Lo dijo el secretario de Agricultura y Ganadería de Entre Ríos Lucio Amavet, quien habló sobre la posibilidad de que lleguen inversores chinos a instalarse en la provincia. Además, destacó la importancia de la puesta en marcha de un frigorífico ovino en Mansilla. También se refirió al plan ganadero.

El secretario de Agricultura y Ganadería de Entre Ríos Lucio Amavet se refirió a la llegada de capitales chinas que podrían desembarcar en la provincia y en el país. Durante una entrevista con ElDía, afirmó que “no se presenta una dicotomía entre el productor local y el posible inversor”.

“En primer lugar porque las inversiones van a ser con productores entrerrianos. No es que venga un capital chino y se instala con su granja. Tiene que darse una asociación entre el inversor y un actor local, o un grupo de inversores locales con uno chino. Y se comercializa en un mercado externo que hoy no tiene cubierta su demanda como lo es el de China”, detalló el funcionario provincial.

“En los acuerdos en los cuales se está trabajando se detalla que la producción tiene un solo destino, que es el de la exportación, además de contemplar varias cuestiones como las de bienestar animal, manejo del medio ambiente, y el empleo de mano de obra argentina”, agregó a ElDía.

“Desde el Estado bajamos información a los productores, y si algún grupo de inversores de la provincia se muestra interesado, los ponemos en contacto con los inversores chinos”, explicó Amavet.

Además, señaló que “el hecho de que estemos impulsando la generación de inversiones extranjeras en el país y en el provincia no va en detrimento de ningún sector, de los que están en la Cámara de Porcinos y de quienes no lo están. Argentina aporta al mercado chino el 0,5% con todas sus exportaciones, por lo que el margen de crecimiento no lo va a abastecer ni las granjas chinas que puedan instalarse como tampoco los entrerrianos que exportan al mercado chino”.

“No hay que generar una controversia. Apoyamos a toda inversión extranjera que quiera instalarse en la provincia, contemplando la asociación con productores entrerrianos y las normas vigentes de bienestar animal y el cuidado ambiental. Sabemos que falta financiamiento para los pequeños y medianos productores, razón por la que estamos trabajando para apalancar esas inversiones, como ampliación de granjas, nuevas plantas frigoríficas y demás”, sostuvo.

Por último, aseguró que “la provincia tiene que contar con toda la escala de productores, tanto los chicos, los medianos y los grandes, para que de esa manera transformar cereales, la materia prima que exportamos en carne lo que triplicaría el valor agregado en la provincia”.

Por Fabián Miró, ElDía

Se prevé una reducción de 3 puntos por 90 días para la oleaginosa. Además, dentro de las medidas para fomentar el ingreso de dólares se anunciará una baja definitiva de hasta 4 puntos de los derechos de exportación de la carne bovina.

El Gobierno dispondrá una baja de las retenciones a la soja de alrededor de 3 puntos por 90 días. Además, dentro de las medidas para fomentar el ingreso de dólares del sector exportador se anunciará una baja definitiva de hasta 4 puntos de los derechos de exportación de la carne bovina. El anuncio sería inminente.

En el nuevo esquema la soja, que actualmente tributa una retención del 33%, pasaría al 30% durante los próximos 90 días y la carne bovina que hoy paga 9% pasaría al 5% de manera definitiva.

Con estas dos medidas el Gobierno busca darle una señal a la agroindustria en pos de incrementar el ingreso de divisas para engordar las alicaídas reservas del BCRA, publica Ámbito Financiero.

Según las estadísticas oficiales actualmente hay alrededor de 17,4 millones de toneladas de soja en los silos en manos de los productores, con una cotización de alrededor de u$s380 por tonelada, el Gobierno quiere hacerse de unos u$s6.600 millones en divisas en lo que resta del año.

En paralelo también llegarían los demorados pagos de compensaciones a pequeños y medianos productores, establecidos en el Fondo de Compensación para el sector agrícola que prevé una devolución de derechos de exportación para explotaciones de menos de 1.000 toneladas de soja, que según cálculos oficiales serían unos 42.406 productores, equivalentes a un 74 % del total.

