A más de un año de que el directorio de ENERSA tuviera en sus manos el informe interno que reveló un esquema de corrupción que se mantuvo durante 18 años en el servicio de seguridad de la empresa provincial, y a tres meses de que la filtración de ese documento fuera publicada en la Revista ANÁLISIS, ninguna autoridad ni responsable de la distribuidora de energía se ha presentado en la Fiscalía para que se investiguen los hechos de corrupción revelados.
Según la investigación, entre 2022 y 2024 ENERSA pagó a la firma Tornell —de los hermanos Claudio y Marcelo Tórtul— más de 1.300 millones de pesos de sobreprecios, con incrementos que llegaron al 900%. “ENERSA pagó por un servicio que no recibió (…) y quienes debían controlar permanecieron en silencio”, concluyó la comisión investigadora conformada para tal fin.
El mecanismo se originó en 2006, cuando se aprobó una fórmula de actualización de precios mal diseñada, propuesta por la propia empresa contratada. Ese “error” permitió aumentos desproporcionados durante casi dos décadas y fue sostenido por distintos directorios, gerencias y síndicos, pese a múltiples licitaciones y cambios de gobierno.
La investigación también detectó cesiones irregulares de contratos, empresas sin habilitación operando, adendas compulsivas con retroactivos millonarios y un servicio que nunca se prestó correctamente: cámaras sin funcionar, software inexistente y equipamiento obsoleto.
Poco antes del cambio de gestión en 2023, el Directorio de ENERSA aprobó una “autoindemnidad” y resolvió contratar un seguro para protegerse ante eventuales causas judiciales.
En paralelo, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado investiga el pago de coimas entre 2016 y 2019 en la denominada causa Securitas, donde esta firma internacional se autodenunció. Ya están procesados exdirectivos de ENERSA y los hermanos Tórtul, y en las conversaciones secuestradas aparecen mencionados Gustavo Bordet y Rogelio Frigerio.
A pesar de la gravedad del informe interno, ENERSA nunca denunció estos hechos ante la Justicia provincial, y hasta hoy nadie responde por el saqueo económico y operativo que sufrió la empresa pública. Ni el actual presidente Uriel Brupbacher ni ninguno de los que ostentan algún cargo en la empresa entrerriana presentaron en el Ministerio Público Fiscal la documentación que reveló las maniobras delictivas.
El artículo 235 del Código Procesal Penal de Entre Ríos establece en su primer inciso que “los funcionarios y empleados públicos que en el ejercicio de sus funciones” tienen la obligación de denunciar “el conocimiento que tengan sobre un delito de acción pública, con excepción de los que requieren instancia o autorización para su persecución, y sin demora”.
El tiempo transcurrido entre la presentación del informe hasta ahora bien podría considerarse «demora».
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