De acuerdo a los lineamientos y pautas del Consejo General de Educación, se dispuso el inicio de clases presenciales para los ciclos primario, secundario y terciario, y los talleres, en las nueve unidades penales de la provincia. Se hará respetando los protocolos de seguridad sanitaria.
La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, mantuvo un encuentro con el Vocal del Consejo General de Educación (CGE), Exequiel Coronoffo y la directora de Educación de Jóvenes y Adultos, Elvira Armúa, con quienes dialogó sobre el regreso a la educación presencial en contexto de encierro.
Durante la reunión se resolvió que el regreso a las actividades previas y a las clases presenciales, se realizarán en todos los casos bajo las condiciones de seguridad sanitaria fijadas en el protocolo vigente y complementado por la resolución 0117/21 del CGE. Para ello se dictó la resolución N° 035 del Ministerio de Gobierno y Justicia.
Vale destacar que hasta el momento y por motivo de la pandemia, la educación formal en las Unidades Penales de Entre Ríos se llevó adelante de manera virtual a través de trabajos prácticos. No obstante, se continuó con la tarea que realizan los talleres industriales y laborterapia que son eje del tratamiento penitenciario. En todos los establecimientos se gestionaron, durante todo el 2020, actividades orientadas a promover la creación de vínculos con el trabajo, la educación y la cultura, como parte del tratamiento penitenciario.
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) llevó a cabo su 191° Congreso en pleno proceso de negociaciones con el gobierno de Entre Ríos en torno al inicio del Ciclo Lectivo 2021, el retorno a la presencialidad, el aumento salarial y las condiciones laborales.
El 4 de febrero AGMER había manifestado su rechazo a la propuesta del gobierno de un 33% estimado de aumento salarial. La cifra exigida tras el Congreso es de “el 36,1% perdido en 2020”, así como también que “el salario inicial se equipare con la Canasta Básica Total del INDEC”.
Además, demandan que se establezca “un mecanismo de actualización automática en función de la inflación para el 2021” y que “todo aumento salarial sea en blanco, saneando la obra social y el sistema previsional”.
Paro de dos días
El gremio docente también resolvió convocar a un paro provincial los días 12 y 17 de febrero. También sostienen “como medida sindical la no presencialidad y el cumplimiento del trabajo docente con modalidad virtual entre el 18 y 26 de febrero”.
En ese sentido, ratificaron el “no inicio del ciclo lectivo 2021 si el gobierno no satisface nuestras demandas salariales”.
Entre las demás resoluciones del Congreso se comunicó:
– Exigir la actualización del Código 029.
– Defensa irrestricta de la Ley 8732 y la Caja de Jubilaciones.
– Restitución del aporte patronal al IOSPER, llevándolo al 6% para activos y 4% para jubilados.
– Regularización de los concursos en 2021.
Por último, plantearon como ejes de la discusión paritaria a las condiciones laborales, incluyendo allí a cuatro puntos: a) Salud laboral; b) Infraestructura y transporte; c) Reglamento de la carrera docente; d) Trabajo en la excepcionalidad.
Nueva convocatoria del gobierno
El Congreso pasó a cuarto intermedio hasta no más allá del 26 de febrero. Antes de esta fecha, el gremio podría verse nuevamente las caras con las autoridades provinciales. Según la última convocatoria emitida por la Secretaría de Trabajo, el encuentro podría darse el jueves 18 de febrero, a las 11, en el Consejo General de Educación.
El proyecto de Ley presentado por la diputada nacional Carolina Gaillard, presidenta la Comisión de Legislación Penal en la Cámara Baja, busca modificar el Código Penal incorporando un artículo por el cual un agresor podrá ir preso cuando incumpla con la restricción perimetral impuesta en una causa por violencia de género.
El caso de Úrsula Bahillo –la joven de 18 años que fue asesinada por su expareja en Rojas (provincia de Buenos Aires), a quien había denunciado por violencia de género y sobre quien pesaba una medida de restricción perimetral– volvió a “hacer visible la problemática de la violencia de género, donde se puede ver claramente el incumplimiento de deberes de funcionario público, tanto policial como judicial, la nula evaluación de riesgo y/o peligro para las mujeres, y una completa falta de empatía por sus vidas”, señala la iniciativa en los fundamentos.
“Sabemos que no todos los casos son iguales, que no se puede realizar una modificación legal para cada caso, pero observando el comportamiento de los servicios que debieran proteger a las mujeres, y no lo hacen, debemos avanzar más sobre sus acciones, ya que el deber ser de sus funciones no tienen impacto en la realidad”, explica el proyecto que establece sanciones de prisión para agresores que no cumplan con las restricciones establecidas por la justicia y también para funcionarios que demoren o frenen la disposición de medidas de prevención.
Dos supuestos
En la redacción del proyecto, la legisladora por Entre Ríos propone dos supuestos. El primero, que considera la situación cuando la “desobediencia” del agresor se produzca ante una resolución judicial que tuviera por objeto una medida de restricción perimetral y/o exclusión del hogar en el marco de una denuncia por violencia de género o violencia familiar, en donde la pena será de 3 a 5 años de prisión.