Este sería el inicio de una batería de medidas que el Gobierno plantea para fomentar las exportaciones del campo. En una segunda etapa se prevé el lanzamiento de un plan estructural con beneficios fiscales e impositivos destinados a los productores agropecuarios.

Desde hace semanas el Gabinete económico conformado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, venía evaluando la posibilidad de implementar medidas extraordinarias para que el campo acelere la liquidación de divisas que viene mostrando una baja interanual de alrededor del 23%.

Esta semana el plan concreto para bajar las retenciones se puso sobre una mesa de negociación con las empresas agroexportadoras. Fue el propio Guzmán quien encabezó las negociaciones porque las firmas pedían una baja de al menos cinco puntos y una alícuota diferencial para aquellos productos con mayor valor agregado como harinas y aceites de soja.

El martes y luego de un extenso encuentro las partes no se pusieron de acuerdo y ahora el Gobierno avanzará con su plan inicial de una baja de 3 puntos por 90 días y darle el visto bueno a los frigoríficos exportadores de una reducción de 4 puntos.

En paralelo el equipo económico también se habría comprometido a abrir una segunda etapa de diálogo en la que convocará al Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) para consensuar una batería de medidas con la mirada puesta en el largo plazo para incrementar las exportaciones agroindustriales.

Entre las medidas que contempla este proyecto se incluye la posibilidad de que los productores descuenten de Ganancias un porcentaje de 120% de las facturas relacionadas a la compra de fertilizantes, y de 150% las que están relacionadas con seguros y semillas fiscalizadas. También se plantea un plan canje de maquinaria agrícola, vehículos e implementos, entre otros incentivos.

Sería a cambio de que los productores liquiden su cosecha, con el fin de atenuar las presiones sobre el dólar y las reservas del Banco Central. Se estima que los productores tienen retenida soja equivalente a unos u$s 7.000 millones.

El Gobierno analiza bajar temporalmente las retenciones al campo, a cambio de que los productores liquiden su cosecha, con el fin de atenuar las presiones sobre el dólar y las reservas del Banco Central.

En el mercado trascendió que la opción es analizada por el Gabinete económico, como herramienta temporaria para convencer a los productores de vender y generar mayor oferta de divisas entre octubre y diciembre próximos. Por esto, las medidas podrían mantenerse por 90 días.

Se estima que los productores tienen retenida cosecha de soja equivalente a unos u$s 7.000 millones, lo cual permitiría duplicar las reservas de libre disponibilidad.

Las fuentes señalaron que si se redujeran por un tiempo algunos puntos estos derechos, los productores venderían, porque necesitan fondearse para la próxima campaña.

Según cálculos del Ministerio de Agricultura, los productores tendrían para vender alrededor de 7.000 millones de dólares de la anterior cosecha, retenida porque especulan que podría producirse una devaluación.

En fuentes oficiales se especula que si el gobierno le mejora el precio al productor por algunos meses, lograría que muchos vendan y aumentaría así la oferta de dólares, porque luego volverán a tener un precio más bajo.

Los productores también observan que el gobierno viene sosteniendo el tipo de cambio oficial, a pesar de las expectativas de devaluación que existen en el mercado.

Según la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), en el acumulado de los primeros ocho meses del año se liquidaron u$s 13.346 millones.

La cifra es la más baja desde 2009 y representa una caída del 12,2% frente a igual período del 2019.

Posible suba de las tasas de interés

Según trascendió, el gobierno analiza también una suba de la tasa de interés, que se ubica en 38%.

Pese a que hasta ahora había buscado bajarlas para reactivar la economía, el BCRA enfrenta el problema de que los pesos se van al dólar, y ello presiona no solo el tipo de cambio oficial, sino también el resto de las cotizaciones.

El Gabinete económico analiza también otras medidas para que las recientes regulaciones cambiarias no afecten a las empresas, y buscan la forma de ayudar a morigerar la reestructuración de las deudas de compañías privadas.

También se anunciaría esta semana el Fondo de Compensación para el sector agrícola, que estaba establecido en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva sancionada en diciembre y nunca fue puesto en práctica.

