El fallo se resolvió durante la tarde de este domingo. La prohibición del DNU firmado por el presidente Alberto Fernández alcanzaba a 2.359 unidades educativas que agrupan a una población de 600.000 alumnos.
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la ciudad de Buenos Aires, que integran los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli,ordenó habilitar mañana las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, en detrimento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que publicó el gobierno nacional el último viernes.
La decisión del presidente Alberto Fernández generó la reacción inmediata del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que se había comprometido a mantener la presencialidad pese a la complicación del escenario sanitario por el creciente número de contagios de coronavirus. Además, recibió el rechazo de fundaciones, ONG y grupos de padres que se volcaron a la calle para manifestarse en contra del decreto.
El Gobierno no forma parte del expediente, por lo que no podrá apelar la decisión del tribunal. Solo pueden hacerlo las partes que forman parte de la causa y no es el caso del Ejecutivo nacional. Es decir, la medida se hará efectiva a partir de mañana y los chicos podrán retomar las clases presenciales.
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La votación del tribunal fue unánime. La recusación presentada por un abogado particular contra Nieves Machiavelli, hermana del ministro de Medio Ambiente del gobierno porteño, Eduardo Machiavelli, para que no participe en la decisión, fue rechazada. La hermana del funcionario formó parte de la votación. Según le informaron a Infobae fuentes judiciales.
El tribunal resolvió: “1.Hacer lugar a la queja interpuesta y en consecuencia admitir el recurso de apelación. 2. Hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, conforme lo expuesto en los puntos 3, 4 y 5 y las facultades dispuestas en el art. 184 CCAyT, disponer la suspensión de lo dispuesto en el art. 2°, párrafo tercero del DNU n° 241/21 y ordenar al GCBA que en el marco de su autonomía y competencias propias disponga la continuidad de la presencialidad de las clases en el ámbito del territorio de la Ciudad de Buenos Aires, conforme la resolución conjunta del Ministerio de Educación y de Salud n° 1/21 3. Sin costas por no haber medido contradicción (conf. arts. 14 CCABA, 2° de Ley N° 2.145 –texto consolidado por la Ley N° 6017– , 62 y 63 del CCAyT)”, indicó el fallo.
Minutos después de conocerse la decisión de la justicia porteña, ATE Capital y UTE-CTERA convocaron a un paro docente. “El poder judicial porteño sigue incumpliendo con la Constitución de la Ciudad y Nacional. La salud y la vida son prioridad”, indicaron desde las agrupaciones sindicales.
En la mañana de este domingo la fiscal ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, Karina Cichero, resolvió a favor del pedido de dos organizaciones no gubernamentales para mantener las escuelas abiertas pese al decreto del Gobierno que prohíbe el dictado de clases presenciales en la Capital Federal. Los amparos habían sido presentados por un grupo de docentes nucleados en la ONG Abramos las Escuelas y el espacio Centro de Estudios de Políticas Públicas.
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Estas dos organizaciones interpusieron dos recursos amparos donde pidieron la nulidad de los alcances del DNU de Fernández, respecto a la suspensión por 15 días de las clases presenciales, al considerar que era fundamental priorizarlas. Luego, la Sala IV de Apelaciones porteña pidió la opinión de los fiscales y, finalmente, decidió resolver a favor de mantener las clases presenciales.
La prohibición del dictado de clases presenciales alcanzaba a 2.359 unidades educativas que agrupan a una población de 600.000 alumnos. El último sábado Rodríguez Larreta visitó a Alberto Fernández en la Quinta de Olivos y le pidió en privado lo que ya le había adelantando públicamente: mantener la presencialidad de las clases. El Presidente le manifestó que el problema no son las aulas, sino la circulación que se genera en la ciudad para que las clases se lleven adelante.
Durante la reunión el Presidente le mostró a Rodríguez Larreta una serie de gráficos que respaldaban su postura de suspender las clases. Luego, en una conferencia de prensa desde la residencia de Olivos, planteó: “Desde que volvieron las clases, la curva de contagios ascendió precipitadamente. Le he mostrado los gráficos que avalan lo que digo al jefe de Gobierno porteño”.
