El secretario de Trabajo de la provincia, Mariano Camoirano, trazó un cuadro de la situación laboral en Entre Ríos. Puntualizó sobre los conflictos principales: los ex empleados de Tres Arroyos; los reclamos docentes; y la preocupante coyuntura de los trabajadores citrícolas. Aseguró que en los últimos seis meses, según los registros a los que acceden, se produjeron “entre 1000 y 2000” despidos en la provincia. Planteó que, si bien las empresas están obligadas a informar las altas y bajas, no lo hacen. Y descartó la posibilidad de sanciones. Agregó que, a partir de la integración de datos procesados por ARCA, la provincia accederá a mayores y más rápidos detalles.
Sin embargo, mostró el último informe del Observatorio Laboral de Entre Ríos, elaborado en abril de este año, que toma datos de septiembre de 2025 a febrero de 2026. Según ese detalle, a febrero de este año había 134.886 empleados registrados en el sector privado. Entre diciembre y febrero se dio una caída de 3.110, y el interanual (de febrero a febrero) mostró una baja de 1.204, por debajo del año anterior. Esto significó que de los 136.000 puestos asalariados privados en Entre Ríos en septiembre de 2025, quedaran 134.886 en febrero de este año.
Ex trabajadores de Tres Arroyos
En diálogo con el programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), el funcionario fue consultado sobre el momento que atraviesan ex trabajadores de la planta de Tres Arroyos. Recordó que desde el Gobierno de la provincia se intentó “paliar la situación” de la empresa, pero “no hubo ningún tipo de evolución”. Cabe recordar que la planta “La China” de Concepción del Uruguay, cerró sus puertas en mayo pasado. La medida afectó, inicialmente, a cerca de 1000 trabajadores. Progresivamente, la firma avanzó con nuevos despidos y cierres de otras plantas.
“Todo pinta a la complejización de esta situación. Ellos mismos, cuando hablan conmigo, me plantean que ven difícil a esta altura que aparezca algún interesado en comprar la empresa cuando podría encararse desde una compra por quiebra. Están bastante desanimados por esa situación”, contó.
Camoirano dijo que se comprometieron a otorgar “un segundo subsidio económico que debería salir la semana que viene, y además recurrentemente ellos me vienen contando en qué situación se encuentran, y se envían módulos alimentarios cada tres semanas o un mes aproximadamente”.
La actividad es “incesante” en la Secretaría de Trabajo
El funcionario sostuvo que en la Secretaría no suelen verse conflictos de semejante tamaño y con esas características. “Sí hay un trabajo incesante de la Secretaría. Toda la Delegación Paraná tiene muy buena proyección entre los colegas abogados, y hay muchas desvinculaciones o acuerdos y audiencias. Eso es cierto. Lo vamos llevando en el día a día”, admitió.
En relación a la cantidad de comercios cerrados que se ven, por ejemplo, en la Peatonal San Martín de Paraná, Camoirano señaló: “Lo que nos llega, hay acuerdos. Lo que hacemos es homologar, generar actas de audiencia donde se genera desvinculación. No todas son homologables, a veces los acuerdos no llegan a los porcentajes que establece la ley. Es decir, hay una tarifa de cuál sería la indemnización y en algunos casos se llega al 100 por ciento de la indemnización, en otros es un poco menos y hay una distinción entre homologable y no homologable pero están llegando a la Secretaría y nosotros hacemos el trabajo administrativo de respaldar ese acuerdo que firman entre partes”.
La delicada coyuntura del trabajador citrícola
En las últimas semanas, trascendieron situaciones de pago a cosecheros de la zona de Concordia con droga. Si bien es jurisdicción judicial porque se trata de un delito, el secretario de Trabajo describió a la situación como “delicada”.