Desde el inicio de la pandemia del coronavirus, en el gobierno sostienen que la Argentina saldrá de la crisis, especialmente, a través de un aumento en las exportaciones y la producción. Es decir, de la mano del aporte que realiza la cadena agroindustrial, el cual significó, entre abril y agosto del presente año, que solamente el complejo sojero y maicero representaron el 46,6% del total de los despachos argentinos.

Además, a pesar de las dificultades, las cadenas agroindustriales han tenido un destacado rol en lo que va de la pandemia, sosteniendo la actividad y garantizando el aprovisionamiento de alimentos a los mercados interno y externo, al tiempo que se protege la salud de los trabajadores.

Pero para potenciar a dicha cadena, aseguran en el campo, se necesita generar un sendero de crecimiento económico y de desarrollo, mediante políticas públicas que generen previsibilidad, estimulen las inversiones y las exportaciones, en momentos de elevada incertidumbre por el rumbo de la Argentina.

“El sector, necesita un marco de certidumbre económica para el mediano y largo plazo, con una macroeconomía estable y mejores condiciones de financiamiento para que inversores y empresarios puedan proyectar sus planes de negocios”, sostienen desde el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA).

Esta semana, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires presentó las proyecciones para la próxima campaña gruesa, y por segundo año consecutivo se plantea un escenario de caída de siembra y cosecha total del ciclo agrícola 2020/2021. Todo esto, como consecuencia de la falta de precipitaciones que afectarán los futuros rendimientos de los cultivos, y por la mayor carga impositiva que asfixia al sector. Las alarmas están encendidas y crece el malestar entre los productores, por la falta de políticas e incentivos.

Ayer, en un comunicado, los integrantes de la Sociedad Rural de San Pedro, señalaron: “Está cada vez más claro que el campo y la producción son fundamentales para mantenernos en el mapa del mundo e intentar recuperarnos. Sin embargo, el gobierno está perdido en un mar de incertidumbre que nos llena de preocupación”.

Las entidades del campo que representan a los productores agropecuarios y que se encuentran dentro de la Mesa de Enlace, profundizarán en los próximos días el reclamo al gobierno de “un cambio de rumbo”, y plantearán que hay errores que se cometen en la política cambiaria y tributaria para con el campo, que están provocando numerosos problemas de rentabilidad. Así lo indicaron Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), y Jorge Chemes, titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), tras confirmar el creciente “malestar” que exhiben las bases del sector.

En la búsqueda de medidas que beneficien a la producción y las exportaciones, por estos días los integrantes del Consejo Agroindustrial Argentino presentaron a técnicos del gobierno nacional un documento con lineamientos de políticas, denominado “Estrategia de Reactivación Agroindustrial, Exportadora, Inclusiva, Tecnológica, Sustentable y Federal”. Hasta el momento hubo un amplio apoyo de funcionarios nacionales, gobernadores y sectores de la oposición, a la idea que promueve el Consejo de aumentar las exportaciones y el nivel de empleo.

“A la luz de la experiencia histórica, el comercio internacional es clave para el crecimiento y el desarrollo, especialmente para la salida de una situación como la que estamos atravesando. Es posible consolidar a la Argentina como líder en el comercio mundial de alimentos, y de otros bienes, servicios y tecnologías bio-basadas. Ello redundará en aumentos de producción y exportaciones, y en la creación de empleo y oportunidades en las distintas regiones del país”, expresaron desde el CAA.

La base de la propuesta, a la que accedió Infobae, pretende diseñar un Plan Estratégico Integral de 10 años para alcanzar las metas del Consejo, con medidas legislativas y del Poder Ejecutivo nacional, así como de los Gobiernos Provinciales y Municipales.

En la propuesta del Consejo, conformado por más de 50 entidades de la Cadena Agroindustrial, se plantea que con políticas a favor del sector, en 2026 se podría registrar un incremento de casi 15.000 millones de dólares en exportaciones anuales y se generarían más de 500 mil nuevos puestos de trabajo en las diferentes cadenas.

