Hace unos días murió en Córdoba Ricardo Javier Senor, presidente de la empresa Grandes Máquinas (GM). La firma que presidía iba a fabricar y exportar a Angola 18 unidades, según se anunció en 2012 desde Casa Rosada. En esa ocasión, el entonces gobierno de Cristina Kirchner encaró una misión comercial a Angola que terminó en escándalo. Antes del viaje se la vio a la Presidenta en la cabina de una cosechadora de la firma. Nunca más salió una de la empresa que terminó quebrada y con una denuncia por defraudación.

Senor tenía 53 años y era uno de imputados en la causa junto a su padre, Ricardo Vicente Senor, Sergio Eduardo Sravaglieri y Carlos Ariel Boll, por la compañía, y cuatro exfuncionarios de Entre Ríos. Todos fueron sobreseídos en mayo pero la decisión fue apelada y se espera el fallo de Cámara.

La muerte del ejecutivo no trascendió y sólo hay algunos avisos fúnebres publicados. Si bien en principio es considerado suicidio, para algunos sectores en ámbitos de la justicia podría profundizarse la investigación, en función de las dudas que generaba la muerte.

El fiscal de la causa conocida como «cosechadoras truchas», Pablo Zoff, explicó a La Nación que era Senor hijo quien mantenía las reuniones y hacía las gestiones para los créditos, en tanto que su papá «parecía ser el que tenía más conocimientos técnicos». El caso se tramita con el viejo Código Procesal Penal de Entre Ríos, porque se inició en 2012; los empresarios fueron imputados por presunta defraudación a la administración pública.

También están acusados Teresita López y Leandro Rodríguez, exfuncionarios entrerrianos que habrían incurrido en defraudación a la administración pública y concusión; y los exministros Roberto Schunk y Diego Valiero por defraudación por administración fraudulenta.

En mayo el juez Carlos Ríos sobreseyó a todos los imputados; el fiscal Zoff indicó que apeló la decisión por entender que no reúne la «certidumbre exigida por la ley» porque había «medidas probatorias no producidas; el juez hace un recorte de los elementos de prueba para sostener una certeza negativa de falta de elementos» y deja afuera «otras pruebas» que permiten sustentar la probabilidad de los delitos.

Zoff explicó que, por ejemplo, faltan las certificaciones de Setiembre Cooperativa de Trabajo Limitado (Cortrasep): «La ofrecieron como aval y futura socia de GM; iba a aportar una parte importante del capital, casi la mitad. Ni siquiera se acreditó que exista».

Las otras dos firmas que presentaron fueron Matrimet SRL (una metalúrgica cordobesa) y Compañía Puntana de Carnes (de San Luis, después absorbida por Mastellone). «La maniobra fue aparentar solvencia económica para tomar créditos de la Provincia, una puesta en escena para engañar. Simularon tener una capacidad que no tenían; Senor no existía como grupo económico», dijo el Fiscal. Contó también que, cuando no fabricaron más, los empresarios plantearon que hubo factores que impactaron en sus planes y que «como CKF se subió al prototipo, el campo no la quería comprar».

La historia

Hace una década los Senor llegaron de Córdoba a Concepción del Uruguay con la promesa de convertir a la ciudad en un polo de producción de maquinaria agrícola; el gobierno provincial -el mandatario era Sergio Urribarri- le otorgó $6 millones de créditos a tasa subsidiada entre 2009 y 2012, los canalizó el Fondo de Inversión de Entre Ríos (Finver). Cuando comenzó la causa judicial la firma adeudaba ese monto más los intereses, $778.000 a la AFIP y $250.000 de impuestos provinciales.

Con el tiempo se vio que el galpón cedido en el puerto de Concepción estaba prácticamente vacío y toda la producción fue «un prototipo y medio», graficó Zoff. El completo terminó en Angola. El abogado Guillermo Mullet es el denunciante. «Me entero del proyecto y me llama la atención; busco en la base del Banco Central y MG tenía cheques rechazados por $2,5 millones, recién le habían dado el primer tramo del crédito, pero le siguieron entregando fondos. El seguro de caución se lo da una empresa estatal, el Instituto del Seguro entrerriano y recién apareció después de la quiebra. La Provincia cobró $5 millones sin intereses y con un dólar mucho más alto que con el prestó, un daño patrimonial enorme», apuntó a La Nación.