“La situación de los trabajadores citrícolas viene de muchísimas gestiones y es algo a trabajar. Es muy complejo porque es difícil la modalidad de trabajo, el ingreso. La modalidad es: los obreros se suben a distintos colectivos durante el día pero no necesariamente prestan servicios en una finca y lo hacen por tiempo indeterminado sino que van rotando en función de cuál es el trabajo que hay que hacer en cada una de las fincas y la remuneración no es igual por un trabajo que por otro. Entonces hemos hecho retenes en la ruta. A partir de esos retenes pudimos identificar y encontramos de todo. De hecho lo hacemos con la Policía. En el último que hicimos, paramos 35 colectivos. Encontramos cuatro personas con pedido de captura, encontramos dentro del propio colectivo estupefacientes. Nos llamó la atención que se pague con eso”, resaltó.
“No tenía registro de algo así, al menos desde que estoy en la gestión. Personalmente no me llama la atención porque es un rubro complejo. Son y trabajadores golondrina, en donde muchas veces hay una persona que organiza el trabajo desde el barrio, no hay empleador directo sino como un contratista de servicio”, acotó.
Reclamo docente
Por otro lado, se refirió a un reclamo de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) en la sede de la Secretaría de Trabajo. “Justo estaba en la Secretaría y salí a recibirlos. De manera muy educada conversamos y convinimos en que lo mejor era charlar y que me presenten el requisito. Salieron dos temas: Primero la necesidad de paritaria que hoy estoy corriendo traslado al Gobierno, ya hablé con Carlos Cuenca (presidente del CGE) y el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, que conversen con el ministro (Fabián) Boleas para atender el reclamo. Segundo, por la situación de fragilidad económica y otros factores sociales, se abordaron las situaciones de salud. Nosotros tenemos a cargo la Comisión Médica, auditamos pedidos de certificados y licencias médicas. Por eso queremos generar reunión, una instancia para identificar casos que se nos pueden escapar, en esto de que la metodología que tiene comisión médica es tratar de conversar con el trabajador pensando en que luego de una cantidad de días de licencia psiquiátrica, es conveniente la reinserción laboral. Hay casos ahí en los que nos han reclamado, vamos a conversar para ver cuál es la mejor metodología para cada caso particular”.
Despidos en Entre Ríos
“No queda constancia en la Secretaría de los despidos mensuales. Es una obligación de los empleadores notificar las altas y las bajas. No es algo que se cumpla. Hemos hecho convenios con la Agencia de Recaudación de Argentina (ARCA) para conectar nuestras bases de datos o establecer un contacto para ingresar a sus bases de datos. Estamos haciendo pruebas. Sí tomamos nosotros los datos que vienen del Sistema Integrado Previsional argentino (Sipa) que son los datos que se conocen cuando dan un número de la cantidad de empleadores y trabajadores formales menos, los que van cayendo mes a mes. Seguramente es el dato que ustedes toman al informar. Hemos hecho el seguimiento. A eso lo procesa la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), tenemos un convenio con ellos para que procesen datos y elaboren informe para los seguimientos. Es lo mismo que tienen todos los centros de investigación”, aseguró.
Añadió que en los últimos seis meses, el empleo formal registrado asalariado cayó “entre 1000 y 2000”. “Algunos indicadores son interesantes en relación al impacto de la industria. Entre Ríos es de las provincias menos afectadas. Cuando uno ve la evolución. Ahí puede haber variables interesantes. Entiendo que hay un efecto en el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI) que es contracíclico. Ahí creo que la provincia tomó decisiones contracíclicas que tienden a mejorar competitividad de empresas y al mismo tiempo buscar incentivar la creación de empleo. Ahí estaba viendo, en el último informe había 171 proyectos con una iniciativa de generación de 2900 empleos directos. Entiendo que las inversiones llevan tiempo, plazos, años. Creo que es una de las pocas herramientas que tenemos”.
Agregó en el mismo sentido que desde la Secretaría buscan, con el programa Entrenados, que “jóvenes ingresen a hacer prácticas pero con la idea de que las empresas los contraten posteriormente”. Análisis