En el segundo caso se trata de aquellas situaciones donde la desobediencia se dé frente a una resolución judicial que tuviera por objeto salvaguardar la integridad física, psíquica o sexual de una persona, en el marco de un proceso en el que existe una denuncia ya efectuada por violencia de género o violencia familiar, en la cual la pena también será de 3 a 5 años de prisión.
Junto a sus pares Mónica Macha, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Jimena López, Victoria Rosso, Gisela Marziotta, Lucía Corpacci, Mayda Crespo, Blanca Osuna, Alcira Figueroa, Melina Delu, Graciela Landriscini, Estela Hernández, María Rosa Muñoz, María Rosa Martínez, Graciela Parola, Estela Hernández, Paola Vessvessian, Liliana Swindt, Nancy Sand, Mabel Caparros, Beba Soria, María Luisa Montoto, Nelly Daldovo, el proyecto de la diputada por Entre Ríos, incorpora además un párrafo en el marco del artículo 239 del Código Penal –Ley 11.179– en el cual se establece que será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal.
Sanciones para los jueces
El proyecto busca resolver la dilación que se produce en las causas que se tramitan por denuncias por violencia de género y establecer celeridad en la respuesta ante el incumplimiento de medidas de protección a las víctimas.
También el proyecto prevé los casos de desobediencia que puede cometer alguien denunciado por violencia de género, ante un incumplimiento que configure “desobediencia u otro delito o represente un peligro para la salud o para la vida de la víctima de violencia o la de sus hijos/as, el juez deberá poner el hecho en conocimiento del/la juez/a con competencia en materia penal en forma urgente y dentro del plazo de veinticuatro (24) horas”.
El proyecto que ya tuvo ingreso formal en la Cámara de Diputados este jueves, dispone además sanciones para el juez o la jueza que en las denuncias por hechos de violencia de género o de violencia familiar “retardare maliciosamente la administración de la justicia después de haber sido requerido por las partes, y de vencidos los términos legales”.
Básicamente la norma se encuadra en el marco de la ley 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales” que en su artículo 26 prevé la imposición de medidas urgentes “de acuerdo a los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres”, encontrando en esa enunciación aquellas medidas que directamente se toman para proteger la vida y la integridad física de las mujeres y sus familias, explica el proyecto.
Luego de que el Consejo General de Educación aprobara un paquete de medidas para organizar el regreso a la presencialidad desde el inicio del ciclo lectivo 2021, las voces de los representantes gremiales hicieron oír sus disidencias.
En díalogo con El Entre Ríos, la secretaria general de Agmer Seccional Colón, Mónica Velzi, señaló que las resoluciones “han salido sin consenso del sindicato”. A lo que añadió: “Nuestros representantes gremiales solicitan que se modifiquen algunos artículos. Salieron cuatro resoluciones el día 8 y las tuvimos en nuestras manos el 9, a pocos días de la presentación de los docentes y modificando las fechas del calendario escolar. Vemos que hay cierta improvisación al elaborar a último momento la normativa y dejando en manos de los directivos resolver las situaciones extraordinarias”.
“Solicitamos se dé intervención al sindicato en la redacción de los protocolos, porque es el docente el que transita las escuelas y sabe las dificultades que se presentan en el día a día”.
La sindicalista también sostiene que “hay errores; por ejemplo se menciona que los niños de Nivel Inicial deben concurrir cuatro horas, cuando el marco normativo pedagógico dice que van tres horas o dos, sobre todo en el periodo de adaptación”.
“Dispensa, no suplencia”
“Necesitamos que se designen los suplentes en los casos que corresponda, también en casos de directivos y personal auxiliar, porque corremos el riesgo de que a ese trabajador que se le cargue la licencia en SAGE (Art. 9) y luego se le descuente la productividad, cuando en realidad está trabajando desde la virtualidad. O sea que hay términos que deberían cambiarse, no sería una licencia sino una dispensa de concurrir en forma presencial, por estar dentro de los grupos de riesgo”, explica la secretaria general de Agmer Colón.
“Tenemos duda también respecto a los docentes que son familiares de grupos de riesgo y tampoco están contemplados en esta resolución. En definitiva el Estado, en este caso el CGE, delega la responsabilidad a los directivos de definir si ese docente requiere un suplente o no. Tampoco se habla nada de la vacunación”, agrega.
Personal y transporte
“En nuestras escuelas, especialmente en la ciudad de Colón, necesitamos más personal de maestranzas, y el trabajo en conjunto con el municipio para la limpieza de tanques y desinfección. También que se garantice el transporte para todos los docentes, ya que en los últimos concursos –al ser virtuales- se adjudicaron los cargos a docentes de otros departamentos que deberían viajar”, dice Mónica Velzi.
A su vez, desde Agmer se preguntan qué pasará con los concursos, sobre los que no fue emitida ninguna resolución.
“Mientras no estén garantizadas las condiciones sanitarias, epidemiológicas y edilicias debemos seguir trabajando desde la virtualidad para proteger a los docentes en sus derechos. Además del aumento salarial”, concluye.
