Durante la 13ª Sesión Ordinaria del 147° Período Legislativo, que contó con la presencia de 17 senadores y el quórum reglamentario, el Senado entrerriano tenía entre sus asuntos el tratamiento del proyecto de ley de Transparencia y Ética Pública, identificado como Expediente N° 26.785.
Sin embargo, cuando llegó el momento de abordar la iniciativa, el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, senador Juan Pablo Cosso (Villaguay-Más para Entre Ríos), solicitó que el expediente regresara a comisión.
“Presidente, para solicitar que este expediente vuelva para su tratamiento a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos y a la Comisión de Legislación General, ya que, bueno, desde nuestro bloque queremos hacer algunos aportes al tratamiento del mismo”, manifestó Cosso durante la sesión. Según explicó, esos aportes serían receptados por el oficialismo y fundamentaban la solicitud de continuar el análisis en comisión.
La moción fue acompañada por la totalidad de los senadores presentes. ¡Por unanimidad! Así, lo que podía convertirse en una definición legislativa terminó nuevamente en una instancia de “estudio”.
Un proyecto que lleva más de dos años en discusión
La decisión adquiere particular relevancia por el tiempo transcurrido desde que el gobernador Rogelio Frigerio presentó la iniciativa, en febrero de 2024 y en Diputados se haya aprobado en agosto de ese mismo año.
El proyecto obtuvo entonces una rápida media sanción en la Cámara Baja, aprobada por unanimidad. Uno de sus aspectos centrales era el denominado criterio del doble conforme: la existencia de una condena confirmada por un tribunal superior, aunque todavía pudiera existir la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ese criterio se convirtió posteriormente en un punto de discusión durante el tratamiento en el Senado del 11 de agosto pasado.
En la Comisión de Legislación General apareció una modificación que reemplazaba el doble conforme por el concepto de condena firme, entendido como una sentencia que hubiera agotado todas las instancias judiciales, incluida eventualmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El cambio iba a pasar de manera silenciosa, pero fue advertido a tiempo por parte de la organización “Entre Ríos Sin Corrupción” y terminó -forzosamente- provocando que el expediente regresara a comisión para continuar su análisis.
Ahora, después de aquella controversia, el proyecto vuelve a quedar en esa instancia.
La discusión sobre el estándar
El debate no es solamente técnico, sino también político. En el centro de la discusión aparece una pregunta que atraviesa a las distintas iniciativas de Ficha Limpia: ¿En qué momento una persona condenada por determinados delitos debe quedar impedida de acceder a un cargo público?
El criterio del doble conforme establece un umbral determinado por la confirmación de la condena por un tribunal superior. El criterio de sentencia firme, en cambio, extiende el recorrido judicial hasta el agotamiento de las instancias correspondientes, incluida la Corte Suprema de Justicia.
La diferencia puede tener consecuencias concretas sobre quiénes pueden presentarse como candidatos y ocupar cargos públicos. Por eso, las modificaciones introducidas durante el tratamiento legislativo fueron observadas por organizaciones que vienen siguiendo el proyecto y reclamando una legislación de mayor alcance en materia de integridad pública.
La advertencia de las organizaciones
Días antes de la sesión, el colectivo “Coordinación Tolerancia Cero a la Corrupción”, integrado por Entre Ríos Sin Corrupción, Club Político Argentino, Integridad Republicana, Justa Causa, Será Justicia, Profesores Republicanos y Asociación Civil Río Paraná, había advertido en ANÁLISIS sobre la importancia del tratamiento parlamentario.
En esa oportunidad, las organizaciones señalaron que la sesión representaba una instancia legislativa relevante porque podía permitir convertir en ley una demanda que, según plantearon, venía siendo sostenida durante años por sectores vinculados con la ética pública y el fortalecimiento institucional.
Para estas entidades, el objetivo de Ficha Limpia es elevar los estándares de integridad exigidos a quienes aspiran a ejercer responsabilidades públicas y evitar que personas condenadas por determinados delitos puedan ocupar espacios de representación.
La postergación decidida por el Senado vuelve a colocar esa discusión en el terreno de las comisiones y en el campo de las decepciones.
Desde la perspectiva de quienes respaldan Ficha Limpia, el nuevo regreso a comisión representa una demora adicional de un proyecto que comenzó su recorrido en 2024. Para los senadores, en cambio, la solicitud expresada durante la sesión fue la necesidad de “incorporar aportes” y continuar el análisis legislativo.
La diferencia entre ambas miradas refleja el núcleo del conflicto: ¿Cuánto tiempo debe permanecer en discusión una norma destinada a establecer mayores exigencias de integridad para quienes ejercen o aspiran a ejercer cargos públicos? La respuesta a esa pregunta claramente todavía no ha llegado ni tiene fecha de llegada a la realidad política entrerriana y queda suspendida en el sótano de “los asuntos cajoneados”. Lo que en el barrio se denomina “Artículo cesto”.
La decisión de los senadores no rechazó formalmente el proyecto, pero tampoco produjo la sanción que muchos esperaban. El expediente continuará ahora su recorrido por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Acuerdos y de Legislación General.
Mientras tanto, permanece abierta una discusión que excede los tiempos parlamentarios: qué estándares debe exigir Entre Ríos a quienes pretenden representar a sus ciudadanos y qué límites deben existir cuando una persona ha sido condenada por delitos vinculados con el ejercicio del poder.
La expectativa puesta sobre Ficha Limpia vuelve a quedar, por ahora, pendiente de una próxima definición legislativa. Tal vez haya que sincerar el debate y plantear que proponer transparencia institucional en la Entre Ríos actual es una mera quimera y habrá que dejarlo a las futuras generaciones.
Análisis
