Luego de dos jornadas de protesta en Entre Ríos –una el domingo encabezada por ruralistas y en defensa de la propiedad privada, y otra ayer organizada por los militantes de Juan Grabois–, sectores autoconvocados del campo organiza asambleas en lugares que fueron emblemáticos del conflicto entre el sector y el kirchnerismo en 2008, luego de la Resolución 125 que terminó con el “voto no positivo” en el Senado del entonces vicepresidente Julio Cobos.

“Te esperamos con la bandera y el tapabocas”, detalla la invitación que se difundió por redes sociales y que invita a movilizarse hoy, a las 18:30, en la rotonda de Chajarí, en Entre Ríos. Yo defiendo la propiedad privada, es el hashtag de la convocatoria. También se realizan en solidaridad con los productores afectados por las tomas de tierras y para reclamar acción concreta al Estado para solucionar la problemática.

Otro de los movilizaciones será mañana en Paraná, en la entrada del túnel subfluvial. “Con nuestras banderas defendamos la propiedad privada», asegura el panfleto digital que invita a protestar a las 9.30 de la mañana a la esperara de un fallo judicial.

Ambos puntos fueron neurálgicos en las protestas contra la Resolución 125, hace 12 años. También se analiza la posibilidad de una asamblea en la zona del puente Rosario-Victoria, en Santa Fe.

Tensión en Entre Ríos

“Esperaremos a ver qué decide el juez”, aseguró uno de los organizadores en referencia al conflicto de la familia Etchevehere. Es que mañana miércoles, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, a cargo de Carolina Castagno, resolverá apelaciones realizadas por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la querella al fallo del juez subrogante de La Paz, Raúl Flores, que rechazó la cautelar que solicitaba el desalojo de la estancia Casa Nueva.

Castagno deberá escuchar los argumentos de Rubén Pagliotto –abogado de la familia Etchevehere y de la empresa ganadera Las Margaritas SA– y los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa, quienes insisten en que se disponga el desalojo de quienes actualmente habitan el campo de la familia ubicado a un kilómetro y medio del ingreso a la ciudad de Santa Elena, departamento La Paz, a instancias de Dolores Etchevehere.

Según explicó hoy Infobae, la magistrada tiene tres escenarios posibles: dispone ella misma el desalojo, ordena a primera instancia que revise el fallo de Flores o rechaza las apelaciones.

Luego del reclamo del domingo en el campo de la familia Etchevehere, a favor de la propiedad privada y en contra de la usurpación de tierra, ayer se realizó una movilización al campo por parte de movimientos sociales que responden a Juan Grabois, en defensa del “Proyecto Artigas”.

Los Etchevehere denuncian una usurpación de militantes de Juan Grabois en medio de un conflicto familiar, en la estancia Casa Nueva, en la ciudad entrerriana de Santa Elena. Dolores Etchevehere, hermana menor de la familia, encabeza la “ocupación” junto al dirigente social, que ayer habló en otra protesta convocada en el predio de la Sociedad Rural Argentina, en el barrio porteño de Palermo.

“Los Etchevehere no respetan ninguna propiedad privada que no sea la suya”, dijo Grabois, quien además es abogado de Dolores Etchevehere. La menor de los hermanos de la familia aseguró en la tranquera del campo en disputa: “Declaré varias horas y conté todo, los hechos de corrupción y cómo me atacaban. Además, señalando cómo la justicia en lugar de actual cajoneaba todo. Señalé a los funcionarios judiciales que no cumplieron con su trabajo, a contadores, abogados y escribanos participantes necesarios en la falsificación de los documentos”.

Ayer en Casa Nueva hubo unos 120 policías que cortaron la ruta para que los manifestantes no lleguen a la entrada del campo donde hubo unos 50 productores, entre ellos Luis Etchevehere y su hermano Juan. En la zona se vieron banderas de ATE Entre Ríos y Santa Fe, de la CTA, de otros movimientos sociales de ambas provincias y del movimiento que lidera Grabois. Hubo unos 200 manifestantes.

Mientras tanto hoy en el campamento instalado en la puerta de ingreso del establecimiento rural fue una jornada tranquila, con la presencia de los hermanos Etchevehere y un grupo de productores que continúan en vigilia desde el miércoles de la semana pasada a la espera del desalojo del campo.

La única novedad importante se registró a las 5:30, cuando 17 integrantes del Proyecto Artigas abandonaron el campo en cinco vehículos. Sumados a los 3 de ayer ya son 20 las personas que abandonaron el lugar.

Entidades

Hoy también fue otro día de pronunciamientos de entidades vinculadas a la producción agropecuaria y a la cadena agroindustrial, donde manifestaron su solidaridad con los productores afectados.

Los integrantes de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales ratificaron la importancia del respeto a la propiedad privada, bajo el imperio de la Ley y el orden público, como fundamento básico para propiciar las inversiones y el desarrollo económico.

Desde la Cámara Argentina del Feedlot, entidad que agrupa y representa a las empresas del engorde a corral, se mostraron a favor del orden institucional y defendieron el derecho a la propiedad privada.

Por último, la Cámara Argentina de Productores Avícolas denunciaron la existencia de granjas tomadas en Moreno y La Matanza. Reclamaron una rápida intervención de la Justicia para el desalojo de las mismas.

El gobernador justicialista de Entre Ríos, Gustavo Bordet, hace del manejo de los tiempos su principal virtud. Sus seguidores consideran esto una característica destacable y sus detractores, un defecto. Dependiendo de los resultados, la razón acompaña a unos u otros. Lo cierto es que no llega a ser dos veces intendente de Concordia (un conglomerado con más complejidades que el simple título de ser la más pobre del país) y a ser electo y reelecto al frente de una provincia una persona que se deja apurar.