Ofrecimiento salarial “escaso”
En cuanto a la negociación salarial, “se abrió la paritaria y el ofrecimiento de aumento fue muy escaso, del 15%, mientras que nosotros exigimos por lo menos recuperar lo de 2020, que es un 36,1%”.
“Hay que tener en cuenta que este año va a continuar el proceso inflacionario, nuestro salario está por debajo de la línea de pobreza y la canasta básica es de 54 mil pesos. Así que solicitamos al gobierno provincial un aumento remunerativo y bonificable, no en negro como los del periodo octubre, noviembre y diciembre, y que se prolongó en el sueldo de enero”, dice la dirigente.
El plenario de secretarios generales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) aprobó un plan de lucha con movilizaciones “para reclamar recomposición salarial en paritarias, mejoramiento de los servicios del Instituto Obra Social de Entre Ríos (Iosper) y en defensa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos”, informó el secretario general del sindicato, Oscar Muntes.
En la reunión virtual que se realizó hoy, “los secretarios generales de toda la provincia expresaron que los trabajadores tienen mucha bronca por la situaciones que se están atravesando, por lo que se rechazó la propuesta salarial que realizó el Ejecutivo en la paritaria”, y se resolvió “marchar el día de la reunión paritaria en Paraná”, indicó Muntes.
En ese sentido, aseguró que “hay mucho malestar de todos los trabajadores en todos los sectores porque se esperaba una propuesta superadora que se pueda analizar, teniendo en cuenta que el índice de inflación del año pasado fue del 36,1, la canasta básica aumentó más del 40 por ciento, se autorizó un aumento de más del 40 por ciento de la tarifa eléctrica y el Iosper ofreció a la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) un 35,5 por ciento en las ordenes y a nosotros el gobierno nos ofrecen un 15 por ciento de aumento”.
También, indicó que “hay mucha preocupación por lo que pasa con el Iosper e indignación con los directores de la obra social y con las autoridades de la Femer, porque terminamos siendo los trabajadores afiliados los perjudicados del conflicto”, pero aclaró que el gremio “no quiere ninguna intervención de la obra social”.
“Ya vivimos esto de que se abran registros de prestadores por fuera de Femer, por lo que también se definió pedir una reunión urgente con los directores de Iosper, para que aclaren la situación y, en el caso de no tener una respuesta positiva, se harán movilizaciones en toda la provincia con epicentro en la capital, donde funciona la casa central”, confirmó.
Asimismo, ATE “se declaró en estado de alerta permanente ante la posibilidad de modificación del sistema previsional”.
Además, “se definió acompañar el reclamo de todos los trabajadores municipales en la provincia para la apertura de paritarias, porque son el sector más precarizado de la provincia”, apuntó Muntes.
El CGE estableció criterios para las clases presenciales en las escuelas entrerrianas. Serán obligatorias para docentes y estudiantes bajo protocolos. Las pautas de organización de cada nivel y modalidad y el calendario.
El Consejo General de Educación aprobó el documento Pautas para la organización y funcionamiento institucional en el retorno a la presencialidad, que detalla los criterios a tener en cuenta por las escuelas de cada nivel y modalidad en la provincia para organizar la vuelta presencial a las aulas a partir del 1 de marzo.
En todos los casos el regreso a las actividades previas y a las clases presenciales será obligatoria para estudiantes y docentes -salvo que estén dentro de los grupos de riesgo- y se realizarán bajo las condiciones de seguridad sanitarias fijadas en el protocolo vigente.
Retorno a las aulas
El presidente del CGE, Martín Müller, indicó que «el inicio de las actividades se dará en el marco de un proceso que comenzamos en octubre del año pasado, con el retorno a la presencialidad bajo protocolos de medidas de higiene y seguridad» y consideró que este documento le da «previsibilidad a las escuelas para que desde el 10 de febrero puedan trabajar en la organización institucional de cara al 1 de marzo».
«Junto al gobierno provincial trabajamos para garantizar las condiciones básicas que permitan el resguardo y el cuidado de la salud de nuestros estudiantes, docentes y familias para este regreso presencial, contemplando la particularidad en cada nivel y modalidad», agregó el funcionario.
Presencialidad cuidada
En ese sentido, el organismo educativo también estableció la no asistencia a las escuelas de personal incluido en los grupos de riesgo y poblaciones vulnerables determinados por las autoridades sanitarias. El equipo directivo de cada institución evaluará la necesidad de cobertura en cada caso, que será garantizada.
«En el marco de este proceso de incorporación gradual y cuidada de la presencialidad de nuestros estudiantes y, con un enorme esfuerzo del gobierno provincial, seguiremos garantizando la cobertura de quienes estén comprendidos en los distintos grupos de riesgo, tanto docentes como auxiliares, para asegurar el normal funcionamiento de nuestras escuelas», aseguró Müller.
Jornadas institucionales
Dentro de las actividades previas al inicio del ciclo lectivo se destacan las jornadas institucionales que deberán llevar a cabo todas las escuelas de Entre Ríos en dos días a elección: una del 17 al 19 de febrero y otra entre el 22 y el 26, para trabajar el Documento Nº 9 Orientaciones para la organización administrativa, institucional, curricular pedagógica y didáctica de la serie Contenidos en Casa.