El crecimiento se basará en un mayor uso de tecnología, y cuidando los recursos y el medio ambiente, a través de las Buenas Prácticas Agropecuarias. Y también será importante para potenciar a la cadena, los precios que perciban los productores, ya que al mejorar su ingreso y, por lo tanto, los márgenes, se producirían cambios en las decisiones de siembra.

Proyecciones

En este contexto, de implementar políticas a favor del sector, en la campaña agrícola 2025/2026, el área sembrada se incrementaría en 1,3 millones de hectáreas (+4%), por lo que la principal fuente de crecimiento serían los rendimientos. Además, la producción de granos de Argentina aumentaría en 31 millones de toneladas (+25%) superando los 156 millones de toneladas cosechadas.

El aumento de producción también se traduciría en un incremento en 2.322 millones de dólares de las exportaciones, principalmente en trigo y maíz. Por su parte, los productos industrializados de primera transformación, como los aceites y harinas oleaginosas, así como la harina de trigo, sumarían nuevas divisas por 4.265 millones de dólares. Por otro lado, las carnes y los lácteos aportarían al total un número también significativo de 2.594 millones de dólares.

Por otro lado, en caso de aplicarse mejores condiciones en materia de retenciones y reintegros a las exportaciones, habría un mayor procesamiento de los granos, con un aumento de la producción de harina de trigo de 16%, de 24% para aceites y harinas oleaginosas en 5 años. Las carnes y lácteos, por otro lado, totalizarían 1,3 millones de toneladas producidas adicionales, o un 20% de incremento en producción.

Propuestas en materia impositiva

Uno de los primeros temas a tener en cuenta en la propuesta del Consejo Agroindustrial es el ámbito legislativo, donde se propone para este año la sanción de una Ley denominada “Reactivación agroindustrial y tecnológica, federal, inclusiva, sustentable y exportadora. Promoción de la Bioindustria y la Biotecnología. Plan 2020-2030”. Además, se promueve la inclusión en el presupuesto del año próximo de un Pacto Fiscal Federal.

Si bien la propuesta del Consejo es abarcativa, ya que contempla las cuestiones ambientales, institucionales, financiamiento y de infraestructura, uno de los principales temas a debatir, es la cuestión impositiva, donde las retenciones ocupan un lugar de relevancia.

En ese sentido, se promueve desde el Consejo una reducción gradual de las retenciones. Las alícuotas del complejo sojero deberán tener un cronograma de reducción tendiente a llegar al 15% a partir del quinto año (2026), y se deberá establecer posteriormente un esquema de reducción tendiente a llegar a 0%. Los demás productos deberán llegar a 0% en un plazo no mayor a los diez años (2030).

En materia de retenciones, el Consejo propone, al momento de implementarse el Plan, retenciones del 0% para las economías regionales, bienes tecnológicos y servicios agropecuarios y agroindustriales. Además, las retenciones para las carnes y subproductos de la pesca, no podrán superar el 5%, y con menores alícuotas para el mayor procesamiento.

En el caso de los cereales, las retenciones no deberán superar el 8%, con menores alícuotas para granos diferenciados y manufacturas derivadas de los cereales. Y para las oleaginosas, que sean diferentes a la soja, las retenciones no tienen que ser mayores al 5%, y con menores alícuotas para manufacturas derivadas.

En el caso de la soja, la propuesta del Consejo consiste en retenciones que no superen el 25%, con menores alícuotas para granos diferenciados y manufacturas derivadas. A todo esto, la propuesta del espacio agroindustrial, también contempla reintegros a las exportaciones de acuerdo a niveles de procesamiento y relación Valor Agregado/Valor Bruto de Producción. Y, por último, se pide evaluar alternativas de menores retenciones en base a incrementos de exportación en volumen y valor.

Infobae

Con la expectativa de faenar semanalmente 500 ovinos, la Cooperativa Agropecuaria Federada Gobernador Mansilla puso en marcha su planta industrial. En una primera etapa trabajarán 15 operarios. Destacaron su impulso al desarrollo de la cadena ovina. El gobernador Gustavo Bordet recorrió la planta.

