En audiencia desarrollada días pasados en el Juzgado de Garantías, se dispuso mantener la prisión preventiva domiciliaria, de una mujer involucrada en una causa por narcomenudeo, representada por el doctor José Pedro Peluffo.

Se trata de Maira Elizabeth Lima, quien fuera detenida tras un procedimiento a su vivienda vinculada a cargos como “Comercialización de estupefacientes en dosis fraccionadas directamente al consumidor -previsto en la Ley 10.566 por adhesión a la Ley 23.737 y sus modificaciones, art. 5º, inc. c); Tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal -previsto en el art. 189 bis, inc. 2 primer párrafo del C.P y Tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal -previsto en el art. 189 bis, inc. 2 segundo párrafo del C.P., atribuible prima facie a  María Elizabeth Lima, en calidad de COAUTORA -art. 45 del C.Penal”-

El defensor intentó lograr el cambio de medida por una prisión preventiva domiciliaria debido a que tiene dos hijas mellizas de 6 años, señalando que ella estuvo siempre a derecho.

La fiscal, doctora Albertina Chichi se opuso y consideró que existen serios riesgos procesales, dando diferentes detalles de la causa.

A su turno el juez explicó que más allá de ciertos parámetros contenidos en el Código Penal, Ley de Ejecución Penal y demás Leyes, sometidos al principio de humanidad, que no observaba modificaciones en torno a la situación procesal de Lima, presunción de participación, cantidad de material secuestrado, naturaleza del hecho, modalidad del hecho, maniobras relacionadas, posibilidad de entorpecimiento y riesgo de fuga, analiza su presentación, volumen económico importante, testigos del barrio y temor razonable en ellos.

Fue así que el juez de Garantías dispuso mantener la medida, para garantizar que la IPP se desarrolle sin riesgos de fuga o entorpecimientos, por el plazo de 70 días impuestos. (03442)

Se desarrolló este lunes en el Salón del Juzgado de Garantías, una audiencia, para tratar la situación procesal de dos jóvenes acusados de un robo a una vivienda.

Fue ante el juez de Garantías de Feria, doctor Gustavo Ariel Díaz, encontrándose presentes en sala el fiscal Auxiliar N° 4, doctor Mario José Schreiner, los dos imputados y su defensor particular, el doctor José Pedro Peluffo.

Los acusados son Exequiel Bonnet (31) y Facundo Delaloye (27), en la causa caratulada “Bonnet, Exequiel – Delaloye, Facundo S/ robo con escalamiento” y su acumulado Nº 477/19 designado: “Bonnet Exequiel – Delaloye Facundo S/hurto calificado”.

Concedida la palabra al fiscal, este dio lectura de los hechos atribuidos y calificaciones legales, siendo el primer caso el ocurrido el 23 del corriente mes cuando ambos, en base a un plan común previamente acordado, escalando el tapial perimetral ingresaron a un inmueble ubicado en calle Alberdi al 1500, donde forzaron la cerradura de la puerta que da al patio y se introdujeron a la casa de donde sustrajeron una garrafa de 10 kilogramos color gris azulado, una pantalla de calor, una bicicleta tipo playera rodado 26 color beige opaco, pintada sobre la pintura original color violáceo y un manojo de llaves.

El segundo delito endilgado fue ese mismo día, aproximadamente las 19:00 horas, cuando utilizando las llaves sustraídas en el primer hecho, abrieron la puerta del garaje e ingresaron nuevamente al domicilio, pero en esta caso sus movimientos fueron advertidos por los vecinos del lugar quienes dieron aviso inmediato a la fuerza policial, constituyéndose un móvil cuya dotación logró la detención.

El fiscal relató además la existencia de antecedentes de ambos coimputados, pero que se estaba en condiciones de conceder la libertad a ambos por este tipo de delitos, pero señaló que en el caso de Bonnet, cuenta con causa en trámite, con condena efectiva sustituida por tareas comunitarias que no cumplió.

Ante esta situación el acusado quedó finalmente privado de su libertad y se dispuso el traslado a Unidad Penal 4, para que continúe en el cumplimiento de su condena.

Respecto a Delaloye se consideró factible imponer medidas sustitutivas de la Prisión Preventiva, conforme art. 349 del CPP, imponiéndole reglas de conducta. (03442)

En horas del mediodía de este lunes, uniformados dependientes de la Sección Judiciales se hace presente en intersección de calles Moreno y Suipacha a raíz de un accidente de tránsito entre una camioneta y una bicicleta.

