Una joven de 24 años activó el dispositivo y la policía se hizo presente en su domicilio logrando detener a su ex pareja que tenía una restricción de acercamiento; además había provocado daños en el auto de la denunciante.

A raíz de la activación del dispositivo denominado Botón Anti Pánico, personal de la Comisaría Primera de Gualeguaychú acudió a una vivienda de calle Virreynato del Río de la Plata al 500, donde una mujer de 24 años solicitaba ayuda ya que minutos antes su ex pareja se había hecho presente violando la restricción dispuesta oportunamente por el Juzgado de Familia y provocando daños en un auto de su propiedad.

Al momento de ser interceptado por el personal policial, el denunciado se encontraba junto a su hermana de 13 años.

Ante la transgresión a la medida judicial y previo comunicar a la Unidad Fiscal, los efectivos detuvieron al sujeto y la menor fue trasladada a Comisaria de Minoridad para ser entregada a un mayor responsable. (El Once)

Finalmente, la primera causa por corrupción que sentará al exgobernador Sergio Urribarri en el banquillo de los acusados tiene fecha de juicio oral: será a partir del próximo 20 de noviembre, a las 9. Se trata de una investigación penal también conocida mediáticamente como la “causa de la vaca”, en la que se investiga la distribución irregular de publicidad callejera entre 2010 y 2015 por un monto de $24.204.918,69, con fuertes sospechas de pago de coimas a firmas que se atribuyen a Juan Pablo Aguilera,  cuñado del exgobernador Sergio Urribarri.

Las audiencias fueron fijadas por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) para los días 20, 21, 22, 27, 28 y 29 de noviembre próximos, a las 9. Los debates continuarán durante el mes de diciembre los días 4, 5, 6, 11 y 13, también a las 9.

El proceso, en principio debió empezar el lunes 29 de julio último, pero menos de una semana antes fue aplazado.

El 25 de julio, el tribunal conformado por los jueces Rafael Cotorruelo, Alejandro Grippo y Gervasio Labriola dispuso suspender  el inicio del juicio oral al exgobernador Sergio Urribarri, su exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, y, entre otros, al cuñado del actual titular de la Cámara de Diputados, Juan Pablo Aguilera.

Ese aplazamiento  se resolvió en función de sendos certificados médicos presentados por los defensores Marcos Rodríguez Allende y Emilio Fouces.

¿Qué investiga la Justicia?

La imputación fiscal sostiene que durante el gobierno de Urribarri y Báez, en “el lapso comprendido entre los años 2010 a 2015, de manera arbitraria y constante, sorteando los mecanismos legales para garantizar la libre competencia de oferentes del Estado, sin observar la normativa vigente (Ley Nº 5140 y decretos reglamentarios y Constitución Provincial), direccionaron contrataciones directas emitiendo múltiples órdenes de publicidad (…) posteriormente aprobadas por medio de decretos. Además de tal direccionamiento de las contrataciones, en muchas de ellas se simuló que los contratados cumplían con las prestaciones a su cargo por medio de ficticias constataciones de su ejecución, las que fueron firmadas por Pedro Báez y/o Gustavo Tamay, éste último en carácter de Responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública”.

La causa es conocida en Tribunales con un nombre hilarante: “La causa de la vaca”. Y tiene que ver con una de las tantas irregularidades que advirtieron los fiscales conforme avanzaban con la investigación: que la justificación de las publicidades en cartelería de vía pública para autorizar el pago, se hacía utilizando una misma foto. El modo de comprobar si la misma vaca estaba en diferentes fotografías –como prueba del trabajo contratado– fue mediante pericias. La tarea fue puesta en manos de los peritos Carlos Orzuza y Juan Federico Rossi, de la Oficina Pericial del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que concluyeron su trabajo con un dato contundente: efectivamente, la misma vaca en distintos carteles. Pero más: se utilizaron fotografías truchas –retocadas, con algo de photoshop– con lo cual el engaño quedó en evidencia.

El volumen de las contrataciones entre 2010 y 2015 fue de $24 millones, de los cuales $12 millones se habrían pagado de modo fraudulento, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal. Los contratos se manejaban desde las empresas de Aguilera, Tep SRL y Next SRL, y en esas maniobras, los publicistas José María Bustamante y Hugo Montañana aceptaban las reglas de juego que les imponen: pagar “coimas” para conseguir contratos de publicidad.

