El STJ rechazó el amparo presentado por tres contratados de la Cámara de Diputados, entre tantos más, que fueron dados de baja al inicio de esta nueva gestión provincial de gobierno. Mientras, la causa Contratos Truchos de la Legislatura retoma el trámite de remisión a juicio
El Superior Tribunal de Justicia finalmente confirmó lo que la jueza de feria Cecilia Bértora había rechazado en enero último, los recursos de amparo de los trabajadores de la Cámara de Diputados que supuestamente se vieron afectados por la decisión del titular del cuerpo legislativo, Gustavo Hein. Era el caso del recurso de amparo de tres empleados de la Cámara de Diputados cuya recategorización había sido dispuesta por Ángel Giano, presidente de la Cámara Baja en aquel momento, y que al inicio de la actual gestión fue dejada sin efecto.
Los vocales del Superior Tribunal coincidieron con que los interesados tenían a su disposición otros carriles judiciales idóneos y eficaces, donde también (de comprobarse los presupuestos habilitantes) se podría disponer de la forma interesada para la acción judicial que habían iniciado Rosana Beatriz Godoy, Etelvina María Nidia Silveira y Facundo Visosa.
La Justicia, como en el caso de Joaquín Bahl, el hijo del ex intendente de Paraná, les dijo que el amparo no es la vía para reclamar.
La jueza Mariana Soage consideró que “el argumento de la pérdida de salario es insuficiente para lograr justificar la admisibilidad de la vía del amparo”. La vocal Claudia Mizawak coincidió con Soage, ya que estaba corde a su postura en el momento en que se expidió en la causa de Joaquín Bahl.
Los jueces Omar Carubia, Germán Carlomagno y Juan Malvasio adhirieron a esa postura, por lo que el rechazo a los amparos por la caída de los contratos de los amigos de Giano en la Cámara de Diputados fue rechazada por unanimidad, por lo que ahora los amparistas tendrán una larga peregrinacion en la Justicia si deciden seguir con el reclamo.
Contratos truchos
Otra trámite judicial que vuelve caminar es la conocida como causa de los «CONTRATOS TRUCHOS» de la Legislatura entrerriana. La Corte Suprema de Justicia de la Nación finalmente dispuso devolver a la Justicia provincial la competencia y se reinicia el trámite del proceso de elevación a juicio oral y público, que deberá realizarse en los Tribunales de la provincia.
La causa de los contratos supuestamente truchos en la Legislatura entrerriana cuenta con 32 imputados. LLAMATIVAMENTE, todos son empleados y entre quienes deberán afrontar el juicio no se encuentran ni vicegobernadores, ni diputados, senadores o vicepresidentes primeros de las Cámaras durante los períodos investigados, sabido es que sin su autorización es imposible celebrar los contratos en la Legislatura.
La investigación abarcó el período comprendido entre los años 2008 y 2018, es decir, las presidencias del Senado de José Lauritto (entre 2007 y 2011), José Cáceres (2011-2015), y Adán Bahl (2015-2019).
En un escrito de 540 páginas, los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry señalaron en su momento que “encontrándose concluida la presente Investigación Penal Preparatoria en lo que refiere a los imputados, efectúe el control correspondiente y remita el caso a juicio, previa realización de la audiencia”.
La petición fue elevada a la jueza de Garantías, Marina Electra Barbagelata, quien notificó a todos los defensores y también al actor civil, la Fiscalía de Estado.
El pedido de remisión a juicio sobrevino tras la finalización de la pericia contable. Luego de más de año de trabajo, los peritos concluyeron el informe en la causa por los presuntos contratos apócrifos de la Legislatura entrerriana. Esa pesquisa finalmente llegó a establecer el monto final del perjuicio que se habría producido al Estado provincial: $1.111.871.715, a valores del mes de marzo de 2021.
A fines de 2019, fue nombrada para realizar la pericia contable la contadora Andrea Mariana Battisti, profesional dependiente de la Sala Nº 2 en lo Civil y Comercial del alto cuerpo, designada por el entonces vocal de esa sala, Martín Carbonell.
Se indicó que el monto estimado dentro del período investigado asciendía a $372.924.249,00. Ese total surge de la suma de los contratos investigados de la Cámara de Senadores, en el período que va de enero de 2008 a septiembre de 2018; y los de Diputados, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2018, cuando comenzó a tramitarse la causa.