El rodado, Renault Oroch, conducido por una ciudadana de 32 años, transitaba por calle Suipacha y por razones que se tratan de establecer colisiona con una bicicleta guiada por un ciudadano de 57 años de edad.

Producto del impacto resulto lesionado el ciclista quien fue trasladado por el servicio de emergencias médicas al nosocomio local para su atención.

Posteriormente informa el Médico Policial que se trataría de lesiones de carácter leves.

Intervino en el lugar personal de la División Criminalística.

Este lunes alrededor de las 11:50 h, personal dependiente de la División Investigaciones concurren a una vivienda en calle Belgrano entre sus pares José Hernández y República del Líbano, realizando averiguaciones sobre el paradero de un sujeto.

Momentos en que son recibidos por el mismo individuo de 28 años de edad, quien posee una restricción vigente emanada por el Juzgado de Familia.

Ante esta situación se informa lo acontecido la Fiscalía en Turno a cargo del Dr. Mario Schreiner, disponiendo que el sujeto sea trasladado al ciudadano Alcaidía de Comisaría Primera, donde queda alojado a disposición de la causa.

En la tarde de este lunes dos grupos se enfrentaron. Tres personas debieron ser derivadas con lesiones de distinta consideración. Fuerte operativo en Maccarone y en el Submarino, en la capital entrerriana.

Un severo enfrentamiento a tiros se produjo en la tarde de este lunes en los barrios Maccarone y El Submarino de Paraná. A causa del incidente, debieron ser internados tres personas que resultaron baleadas.

Varios vecinos convocaron a UNO para que se supiera el nivel de violencia de los grupos antagónicos armados. Se alertó que el primer incidente se registró cuando un par de delincuentes arrojaron bombas molotov a la casa de personas que están enfrentados por problemas vecinales.

Esto motivo a que en el cruce de piedras y palos, se escucharan varias detonaciones de armas de fuego.

Por el tenor de las lesiones personal policial debió trasladar en uno de los móviles a dos lesionados, en tanto que en una ambulancia fue derivado al hospital San Martín, el tercer herido.

Los grupos especiales y personal de la comisaría octava se apostó en el ingreso al barrio el Submarino y al Maccarone, primero para tranquilizar el sector ubicado en bajada Güemes, como tambien para aclarar en qué circunstancias se produjo el enfrentamiento a tiros.

Se mencionó que se utilizaron en le refriega una escopeta 12,70, una pistola 9 mm y una tumbera.

En el San Martín fueron asistidos en la guardia un joven de 23 años, un hombre de 43 familiar del primer herido, en tanto que el tercero fue un muchacho de 19 años, vecino de los dos primeros.

Transmisión de UNO en la balacera del barrio El Submarino de Paraná:

Los vecinos se quejaron que llamaron varias veces a la policía, y por la tardanza se produjo el severo enfrentamiento.

Ante esto, desde la comisaría octava, el jefe de la dependencia Jorge Pérez negó las versiones y dio cuenta que la cobertura de los hechos fue instantánea con la llegada de varios móviles y personal del Grupo de Seguridad Deportiva de la Jefatura Paraná.

Los tres heridos fueron asistidos, constatándose varias lesiones en los cuerpos.

UNO

El hecho habría ocurrido el sábado por la noche, cuando salió a caminar por la zona del acceso Bastián y calle Estrada, tomando luego por la colectora de la autovía 14.

Según consta en la denuncia radicada por la mujer, al pasar por la continuación de calle Cettour y colectora, en una zona oscura, se detuvo un vehículo blanco -del cual no reconoció el modelo ni alcanzó a ver la patente- con un conductor mayor de edad, del cual descendió un “pibe” con musculosa de básquet. Al parecer, le hace el ademán de apuntarle y le pide el celular, el cual entrega: un LG Q6, de color rosado.

Finalmente, el automóvil se retiró por Estrada, perdiéndose de la vista de la víctima, quien radicó la denuncia en Comisaría San José minutos antes de las 22.

El Entre Ríos

Se produjo este lunes por la tarde un choque entre un auto y una moto, en esquina de calles España e Ingeniero Henri, de Concepción del Uruguay.

Según señala el sitio 03442, el hecho ocurrió alrededor de las 18.00 horas, siendo protagonizado por un Fiat Siena y una moto Dax, en la que se desplazaba un joven de unos 30 años de edad.

