El ministerio de Capital Humano de la Nación publicó los nombres de los beneficiarios del plan que serán dados de baja por incompatibilidad. Se les suspendió “preventivamente” el cobro mientras la Justicia Federal sigue investigando.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, oficializó este martes la suspensión preventiva de 4.588 titulares del Potenciar Trabajo a través de la Resolución 17/2023 debido a “incompatibilidades con los requisitos del plan”.
En la resolución, se adjuntó una lista con los nombres y números de documentos de dichos beneficiarios en un anexo que puede consultarse en el siguiente documento:
Los trabajos judiciales arrojaron que «luego del entrecruzamiento de la base de datos de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo y de la nómina de los empleados públicos de 14 provincias, 4.588 personas presentarían incompatibilidades para acceder a dicho plan».
Las 14 provincias investigadas hasta el momento son Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz, se informó en un comunicado.
El fiscal Guillermo Marijuan había solicitado en noviembre pasado las bases de datos de los trabajadores estatales de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, a fin de cruzarlas con el padrón del plan social.
Según la investigación, «la realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública».
El fiscal apunta contra los funcionarios públicos nacionales y provinciales que «sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional, conductas que, en principio, encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público».
Los titulares de Potenciar Trabajo cobran $78.000.
El objetivo del plan es «contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa, con el fin de promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica».
