al momento de asegurar seguridad a los ciudadanos, y tanto en Argentina como en la provincia, venimos avanzando en la aplicación de estos Sistemas”.

“En esta oportunidad, establecimos convenios con las municipalidades y Comunas en los cuales se distinguen determinados requisitos técnicos. La Provincia brinda un aporte a las municipalidades para que ellas adquieran los elementos de seguridad. El objetivo de que los elementos sean parejos, con determinadas características técnicas, porque estamos pensando en un sistema que en algún momento podamos articularlo provincialmente, es decir que podamos tener relevadas igual tecnología en todos los lugares”, detalló la ministra Romero, en relación a las especificaciones que deberán tener las cámaras que adquieran los municipios.

En este marco, Romero subrayó: “Bajo esta premisa hemos venido trabajando ya con los intendentes ellos han contribuido y siguen contribuyendo. Los Municipios instalan las cámaras, haciendo un esfuerzo de recursos, nos ayudan en el mantenimiento y conformamos una verdadera central de monitoreo urbano la cual ponemos a disposición de la autoridad policial, que monitorea las 24 horas por personal capacitado de la Policía de Entre Ríos”.

 

TRABAJO CONJUNTO

A su turno, el intendente Juan Carlos Darrichón dijo que para los diamantinos «es muy importante la visita del gobernador, significa un apoyo, más en este momento tan complicado que está viviendo el país, la provincia y la ciudad, donde tenemos que optimizar los recursos, hacer un orden y trabajar en conjunto porque la comunidad nos necesita más que nunca, trabajando todos juntos».

El intendente destacó el apoyo del gobernador “al proyecto del centro de monitoreo que también es impulsado por la Sociedad Comercial de Diamante», y aseguró que «es muy importante poder monitorear con estas cámaras y colaborar con la policía teniendo como objetivo la seguridad para los vecinos».

Explicó que la municipalidad participa con el proyecto «poniendo a disposición el espacio para el funcionamiento del mismo, el que estará en la terminal de ómnibus, donde el ciudadano de Diamante va a poder ver como la policía de la provincia trabaja y nos cuida a partir de esta tecnología que servirá para que la sociedad se sienta segura».

Agregó que «en estos momentos complicados de la economía que la provincia este disponiendo de estos fondos habla del compromiso que tiene con todos los municipios sin diferencias de partidos políticos».

Los aportes se dieron en el marco de la implementación de políticas públicas de seguridad que lleva adelante la provincia de Entre Ríos a través del Ministerio de Gobierno y Justicia, y con la finalidad de garantizar la convivencia ciudadana, la utilización pacífica de los espacios públicos, la prevención de delitos de cualquier naturaleza, en respeto por las Garantías y de los Derechos Fundamentales y las libertades Públicas de los entrerrianos.

 

PRESENCIAS

También participaron el jefe de Policía, Gustavo Maslein; la secretaria de Energía; Silvina Guerra; la senadora provincial Claudia Gieco; y el diputador provincial Reynaldo Cáceres.

Estuvieron presentes los intendentes de Aldea Brasilera, Hugo Ramírez; de Valle María, Mario Zokolovsky; de Ramírez, Gustavo Vergara; de Villa Libertador San Martín, Raúl Casali; y los jefes comunales de Racedo, Julio César de Martín; Las Cuevas, Teresa Solís, y Aldea Spatzenkutter, Juan Lell.

De manera remota estuvieron los intendentes de Cerrito, José Palacios; de Pueblo Belgrano, Mauricio Davico; de Colón, José Walser; de Lucas González, Cristina Boeri; de Crespo, Darío Schneider; de Masilla, Francisco Pasinatto; de Villa Elisa, Susana Lambert; de Villa Urquiza, Manuel Tennen; de Larroque, Leonardo Hassell; de San José, Gustavo Bastián; de Maciá, Juan Diego Conti; y de Pueblo Liebig, Julio Pintos.

Cabe señalar que se suscribieron acuerdos con los distintos presidentes comunales con el fin de ampliar el sistema de captación de imágenes y monitoreo a través de sistemas de video vigilancia, lo que posibilitará la transferencia de los fondos para que los municipios y las comunas puedan adquirir de manera inmediata los equipamientos necesarios en cada localidad y a criterio de cada uno, que en todos los casos deben ser instalados para el monitoreo por parte de la autoridad policial.