La causa, caratulada “Urribarri Sergio D., Báez Pedro A., Aguilera Juan P, Cargnel Corina E., Bustamante Jesús J.M., Montañana Hugo E., Tamay Gustavo R., Almada Luciana B., Giacopuzzi Emiliano O., Almada Alejandro S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

En la causa, están los abogados Raúl Barrandeguy,  que ejerce la defensa de Urribarri junto a Candelario Pérez; Marcos Rodríguez Allende representa a Urribarri, pero también a Aguilera y a su esposa, Luciana Almada; Ignacio Díaz defiende a Báez, junto a José Velázquez; Guillermo Vartorelli, a Gustavo Tamay, Emiliano Giacopuzzi y Corina Cargnel; Miguel Cullen, a Alejandro Almada, Maximiliano Sena y Corina Cargnel; y Gastón Rosenberg, defensor de Jesús Bustamante.

Bustamante logró zafar del juicio. En mayo de 2018, la Justicia lo condenó a dos años y ocho meses de prisión condicional. Bustamente estaba acusado del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función públiva, peculado y fraude a la Administración Pública.

Bustamante aceptó el rol de arrepentido y admitió haber estafado al fisco mediante un sistema de contratos de publicidad en vía pública de la que tomaron parte las firmas Tep SRL y Next SRL, ambas que se adjudican al cuñado Aguilrea, y Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay. El empresario dijo haber formado parte de una organización en la que se aseguraba contratos de publicidad del Estado a cambio de pagar “retornos” a Aguilera. El perjuicio al Estado que produjo Bustamante con esas maniobras ronda los $3 millones, aunque en forma global la estafa es del orden de los $12 millones.

Antes de que el tribunal decidiera aplazar los debates, el último 25 de julio, habían ocurrido una serie de incidentes.

La última estrategia por aplazar el inicio del juicio había ocurrido con la recusación de uno de los magistrados que juzgará a Urribarri, Báez, Aguilera y Cía, Gervasio Labriola, en una investigación penal conocida mediáticamente como “ causa de la vaca”, en la que los delitos investigados consistieron en el  supuesto direccionamiento de órdenes de publicidad, entre 2010 y 2015, por un monto total de $24.204.918,69, y el supuesto pago de “coimas” por unos $12 millones, según la tesis de Fiscalía.

Labriola intervino en la megacausa contra el exvicegobernador Héctor Alanis y el exsenador radical Humberto Ré, que terminaron condenados. En ese proceso, el magistrado consideró que no hay “cosa juzgada” por más que los organismos de control se hayan expedido sin haber reprochado los actos de gobierno.

El planteo de los abogados defensores sostiene que Labriola ya tiene una opinión en contra de sus clientes. En los argumentos, recuerdan que el 3 de mayo pasado, en el marco de la megacausa denominada del “Sueño Entrerriano”,  el magistrado les rechazó un planteo que técnicamente se conoce como excepción por falta de acción.

Aunque finalmente esa recusación fue desestimada.

En la causa, además de Urribarri y Báez, también están imputados Juan Pablo Aguilera- cuñado del exgobernador-, a quien la Fiscalía adjudica las empresas Tep SRL y Next SRL; y quienes aparecen como socios de esas firmas, Luciana Belén Almada –pareja de Aguilera-, su hermano Alejandro Luis José Almada –cuñado de Aguilera-, Maximiliano Romeo Sena, Emiliano Oscar Giacopuzzi; y la contadora de las firmas, contadora Corina Elizabeth Cargnel.

Además, están acusados el empresario Hugo Fernando Montañana y Gustavo Rubén Tamay, responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública del ministerio de Cultura y Comunicación.

La Fiscalía adelantó los pedidos de pena para los acusados: para Urribarri, Báez y Aguilera, ocho años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos; seis años de prisión e inhabilitación para Tamay; seis años de prisión para Cargnel y Montañana; y cuatro años de cárcel para los hermanos Almada, Giacopuzzi y Sena.

Asimismo, para cada imputado se solicita la pena de multa de $90 mil. En tanto, también solicitarán el decomiso de bienes de la empresa Tep SRL. Un inmueble ubicado en calle Racedo 413, en Paraná; otro en la misma calle pero al 409; una moto 268IGE, marca Zanella; y dos vehículos, uno marca Ford y otro Citroen, este último modelo Berlingo Furgón 1.6 HDI Business.