La primera será para comunicar al personal sobre las definiciones respecto de la organización y funcionamiento planificados; la segunda para trabajar sobre esos criterios con cada nivel y modalidad.
Pautas para el regreso: Educación Inicial y Primaria
Por mes, los estudiantes asistirán dos semanas de lunes a jueves y dos semanas de lunes a viernes, en los horarios y turnos usuales de la jornada escolar. Si las salas no permiten mantener la distancia reglamentaria, funcionarán grupos con sistema mixto, que garanticen la misma cantidad de días de clases presenciales a todos.
En las escuelas doble jornada, de jornada completa y las que tienen albergue, los estudiantes asistirán en un solo turno, con un máximo de cuatro horas diarias.
Educación Especial
Los estudiantes asistirán de lunes a jueves, de acuerdo a la particularidad institucional, recursos disponibles, espacios físicos y alumnos en condición de asistir. Cada escuela definirá la conformación de agrupamientos, los tiempos de clase (máximo de cuatro horas) y la modalidad de trabajo.
Educación Secundaria y modalidades
Los estudiantes asistirán de lunes a viernes en grupos rotativos cuando el aula no permita mantener el distanciamiento de la totalidad de los matriculados. En términos generales, en la primera semana asistirá un grupo y en la siguiente el otro. Según el calendario escolar se dispondrá de una semana cada cuatro para intensificar los saberes a los estudiantes con promoción acompañada.
Centros de Educación Física: la asistencia de los estudiantes estará sujeta a los horarios y días de las actividades propuestas por cada institución.
Centros Laborales de Jóvenes y Adultos: los instructores asistirán de lunes a viernes en el horario estipulado según su cargo u horas.
Regreso a las aulas en escuelas primarias y secundarias: detalle punto por punto
Cada escuela definirá la presencialidad a partir del 8 de marzo, de acuerdo a sus posibilidades edilicias. Distanciamiento, horas de clase, grupos rotativos y garantizar la misma cantidad de clases presenciales a todos. Los detalles.
El Consejo General de Educación aprobó el documento Pautas para la organización y funcionamiento institucional en el retorno a la presencialidad, que detalla los criterios a tener en cuenta por las escuelas de cada nivel y modalidad en la provincia para organizar la vuelta presencial a las aulas a partir del 1 de marzo.
Retorno a las aulas
En todos los casos el regreso a las actividades previas y a las clases presenciales será obligatoria para estudiantes y docentes (salvo que estén dentro de los grupos de riesgo) y se realizarán bajo las condiciones de seguridad sanitarias fijadas en el protocolo vigente.
El presidente del CGE, Martín Müller, consideró que este documento le da «previsibilidad a las escuelas para que desde el 10 de febrero puedan trabajar en la organización institucional de cara al 1 de marzo».
Pautas para el regreso: Educación Inicial y Primaria
-Por mes, los estudiantes asistirán dos semanas de lunes a jueves y dos semanas de lunes a viernes, en los horarios y turnos usuales.
-Garantizar la misma cantidad de días de clases presenciales: Si las salas no permiten mantener la distancia reglamentaria, funcionarán grupos con sistema mixto.
–Escuelas doble jornada, de jornada completa y las que tienen albergue: -asistirán en un solo turno, con un máximo de cuatro horas diarias.
Educación Secundaria y modalidades
–Los estudiantes asistirán de lunes a viernes, en grupos rotativos, cuando el aula no permita mantener el distanciamiento de la totalidad de los matriculados.
–En la primera semana asistirá un grupo y en la siguiente el otro.
-Se dispondrá de una semana cada cuatro para intensificar los saberes.
Escuelas rurales o de islas
-Donde los estudiantes no puedan trasladarse diariamente o no puedan estar en las Residencias, se podrá establecer un día a la semana para la asistencia con sus docentes. Podrá disponerse de un día para el Ciclo Básico Común y otro día para el Ciclo Orientado/Superior organizando el acompañamiento de las tutorías.
Educación Especial:
–Los estudiantes asistirán de lunes a jueves, de acuerdo a la particularidad institucional, recursos disponibles, espacios físicos y alumnos en condición de asistir.
–Cada escuela definirá la conformación de agrupamientos, los tiempos de clase (máximo de cuatro horas) y la modalidad de trabajo.
Nivel Superior
Deben asegurar el distanciamiento reglamentario entre estudiantes. Si no fuera viable, el curso se organizará en grupos, funcionando en forma presencial durante una semana y en la siguiente de manera remota, alterativamente. Es decir, funcionarán con el sistema mixto, manteniendo las jomadas y los horarios usuales.
Los que cuenten con amplios salones que permitan cumplir con el distanciamiento de 1.50 metros, desarrollarán las clases en forma presencial.
En caso que la matricula lo demande, los equipos directivos gestionarán para contar con el acceso a otras instalaciones de la localidad más espaciosas que un aula, cercanas a la institución (salones municipales, salones de iglesias, bibliotecas, otras).
Instituciones Públicas de Gestión Privada: serán los correspondientes Apoderados Legales quienes realicen las gestiones pertinentes.
Centros de Educación Física
-La asistencia de los estudiantes estará sujeta a los horarios y días de las actividades propuestas por cada institución.