“Esta planta será una gran herramienta para desarrollar la cadena ovina en la provincia. Permitirá a los productores mejorar su negocio, ya que un cordero pesado mejora la rentabilidad del productor”, destacó Ricardo Garzia, productor y presidente de la Cooperativa de Mansilla, tras la visita del gobernador Gustavo Bordet.

Sin embargo, “tal vez lo más importante está dado en lo social”, sostuvo Garzia y puso de relieve “el ejemplo de dos familias que tenían arrendado su campo y que ahora decidieron volver a vivir al campo para producir ovinos”. “Esto, que en el cooperativismo se llama balance social positivo, es la noticia más importante que tenemos para contar”, subrayó.

Además, el productor cooperativista explicó esta nueva planta industrial “genera mucho en lo laboral”, ya que “en el ciclo uno, la faena tiene once operarios y suman cinco en la parte de agregado de valor”.

“A esto se agrega que la semana próxima se comenzará con la fabricación de salames, más el transporte, lavadero, atención del frío de las cámaras, todos los servicios se contratan en el pueblo”, detalló Garzia.

Por otra parte, valoró que “la mesa provincial de la Ley Ovina fue un gran soporte para lograr el impulso final del sueño de pequeños productores de esta región de la provincia de Entre Ríos y también los aportes económicos de los productores”,

“La semana próxima en varias carnicerías de Paraná se podrá encontrar en las góndolas cortes de cordero entrerriano envasado al vacío, por lo tanto, el consumidor podrá tener otra opción en carnes y sin la necesidad de comprar una medias res”, destacó Garzia.

El impacto local

La Cooperativa Agropecuaria Federada Gobernador Mansilla fue fundada en mayo del año 2012 por un grupo de productores del Departamento Tala y hoy tiene 20 socios activos.

Hace pocos días comenzó con su faena regular de corderos, dando empleo en forma directa a 15 trabajadores.

Luego de la puesta en marcha, la expectativa es faenar semanalmente unos 500 animales. En distintas etapas, se cumplimentarán los tres ciclos previstos en el proyecto de la planta frigorífica, empezando por la faena, cortes, procesamiento, envase y próximamente la fabricación de embutidos.

La actividad ovina en Entre Ríos

En ese marco, el ministro de Producción, Juan José Bahillo, destacó que “este emprendimiento se enmarca en la visión del desarrollo con agregado de valor e inclusión social en toda su dimensión”. “La cadena de la carne ovina tiene un enorme potencial de crecimiento dado las características culturales y geográficas que identifican a miles de productores de nuestra provincia”.

De acuerdo a la información de la Dirección de Producción Animal, se puede establecer en los últimos 4-5 años un aumento paulatino en la producción. Al tomar en cuenta que la provincia de Entre Ríos posee un stock total de ovinos 601.919 cabezas; se puede analizar que al tomar solamente el parámetro de la cantidad de ovejas totales (346.944) y considerar el 70 por ciento de señaladas se obtiene alrededor de 242.860 corderos, si de estos se retienen el 25 por ciento, el 75 por ciento representan 182.145 corderos disponibles para faena.

La Ley nacional ovina 25.422 promociona el crecimiento de la actividad con aportes económicos destinados a los siguientes rubros: Capacitación, fomento y apoyo de asociativismo, mejora en infraestructura y transformación de productos primarios, asistencia Técnica, Incorporación y retención de Vientres, y la mejora genética.

Bahillo rescató el trabajo que se realiza desde la Unidad Ejecutora de la Ley Ovina en la provincia, en la que participan todos los actores de esta actividad, y comentó que, en los primeros meses de 2020, “se realizaron Aportes No Reintegrables a 27 proyectos por un monto de $10.590.561. “

“Desde el Ministerio de Producción se acompaña la proyección de la actividad, con el estudio de la Cadena Ovina y su estrategia comercial de pequeños productores en la integración vertical y que será el inicio a un modelo de desarrollo a seguir”, comentó el Ministro.

“Estamos trabajando en la conformación de créditos blandos o Fondos Rotativos con un tratamiento similar a los fondos de la ley ovina con el fin de consolidar un programa integral de desarrollo”, afirmó el titular de la cartera productiva.