En el conflicto entre Luis Miguel Etchevehere, sus hermanos y su madre contra su hermana Dolores y el dirigente social Juan Grabois por el control del campo Casa Nueva actuó así, manejando los tiempos. Siguiendo la estrategia de que se trata de un problema familiar que debe resolverse en Tribunales, primero largó al ruedo con ese mensaje a su ministro de Producción, Juan José Bahillo, alguien con buen diálogo con los ruralistas vinculados con el ex titular de la Sociedad Rural y luego a su ministra de Gobierno, Rosario Romero, reconocida por su llegada directa a los resortes judiciales. Recién entonces se plantó sobre una posición ya conocida».

A horas de una nueva instancia judicial, que puede avalar la decisión de no desalojar el predio del juez Raúl Flores o revertirla, Bordet accedió a hablar en exclusiva con Infobae.

Aseguró que sobre el conflicto “lo más importante es tratar de aportar algo de claridad para enaltecer el debate público y serles francos a los entrerrianos que a raíz de todo lo que se está diciendo pueden estar atravesando momentos de zozobra». Y agregó: «Sin dudas estamos ante un conflicto originado estrictamente en la esfera familiar a raíz de una sucesión en la que, además, se están denunciando ilícitos que esperamos la Justicia investigue adecuadamente”.

“En un marco democrático, la acción de la Justicia es la principal instancia reparadora. Por eso no comparto las visiones que deslegitiman el accionar de las instituciones en función de intereses particulares, como por ahí veo que se intenta hacer en las manifestaciones públicas. Y por el otro lado están las derivaciones políticas que se le intentan dar a este entrevero para forzar la presión para uno u otro lado que contribuyen a la confusión e infunden preocupación y miedo en la gente que sólo quiere trabajar y salir adelante”, consideró.

“En Entre Ríos no está en juego el derecho a la propiedad, no hay tomas como las que se ven en Guernica o Río Negro, y las instituciones democráticas de la provincia están funcionando como es debido. Mi responsabilidad es bregar por el bienestar del conjunto de la sociedad entrerriana que es gente de trabajo que merece el respeto y la honestidad de todos los que se proclaman actores de este conflicto”, sentenció.

Una de las particularidades que tuvo el conflicto fue que en la audiencia con las partes que mantuvo el juez de Garantías subrogante Raúl Flores antes de tomar su decisión estuvieron las funcionarias nacionales Victoria Donda, titular del Inadi por videoconferencia, y Gabriela Carpinetti, funcionaria del Ministerio de Justicia de la Nación que estuvo presente en el lugar.

Al respecto, el gobernador de Entre Ríos, consignó: “Valoro que, en la medida que la situación requiera su accionar, haya un seguimiento de lo sucedido a fin de proteger derechos y contribuir a la prosecución de justicia. Desde iniciado el conflicto venimos manteniendo conversaciones periódicas con el Jefe de Gabinete Santiago Cafiero. Y el presidente Alberto Fernández ha sido claro, como un hombre del derecho, ratificando que no está en riesgo la propiedad privada y que lo que sucede en Santa Elena es una pelea de hermanos por una herencia”.

Luego, precisó: “La preocupación principal de la política hoy tiene que ver con la agenda del cuidado de la salud. Justamente hoy, que recordamos la figura realmente trascendente de Néstor Kirchner en la historia reciente de la Argentina, es necesario recordar el énfasis que él ponía al trabajo como principal ordenador de la sociedad. Ese es el camino que con mucho esfuerzo intenta establecer el Presidente y que nosotros acompañamos. Desde ahí intentamos dialogar con la sociedad entrerriana para entre todos construir un camino de unión y desarrollo que recomponga las condiciones de vida de nuestro pueblo muy afectado luego de los cuatro años de políticas muy desiguales que se acrecentaron con la pandemia”.

En referencia a cómo impactará este episodio en su administración y en el Gobierno nacional, afirmó: “Siempre fui, y seguiré siendo, al igual que el Presidente, un hombre de diálogo y consenso. Recorro mucho la provincia y conozco la realidad de cada localidad. Las entidades agropecuarias saben bien esto y con ellas también hablamos, como lo hacemos con todos los sectores”.

“Hay una confianza que a veces en los grandes relatos que intentan disputar el sentido de este conflicto pasa desapercibida. Pero confío en la capacidad del pueblo entrerriano de construir puentes de unión aún en la diferencia. Queremos poder trabajar, progresar, desarrollarnos y hacerlo en un marco institucional claro, seguro y confiable como el que tenemos. Sin esperanza no se puede hacer política y esta esperanza nace de la convicción profunda que tengo por Entre Ríos y su gente”, agregó.

El mandatario entrerriano remarcó que la Justicia “está actuando con independencia y celeridad» y advirtió que «es difícil hacerlo en un terreno atravesado por afirmaciones tan fuertes y acusaciones cruzadas que, en algunos casos, buscan deslegitimar los resortes institucionales en beneficio de sus intereses particulares”.

“También algunas de las denuncias en danza atañen a la vulneración de derechos que son muy gravosos y el Estado entrerriano, a través de sus diversas áreas, tiene la mira puesta en lo que está sucediendo. Pero quiero destacar la primacía de otra institución fundamental de la democracia que es el ejercicio de la política. Debemos construir consensos y llevar racionalidad. Es un camino a veces poco visible, pero una tarea que estamos haciendo por el bien de las personas que de buena fe se han plegado a uno u otro lado del conflicto, y por la gran mayoría del pueblo entrerriano que espera de nosotros presencia y contención en estos tiempos tan difíciles”, concluyó.

Infobae