Centros Laborales de Jóvenes y Adultos:
-Los instructores asistirán de lunes a viernes en el horario estipulado según su cargo u horas.
Organización en la primera semana de clases:
Educación Primaria
Escuelas que no requieran la conformación de agrupamientos por el distanciamiento social, recibirán a la totalidad de sus estudiantes desde el 1 de marzo.
En las escuelas que requieran la organización de agrupamientos en un sistema mixto, la primera semana de clases, asistirán los estudiantes de acuerdo al siguiente cronograma, para luego conformar los grupos que se establecerán a partir del lunes 8:.
1 de marzo: solo los 1º grados, de 8 a 12.
2 de marzo: solo los 2º grados, de 8 a 12.
3 de marzo: solo los 3º grados de 8 a 12.
4 de marzo: solo los 4º grados de 8 a 12.
5 de marzo: 5º y 6º grados de 8 a 12.
El mismo criterio se tendrá para la organización del turno tarde.
Educación Secundaria
Iniciará las actividades presenciales de manera escalonada, durante la primera semana, en el horario usual, con el siguiente ordenamiento:
1 de marzo: 1º año de secundaria orientada, Técnico Profesional y de Jóvenes y Adultos. 2 de marzo: 2º año de secundaria orientada, de Técnico Profesional y de Jóvenes y Adultos.
3 de marzo: 3º año de secundaria orientada, Técnico Profesional y de Jóvenes y Adultos. 4 de marzo: 4º y 5º años de secundaria orientada y de Técnico Profesional; 1º de Jóvenes y Adultos.
5 de marzo: 6° año de secundaria orientada; 6° y 7° de Técnico Profesional; 3º de Jóvenes y Adultos.
A partir del 8 de marzo, asistirán en forma presencial los agrupamientos de los diferentes cursos tal como lo defina la institución.
El gobierno provincial prorrogó mediante decreto Nº 74, la restricción de circulación de personas en todo el territorio provincial, entre la una y las seis de la mañana, con una tolerancia de 30 minutos. También se dispone la restricción de la actividad comercial en esa franja horaria.
La medida rige desde el día martes 9 de febrero hasta el domingo 28 de febrero de 2021 inclusive.
Mediante el mismo decreto, y con el fin de no interrumpir el suministro de productos y servicios esenciales, se exceptúa de la mencionada restricción a las actividades declaradas esenciales y a los ciudadanos afectados a su efectivo cumplimiento, conforme previsto en el artículo 11 del DNU Nº 67/21 PEN.
También se faculta a los presidentes municipales y/o comunales, según corresponda, a ampliar la franja horaria determinada en el presente provincial en el caso de determinarse oportuno y conveniente, previo análisis de las variables sanitarias y epidemiológicas en las jurisdicciones de su competencia.
En los considerandos recuerda que “que por el primer decreto citado se determinó un nuevo marco normativo, aplicable en el plazo comprendido entre el 1 de febrero de 2021 y el 28 de febrero de 2021, para las zonas donde regirá el “Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio” (DISPO) y el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio(ASPO)”, según corresponda conforme la verificación positiva de parámetros epidemiológicos y sanitarios contenidos en la norma, donde se establecen además las pautas y reglas de conducta con el objeto de proteger la salud pública, en razón de la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 declarada el pasado 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud y su evolución en el transcurso del tiempo”.
Por otra parte, se expuso que desde el gobierno provincial “se continúa en forma permanente adoptando medidas y ejecutando acciones tendientes a morigerar la transmisión del virus y a fortalecer el sistema sanitario”. En este sentido se destaca el plan rector de vacunación contra el coronavirus que se está llevando a cabo en coordinación con el gobierno nacional.
La propuesta tiene el aval del Gobierno y se trabajó con AFIP. Se espera que el costo fiscal, de $40 mil millones, se vuelque a «mayor consumo». Esquema para trabajadores y jubilados, con nuevos pisos y actualización por Ripte.
El proyecto que presentó en el Congreso el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa tiene el visto bueno de la Casa Rosada y se trabajó con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). «Es una propuesta del poder Ejecutivo», aseguraron fuentes oficiales a El Cronista. El costo fiscal calculado es de $ 40 mil millones que el Gobierno espera que se vuelquen a las compras «generando una política virtuosa de mayor consumo y demanda».
Según el texto que entró a la Cámara Baja, en 2020 eran 2,3 millones los trabajadores alcanzados por Ganancias. Con la suba del mínimo no imponible de enero, unos 300 mil dejan de pagar la cuarta categoría. Y con el nuevo piso propuesto serían 1,2 millones los que reciban ese alivio, es decir, el 63% de los alcanzados hasta el momento.
Esquema
El esquema que plantea Massa contempla subir el piso a partir del que no se paga ganancias a $ 150 mil, con una deducción especial que lleve el pago a ‘cero’. La propuesta no modifica las escalas sino que fija nuevos pisos, que se actualizarán de forma anual con la fórmula vigente para las deducciones en base al coeficiente de variación de la Ripte, la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables.
