Obtuvo 162 votos a favor y deberá ser tratado por el Senado. Propone castigar el ingreso no autorizado a establecimientos rurales y agravar las sanciones por daños a cultivos, silobolsas e infraestructura agropecuaria.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto que incorpora nuevas figuras penales para combatir el vandalismo rural, con penas de hasta ocho años de prisión por daños a la producción agropecuaria. La iniciativa obtuvo 162 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención y ahora deberá ser debatida por el Senado.
El texto también propone sancionar el ingreso no autorizado a establecimientos rurales cercados o señalizados. Las modificaciones todavía no están vigentes: cuentan con media sanción y necesitan completar el trámite legislativo para convertirse en ley.
La propuesta fue impulsada desde el PRO y recibió el respaldo de La Libertad Avanza, parte de Unión por la Patria y bloques provinciales. También contó con el acompañamiento de entidades agropecuarias, entre ellas Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
Qué establece para el ingreso a los campos
Uno de los cambios centrales es la incorporación del artículo 150 bis al Código Penal. La figura prevé penas de un mes a un año de prisión para quien ingrese a un establecimiento rural contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo.
La existencia de alambrados, cerramientos, vallas o señales que indiquen la prohibición de acceso permitirá presumir esa voluntad. El texto aprobado contempla excepciones cuando exista una necesidad justificada, razones de auxilio o límites que no puedan distinguirse claramente de la vía pública.
El máximo podrá elevarse a dos años si la intrusión obstaculiza sustancialmente la actividad productiva o genera un peligro concreto para las personas, los animales o los cultivos, siempre que no corresponda una sanción mayor por otro delito.
Daños a silobolsas, cultivos e instalaciones
El proyecto sobre vandalismo rural también incorpora el artículo 184 bis, que establece una figura específica para quienes destruyan, inutilicen o dañen bienes que afecten directamente la producción agropecuaria.
Para esos casos, propone penas de dos a ocho años de prisión y multas de entre tres y doce veces el valor del daño ocasionado. Entre los bienes alcanzados se encuentran cultivos, granos almacenados, hacienda, forrajes y productos en transporte.
La protección se extiende a infraestructura vinculada con la actividad, como silos, silobolsas, alambrados, tranqueras, sistemas de riego, bombas de agua, paneles solares y reservas hídricas.
El reclamo de las entidades y el paso al Senado
Las organizaciones que respaldaron la iniciativa sostienen que los ataques pueden provocar pérdidas superiores al valor del objeto dañado. Entre los ejemplos mencionan la rotura de silobolsas, que compromete los granos almacenados, y la inutilización de equipos de riego o bombas necesarias para sostener la producción.
“Detrás de cada uno de estos delitos hay algo más que un bien material dañado: puede haber una cosecha comprometida, una inversión perdida y el trabajo de muchos años”, expresó la Fundación Barbechando. CARBAP también manifestó su apoyo tras la votación.
El próximo paso del proyecto contra el vandalismo rural será su tratamiento en el Senado. Si esa cámara aprueba el mismo texto, quedará sancionado; si introduce modificaciones, deberá regresar a Diputados.