En sus averiguaciones detecta también que aunque los Senor se presentaban como parte de los pioneros que hicieron la primera cosechadora argentina, «no tenían nada que ver; esa familia los desmintió públicamente; sólo tenían en común el apellido». La máquina que construyeron nunca funcionó y el acuerdo de intención firmado con una empresa angoleña después de la gira comercial no se concretó.

El 31 de marzo de 2014 se formalizó la quiebra de GM con la publicación en el Boletín Oficial; en el concurso de acreedores se determinó que adeudaba unos $10 millones, el 70% al Estado entrerriano y el resto a particulares. El primer crédito que se entregó fue a BSV S.A de Bohl porque GM «no estaba constituida», señaló el fiscal. Recién se creó diciembre de 2010.

Maag Mitos se llamó la cosechadora y un comunicado del gobierno planteaba: «Estas máquinas con tecnología de punta son de alta calidad y confiabilidad para atender el mercado interno y externo, permitiendo la generación de nuevos puestos de trabajo, la sustitución de importaciones y la exportación de productos argentinos al exterior».

«La muerte de Senor hijo lo deja a él afuera de la causa, no al resto -señaló el fiscal Zoff-. Espero que la Cámara acepte la apelación porque hubo defraudación, intención de engañar».

Análisis

En duros términos, la jueza de Paz de Pueblo Brugo, María Fernanda Schoenfeld, rechazó una acción de amparo presentada por un médico veterinario y productor de la zona a quien las autoridades locales le vedaron el ingreso, amaparándose en los sucesivos decretos de necesidad y urgencia (DNU) dictados por el Poder Ejecutivo Nacional, que restringieron la circulación en función de evitar la propagación de la pandemia de coronavirus.

«Liminarmente, corresponde señalar que la amparista ha incurrido en algunos errores formales al interponer la presente demanda de amparo, circunstancia que para muchos juzgadores tal vez ameritaría el rechazo de la acción in limine, pero en orden a no caer en un excesivo rigor formal que tache de arbitraria dicha posibilidad procedí a encauzar y despachar la acción haciendo prevalecer el derecho de acceso al servicio de justicia», señaló la jueza.

El productor reclamó a la Justicia que se ordene “impedir el ejercicio y puesta en vigor y/o continuidad de la disposición y/o resolución y/o circular y/o acto y/o ordenanza comunal y/o decreto comunal emitido por el Presidente Comunal (o intendente) que le impide ingresar al actor a Pueblo Brugo“. La jueza entendió que de «las constancias de autos surge que la amparista no ha podido mínimamente identificar e individualizar la normativa que pretende se declare su ilegitimadad y/o arbitrariedad, amen de los errores formales evidentes llamando equívocamente a los actos administrativos que se suscriben en todo Organismo Municipal, que según invoca le impide ingresar a Pueblo Brugo; y mucho menos ha podido acreditar los fundamentos alegados al interponer la presente acción».

En su escrito, el productor pidió que «se ordene a las autoridades de la Comuna de Pueblo Brugo se abstengan de continuar impidiéndole la entrada al pueblo y se ordene a la Comuna demandada que le permita el tránsito e ingreso, con el cumplimiento de los protocolos preventivos, tal como se ha venido haciendo hasta hace un mes», según el escrito que presentó el 28 de agosto.

También reclamó que “se declare la ilegalidad, arbitrariedad y no aplicabilidad de la norma cuestionada, y de toda otra dictada o que se dictare en consecuencia que con ilegalidad manifiesta no le permita ejercer sus derechos como productor pecuario; como asimismo, las que se pudieren dictar, ya sean ratificatorias, ampliatorias y/o que tuvieren similar objeto y/o que de cualquier modo impidan el ejercicio y/o procedencia de la acción deducida, y/o la procedencia y/o admisibilidad y/o cumplimiento de las medida cautelar que se solicita. Se ordene a las autoridades de la Comuna de Pueblo Brugo se abstengan de continuar impidiéndole la entrada al pueblo y se ordene a la Comuna demandada que le permita el tránsito e ingreso, con el cumplimiento de los protocolos preventivos, tal como se ha venido haciendo hasta hace un mes”.

El productor pidió a través de una medida cautelar también que “se le permita el ingreso a la localidad de Pueblo Brugo, al menos una vez a la semana, alegando ser productor pecuario, tener marca, ser médico veterinario de profesión, tener «animales bovinos, equinos y ovinos en una isla de la Provincia de Entre Ríos, aguas abajo del puerto de Pueblo Brugo, la que se encuentra en frente a Pueblo Brugo, razón por la cual, debe ingresar por Pueblo Brugo para ir a su casa (ubicada a una cuadra del río Paraná) y desde allí, a la isla».