Para quienes alcanzan los $ 173.000, el proyecto le da al Poder Ejecutivo nacional, la posibilidad de incrementar la deducción especial prevista para neutralizar también en ese caso el impuesto.
En el caso de los jubilados, fija también que el piso corresponderá a «ocho veces la suma de los haberes mínimos», lo que deja el piso en $ 152.000. Para quienes superen los pisos, mantiene la actualización automática de las deducciones.
Sectores
La mayoría de quienes pagan Ganancias están concentrados en la Ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. El alivio llegaría al 58% de los trabajadores de la industria manufacturera y un 65% del sector de transporte y almacenamiento, mientras que en el sector bancario y financiero representaría que el 46% deje de pagar este impuesto.
En el sector del comercio mayorista y minorista, marcan que abarcará al 74%. También en Construcción liberaría al 54% de los trabajadores.
En 2020 el 25,6% de los trabajadores llegó a pagar ganancias. Es la proporción más alta desde 2013, cuando el gravamen alcanzó al 29,5%. Cuando se instaló en 2003 llegaba sólo al 9,1% de los trabajadores y se mantuvo entorno al 10% hasta 2011.
La oposición apoyaría el proyecto del gobierno
Juntos por el Cambio se reunirá para definir la estrategia y analizar la letra chica del proyecto de Ganancias, pero hay aval para acompañarlo.
Desde Juntos por el Cambio, está la idea de acompañar el proyecto de Ganancias.
“Nadie se va a oponer a un alivio impositivo”. La frase corresponde a un importante diputado opositor que planteó un nuevo esquema impositivo, más progresivo, cuando el kirchnerismo impulsó el Aporte Solidario Extraordinario que gravó las fortunas de más de 200 millones de pesos. Los plazos legislativos se definirán en las próximas horas pero en principio el interbloque de Juntos por el Cambio discute internamente el proyecto de ley. La oposición, que ya tuvo reunión esta mañana, encomendó a los diputados propios que forman parte de la comisión de Presupuesto y Hacienda que se ocupen de estudiar minuciosamente el texto. La UCR ya convocó a un encuentro para esta tarde y por su lado lo mismo hizo el PRO. Se anticipa una semana de intensa actividad porque extraoficialmente la principal oposición ya dejó trascender su voto a favor pero podría solicitar alguna modificación o precisión. El resto de los bloques también espera analizar el texto oficial.
El anuncio del proyecto que Sergio Massa presentó en nombre del Gobierno, para que los haberes de hasta $150.000 no paguen este tributo, es una señal en vísperas del inicio de las discusiones con el sindicalismo para alumbrar un acuerdo salarial y de precios. En Diputados, Cámara de inicio, desde Juntos por el Cambio anticipan un apoyo que será fundamental para garantizar la aprobación de la ley y hasta piden que se dé rápido tratamiento, antes de que a fin de mes terminen las Extraordinarias.
En la Cámara baja aún no arrancaron las sesiones Extraordinarias. Recién se convocó a la primera para el próximo jueves para tratar iniciativas que en general cuentan con amplio respaldo, como la ley de Sostenibilidad de la Deuda Pública propuesta por Martín Guzmán. El proyecto de Ganancias quedará bajo el ala de Carlos Heller en la comisión de Presupuesto pero antes el oficialismo tiene prevista una ronda de consultas con el Ministerio de Economía, la AFIP, gremios y el bloque de diputados del Frente de Todos en paralelo con las negociaciones con otras bancadas. El margen se achica en un mes acotado por feriados, por lo que el oficialismo cree que no podría tratarse antes de la última semana de febrero o en la primera semana de marzo.
El plan oficial apunta a arrancar el tratamiento de Ganancias en sesiones Extraordinarias, pero los plazos tal vez no permitan su aprobación sino hasta el inicio de Ordinarias el 1 de marzo.
Esta mañana en la reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio se habló de retenciones al campo, la postura frente a los proyectos en debate sobre las PASO y luego en mesa del interbloque opositor se discutió la postura sobre Ganancias. Esta tarde arrancan las reuniones entre los diputados nacionales de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica que más conocen de materia presupuestaria e impositiva como Luis Pastori, vicepresidente de la comisión de Presupuesto. El misionero Pastori y el diputado cordobés Víctor Romero son los contadores de Juntos por el Cambio que desde esta mañana estudian a fondo la iniciativa.
En orden de prioridades, Mario Negri criticó las declaraciones presidenciales respecto de posibles cupos de exportación o suba de retenciones al campo mientras que una voz en temas impositivos, el puntano Alejandro Cacace, dio una señal: “Hace tiempo se habla de aliviar la carga de impuesto a las ganancias a quienes trabajan en relación de dependencia y de recuperar la progresividad del impuesto. Es alentador que ingrese un proyecto del oficialismo para que discutamos en el Congreso cómo hacerlo”. En el PRO le dijeron a Infobae que, si bien falta analizar la letra chica ya que el proyecto ingresó el viernes a última hora, acompañarían la iniciativa y pedirían que se trate en forma urgente.