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Uno de los cuadros que expuso muestra los casos confirmados en población en edad escolar por semana epidemiológica (SE) de fecha de inicio de síntomas (FIS) en Argentina, en donde se observa que en la semana 7 del año 2021, donde hubo inicio de clases en tres jurisdicciones, había aproximadamente unos 3.500 casos por día, mientras que en las semana 11 los casos llegaban a 7.500. Y en la semana 14 llegaron a 12.500. Le marcó así el aumento de casos en el momento en que retornó la presencialidad.
Pero la discusión sobre la presencialidad no quedó solo en el plano político. Minutos antes de ingresar a la reunión con Fernández, el mandatario porteño interpuso una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema para intentar garantizar las clases presenciales. Una medida que busca que se declare inconstitucional el artículo 2 del DNU que dispone la suspensión de las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades desde el 19 hasta el 30 de abril inclusive.
La presentación sostiene que el decreto viola la autonomía de la Ciudad e implica una virtual intervención federal porque se arroga potestades sobre competencias eminentemente locales, en salud y educación.
El gobierno porteño brindará una conferencia de prensa en las próximas horas para esclarecer como seguirá el día de mañana. En la sede de Uspallata esperaban con mucha expectativa el fallo, que les permitirá mantener la actividad presencial en todas las aulas de la Ciudad de Buenos Aires.
Qué dice el fallo que ordenó que continúen las clases presenciales en la ciudad de Buenos Aires
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Capital Federal resolvió este domingo que las escuelas deberán continuar abiertas.
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la ciudad de Buenos Aires, que integran los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli, ordenó que mañana se habiliten las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, en contra de lo establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que publicó el gobierno nacional el último viernes.
En la mañana de este domingo, la fiscal ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, Karina Cichero, resolvió a favor del pedido de dos organizaciones no gubernamentales para mantener las escuelas abiertas, pese al decreto del Gobierno que prohibió el dictado de clases presenciales en la Capital Federal. Los amparos habían sido presentados por un grupo de docentes nucleados en la ONG Abramos las Escuelas y el espacio Centro de Estudios de Políticas Públicas.
Estas dos organizaciones interpusieron dos amparos donde pidieron la nulidad de los alcances del DNU de Fernández, respecto a la suspensión por 15 días de las clases presenciales, al considerar que era fundamental priorizarlas. Luego, la Sala IV de Apelaciones porteña pidió la opinión de los fiscales y, finalmente, resolvió la Cámara de Apelaciones que integran los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli.
La votación del tribunal fue unánime. La recusación presentada por un abogado particular contra Nieves Machiavelli, hermana del ministro de Medio Ambiente del gobierno porteño, Eduardo Machiavelli, para que no participe en la decisión, fue rechazada. De esta forma, según le informaron a Infobae fuentes judiciales, la hermana del funcionario formó parte de la votación.
Así, el falló señaló que “el Decreto sancionado por el Poder Ejecutivo nacional, en su artículo 2°, párrafo tercero, vulneraría en forma directa la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y su poder de policía, respecto de materias específicamente locales, como es el derecho a la educación”.
“Nuestro Estado federal establece, reconoce y garantiza la autonomía provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reservándose ciertas materias sobre las cuales dichas jurisdicciones locales han delegado al Estado nacional. La educación no es una de ellas”, insistió la Cámara.
Asimismo, se recordó: “La ley nacional de educación N° 26.206 establece en su artículo 4 que ‘el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias’. (el destacado no es original). Asimismo, dispone que, si bien el Estado nacional fija la política educativa y controla su cumplimiento, debe respetar las particularidades provinciales y locales”.
“Resulta evidente, en este estado inicial del proceso, que lo atinente a la prestación de la educación inicial, primaria y secundaria en el ámbito jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una competencia netamente local, cuya regulación le compete a la Ciudad y no al Estado Nacional. Lo contrario, implicaría vulnerar la autonomía local, con grave afectación del sistema republicano de Gobierno”, se agregó en el fallo.
Asimismo, se determinó en la misma dirección: “Cabe destacar que conforme la normativa reseñada, la responsabilidad en la prestación y el modo en que se organiza el servicio de educación es una competencia netamente local y que, por ende, debe ser dispuesta por los órganos constitucionales que tanto la Constitución nacional, local y las leyes dispusieron para ello. Esto es: el Poder Ejecutivo local”. Infobae
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