El lesionado fue asistido y luego trasladado en ambulancia al hospital Justo José de Urquiza, donde se le practicaron los estudios correspondientes.

Tras el suceso, intervino personal policial de la Sección Judiciales y Criminalística, con la colaboración de una patrulla del Comando Radioeléctrico.

03442

El hecho se registró en barrio Aatra III de la capital entrerriana, cuando el menor que estaba descalzo, salió a la puerta con su mamá y tocó el poste de energía recibiendo una fuerte descarga eléctrica. El menor de dos años está internado en el hospital San Roque.

Un pequeño de dos años de edad, está internado en la Sala 3 del hospital San Roque de la ciudad de Paraná tras haber sufrido una electrocución.

El hecho se registró el pasado sábado en calle Isla Soledad de barrio Aatra III. El menor, de nombre Donato, salió a la vereda junto a su mamá a despedir a su papá que se iba a trabajar y al tocar un poste de energía recibió una fuerte descarga.

Según indicaron sus padres a Elonce TV, el niño estaba descalzo y de inmediato fue derivado al nosocomio, donde permanece estable. Por la tarde se conocerán los otros estudios realizados ya que manifiesta un dolor en la pierna derecha.

Además solicitaron a las autoridades correspondientes que controlen los postes de energía que están en los espacios públicos. (El Once)

Se trata de Guillermo Humberto Cabrera, un trabajador rural de 35 años que se había ausentado el pasado jueves de su vivienda ubicada en las inmediaciones el arroyo Moreyra, zona de Crucecita Séptima (departamento Nogoyá).

Cabrera fue localizado en estado lúcido, en una zona de montes, en el lugar conocido como «campo Franchese». A un kilómetro de allí se había encontrado su bolso con prendas y un revólver calibre 22 con carga completa.

El hombre fue trasladado hasta la Comisaría Viale, según el sitio Nueva Zona.

Vale recordar que al momento de su desaparición, el subjefe de la Departamental de Policía de Nogoyá, Guillermo López, había indicado a Elonce TV que el trabajado rural «en el último tiempo había comenzado a desvariar, se mostraba perdido en tiempo y espacio y decía que lo perseguían».

Ayer se había montado un amplio operativo con personal policial de montada y canes adiestrados pero sin resultados positivos. Afortunadamente, este lunes, el hombre fue localizado sano y salvo. (El Once)

Desde que el 20 de septiembre de 2018 fueron interceptados por la Policía en los cajeros del banco Bersa de calle Gualeguaychú y Alsina Flavia Beckman, Esteban Scialocomo y María Victoria Álvarez extrayendo abultadas sumas de dinero, mediante la utilización de tarjetas de débito a nombre de terceras personas, estalló en la Justicia lo que desde entonces se empezó a llamar como la causa de los “contratos truchos”: un sistema de contratación de trabajadores que nunca prestaron servicios a la Legislatura pero que recibían pagos por prestaciones ficticias, montos que eran administrados a través de estudios contables de la ciudad, y que eran cobrados por una red de recaudadores.

En forma sucesiva, la Justicia imputó como partícipes de una “organización” criminal a 9 personas, a las que les aplicó restricciones a la libertad. Dos de ellas están con prisión domiciliaria, Flavia Beckman y Sergio Cardoso, director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados; otros siete cumplen la prisión preventiva en la Unidad Penal N° 1: Juan Pablo Aguilera, secretario del bloque de senadores del peronismo, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri; Gustavo Pérez, exdirector del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Senadores; los contadores Roberto Ariel Faure y Alfredo Bilbao; Alejandro Almada, cuñado de Aguilera; y Hugo Mena y Esteban Scialocomo.

Esas prisiones fueron confirmadas por distintos tribunales -el último, la Cámara de Casación Penal-, aunque hay un recurso presentado por los abogados defensores que resta definición por parte de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), instancia a la cual llegaron con un recurso de queja. La expectativa de los representantes legales de los imputados en la causa de los contratos truchos de la Legislatura es que el máximo tribunal pueda revertir esas preventivas.

El caso disparó una polémica que reveló un serio déficit del Servicio Penitenciario de Entre Ríos que, hasta aquí, nadie había puesto en discusión: las cárceles no diferencian entre procesados y condenados, y usualmente se mezclan unos con otros en los distintos pabellones, haciendo caso omiso así al texto de la Constitución. Esa situación motivó la presentación de un recurso de habeas corpus por parte de los defensores de Aguilera y Pérez, Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli, que derivó en la decisión de revertir las preventivas a modalidad domiciliaria, decisión que adoptó el 24 de diciembre último el juez de Garantías Mauricio Mayer.