Cacace apuntó también a la necesidad de un urgente tratamiento y también el debate de otro tema que sí está en la convocatoria de Extraordinarias sobre aquellos que quedan excluidos en forma automática del régimen simplificado. “Lo importante es definir el mecanismo de actualización”, advirtió el radical sobre los planteos que harán a Ganancias, un impuesto que suma adherentes en cada actualización salarial y en la pelea constante contra la inflación.
En la mesa nacional de Juntos por el Cambio se habló de los temas que los diferencian del oficialismo como una estrategia de defensa del campo. Por eso Mario Negri, jefe del interbloque, señaló que “el Gobierno está instalado en un pasado que ya fracasó. Enfrentarse al campo es pegarse un tiro en el pie. Quieren control de precios, atrasar el tipo de cambio. Ya lo vivimos. Creo que el Presidente simplifica y está desesperado por encontrar culpables y meter miedo”. También rechazó la posibilidad de una PASO unificada, una virtual ley de lemas: “Ayer el Gobierno hizo una demostración explícita de su tendencia autoritaria: quieren modificar el sistema electoral para imponer uno similar al de Formosa y Santa Cruz”.
También opinó desde Córdoba el radical Diego Mestre que propuso aprovechar el contexto y debatir su iniciativa “para que los padres puedan deducir de ganancias los gastos que realicen en la educación de sus hijos”. Y agregó: “Estamos de acuerdo que debemos aliviar el bolsillo de las familias argentinas, entonces avancemos”.
En el interbloque Federal esperarán a ver el texto oficial (que aún no está cargado en la web de Diputados). Reclaman arrancar las sesiones Extraordinarias con varios temas que figuran en los decretos y con uno en especial que no fue que incluido: la prórroga de la ley de estímulo a los biocombustibles que anunciaría mañana en Tucumán el Presidente. En mayo del año pasado Consenso Federal presentó un proyecto para que las pymes que inviertan en equipamiento, bienes de capital y creen empleo tengan cero impuesto a las Ganancias por tres años. El lavagnismo pedirá dar esa discusión.
En el caso de biocombustibles el anuncio de Alberto Fernández será una señal a los gobernadores del Norte, los de Jujuy, Tucumán y Salta, y fundamentalmente para Córdoba y Santa Fe, donde tanto Juan Schiaretti como Omar Perotti esperan mantener los beneficios.
En el caso de Ganancias, señaló Infobae es una señal para la clase media, un electorado que pelean el Frente de Todos y Juntos por el Cambio pero también un gesto hacia la CGT, el camionero Hugo Moyano y también las dos CTA, que fueron convocados por el Gobierno para discutir el acuerdo de precios y salarios. El miércoles iniciarán el diálogo político que continuará la semana próxima con empresarios y la siguiente, con sindicalistas y empresarios juntos. La suba del piso del pago de Ganancias aliviará a trabajadores y jubilados que hoy pagan el impuesto y a los que pasarían a pagarlo si en paritarias la suba de sus sueldos los hiciera pasar el límite. El Gobierno tendrá un argumento a favor para el permanente reclamo gremial respecto a que el salario no es ganancia. De hecho fue uno de los grandes temas que distanciaron a Moyano de Cristina Fernández de Kirchner que no olvida aquella movilización camionera a Plaza de Mayo en la que Moyano la enfrentó y mostró el recibo salarial de un trabajador.
La medida alcanza a la totalidad de contribuyentes de ingresos brutos, Ley 4035, sellos y del impuesto a las profesiones liberales. Actualmente unos 120 mil contribuyentes ya se encuentran adheridos.
Siguiendo con el cronograma de modernización de servicios que lleva adelante la ATER, este lunes se anunció la obligatoriedad -a partir del 15 de marzo próximo- del Domicilio Fiscal Electrónico para todos los contribuyentes de impuestos declarativos en la provincia de Entre Ríos.
El titular de ATER, Germán Grané, señaló que «la medida va en sintonía con la línea de trabajo establecida por el gobernador Gustavo Bordet de hacer más eficiente los servicios y en este caso con la agilidad y dinámicas de las comunicaciones con los contribuyentes vía internet y portando validez y eficacia jurídica» dijo.
«De esta forma lograremos llegar a un número más amplio de contribuyentes cuyas notificaciones y gestiones de diversos trámites sean equiparables legalmente con el domicilio fiscal tradicional», concluyó.
Desde su implementación en 2018, más de 120.000 contribuyentes de diferentes tributos ya se benefician del servicio siendo obligatorio solamente para segmentos específicos como los grandes contribuyentes de ingresos brutos, sellos, Ley 4035 e impuestos de padrón y los agentes de retención y percepción.
Desde el área de sistemas de ATER recordaron que los contribuyentes de ingresos brutos (RG), Ley 4035, e impuesto a las profesiones liberales tendrán como plazo límite hasta el próximo 14 de febrero para adherirse al servicios, fecha tras lo cual quienes no se allanen verán limitadas las funcionalidades de autogestión web y suspendidos de realizar gestiones presenciales en las oficinas de atención.
Asimismo, recordaron que cualquier contribuyente provincial puede adherir al servicio debiendo ingresar primero al portal de Servicios de ATER con clave fiscal AFIP, vincular los servicios de ATER y seguir los tres pasos de validación del Domicilio Fiscal Electrónico (e-ventanilla).