 

FONDO DE SEGURIDAD

El Fondo Provincial de Seguridad, proveniente del Instituto de Ayuda Financiera para la Acción Social, destina recursos para diversas inversiones en materia de seguridad. Serán utilizados para la adquisición de cámaras fijas, domos, cajas estancas, UPS para cámaras, clientes inalámbricos, antenas, servidores, discos rígidos, administradores y puesto de operaciones con el fin de fortalecer la videovigilancia en 69 localidades.

Además de las localidades presentes, recibieron fondos Aranguren; Basavilbaso; Carbó; Caseros; Colonia Ayuí; Colonia Elía; Comuna Tala; Concepción del Uruguay; Conscripto Bernardi; El Solar; Estación Sosa; Federación; Federal; Galarza; Gobernador Etchevehere; Gilbert; General Campos; Gualeguaychú; Hasenkamp; Hernandarias; Hernández; La Criolla; Las Moscas; Líberos; Los Charrúas; María Luisa; Nogoyá; Piedras Blancas; Pueblo Brugo; Puerto Yeruá; Rocamora; Rosario del Tala; San Antonio; San Cipriano; San Gustavo; San José de Feliciano; San Justo; San Marcial; San Salvador; Santa Ana; Santa Elena; Tabossi; Viale; Villa Clara; Villa del Rosario; Villa Fontana; Villaguay; Villa Mantero y Villa Paranacito.

 

APORTES Y CONVENIOS

En la ceremonia se firmó un convenio para la ampliación de la red para la ciudad Diamante.

También se entregaron aportes por un monto total de 1,3 millones de pesos, distribuidos en un aporte de Vicegobernación para la Municipalidad de Diamante destinado a la adquisición de minitractor para mantenimiento del Predio “Tierra Chaná”. Otro aporte de Vicegobernación para la Parroquia San Cipriano y San Francisco Javier, para la obra de restauración de ingreso a la Parroquia.

Además, recibió un aporte el Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales de Aldea Protestante para la continuación de obras en la sede; el Hogar de Ancianos Madre Teresa de Calcuta, de General Ramírez, recibió otro destinado a la culminación de obras del SUM.

En tanto, la Secretaría de Deportes entregó fondos para el Club Atlético Strobel, en el marco de una ayuda económica por emergencia; otro aporte al club Atlético Deportivo y Social Strobel, en el marco del Programa de Apoyo de Emergencia a Clubes Entrerrianos, impulsado por el gobierno de la provincia, por el cual se van a asistir a unas 150 clubes de barrio entrerrianos.

Además, se entregó una cocina industrial de seis hornallas para la Casa del Niño San Roque de la localidad de Diamante.

Por otra parte, se realizó la firma de las escrituras de venta de nueve lotes, a familias que iniciaron su inscripción a fines del año pasado, correspondiente al Loteo Belgrano, en Diamante, que es el primer proyecto llevado a cabo por la Compañía Entrerriana de Tierras SE. Quedan pendientes tres lotes para finalizar las ventas, los cuales ya están asignados a familias que están cumplimentando los últimos requisitos formales. En su totalidad, los adjudicatarios son diamantinos de entre 25 y 40 años, trabajadores de la educación, de la policía, de comercio, o independientes.

Unos 600.000 beneficiarios de programas de asistencia y trabajo recibirán el mismo incremento del 28% que se fijó para el salario mínimo. También se estudia un aumento en el beneficio de la compra de alimentos.

El gobernador Gustavo Bordet y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, firmaron el convenio para la implementación del programa Acompañar en Entre Ríos.

“Este acuerdo tiene una importancia clave porque fortalece las políticas de género que venimos desarrollando en la provincia”, manifestó el gobernador, quien estuvo acompañado por la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira.

En la misma línea, el mandatario agregó: “Esto es sustancial porque no sólo reafirma valores y pensamientos sino que también significa transferencia de recursos para poder desarrollar políticas públicas, que sean efectivas y eficaces, destinadas a aquellas personas que padecen violencia de género; y en esto es fundamental poder trabajar articuladamente entre Nación, provincia y municipios, que son la célula más cercana con la sociedad y donde impactan los casos que puedan producirse”.