Al rechazar el planteo, la jueza de Paz de Pueblo Brugo planteó que “de la documental acompañada por la actora no puede inferirse que el Sr Jaier Lauría sea productor pecuario, médico veterinario, que tenga el certificado de circulación, que tenga bajada y vigente la aplicación Cuidar, que tenga la credencial de Senasa de libre tránsito, y mucho menos que tenga animales en la isla frente a Pueblo Brugo; consecuentemente menos aín se podría inferir que exista un derecho conculado y /o lesionado”.

En cambio, la magistrada sostiene que en el escrito “acompañó documental consistente en Carnet de Marca, del cual no surge mínimamente que el Sr Lauria sea el titular de la misma, que además, aunque hubiese sido acreditado en debida forma, dicha circunstancia no comprobaría los fundamentos y petición invocados en la presente acción ´que sería productor pecuario y que necesita atender y vacunar a sus animales y no le permiten su ingreso a la localidad para poder cruzar hasta la Isla´, sino lo sería cabalmente una constancia de Inscripción de AFIP, una Credencial de RENSPA donde queda asociado debidamente el productor con la producción, en este caso los supuestos animales; y el predio donde se encuentran, en este caso la supuesta Isla ubicada frente a Pueblo Brugo, como asimismo una planilla de vacunación de los mismos”.

Entre Ríos Ahora

De acuerdo a la información oficial que pudimos obtener en la fecha, en la jornada de este viernes se dieron de alta a dos pacientes de Concepción del Uruguay, quedando 13 uruguayenses aún como activos de Covid.

Por otro lado, sumado a los recientes casos de Caseros (dos), en Basavilbaso los pacientes que aún están activos del virus son dos.

De este modo, el departamento cuenta con 50 casos detectados de coronavirus, de los cuales 17 tienen activo el virus, siendo 33 los pacientes ya recuperados.

Desde la Seccional 415 de U.A.T.R.E informamos que los trabajadores de los distintos sectores avícolas agremiados en la Unión Argentina de Trabajadores Rurales pertenecientes al Departamento Uruguay, exigimos la negociación de paritarias, encontrándose las anteriores vencidas desde el mes de mayo del corriente año.

Las y los trabajadores rurales avícolas, considerados durante esta pandemia como esenciales, queremos que se nos reconozca realmente como tales, y que eso se traduzca en aumentos salariales dignos. En este sentido nos encontramos en estado de alerta y movilización, esperando una resolución favorable para nosotros y nuestras familias por parte de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, en la reunión prevista para el 8 de septiembre.

“De las distintas visitas a los establecimientos locales, y del permanente diálogo con los delegados gremiales, surge el pedido de los trabajadores de tomar medidas de fuerza en caso de que no se cumpla con lo exigido. Cabe destacar que esta actividad no ha cesado durante la pandemia, incluso se ha incrementado, por lo que no debe haber excusas por parte de los sectores patronales para no habilitar un acuerdo que nos permita alcanzar un salario adecuado a los tiempos que corren”, afirmó Mario López, Secretario General de la Seccional 415 de U.A.T.R.E.

Pese a la compleja situación sanitaria por la que se atraviesa por el Covid-19, el hospital Urquiza sigue trabajando intensamente en todas sus áreas.

Así se ve lo que sucede en Hemoterapia, un pinto crucial en el sistema de salud, en el cual se reciben constantemente donaciones de sangre, vitales para muchos pacientes.

En estos días tan complejos para la salud, es verdaderamente gratificante ver que personas que superaron la enfermedad del coronavirus, se acerca para donar plasma, algo tan importante para aquellos que padecen la enfermedad.

Este viernes el equipo de Hemoterapia a cargo de la bioquímica María Paula Soto Rodríguez, con colaboración del doctor Daniel Gotta, llevó a cabo una nueva extracción de plasma de un joven vecino de la ciudad de San Justo.

Se trata de Hernán Scévola de 31 años, quien se convierte de esta manera en el octavo donante qye se acerca al hospital Urquiza de manera solidaria.

Es importante resaltar la importancia que tiene que quienes padecieron Covid 19, siempre y cuando su salud lo permita, concurran al nosocomio uruguayense y done plasma, ya que con estos actos, se puede salvar vidas. (03442)