Para mayores detalles invitan a ingresar al sitio web del organismo www.ater.gob.ar o comunicarse con el servicio de asistencia al ciudadano (SAC) de lunes a viernes de 8:’00 a 13:00 llamando al 0810-888-2837.
El proyecto que impulsa la iniciativa, lo presentó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Quedarían eximidas del tributo 1.267.000 trabajadores y jubilados, y otros 102 mil abonarían menos.
El viernes a última hora ingresó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que establece que los trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector público como privado, no pagarán el impuesto a las Ganancias si ganan menos de $ 150.000 por mes brutos, antes de los descuentos de jubilación y salud y sin considerar el aguinaldo. Este nuevo “piso” será actualizado anualmente.
Tampoco pagarán Ganancias los jubilados y pensionados que cobran hasta ocho haberes mínimos que hoy son $ 152.280, valor que se ajusta cada tres meses por la movilidad.
Quiénes dejarán de pagar
El autor del proyecto es el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. De aprobarse, a partir de su sanción (no es retroactivo a enero pasado), “por la aplicación de este nuevo ‘piso’ dejarían de pagar el impuesto, 1.267.000 de trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas”, cuantifica el proyecto. Y de manera complementaria, 102.741 personas con remuneraciones brutas de entre $ 150.000 y $ 173.000 abonarán menos que en la actualidad para evitar “saltos” bruscos en la escala del impuesto.
Por su parte, seguirán pagando Ganancias sin cambios 733.000 asalariados y jubilados que ganan por encima de los $ 173.000 mensuales, “volviendo al porcentaje histórico de que paguen Ganancias sólo el 10% de los que tienen mayores ingresos”, dice el texto. En 2020, pagaron Ganancias 2,3 millones de personas, equivalente al 25% de los trabajadores dependientes.
Detalles
Asesores del titular de la Cámara de Diputados aseguran que Massa en persona anticipó el proyecto a todos los sectores de la coalición de gobierno. Y que en una reunión con gremialistas les informó que lo estaba trabajando en equipo con el Ejecutivo, Economía y AFIP. “Pueden existir algunos detalles, pero con el fondo del proyecto estamos todos de acuerdo», dijeron esas fuentes ante una consulta de Clarín.
En tanto, los asesores de Massa adelantaron que se está estudiando un esquema similar para los autónomos y jóvenes profesionales, que en la actualidad comprende a medio millón de personas, y que tienen un mínimo no imponible más bajo y pagan proporcionalmente más que el resto de la llamada «cuarta categoría».
Actual
Este nuevo “piso” de Ganancias es significativo porque durante todo 2021 los empleados en relación de dependencia solteros sin hijos menores pagan el Impuesto a las Ganancias partir de un sueldo neto mensual de $ 74.810, mientras que los casados con dos hijos menores lo pagan a partir de $ 98.963 netos, luego de los descuentos de jubilación y salud.
Esos valores se mantienen sin cambios a lo largo de todo el año por lo que con cada aumento de salarios más trabajadores quedan alcanzados por Ganancias o pasan a pagar más, aunque en términos reales la suba salarial sea inferior a la inflación.
En tanto, a los jubilados y pensionados les están descontando Ganancias si cobran más de 6 haberes mínimos (hoy $ 114.210), valor que se ajusta en marzo, junio, septiembre y diciembre.
En consecuencia, de aprobarse este proyecto, el actual descuento de Ganancias que va a la AFIP sería percibido (en distintas magnitudes) por esos trabajadores dependientes, jubilados y pensionados.
Descuento
Por ejemplo, un trabajador soltero sin hijos que gana $ 90.000 netos (unos $108.500 brutos), este año el descuento mensual de Ganancias ronda los $ 1.500 mensuales. La retención supera los $ 5.500 si gana $ 110.000 netos, asciende a $ 11.000 si percibe $ 130.000 y el descuento es de $ 17.000 con $ 150.000 de remuneración neta.
En los casados con 2 hijos menores, con un sueldo neto de $ 110.000 ( unos $ 132.500 brutos), el descuento de Ganancias es de casi $ 1.000 por mes. La retención sube a $ 5.000 para los sueldos de bolsillo de $ 130.000 y $ 10.000 mensuales si la remuneración neta es de $ 150.000.
Por distritos, dejarán de pagar el impuesto, “en la Provincia de Buenos Aires 569.000 empleados y empleadas, jubilados y jubiladas; en Córdoba 103.000; en Santa Fe 98.000; en la Ciudad de Buenos Aires 158.000 y en Tucumán 30.000 entre otras provincias”, dice el proyecto.
$ 40.000 millones
Con este proyecto el actual mínimo no imponible y demás deducciones con las escalas y alícuotas no se modifican, pero se aplican sólo a los que superan los $ 173.000 de sueldo o haber jubilatorio.
El proyecto estima en $ 40.000 millones “el esfuerzo fiscal en el año que se va a destinar al ‘bolsillo’ del trabajador y trabajadoras, jubilado y jubilada”. Fuente: (Clarín)
Portal web de noticias
error: Solicite la noticia a info@genesishd.net y se la enviaremos a su correo