En ese marco, Gómez Alcorta especificó: “Desde el comienzo de la gestión venimos trabajando muy cercanamente con el gobierno de Entre Ríos, porque sabemos que no hay posibilidad de llevar adelante políticas públicas que piensen efectivamente en transformar la vida de las mujeres sino lo hacemos de manera federal. Por eso creamos el Consejo Federal, que cuenta con representación de cada una de las provincias, con la máxima responsabilidad en materia de género y donde articulamos y trabajamos los proyectos que llevamos adelante desde Nación, pero también los que se plantean en cada provincia”.

Por su parte, la titular de Desarrollo Social de la provincia mencionó: “Para nosotros, como planteaba el gobernador, este convenio es fundamental para articular y fortalecer el trabajo que venimos llevando a cabo en la provincia con los municipios, las juntas de gobierno y las comunas en materia de género. Entendemos que Acompañar va a posibilitar estar junto a mujeres en situación de violencia de género que hoy están siendo atendidas en las áreas provinciales y municipales”.

“La implicancia del programa que tiene no sólo el apoyo económico necesario para salir de una situación de violencia de género sino que también brinda acompañamiento integral, va a ser una política que nos va a permitir consolidar el trabajo en red en materia de género en la provincia, de manera conjunta con Nación”, remarcó Paira.

De la reunión, también participaron la titular de la Unidad de Gabinete de Asesoras, Lara González Carvajal; y la secretaria de Políticas contra las Violencias por razones de Género, Josefina Kelly Neila.

 

Detalles

En la oportunidad, el gobierno de Entre Ríos rubricó con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación el convenio marco de cooperación para la implementación en territorio del programa Acompañar. En el mismo documento se estableció la firma del acta complementaria, que se celebró conjuntamente, por la cual quedó designado el Ministerio de Desarrollo Social para articular el programa en la provincia.

Acompañar forma parte del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022 y se basa en el nuevo paradigma de abordaje integral de las violencias que contempla impulsar políticas públicas para crear condiciones materiales que garanticen que las personas y grupos más afectados por las violencias de género puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo.

Tiene como fin promover la autonomía de las mujeres y LGBTI+ que se encuentran en riesgo en contextos de violencias por motivos de género a través de un apoyo económico equivalente al salario mínimo, vital y móvil por un período de seis meses consecutivos, a la vez que brinda acompañamiento integral y acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial.

El fiscal promovió una denuncia radicada por Juntos por el Cambio y solicitó una medida cautelar para frenar la iniciativa del gobierno.

El fiscal federal Carlos Stornelli promovió hoy una investigación penal sobre la Defensora del Público Miriam Lewin, por la creación del observatorio Nodio, “un observatorio contra la desinfinformación y la violencia simbólica”. Y entendió que se encuentran acreditados los extremos para avanzar en una declaración indagatoria de la funcionaria, indicaron a Infobae fuentes judiciales. No solo apuntó contra los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario, sino que promovió imputarle atentado a la libertad de prensa y persecución ideológica.

En ese contexto, el fiscal le pidió a la jueza María Capuchetti que dicte una “medida cautelar” para prohibirle a la funcionaria “la producción de cualquier acto administrativo y/o decisión y/o ejecución por parte» de la Defensoría Público de Servicios de Comunicación Audiovisual «y/o cualquier otro organismo estatal, que pudiera tender a llevar adelante las actividades” del observatorio y que pudieran provocar “posibles o mayores efectos dañinos sobre el bien jurídico protegido e implicar, por tanto, un menoscabo irreparable al derecho de la libertad de expresión y a la libertad de prensa, constitucionalmente consagrados”.

De acuerdo al dictamen al que accedió Infobae, “considera esta Fiscalía que se encuentra debidamente conformado el estado de sospecha” sobre Lewin par iniciar la investigación, “extremo que llevará a solicitar su llamado a prestar declaración indagatoria”.

Pero además el fiscal planteó una serie de consideraciones generales ante la jueza en donde advirtió: “Señora Juez, una seria inquietud sobrevuela la Argentina, quizás una de las más peligrosas, aquella que se refiere a la amenaza a las libertades individuales. ¿Será que existen grupos cuyo perverso plan sea ese?” Y hasta se preguntó si lo que se busca es imponer una “cuarentena mental”.

Y añadió: “Yo mismo he sido objeto de la mentira calumniosa, obscena, violenta y descarada. Jamás cuestionaría la libertad para hacerlo. Elijo siempre la libertad”.

Diputados de Juntos por el Cambio denunciaron este martes a la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, por el proyecto NODIO, “un observatorio contra la desinfinformación y la violencia simbólica”. A la periodista la acusaron de abuso de autoridad y violencia de los deberes de funcionario público.

