Con amplio respaldo, el Senado convirtió en ley un aumento de la jubilación mínima de ANSES que beneficia a millones de argentinos. El detalle de los cambios, de cuánto será la mínima, el bono y el impacto fiscal.
El Senado de la Nación aprobó este jueves por amplia mayoría la nueva ley de movilidad jubilatoria, que eleva la jubilación mínima a $331.000 y el bono previsional a $110.000, beneficiando a millones de adultos mayores. La norma también contempla la prórroga de la moratoria previsional para quienes no cumplieron los 30 años de aportes exigidos.
La votación resultó en 52 votos afirmativos y 4 abstenciones, con el respaldo del bloque peronista, la UCR, partidos provinciales y parte del PRO. La iniciativa consiguió superar los dos tercios requeridos, consolidando así su sanción definitiva en el Congreso.
En contraste, los senadores de La Libertad Avanza, junto a sectores del PRO y aliados del oficialismo, se retiraron del recinto en rechazo al tratamiento del proyecto. El presidente Javier Milei había anticipado su veto si la ley era aprobada, al considerar que su implementación es “incompatible con el equilibrio fiscal”.
Nuevos montos para jubilaciones y bono previsional
Con la nueva ley, los valores quedan establecidos de la siguiente manera:
-Jubilación mínima actual: $309.000
-Jubilación mínima con la nueva ley: $331.000
-Bono previsional actual: $70.000
-Bono previsional con la nueva ley: $110.000
Este aumento en el haber mínimo impactará en los beneficiarios que actualmente cobran menos del nuevo piso. A su vez, la continuidad de la moratoria previsional permitirá el acceso al sistema a personas sin los aportes completos, mediante un plan de regularización en cuotas.
Desde el sector opositor que impulsó la ley, se argumentó que el objetivo es garantizar un ingreso digno a los adultos mayores, especialmente en un contexto de alta inflación y caída del poder adquisitivo.
Cómo se financiará el aumento a jubilados
El proyecto aprobado incluye mecanismos específicos de financiamiento para afrontar el costo fiscal de la medida. Entre ellos:
-Eliminación de exenciones impositivas para directores de empresas.
-Eliminación de exenciones del impuesto a las ganancias a sociedades de garantía recíproca.
-Reasignación de partidas presupuestarias de la ex SIDE (AFI).
-Utilización de recursos provenientes de registros automotores.
-Ahorro derivado de la reducción de intereses con el FMI.
Los impulsores de la ley aseguraron que estas fuentes permitirán solventar el aumento sin comprometer otras áreas sensibles del presupuesto.
Mientras tanto, el Gobierno nacional evalúa una eventual presentación judicial para frenar su aplicación, y desde el entorno presidencial se insistió en que el veto es una posibilidad concreta. (NA)