El Ministerio Público Fiscal apeló esa decisión ante la Sala Penal del STJ, que resolvió devolverlos a la cárcel el lunes 31 de diciembre. En su voto, la jueza Claudia Mizawak dijo que la separación entre condenados y procesados “era la medida idónea para conjurar la vulneración de los derechos invocados por los accionantes,  por lo que entiendo se extralimitó el juez interviniente (en alusión a Mayer) al decretar la prisión domiciliaria de los presos preventivos con control electrónico, introduciendo  una modificación en la modalidad de cumplimiento de la medida cautelar dispuesta por los jueces naturales, atento a que su potestad se agotaba con la corrección del agravamiento de las condiciones de la detención”.

“En definitiva -añadió-, el magistrado sólo debía hacer cesar el agravamiento de las condiciones de detención dispuesta por los jueces de la investigación penal preparatoria en curso, de conformidad al mandato constitucional, convencional y legal, ordenando su detención en un lugar separado de los condenados.-

Este contexto de situación otorga  razón a los recurrentes en lo referente a los defectos invalidantes de este aspecto de la decisión y en consecuencia, cabe hacer lugar parcialmente a la impugnación articulada, revocando  también parcialmente- la resolución de fecha 24/12/18″.

No todos

Pero no volvieron todos a la cárcel. El máximo tribunal no dispuso la devolución inmediata a la cárcel de los involucrados en la causa de los contratos truchos -Aguilera, Perez, Faure, Mena, Scialocomo y Bilbao- sino “hasta tanto se encuentre disponible el lugar específico de alojamiento en la Unidad Penal n°1, lo que, deberá comunicarse al Juez de grado, a fin de dar cumplimiento a lo aquí dispuesto”. Las preventivas de todos habían sido solicitadas por la Fiscalía con el objetivo de que no entorpecieran la investigación en curso. Claro que no todos encontraron espacio disponible en las unidades penales. A Flavia Beckman no pudieron regresarla a la Unidad Penal N° 6 por una razón de peso suficiente: no hay lugar disponible para separar a las condenadas de las procesadas. ¿Los otros siete sí podrían entorpecer la investigación y Flavia Beckman, no? No se trató de riesgo procesal, sino de falta de espacio en el Servicio Penitenciario.

Lo dijo la directora de la Unidad Penal N° 6 Diana Tonetti: la imposibilidad de alojara en lugar separado de las condenadas.

¿Y qué pasa en la Unidad Penal N° 1?

El director del Servicio Penitenciario, Marcelo Sánchez, hizo notar estos déficits del sistema carcelario en una nota que envió al juez de Garantías José Eduardo Ruhl, que tuvo intervención en la causa de los contratos en reemplazo de su colega Marina Barbagealta.

“Debo llevar a su conocimiento que dicho establecimiento (Unidad Penal N° 1, NdelR) se encuentra en ejecución de obras tendientes justamente a producir la separación del alojamiento respecto a la calidad de los detenidos (procesados- penados); medida que debiera alcanzar oportunamente a todas las personas procesadas bajo la modalidad de prisión preventiva”, indicó.

Y agregó: “Estas modificaciones edilicias, como se detalla precedentemente, se encuentran en ejecución, debiendo sumar también a esta proyección un nuevo pabellón que se encuentra en estado de avanzada construcción, ubicado en el vértice sudeste del establecimiento, el cual contará con una capacidad para 80 internos, teniendo como fecha de finalización la obra la primera quincena de febrero próximo”.

“Esta obra -añade el escrito elevado al juez Ruhl- permitirá una reubicación de la población penal, dejando espacio en los actuales pabellones que permitirán cumplimentar con el mandato normativo y que origina los presentes autos, garantizando tanto a los encartados como a cualquier otro procesado el alojamiento preestablecido, haciendo efectivo el principio de igualdad”.

Aunque la situación creada con el alojamiento de los procesados -y que motivó el recurso de habeas corpus- movió al Ministerio Público Fiscal a abrirle una causa por incumplimiento de mandato judicial al titular de la Unidad Penal N° 1, Octavio Wilfredo Ifrán, que tramita el fiscal Matín Wasinger.

Entre Ríos Ahora