Los legisladores opositores sostienen que la información disponible sobre NODIO “es escasa y difusa”, pero “ha sido suficiente para advertir los riesgos que esa comisaría del pensamiento lleva en germen, y en pocas horas han sobrado voces de reserva y repudio a esa creación oficial, no de la iniciativa ciudadanía”. En sus palabras, “la sola creación de NODIO por parte de una agencia del Estado importa dictar órdenes o resoluciones contrarias a la Constitución Nacional”.

Apenas se recibió la denuncia, la jueza corrió vista al fiscal para que decida si se abre una investigación. En su dictamen, Stornelli afirmó que “nadie podrá discutir lo dañino que suelen ser muchas veces la propalación intencionada de noticias falsas o maliciosas tanto a nivel institucional como a nivel personal para quién directamente el azufre el tema aquí es que el aparato estatal se estaría rogando vía este famoso observatorio la potestad de definir o calificar qué noticia o expresión pública tendría o no tal alcance malicioso y más cuestionable aún sea rogaría la todopoderosa potestades desarticular las conforme el propio comunicado oficial o en otras palabras aplicarles censura”.

El fiscal sostuvo que “no es posible fijar al menos sin que constituya delito una política estatal que pisotee sin miramientos las garantías de rango constitucional que asisten a todos quienes desean habitar el suelo argentino”, máxime cuando “los objetivos perseguidos se muestran tan poco transparentes como peligrosos”.

A criterio de Stornelli, “el comportamiento aquí denunciado en cabeza de la titular del organismo en cuestión resulta sospechoso de haber incurrido por un lado en el tipo penal reprimido y contemplado en el artículo 248 del Código Penal en tanto con la creación del llamado no dio habría dictado resolución de sus órdenes contrarias a aquellas normas citadas algunas de rango constitucional otras receptadas por nuestra carta magna en jerarquía superior a las leyes y otras de orden local”.

Según sostuvo, “más lejos de transcurrir hecho por un simple y ya no abuso de autoridad o violación de los deberes de funcionario público no puede esa sospecha que dar escindida de la posible ultra intención o finalidad que porque habría podido perseguirse posiblemente incursa además en el delito previsto y contemplado en el artículo 161 del Código Penal expresamente concebido como atentado a la libertad de prensa”, como así también «la existencia de una posible maniobra alentadora o incitadora de persecución contra una persona o grupo de personas a causa de sus ideas políticas.

Hubo una serie de consideraciones finales del fiscal que planteó en su dictamen, encuadradas en interrogantes. Stornelli se preguntó: ¿será que algún o algunos trasnochados nostálgicos del medioevo quieren avanzar sobre la libertad ambulatoria primero la de expresión después y finalmente la de pensamiento? ¿Volveremos a los comisarios políticos y a los delatores jefes de manzana? ¿Se castigará la prensa especialmente libre otorgándosele la esclava patente del Corso? ¿No ha muerto la Mazorca?»

“Pareciera que en una persistente regresión estamos obligados a discutir una y otra vez cuestiones obvias y derechos fundamentales ideas que expiraron a los grandes pensadores y padres de esta Patria y tantas otras naciones libres será porque hay nostalgia del despotismo será porque la libertad es peligrosa”, afirmó. Y añadió que el mismo había sido víctima de “la mentira calumniosa”.

Y siguió: ¿Ha mutado el virus del fascismo y en realidad no ha muerto? ¿Cuántas veces habrá de chocar contra la misma pared, permitir que se reedite la vergüenza en un círculo interminable que nos coloque siempre en en el cuadro de honor del atraso? ¿Se dictará una cuarentena mental». Con alusiones a los periodistas que investigaron el Watergate, Stornelli aseguró que “discutir la libertad en cualquiera de sus legítimas formas es un crimen”, al igual que “la censura previa”, la persecución ideológica», “el combate a la libertad y la verdad”

“¿En alguna recóndita madriguera del aparato estatal estará incubando cuestiones similares, o incluso peores? Impedir que esta y cualesquiera otras de semejante osadía se naturalice, es en este momento responsabilidad suya y nuestra”, le dijo Stornelli a la jueza, y promovió el impulso del acción penal y el pedido de cumplimiento del punto tres de su dictamen, en donde reclamaba la indagatoria y la cautelar. (Infobae)