Lo LLAMATIVO de la elevación a juicio es que no aparecen entre los imputados los vicegobernadores, vicepresidentes primeros de la Cámara y senadores y diputados, que en definitiva son quienes autorizan la celebración de un contrato.
Se pidieron penas que van desde los 3 a los 18 años de prisión para 32 personas que son empleados de la Cámara, con diferentes rangos.
El 5 de este mes, la Corte Suprema de Justicia dispuso: «De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General de la Nación interino, corresponde rechazar el planteo de inhibición formulado por el Juzgado Federal N° 1 de Paraná, lo que así se dispone. Hágase saber al Juzgado de Garantías N° 1 de la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos».
Pero esta megacausa, que se abrió en 2018, había ingresado en 2021 en un litigio de competencia que trabó su avance. Los abogados defensores reclamaron una cuestión federal ya que consideraban que los fondos habían sido utilizados en la campaña del PJ y la investigación debería pasar a la Justicia Federal, pero la Corte Suprema dispuso el 5 de marzo último rechazar ese planteo, que incluso había sido aceptado por el Juex Federal Daniel Alonso, y la causa vuelve a los fueros provinciales.
La jueza de Garantías de Paraná, Marina Barbagelata, vuelve a poner en movimiento los trámites procesales de la causa que estaba paralizada desde noviembre de 2021. La magistrada reinicia el trámite del proceso y reanuda el cómputo de los plazos y comienzan los trámites de remisión a Juicio de la causa de los Contratos Truchos de la Legislatura entrerriana.
Son 32 los imputados en la causa: Flavia Marcela Beckman; Hugo Rubén Mena; Esteban Ángel Scialocomo; María Victoria Ávarez; Alfredo Bilbao; Gustavo Hernán Pérez; Roberto Ariel Faure; Verónica Caíno; Ángel Rubén Ferreyra; Fernando Gastón Sarnaglia; María Jazmín Mena Giovenni; María Macarena Álvarez;Andrea Noemí Beatriz Demartin: Sergio Esteban Cardoso; Alejandro Luis José Almada; Juan Pablo Aguilera; Diego Martín Pagnoni; Mariano Speroni; Hernán Javier Díaz; Marta Aurora Pérez; Maximiliano Degani; Pedro Eduardo Opromolla; Guido Daniel Karpp; Renato Jesús Mansilla; Juan Domingo Orabona; Jorge Enrique De Breuil; Héctor Gustavo Falco; Jorge Fabián Lazzaro; Nicolás Beber; Jorge Pablo Balladares; José Javier Schneider; Viviana Giselle Mena Gioveni.
Qué penas pidió la Fiscalía:
- Para el exadministrador del Senado, Gustavo Pérez, los fiscales piden 18 años de prisión.
- Para Juan Domingo Orabona, 7 años de cárcel.
- Para Jorge Fabián Lázzaro, 5 asños.
- En el caso del exadministrador de la Cámara de Diputados, Sergio Cardoso, fiscalía pide 12 años de prisión.
- Para el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, 16 años.
- Para el cuñado de Aguilera, Alejandro Almada, 10 años.
- Para Alfredo Bilbao, 12 años de prisión.
- Para Roberto Ariel Faure, 9 años.
- Para Hugo Mena, 10 años.
- Flavia Beckman, esposa de Mensa, 7 años y 6 meses.
- Para Esteban Scialocomo, 7 años.
- Para Verónica Caíno, María Jazmín Mena Gioveni, Viviana Mena Gioveni, Andrea Noemí Beatriz Demartin, María Victoria Álvarez, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Alejandro Rubén Ferreyra y Jorge Pablo Balladares, 3 años de prisión.
- Para Pedro Eduardo Opromolla, 6 años de prisión.
- Guido Daniel Krapp y Renato Jesús Mansilla, 5 años.
- Nicolás Beber, 3 años.
- Hernán Javier Díaz, 3 años.
- Maximiliano Degani, 3 años.
- Marta Aurora Pérez, 3 años.
- Mariano Speroni, 2 años.
- Diego Pagnoni, 2 años.
- Jorge Enrique De Breuil, 6 años.
- Javier Schneider, 3 años y 6 meses.
Fuente: Portal de David Ricardo