Para el juicio se llamará a declarar a 13 empleados de las empresas, 9 del Ministerio de Comunicación y Cultura; y otros testigos, como el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes; el vocal del Tribunal de Cuentas, José Luis Gea Sánchez; Pedro González Solano, Director de la Unidad Central de Contrataciones; Aurelio Miraglio, Contador General de la Provincia; y Walter Carballo, actual juez de Garantías de La Paz, pero que en tiempos de Báez fue Director Jurídico del ministerio de Cultura y Comunicación; Edgardo Kueider, Secretario General de la Gobernación; Maricel Brusco, Secretaria de Comunicación del Gobierno; Hugo Ballay, ex jefe de Gabinete de Entre Ríos, y actual ministro de Economía; además de otros funcionarios del Estado y empresarios del ámbito de la publicidad.

En tanto, se espera fijación de fecha para el segundo juicio por corrupción a Urribarri, el conocido como Sueño Entrerriano. La causa megacausa del Sueño Entrerriano  incluye tres expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones. La tesis de la Fiscalía es que dichos fondos públicos se utilizaron para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri, cuyo slogan distintivo fue el “Sueño Entrerriano”.

Entre Ríos Ahora

Las calles de la ciudad son tierra de nadie y quedó demostrado una vez más durante el mediodía de este martes, luego de un accidente vial entre una moto y un auto en la esquina de Posadas y Urquiza.

Minutos antes de que el reloj marque las doce, un Ford Fiesta rojo que circulaba por la derecha y sobre calle Posadas, fue sorprendido por una motocicleta que se desplazaba por Urquiza. La moto realizó una maniobra temeraria para obligar a que el auto frene, el vehículo no llegó a detener su marcha a tiempo y terminaron chocando. Hasta acá todo resultó ser un simple accidente de tránsito, como muchos otros que se suelen registrar. Según testigos, arriba de la moto se desplazaban tres personas, dos mayores de edad y un menor. Sólo el conductor tenía un casco puesto, mientras que las otras dos personas no contaban con el elemento de seguridad. La situación llamó la atención de mucha gente que transitaba por la zona a esa hora, debido a que la mujer que montaba la moto agredió físicamente a la conductora del auto que tenía el paso en la esquina. Los testimonios de los testigos dan cuenta de que la situación fue muy grave y agresiva, al punto tal de que la conductora del Fiesta quedó paralizada y no pudo defenderse.

Los tres ocupantes de la moto abandonaron el lugar tras la agresión a la conductora del auto, sin dejar datos necesarios para realizar una denuncia correspondiente ante alguna empresa de seguros. La policía arribó al lugar cuando la moto ya no estaba y hasta el momento no informaron si los están buscando o si tienen algún dato para dar con ellos.

Se trata de una esquina muy concurrida, con gran cantidad de negocios y domicilios que cuentan con sistemas de vigilancia mediante cámaras. Será trabajo de la policía dar con quienes viajaban arriba de la moto. (La calle)

El hecho se registró a esta mañana en la zona de Rincón del Gato. El dueño lo había dejado estacionado al costado de la Ruta. Quienes se lo llevaron habría sido una familia, que tras el vuelco escapó por las vías hacia Urdinarrain.

Un hombre domiciliado en Urdinarrain se fue temprano a la mañana rumbo a su trabajo en el campo y decidió dejar estacionado el Volkswagen Senda a un costado de la ruta, cerrado con llave, para evitar empantanarse.

A media mañana, cuando un compañero salió del campo no encontró el auto y decidió informarle a su dueño. Fue allí que inmediatamente se alertó a la Policía que inició la búsqueda y a poco de unos minutos lo encontró volcado sobre la Ruta 20, a unos 30 kilómetros del campo, en la zona de Cuatro Bocas.

Según informó Radio Cristal, una persona fue testigo del vuelco y sin saber que el vehículo había sido robado, paró para ayudar a los pasajeros, pero la familia que viajaba a bordo, una pareja con dos niños, se dieron a la fuga por las vías del ferrocarril con dirección a Urdinarrain. (Radio Cristal)

En audiencia desarrollada en el Salón de Audiencias ante la jueza de Garantías, Dra. Melisa María Ríos, se dispuso la libertad bajo medidas de una de las mujeres detenidas por narcomenudeo, durante operativo de la Policía de Entre Ríos, en las instalaciones del ex FAPU.

