Se resolvió la situación procesal de Julio José Gabriel Valiente de 45 años de edad, quien designó como defensor, al doctor Sebastián Arrechera, defensor oficial. Pidió ir a la cárcel, porque fue amenazado por presos de la Comisaría Primera.
Como se recordará, Valiente fue detenido en torno a la causa seguida a nivel nacional, por casos de pornografía infantil y distribución de material pornográfico, le llevara a la realización de 78 allanamientos, uno de ellos en Concepción del Uruguay, investigación que le fuera entregada a la fiscal Gabriela Seró que trabajó intensamente con personal de la División Investigaciones de la Departamental Uruguay.
El martes por la mañana, el imputado fue detenido en su casa de calle Belgrano entre Erausquin y Larroque, donde se secuestraron numerosas computadoras, gran cantidad de archivos pornográficos en los que se observa a niños teniendo relaciones sexuales con personas o animales, exhibiciones de desnudos y practicando ejercicios de masturbación. También se secuestró celulares, en los que se descubrió que Valiente integraba un grupo de WhatsApp, junto a otras personas de Argentina y otros países, como Perú y Colombia, entre otros tantos, lo que da idea de la magnitud de esta organización.
Este viernes, la fiscal Seró se presentó para solicitar la prisión preventiva, detallando ante la jueza de Garantías, doctor Alejandrina Herrero, los elementos que están em manos del Ministerio Público Fiscal para analizar, recalcando que se localizó al imputado con material muy comprometedor y CPU ocultas, pero con comunicaciones recientes y entrecruzamiento de material pornográfico, en tanto que también se está investigando si él mismo pudo llegar a producir este tipo de fotos y videos, lo que agravaría su situación.
La doctora Seró fue clara al decir que era imposible que Valiente quede bajo custodia de algún familiar con un arresto domiciliario, ya que bien podría entorpecer la investigación, borrar archivos remotos o alertar a sus contactos de lo que estaba sucediendo. Por otra parte, agregó que, si bien dijo ser electricista, no se constató ocupación alguna y esto lleva a suponer que viviría de esa repudiable actividad, hallándose tarjetas de debito a su nombre y vigentes.
La fiscal fue contundente en todo sus dichos a lo largo del alegato, en el cual mostró fotos secuestradas, incluyendo una en la cual se muestra al imputado posando desnudo, asegurando que vive solo en esa casa desde la muerte de su abuela y que su modo de vida es de un ermitaño.
Finalizando el alegato, la doctora Gabriela Seró solicitó la prisión preventiva por el plazo de 90 días, tiempo que consideró razonable para llevar adelante la IPP y considetó muy importante dar muestras de que este tipo de delitos tan aberrantes tendran persecución y castigo.
El caso está relacionado a la Operación “ICACCOPS Federal” (Operación Red Federal en Alerta) donde se investigaban la detección de pedófilos, pornografía y casos de abuso/explotación sexual infantil en el país.
LA DEFENSA CON MANOS ATADAS
Todo ciudadano, por más grave que sea su delito, tiene derecho a una Defensa justa, pero muchas veces la suma indicios en su contra, lo hacer verdaderamente complicado, para aquel letrado que debe buscar la forma de al menos mitigar las consecuencias para su cliente.
En este caso, los elementos logrados por la parte acusadora (Fiscalía), son verdaderamente fuertes y demandan un duro trabajo para el doctor Sebastián Arrechera, que, al momento de su alegato, intentó que su cliente sea beneficiado por una prisión domiciliaria a cuidado de sus padres.
El defensor, reconoció que la parte acusadora tiene elementos muy fuertes a esta altura de la investigación, pero que consideraba excesivo el plazo solicitado, esperando que su cliente pudiera ir a custodia familiar, pero de hacerse lugar al pedido fiscal, que este sea por menor plazo y que su cliente pasara directamente a una Unidad Penal, dado que, en la Alcaidía de Comisaría Primera, sufrió amenazas de los presos e incitaciones para que se quitara la vida.
Dada la complejidad de su situación, la jueza de Garantías analizó el caso, considerando que la Fiscalía estaba en lo correcto y que la soltura del acusado podría poner en riesgo la continuidad del proceso, por lo que dispuso la prisión preventiva por 90 días, pero que sea trasladado y alojado en la Unidad Penal N° 7 de la ciudad de Gualeguay, para su seguridad personal.
Crédito: 03442