Fue en el marco del Legajo N° 3259/19 caratulado «Romero Oscar Alejandro, Sanchez Gladys Mabel, Sánchez Rosario René, Sánchez Claudio Javier S/ infracción a la Ley Nº 23.737», que lleva adelante la agente Fiscal, Dra. María Occhi-, oficiando como defensor particular, el doctor José Pedro Peluffo.

En la audiencia las partes presentaron el acuerdo para conceder la libertad a Gladys Mabel Sánchez, quien estará residiendo desde ahora en la ciudad de Villa Elisa, bajo custodia de su madre, no pudiendo variar domicilio, ni concurrir a Concepción del Uruguay, entre otras medidas que de no ser cumplidas, derivaría en una nueva detención.

Durante dicha audiencia, la doctora Occhi dijo que en la causa, ya han llegado pericias y que se produjo avances en la misma, así como que se ha confirmado que las muestras han resultado positivas en THC. En cuanto a la cuidadora y cambio de domicilio propuesto por la Defensa no se opuso al pedido.

Por lo expuesto, la jueza dispuso la inmediata libertad de Gladys Mabel Sánchez, bajo el cuidado y vigilancia de su madre, a quien se le advirtió que debe cumplir estrictamente con la medida de no tener estupefacientes en su poder.

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Un camión y un automóvil, protagonizaron este martes por la mañana un siniestro vial, sin mayores consecuencias, pero lamentablemente esto, sumado a otros factores, fue el motivo por el cual se produjeron dalos en la rotonda del acceso a Concepción del Uruguay, en el cruce de ruta 39 y 42.

El siniestro vial ocurrió cerca de las 10 horas, quedando un camión y un auto con daños materiales, que no resultaron muy graves y sin personas lesionadas, pero obstruyendo parcialmente la calzada.

Esto motivó se solicitara la presencia de agentes para labrar las actas, pero según testigos llegaron cerca de las 11:30, mientras tanto el tránsito en el acceso continuó sin que nadie controlara y gran cantidad de camiones y otros vehículos, lo hicieron pasando por sobre la rotonda de acceso, con lo que esto representaba para los cordones y parquizado que es la presentación a quienes ingresan a Concepción del Uruguay y que tanto reclamaron los vecinos en su momento.

Esto causó roturas de la rotonda y destrucción de plantas, que bien pudieron ser evitadas con un control de tránsito y desvío, teniendo en cuenta no solo el cuidado del lugar, sino la gran cantidad de vehículos que pasan por este lugar, con los riesgos que representaban las maniobras.

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Hubo momentos de alarma en horas de la tarde del lunes en zona céntrica de Concepción del Uruguay, a raíz de un principio de incendio en un departamento, originado por un desperfecto eléctrico. En ese mismo edificio se registró otro siniestro el año anterior, también por una falla eléctrica en un electrodoméstico.

En este caso, el incidente ocurrió alrededor de las 18 hs cuando un llamado alertó al Cuartel de Bomberos, sobre un principio incendio en un departamento del edificio de calle República de Chile 60 (esquina San Martín).

De inmediato salió el móvil 16 y al arribó el personal del mismo constató que la alarma se generó ante una falla eléctrica en un calefón, del baño del 2do piso, pero que afortunadamente fue controlado sin daños mayores.

Recordando

El susto de los vecinos fue lógico, ya que (como se señalara) este mismo edificio tuvo otro siniestro, más concretamente el 30 de agosto de 2018, originado en la falla de un lavarropas, en el primer piso.

En aquella oportunidad, el jefe de Bomberos, Carlos Nosalevich, explicó que al llegar se encontraron con llamas de considerable tamaño que salían desde el inmueble, por lo que se pidió más apoyo, de manera de actuar con la premura e intensidad que demandaba el caso.

“Fueron momentos de nerviosismo para los vecinos, que ante la imposibilidad de bajar por la humareda interna, debieron subir a la terraza del edificio, mientras evacuábamos a quienes estaban en el piso afectado. El siniestro se concentró en el lavadero, donde se actuó de lleno y afortunadamente se logró controlar y su definitiva extinción”, dijo Nosalevich, quien confirmó no hubo daños mayores, ni víctimas.

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